Francisco Alexander Chávez García
Expediente 899/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Alexander Chávez García
- Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de catorce de agosto de dos mil veinte, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 899/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta con las constancias que el impetrante de amparo anexó a su libelo constitucional y con las diversas documentales que las autoridades responsables allegaron al presente expediente. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por las partes en comento. Abierto el periodo de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por preculido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Francisco Alexander Chávez García, por propio derecho, promovió demanda de amparo en los términos siguientes (fojas 2 a 7): "(.) III. Autoridades Responsables: Tienen ese carácter: 1. El Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia. 2. El Titular de la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo. 3.- El Director General del Organismo Servicios de Salud de Michoacán. Las autoridades responsables tienen su domicilio ofician el esta ciudad de Morelia, Michoacán. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1) De todas las autoridades responsables se reclama la negativa y omisión, de practicarme las sesiones de Hemodiálisis que requiero (dos a la semana) para el tratamiento de mi enfermedad renal crónica, ya que se han negado a aplicarme el tratamiento prescrito, y me indicaron que acuda a una clínica particular para que me aplicaran las sesiones de hemodiálisis requerida. 1) De todas las autoridades responsables se reclama la negativa de proveerme o proporcionarme los insumos y medicamentos necesarios para llevar a cabo mis sesiones de Hemodiálisis para el tratamiento de mi enfermedad renal crónica secundaria. 2) De todas las autoridades reclamo, como consecuencia de lo anterior, la omisión y negativa de proporcionarme los servicios integrales de salud, específicamente en practicarme el tratamiento de Hemodiálisis o el que sea necesario para salvaguardar mi salud y vida, así como de proporcionarme los medicamentos, insumos, material médico e intervenciones quirúrgicas que se requieren para restablecer y preservar mi salud. (.)." Actos que estimó violatorios de los artículos 1°, 4°, 8° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se decretó la suspensión de plano en favor del quejoso Francisco Alexander Chávez García, en los términos siguientes (fojas 16 a 22): "(.) SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a Francisco Alexander Chávez García, de inmediato la atención médica necesaria respecto del padecimiento que le aqueja a efecto de garantizar la vida e integridad de su persona, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituir a la quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica necesaria, específicamente las sesiones de hemodiálisis, así como proporcionarle los insumos y medicamentos que requiera el quejoso, a fin de salvaguardar la vida del mismo. (.)." En el mismo proveído se admitió a trámite la demanda de amparo que nos ocupa (fojas 16 a 22); se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete, y se pidió el informe justificado a las autoridades responsables. Mediante auto de dos de septiembre del año en curso, la parte quejosa amplió su demanda respecto del Director del Hospital General de Ciudad Hidalgo, Michoacán, a quién le reclamó los mismos actos que a las autoridades que señaló como responsables en su libelo constitucional, por lo que en ese mismo acto se le solicitó su informe justificado; luego, el veintiocho de noviembre del año en curso se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en el caso se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por Francisco Alexander Chávez García, consiste en: La negativa de practicarle el tratamiento de hemodiálisis que requiere para el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja. Acto que atribuyó a las siguientes autoridades: 1. Secretario de Salud del Estado de Michoacán; 2. Director General del Organismo de Servicios de Salud de Michoacán; 3. Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", todos con residencia en esta ciudad; y, 4. Director del Hospital General de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Tercera. Certeza de los actos reclamados. El apoderado de las autoridades responsables de la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán y de Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, estos por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" todos con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado (foja 94 a 95), manifestó que no es cierto el acto que se les reclama, en virtud de que se brinda al quejoso Francisco Alexander Chávez García, la atención médica que necesita para su padecimiento; en tanto que, el Director del Hospital General de Ciudad Hidalgo, Michoacán, si bien, no rindió el informe solicitado, lo cierto es que remitió las constancias relacionadas con el acto reclamado (foja121). Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En consecuencia, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional, consistentes toralmente en la atención médica que le fue proporcionada al quejoso Francisco Alexander Chávez García, directa o indirectamente por las autoridades responsables. Dicha certeza se corrobora además, con las copias certificadas del expediente clínico del quejoso, el cual por ser un documento expedido por institución pública, adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Apoya lo expuesto, la tesis: I.3o.C.110 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1195, Novena Época, registro 162441: "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a las autoridades responsables, proviene examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la página 13, del tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, con número de registro 194697: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Ahora, en el presente asunto podría estimarse que se actualizó la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, virtud a que el dieciocho de octubre del año en curso le fue aplicado el tratamiento de hemodiálisis al quejoso Francisco Alexander Chávez García, para tratar la enfermedad de insuficiencia renal que padece. En ese sentido, pudiera establecerse en una primera impresión, que dicha circunstancia actualiza la referida casual de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado consistente en la negativa de realizarle la hemodiálisis que le fue prescrita al quejoso para tratar el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja. Lo anterior, en razón de que al haberse realizado a éste el tratamiento de hemodiálisis que le fue prescrito para la enfermedad que padece, se le restituyó en el goce del derecho humano que estimó violado. No obstante dichas consideraciones, el que ahora resuelve estima que en el caso no aconteció la cesación de efectos del acto reclamado. En primer término, atendiendo a que en la técnica de amparo se define a la cesación de efectos, como la causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del amparo cuando los actos que al momento de promover la demanda existían, cesaron durante la substanciación del juicio y destruyen de manera total e incondicional sus efectos, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. Siguiendo con esa línea, la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Para continuar con este argumento, en el caso debe establecerse que, la atención médica que se otorgó al quejoso y la práctica del multicitado tratamiento obedeció al cumplimiento de la suspensión de plano que las autoridades responsables dieron. La suspensión de plano que se decreta en el juicio de amparo tiene la naturaleza de una medida cautelar, que de acuerdo a lo señalado por Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en su artículo "Las medidas cautelares en el proceso administrativo en Argentina", son actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso o previamente a él, a pedido de un interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho. Igualmente refiere que, son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave o irreparable daño a las partes o la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso; asimismo, que también pueden ser utilizadas para dar justicia anticipada o autónoma. Entre las diferentes características que atribuye dicho autor a las medidas cautelares, destaca, para el caso exclusivo, la relativa a la provisionalidad, que define, como el carácter no definitivo de las medidas cautelares, pues éstas desaparecen, perdiendo toda su eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso, cuando finaliza el proceso principal. La nota de la provisionalidad, señala, se entiende bien, si se conecta con la finalidad de las medidas cautelares; si lo que se trata de proteger y tutelar mediante la adopción de tales medidas es la efectividad de una ulterior sentencia, lógico es que las mismas tengan una vigencia limitada en el tiempo, concretamente aquella en la que dicha sentencia tarde en obtenerse. De modo que, si en el presente asunto se proporcionó la atención médica que requiere y se le proporcionó el tratamiento que le fue prescrito para tratar la enfermedad que le aqueja, es claro que, de acuerdo a lo antes expuesto, dicha actuación asumida por las autoridades responsables obedeció al cumplimiento que otorgaron a la medida cautelar, que si se observa superficialmente, en apariencia pudiera establecerse que dicha medida cautelar restituyó al quejoso en el goce de su derecho a la salud, en tanto que, con la misma obtuvo a la pretensión fundamental a la que aspiró al promover este amparo. No obstante ello, lo cierto es que técnicamente no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, en atención a que no se constituyó derecho alguno a favor del quejoso que garantice el derecho a la salud, por el padecimiento que lo orilló a promover esta instancia constitucional. Lo anterior cobra sentido, si se toma en cuenta que, en el caso que este juzgador determinara sobreseer el presente juicio de amparo, la vigencia de la suspensión de plano que le fue concedida en el presente expediente para que la autoridad responsable le otorgara el más amplio acceso y garantizara su derecho a la salud, por la negativa de las responsables de practicarle las hemodiálisis que requiere a consecuencia de la insuficiencia renal que padece y que señaló en su demanda, quedaría sin efectos una vez que la misma causara ejecutoria; ello, al margen que no se le hubiera constituido el derecho de protección a la salud que buscó con este amparo. Máxime que, para el dictado de la suspensión de plano relativa a este expediente, el suscrito se apoyó en la apariencia del buen derecho, que debe entenderse como la probabilidad que el derecho exista, la cual sólo se logrará al final del proceso; y de decretar el sobreseimiento por cesación de efectos, se dejaría al quejoso sin la posibilidad de consolidar definitivamente el derecho que anticipadamente, este juzgador había otorgado a su favor en la suspensión de plano; y en el peligro a la demora, que justifica la anticipación de la tutela judicial, cuando existe una relación directa con el objeto principal de la demanda, como en el caso, el derecho fundamental a la salud del quejoso. Por ello, como la suspensión de plano que se concedió al quejoso, fue dictada no sólo con efectos preventivos sino tutelares, a fin de preservar su vida, pero de ninguna manera constituyó o consolidó un derecho definitivo a su favor, en el caso para determinar el tránsito de dicho derecho provisional a uno definitivo que se consolide en la sentencia como cosa juzgada, resulta necesario que este juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente. Por tanto, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En este punto es preciso señalar que de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, en suplencia de la queja deficiente, verificará el estudio del auto reclamado, al margen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Lo anterior, porque constituye obligación del juzgador de amparo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, analizar las disposiciones legales aplicables y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder al quejoso. Así, en la especie conviene tener en cuenta lo resuelto en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 173/2008, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Indicó que, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Igualmente, que el contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado esta Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, tal y como se observa: Del párrafo 1o. del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la ejecutoria de amparo en comento, determinó que la protección del derecho a la salud, depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y la regulación de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, que