Francisco Aurelio Hernandez Melgoza

Expediente 1278/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1278/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Valdovinos Mendoza
  • Francisco Aurelio Hernandez Melgoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se notifica al tercero interesado Alejandro Valdovinos Mendoza, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1278/2022, promovido por Leonardo Reymundo Quevedo Domínguez, defensor particular de Francisco Aurelio Hernández Melgoza; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós [fojas 9-20] en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, Francisco Aurelio Hernández Melgoza, por conducto de su defensor particular Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano de control constitucional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 1189/2022; en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó acordar lo conducente respecto de la existencia de parte tercera interesada; y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Tercero. Separación de juicios. En proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, de oficio, se decretó la separación de autos respecto del asunto 1189/2022, toda vez que las resoluciones reclamadas derivaban de cuatro diversos tocas penales, por lo que se remitieron copias certificadas del expediente a la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Morelia, Michoacán, a fin de que se les diera turno como nuevos asuntos. Cuarto. Admisión de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito del juicio de amparo contra el acto reclamado dentro del toca penal 25/2022, por lo que el veinticuatro de noviembre de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda respectiva, se registró con el número 1278/2022 y se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; asimismo, se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete. Posteriormente, en autos de quince de diciembre de dos mil veintidós y siete de marzo de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, incisos c) y e), y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, así como a Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas, en cuanto víctimas directas dentro del proceso penal de origen, por lo que se ordenó su emplazamiento, por lo que se ordenó emplazarlos por conducto de los licenciados María Candelaria Suárez García y Rogelio Sebastián Contreras, asesores adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, es: La resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 25/2022, mediante la cual modificó el auto de formal prisión dictado contra Francisco Aurelio Hernández Melgoza, por el Juez Mixto de primera Instancia de Tacámbaro, Michoacán, en auxilio del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal 219/2016 [antes 214/2013] por los delitos de asalto cometido en perjuicio de Alejandro Valdovinos Mendoza y robo en detrimento de Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas, mediante el cual el juez de la causa hizo la traslación del delito de asalto al ilícito de robo de vehículo de motor terrestre. En dicha resolución el magistrado dejó firmes sus demás aspectos del auto apelado, y únicamente por lo que se refiere al delito de robo, consideró que en la especie, al no acreditarse el monto de lo robado, se debe punir de conformidad con el artículo 302 del Código Penal vigente en la época de los hechos. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, consistentes en copia certificada del toca penal 25/2022 [un tomo de pruebas]. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por lo que así deberán tenerse para todos los efectos legales procedentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, en su pedimento 26/2023 manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque la parte quejosa no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestran la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, relativo a que el peticionario del amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye la resolución de apelación que confirmó el auto de formal prisión dictado contra el propio quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia del presente juicio, y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como quedó precisado en la segunda consideración, el acto reclamado consiste en la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 25/2022, mediante la cual el magistrado responsable modificó el auto de formal prisión dictado contra Francisco Aurelio Hernández Melgoza, por el Juez Mixto de primera Instancia de Tacámbaro, Michoacán, en auxilio del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, dentro del proceso penal 219/2016 por los delitos de asalto cometido en perjuicio de Alejandro Valdovinos Mendoza y robo en detrimento de Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas, mediante el cual el juez de la causa hizo la traslación del delito de asalto al ilícito de robo de vehículo de motor terrestre. En dicha resolución la autoridad responsable dejó firmes sus demás aspectos del auto apelado, y únicamente por lo que se refiere al delito de robo, consideró que en la especie, al no acreditarse el monto de lo robado, se debe punir de conformidad con el artículo 302 del Código Penal vigente en la época de los hechos. Al respecto, señala el peticionario del amparo que la resolución combatida no se encuentra fundada ni motivada, ya que el magistrado responsable ni siquiera se ocupó de hacer una ligera transcripción de los hechos que narra el supuesto ofendido y testigos, y mucho menos hizo la debida valoración individual de su testimonio, violando con ello los artículos 106, 107, 108, 109 y 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por falta de aplicación. También refiere que la responsable consideró tener probado el delito de robo, no de asalto, pero ahora en términos del artículo 302, del Código Penal del Estado, ello por la falta de cuantificación del robo, cuando debió declarar la prescripción de dicho delito. Sentado lo anterior, los motivos de inconformidad que aduce el defensor del quejoso, deben calificarse como infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Robo de vehículo de motor terrestre. En primer término, estableció el magistrado responsable que -contrario a lo que afirma la defensa- las probanzas que conforman el expediente fueron correctamente valoradas por el juzgador de origen, y por ello resulta correcto que el primigenio sostuviera que en el caso era procedente la traslación del delito de asalto, que en la anterior legislación se encontraba previsto en el numeral 237, ya que de la narración de hechos y las probanzas referidas se advierte que lo que se actualiza es el delito de robo de vehículo de motor terrestre, previsto en el artículo 205 bis, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Alejandro Valdovinos Mendoza, y el ilícito de robo, en detrimento de Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas. A continuación, dijo que como bien lo consideró el juez natural, de la narración de hechos y medios de prueba que obran en el sumario, se advierte que lo que se actualiza es el delito de robo de vehículo de motor terrestre, previsto por el numeral 205 bis, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, el cual establece: "Artículo 205 Bis. Robo de vehículo de motor terrestre. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de 500 a 5000 días multa, a quien cometa robo que tenga como objeto un vehículo de motor terrestre, cualquiera de sus partes. Se impondrá pena de 12 a 25 años de prisión si el robo se efectúa en un vehículo de motor: I. Con violencia en las personas o en las cosas; II. . III. Cuando se realice en despoblado; IV. . V. Cuando se cometa por dos o más personas." Por tanto, -sostuvo la responsable- resulta correcto que el juez natural considerara que ahora el delito que se imputa al inculpado no es el de asalto, sino que se coloca en el ilícito de robo de vehículo de motor terrestre con las diversas agravantes de que fue realizado -violencia en las personas, en despoblado y cometido con otras personas-. Ello, porque -como correctamente precisó el magistrado-se trata de una norma más favorable al inculpado, dado que la penalidad del delito de robo de vehículo de motor terrestre es menor a la que establecía el delito de asalto, por lo que resulta acertado que de oficio y por tratarse de un derecho fundamental el juez natural haya realizado la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del inculpado. Ahora bien, en torno al cuerpo del delito, el magistrado responsable en forma correcta dijo que del artículo transcrito se desprenden como elementos del tipo penal de robo de vehículo de motor terrestre, los siguientes: Que el activo lleve a cabo una conducta de apoderamiento sobre un vehículo o sobre cualquiera de sus partes. Que dicho vehículo o cualquiera de sus partes le resulten ajenas al sujeto activo, es decir, que la cosa objeto del delito no le pertenezcan. Que el apoderamiento se realice sin el consentimiento de quien legítimamente pueda disponer del vehículo o cualquiera de sus partes; y, Que la apropiación se realice con violencia en las personas o cosas, en despoblado y que sea cometida por dos o más personas. Elementos del delito que el magistrado consideró, en forma correcta el juez natural los tuvo debidamente acreditados, a través de la regla específica de comprobación a que hace referencia el artículo 114, fracción I, del código adjetivo de la materia, en los términos siguientes: Se demostró, -dijo la responsable- que el día dieciséis de abril dedos mil cuatro, aproximadamente a las diecinueve horas, en una brecha o camino situado a uno o dos kilómetros de la población El Manzo, perteneciente al municipio de Apatzingán, Michoacán, dos