la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó señalando que, el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, define el derecho a la salud como "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Ahora, en esta instancia se reclama en esencia, la negativa de practicarle el tratamiento de hemodiálisis que requiere para el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja. Luego, de las constancias que obran en autos se advierte-de forma destacada- lo siguiente: 1. Que al quejoso se le diagnosticó con insuficiencia renal crónica, motivo por el cual le fueron prescritas las sesiones de hemodiálisis: 2. Mediante resumen clínico de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el doctor Israel David Campos González, refirió lo siguiente: "(.) Hombre de la cuarta década de la vida con diagnóstico de enfermedad renal crónica avanzada (65) en terapia de reemplazo renal mediante hemodiálisis. Es originario y residente de Tuxpan, Michoacán. Actualmente en programa de hemodiálisis crónica en medio privado, seguimiento en consulta externa de nefrología del Hospital Genera "Dr. Miguel Silva". De acuerdo a lo comentado con el departamento jurídico de este hospital y el lugar de residencia del paciente, se envía al Hospital General de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para continuar con tratamiento dialítico en aquella unidad. IMPRESIÓN DE DIAGNÓSTICO: - Enfermedad renal crónica avanzada (grado 5) en terapia de reemplazo renal mediante hemodiálisis crónica. - Hipertensión arterial sistémica secundaria a enfermedad renal crónica. (.)" 3. El cinco, quince y dieciocho de octubre pasado, en cumplimiento a lo ordenado por este juzgado se realizaron a la parte quejosa las sesiones de hemodiálisis que le fueron prescritas para tratar el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja. De lo anterior, se aprecia que la queja toral aducida por el quejoso Francisco Alexander Chávez García, consistente en la negativa por parte de las autoridades responsables de realizarle la hemodiálisis que le fue prescrita para tratar el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja y la atención médica requeridos ha sido satisfecha en atención a que éstos se le han proporcionado. No obstante lo anterior, como se estableció en los párrafos que anteceden, la circunstancia relativa a que se le aplicara el tratamiento en comento que requiere para el padecimiento que le aqueja -insuficiencia renal-, no es suficiente para determinar que el derecho humano que le fue violado y que ocasionó que promoviera este amparo, se encuentre resarcido. La restitución a ese derecho acontecerá con entera plenitud, cuando se constituya a favor del quejoso un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para el tratamiento de la insuficiencia renal que inicialmente le orilló a promover esta acción de amparo. De modo que, atendiendo a que en el caso quedó acreditado que el quejoso hasta este momento ha recibido el tratamiento que requiere por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano (hasta la fecha), la protección constitucional que se otorga en esta sentencia no requerirá, al menos en este momento, acto de ejecución alguno, ya que con la media cautelar en comento se otorgó al quejoso tutela anticipada que lo restituyó en el goce del derecho humano violado. De ahí que, la presente resolución únicamente tenga como efecto constituirle el derecho para que en lo subsecuente, las autoridades responsables brinden el tratamiento y servicios que requiere el quejoso para el padecimiento que le aqueja, dado que conforme a los postulados derivados del artículo 4º Constitucional, la protección de la salud está garantizada por el Estado como derecho humano irrestricto. Sirve de apoyo, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Es más, el derecho a la salud previsto por el numeral 4º Constitucional, ha sido complementado con tratados internacionales en materia de derechos humanos del que el Estado Mexicano forma parte. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y siete del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." Por lo tanto, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de practicarle el tratamiento de hemodiálisis que requiere el quejoso Francisco Alexander Chávez García, para el padecimiento de insuficiencia renal que le aqueja, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo solicitado, para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo. Sin que como ya se anotó, la presente resolución requiera cumplimiento alguno hasta este momento pues como se señaló, la suspensión de plano otorgó tutela anticipada al quejoso. Ello, al margen que el tratamiento de hemodiálisis se encuentre o no, incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, Edición 2016, del Consejo de Salubridad General, porque como se ha precisado anteriormente, el derecho humano a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger y garantizar, comprendiendo, entre otras cosas, el derecho al acceso a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, el cual se encuentra contenido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de las responsabilidades que incumben al Estado para la protección de la salud de los ciudadanos, se incluyen acciones y prestaciones indispensables para ese fin, entre las que se deben considerar las relativas a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas, oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Aunado a ello, el derecho sustantivo a la salud también se encuentra tutelado en los instrumentos internacionales, como lo son, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sostuvo en la sentencia del veintiuno de mayo de dos mil trece emitida en el Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, que el derecho a la integridad personal se encuentra íntimamente relacionado con la salud, al considerar que: "(.) con el artículo 5.1 de la Convención, la Corte ha "establecido que el derecho a la integridad personal "se halla directa e inmediatamente vinculado con la "atención a la salud humana, y que la falta de "atención médica adecuada puede conllevar la "vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En "este sentido, la Corte ha sostenido que la protección "del derecho a la integridad personal supone la "regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, "así como la implementación de una serie de mecanismos "tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. "Por esta razón, se debe determinar si en el presente "caso se garantizó la integridad personal consagrada "en el artículo 5.1 de la Convención en relación con "el artículo 1.1 de la misma.