personas del sexo masculino ejercieron violencia sobre Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas, porque los amarraron de manos y pies, mientras los pasivos se encontraban a bordo de un vehículo propiedad del primero, para así apoderarse del vehículo y de las pertenencias personales de los ofendidos. Lo anterior, -puntualizó- se comprobó en primer lugar con la denuncia que presentó Alejandro Valdovinos Mendoza, en la cual reseñó: -Que es propietario del vehículo marca Nissan, tipo pick up, modelo mil novecientos noventa y tres, con placas de circulación ZYP1624 del Estado de Tamaulipas. -El diecisiete de abril de dos mil cuatro, a las diecinueve joras, abordó dicha unidad vehicular y comenzó a circular por el camino que va de la población del Mirador hacia la ciudad de Apatzingán, Michoacán; en una brecha se encontró a Manuel Barocio quien le comentó que iba a esa ciudad y determinó llevarlo, por lo que también se subió al automotor. -Cuando estaban aproximadamente a un kilómetro de la desviación al poblado de Manzo, donde hay un canal, salieron del monte dos personas del sexo masculino, una por cada lado del camino, ambos iban armados, uno se aproximó por el lado del conductor y traía un cuerno de chivo y el otro por el otro costado y llevaba una pistola tipo revólver, con las cuales les apuntaron y los obligaron a salirse del camino, luego les ordenaron que se bajaran de la camioneta y los subieron a la caja de esta, los trasladaron a una parcela en donde los amarraron de manos y pies, les quitaron sus billeteras, la suya contenía trescientos pesos e identificaciones, y luego se fueron llevándose su camioneta la cual condujo el sujeto que llevaba el cuerno de chivo. -Al quedarse solos, lograron liberarse y corrieron hasta la población de Manzo, en donde reportaron los hechos a la policía municipal y poco después se dio cuenta que encontraron su camioneta; precisó que no puede proporcionar las características de sus agresores porque iban cubiertos de la cara con un paño y todo pasó rápido. Luego relacionó la responsable la declaración ministerial de Manuel Barocio Banderas, y dijo que en esencia relató: -Ser vecino y amigo de Alejandro Valdovinos. El dieciséis de abril de dos mil cuatro, a las diecinueve horas treinta minutos, estaba en el poblado del Mirador e iba caminando por una brecha con rumbo a Apatzingán, con la intención de pedir un aventón (sic), lugar por el cual pasó Alejandro y abordó el vehículo de su propiedad, una camioneta Nissan, color negro. -Refirió que poco antes de llegar a la desviación del poblado de Manzo, salieron al pie de la carretera dos personas del sexo masculino, cubiertos de la cara, uno llevaba un revólver y el otro una arma larga, les indicaron que se pararan y Alejandro detuvo el vehículo; dichos sujetos enseguida los bajaron y los subieron a la caja, colocándolos boca abajo, les amarraron las manos con vendas para curación y cintas o cables de plástico, luego los trasladaron a una parcela donde los bajaron y los amarraron delos pies y se fueron del lugar. -Refiere que, le quitaron su billetera en la cual traía quinientos pesos y también se llevaron la cartera de Alejandro, así como la camioneta; cuando ya se habían retirado logró desatarse y desamarró a Alejandro, ambos se fueron corriendo al rancho de Manzo en donde reportaron el robo por teléfono a la policía municipal y les informaron que ya habían asegurado el vehículo. Dichas declaraciones, en forma correcta determinó el magistrado que, al ser sometidas a un escrutinio revelan que se incluyeron al proceso cumpliendo con las formalidades de los artículos 23, 269, 270, 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Además, -dijo la responsable- se advierte que Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas relataron hechos que les constan en forma directa, por lo que, a más de constituir la noticia del delito, también constituyen testimonios valorables confirme al artículo 331 del código adjetivo penal, que contienen cuestiones inherentes a la credibilidad de la persona -fracción I, II y V- y a su testimonio como tal -fracciones III y IV. Sostuvo también el magistrado, que ambos asertos generan convicción porque en torno a la credibilidad de los testigos, se advierte que señalaron tener veintitrés y cincuenta y tres años, respectivamente, ser campesinos y saben leer y escribir, lo que revela que tienen el criterio necesario para discernir sobre los hechos que exponen, no consta que hubieran declarado impulsados por fuerza o miedo, ni que fueran inducidos al error o al engaño, tampoco que declaren producto de soborno ni que lo hagan de forma parcial; por el contrario, relatan hechos que percibieron por medio de sus sentidos visual y auditivo de manera directa, los cuales no se probó que estuvieran alterados, disminuidos u obstaculizados. Los anteriores medios de prueba, los concatenó el magistrado responsable con las declaraciones ministeriales de Camilo López Romero y Francisco Torres Esquivel, quienes coincidieron en señalar: -Son agentes de la policía municipal y el dieciséis de abril de dos mil cuatro, a las veinte horas von veinte minutos, recibieron el reporte del robo de una camioneta de color negro con franjas verdes y placas de Tamaulipas, propiedad de Alejandro Valdovinos Mendoza. -Cuando transitaban por la avenida Corregidora, en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, observaron dicha camioneta y le pidieron al conductor que se detuviera, pero hizo caso omiso e imprimió mayor velocidad, lo siguieron y chocó contra otro vehículo estacionado en la calle Prolongación esquina con José Ma. Morelos de la colonia Nueva, sitio en el cual, el conductor salió corriendo y se introdujo a un vivienda propiedad de Miguel Ángel Romero González, quien les autorizó ingresar por lo que entraron y en el interior detuvieron a Francisco García Mendoza o Francisco Aurelio Hernández Melgoza. -Asimismo, señalaron que en el interior del vehículo robado encontraron un rifle calibre 7.62, matrícula 9441812, conocido como cuerno de chivo. También destacó el tribunal responsable, que la anterior información la reiteraron los elementos policiacos en el parte informativo que rindieron mediante oficio 405/04 de veintisiete de abril de dos mil cuatro, por lo que se incorporaron al proceso con las formalidades de los numerales 23, 269, 270, 271, 272 y 331 del código adjetivo de la materia y generan convicción en torno a la veracidad de los hechos que relatan. Por tanto, legalmente sostuvo que del citado medio de convicción se conoce que, el vehículo propiedad de Alejandro Valdovinos Mendoza, fue encontrado en poder del activo del delito [aquí quejoso], quien e dieciséis de abril de dos mil cuatro lo conducía en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, momentos después de que se reportó su robo, y al verse sorprendido por la policía, trató de darse a la fuga sin conseguirlo; aunado a que en el interior del vehículo se localizó un rifle de las mismas características que el descrito por los pasivos como una de las armas que utilizaron los activos para amagarlos. A los anteriores medios de prueba se relacionó la fe que dio el Ministerio Público de lo siguiente: -Se constituyó en un camino de terracería que conduce de la ciudad de Apatzingán a la población del Mirador, aproximadamente a un kilómetro de la desviación al rancho de Manzo, en donde no hay casas solo vegetación silvestre; próximo al sitio hay un camino que conduce a un tejabán que no está habitado y ahí localizó trozos de venda en la tierra. -Las vendas las describió como dos trozos elásticos, color blanco. -Tuvo a la vista el vehículo Nissan, tipo pick up, negro, placas de circulación ZYP1624, del Estado de Tamaulipas, que presentó daños por colisión con predominio en parte frontal. -Y un arma de fuego tipo rifle, calibre 7.62, marca Norinco, con matrícula 41812 y cargador con veinte cartuchos útiles del mismo calibre. Asimismo, precisó la responsable que el perito Mauricio Daniel Navarrete Mendiola, en los dictámenes de diecisiete de abril de dos mil cuatro, reiteró la información sobre la descripción tanto del arma de fuego como del lugar de los hechos y anexó cuatro placas fotográficas del mencionado sitio. Por lo anterior, en forma acertada determinó el magistrado responsable que los medios de prueba descritos tienen eficacia demostrativa en razón de que las inspecciones se practicaron de conformidad con los artículos 108, 309 y 311 del Código de Procedimientos Penales, ya que las suscribió un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Constitución, y las pericias porque el servidor público suscriptor informa sobre datos que directamente obtuvo a través de los sentidos con motivo de la observación directa del lugar que inspeccionó y del objeto que describió. Por tanto, -concluyó el magistrado- se probó que los activos se apoderaron del vehículo marca Nissan, tipo pick up, color negro, placas de circulación ZYP1624 del Estado de Tamaulipas, propiedad de Alejandro Valdovinos Mendoza, con las declaraciones que rindieron la citada víctima y Manuel Barocio Banderas, quienes señalaron que el dieciséis de abril de dos mil cuatro, aproximadamente a las diecinueve horas se encontraban a bordo del vehículo descrito circulando por una brecha próxima a la desviación al poblado de Manzo del municipio de Apatzingán, Michoacán, cuando dos sujetos armados salieron del camino y los amagaron con las armas para luego obligarlos a descender de la unidad. Señaló también, que las inspecciones y dictámenes reúnen suficientes condiciones de normalidad para sostener su verosimilitud, y en este caso contribuyen a corroborar la versión de los pasivos en torno a la existencia del vehículo que los activos les quitaron, así como de una de las armas de fuego y las