- Por otra parte, la Corte "también considera pertinente recordar la "interdependencia e indivisibilidad existente entre los "derechos civiles y políticos y los económicos sociales "y culturales, ya que deben ser entendidos "integralmente como derechos humanos, sin jerarquía "entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas "autoridades que resulten competentes para ello. Al "respecto, la Declaración Americana de los Derechos y "Deberes del Hombre establece en su Artículo XI que "toda persona tiene el derecho "a que su salud sea "preservada por medidas sanitarias y sociales, "relativas a [.] la asistencia médica, correspondientes "al nivel que permitan los recursos públicos y los de la "comunidad". Por su parte, el Artículo 45 de la Carta "de la OEA requiere que los Estados Miembros ""dediquen sus máximos esfuerzos [. para el "desarrollo de una política eficiente de seguridad "social". En este sentido, el artículo 10 del Protocolo "Adicional a la Convención Americana sobre Derechos "Humanos en materia de Derechos Económicos, "Sociales y Culturales, ratificado por Ecuador el 25 de "marzo de 1993, establece que toda persona tiene "derecho a la salud, entendida como el disfrute del más "alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica "que la salud es un bien público. Adicionalmente, en "julio de 2012, la Asamblea General de la "Organización de Estados Americanos enfatizó la "calidad de los establecimientos, bienes y servicios de "salud, lo cual requiere la presencia de personal "médico capacitado, así como de condiciones sanitarias "adecuadas(.)." De los citados instrumentos internacionales, así como de las normas nacionales, se advierte que no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio del derecho de protección de la salud, el que un determinado medicamento o padecimiento no se encuentre contemplado en el cuadro básico de insumos o en el catálogo de servicios. Lo anterior, porque ha sido criterio de nuestro máximo tribunal, asumir una postura progresista y determinar que la circunstancia relativa a que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Es decir, a raíz de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, se ha considerado que el hecho de que determinados medicamentos no estén incluidos en el cuadro básico de insumos de la autoridad responsable, no significa que la obligación de ministrarlos desaparezca, siempre que exista una prescripción médica que lo avale respecto de un beneficiario de tales servicios. Sustenta lo expuesto, la tesis aislada P. XIX/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, registro 192160, que dice: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." Así como lo expuesto, la tesis: IX.1o.1 CS (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Pag. 2014, Décima Época, registro 2010052: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. PARA GARANTIZARLO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD. La protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar; y que está tutelado por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. No obstante, no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico, como se advierte del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XIX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 112, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.". Por tanto, atento a la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción médica que lo avale." Igualmente, la tesis aislada 1a. CCXCI/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h, Ubicada en publicación semanal, Décima Época, registro 2013216: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar)." Asimismo, la tesis aislada 1a. CCXCII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 02 de diciembre de 2016 10:14 h, Ubicada en publicación semanal, Décima Época, registro 2013217: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los -así llamados- derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros "objetivos programáticos", sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque esa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte de distintos momentos del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los así llamados derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad.". Conforme lo anterior, la salud constituye un derecho humano amplio e integral, es decir, uno de los aspectos que debe satisfacer es la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales, así como la inclusión de los tratamientos a todas las enfermedades, de tal manera que, si el tratamiento de hemodiálisis no se encuentra contemplado en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, Edición 2016, del Consejo de Salubridad General, es evidente que es obligación del Estado procurar el otorgamiento del tratamiento que garantice que el derecho a la salud del quejoso sea ejercido sin discriminación alguna y adoptar las medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas, es decir, avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la legislación en cita, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Francisco Alexander Chávez García, en términos de la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal informó a este juzgado que se le concedió licencia oficial académica al titular de este órgano jurisdiccional quedando encargada del despacho por Ministerio de Ley la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo y en atención a lo previsto en dicho numeral, se advierte que la suscrita secretaria únicamente puedo practicar las diligencias, dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5098/2019, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de ********************, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, mediante el cual informa que por escrito presentado el veintitrés de octubre actual indicó de forma errónea que comparecía en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con sede en esta ciudad, cuando lo correcto era señalar que comparecía en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Consecuentemente, este órgano federal toma nota de lo anterior, en el entendido que las constancias que remitió con su escrito de veintitrés de los corrientes, fue en atención al requerimiento formulado al director del nosocomio con residencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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