vendas que emplearon para ejercer violencia sobre sus personas. Que asimismo, la descripción del lugar donde aconteció el hecho es apta para sostener que se trata de un paraje solitario, porque en los términos que precisaron el fiscal investigador y el perito oficial, se trata de una brecha en la que sólo existe vegetación, por tanto, ante la ausencia de personas los pasivos quedaron imposibilitados de solicitar auxilio. Que se acreditó de igual manera, que el bien mueble descrito le era ajeno a los agentes del delito, y que su apoderamiento se verificó sin el consentimiento de quien legalmente podía disponer del mismo y arribó a esa determinación porque Alejandro Valdovinos Mendoza, acreditó la propiedad del vehículo con el contrato de compraventa respectivo y anexó el título de propiedad, con valor probatorio en términos del artículo 327 del código procesal en razón de que no se objetaron de falsos. Con base en lo anterior, determinó el magistrado responsable que en el sumario se acreditó el cuerpo del delito de robo de vehículo de motor terrestre en agravio de Alejandro Valdovinos Mendoza, y asimismo, se justificó que los activos ejercieron violencia sobre la víctima con el propósito de obtener un lucro, en este caso, le quitaron al pasivo el vehículo que tripulaba; hecho que se ejecutó en un lugar despoblado y se ejecutó con la intervención de dos personas. Ilícito de Robo. Ahora bien, en cuanto al ilícito de robo, la autoridad responsable adujo que la redacción legal del citado delito está en el artículo 299 del Código Penal del Estado, que dispone que lo comete: "Quien se apodera de una cosa mueble, ajena y sin consentimiento de quien conforme a derecho puede disponer de ella." Por tanto, para la integración del cuerpo del delito de robo, en forma correcta estableció los siguientes elementos: Una acción de apoderamiento. Que dicho apoderamiento se realice sobre objetos muebles y ajenos; y, Que se verifique sin el consentimiento de la persona que conforme a derecho pueda disponer del mueble. Elementos que como acertadamente lo señaló el magistrado responsable, también se encuentran debidamente acreditados de conformidad con la regla específica de comprobación prevista por el artículo 114, fracción I, del código adjetivo de la materia, porque justifican el apoderamiento de las billeteras sin el consentimiento de los pasivos, las cuales contenían dinero en efectivo en su interior. Dijo el magistrado que lo anterior, se acreditó con las declaraciones que rindieron los ofendidos Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas, puesto que ambos señalaron que el dieciséis de abril de dos mil cuatro, aproximadamente a las diecinueve horas, cuando viajaban a bordo del vehículo del primer nombrado, por una brecha próxima a la desviación al poblado de Manzo, municipio de Apatzingán, Michoacán, dos sujetos armados salieron del camino y los amagaron con armas, luego los obligaron a descender de la unidad y los trasladaron hasta una parcela, en donde les quitaron sus carteras y se fueron en el vehículo, dejándolos amarrados. Criterio con el que coincide este juzgador pues, efectivamente, como lo expuso la responsable dichas versiones se consolidan entre sí pues los atestes fueron acordes al señalar las circunstancias espacio temporales en que acontecieron los hechos y lo anterior produce convicción para sostener que los hechos ocurrieron en la forma en que lo relataron. Aunado a ello, se aportaron las declaraciones de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal residentes en Apatzingán, Michoacán, en las que informaron que el dieciséis de abril de dos mil cuatro, aproximadamente a las veinte horas con veinte minutos, -alrededor de una hora veinte minutos después de que los pasivos fueron desapoderados de sus pertenencias- recibieron el reporte de robo del vehículo y procedieron a su búsqueda, el cual localizaron cuando circulaba por la avenida Corregidora de aquella ciudad, a cuyo conductor le marcaron el alto pero no se detuvo y empezaron una persecución que terminó cuando aquél se impactó contra otra unidad vehicular, se bajó e introdujo a una vivienda cuyo habitante les permitió ingresar y efectuaron la detención, encontrando en el interior del vehículo un rifle calibre 7.62, matrícula 9441812 conocido como cuerno de chivo. De lo anterior, -acertadamente indicó la responsable- se conoce que el vehículo propiedad de Alejandro Valdovinos Mendoza, fue encontrado en poder del activo del delito, quien el dieciséis de abril de dos mil cuatro lo conducía en Apatzingán, Michoacán momentos después de que se reportó su robo y al verse sorprendido por la policía trató de darse a la fuga, sin conseguirlo; además de en el interior del vehículo se localizó un rifle de las mismas características descritas por los pasivos como una de las armas que utilizaron los activos para amagarlos. Por tanto, en forma correcta concluyó el magistrado que los datos anteriores, en su conjunto, convalidan el apoderamiento de dos carteras que adujeron los agraviados contenían trescientos y quinientos veinte pesos, respectivamente. Asimismo, señaló que dichas pruebas, al ser analizadas y valoradas de manera individual y luego en su conjunto, conforme al artículo 325 del código adjetivo penal, son viables para concluir que existió el apoderamiento de los objetos descritos, esto es, existió efectiva disponibilidad de los objetos descritos desde que los tomaron en su poder y dispusieron para sí de ellos, lo que conlleva a acreditar el apoderamiento del tipo penal de robo y de igual manera se acreditó que la conducta de apoderamiento fue efectuada sobre bienes muebles. Es así, -destacó la autoridad responsable- ya que la acción recayó sobre dos carteras en cuyo interior había el dinero precisado, son bienes que dada su naturaleza pueden ser desplazados de un lugar a otro, sin alterar su esencia, por lo que son considerados como cosas muebles, de acuerdo a lo previsto por la ley; también se demuestra que eran ajenos a los agentes del delito y que su apoderamiento se verificó sin el consentimiento de quien legalmente podía disponer de los mismos, por tanto, se justificó la descripción típica del artículo 299 de la ley penal sustantiva. Señaló también la autoridad que arribó a la anterior determinación, porque con lo denunciado por las víctimas se justifica que las carteras y el dinero que había en su interior, les pertenecían en propiedad, virtud de ello cada uno la traía consigo en sus pertenencias fueron despojados de ellas por personas que los amagaron con armas de fuego y los amarraron para poder colocarlos bajo su esfera de dominio. Luego, precisó el magistrado que el juez natural al analizar el tópico, dijo que el robo se sancionaba conforme a la fracción I, del artículo 300 del Código Penal del Estado, atendiendo a que los pasivos expusieron que los objetos materia del latrocinio fueron sus carteras, sin proporcionar las características de las mismas y sin que estas fueran valuadas o se justificara su valor de cambio a través de algún medio de prueba; y si bien Alejandro Valdovinos Mendoza, señaló que su billetera contenía la cantidad de trescientos pesos y Manuel Barocio dijo que traía quinientos pesos, esas afirmaciones no se corroboraron con ningún otro medio de prueba. Entonces, -en forma acertada determinó el magistrado responsable- en este caso no se cuenta con parámetros objetivos que permitan establecer el valor de cambio de las carteras y el vehículo materia del robo, ni determinar con certeza qué cantidades de dinero en efectivo traían consigo los pasivos y, por ende, el robo se pune con base en el artículo 302, primer párrafo, del Código Penal del Estado, modificando en tal sentido la resolución apelada. Criterio que comparte este juzgador, porque el artículo 300, fracción I, del Código Penal del Estado, vigente en la época de los hechos [2004] dispone lo siguiente: "Artículo 300. Al responsable del delito de robo se le sancionará conforme a las reglas siguientes: I. Cuando el valor de lo robado no exceda del importe de cien días de salario, la sanción será de seis meses a dos años de prisión y multa de tres a diez días de salario; [.]" Por su parte, el numeral 302, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal, establece: "Artículo 302. Para estimar la cuantía del robo se atenderá únicamente al valor de cambio que tenga la cosa robada al momento del apoderamiento. Si éste no pudiera determinarse o por su naturaleza no fuese posible fijar su valor o su cantidad, se aplicará de tres días a cinco años de prisión. [.]" De ese modo, se estima correcto lo determinado por el magistrado responsable pues si en este caso y no obstante las manifestaciones de Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas, no se cuenta con parámetros objetivos que permitan establecer el valor de cambio de las carteras que estos portaban, ni determinar con certeza qué cantidades de dinero en efectivo traían consigo dichos ofendidos, -pues al respecto no se cuenta con prueba alguna en el sumario- es evidente que la conducta del inculpado debe ser sancionada conforme a lo que establece el citado precepto legal 302, en su párrafo primero, del Código Penal vigente en la época de los hechos, pues no es posible afirmar, sin lugar a dudas, que el valor de los objetos robados no excede del importe de cien días de salario. De manera que, contrario a lo que aduce el peticionario del amparo, en el caso concreto no procedía declarar la prescripción del delito de robo, pues lo único que se determinó es que no se contaba con parámetros objetivos para establecer el valor de cambio de lo robado, en este caso, de las carteras de los ofendidos; sin embargo, ello no es razón suficiente para declarar prescrito el ilícito de robo, pues no por ello se actualiza alguna de las hipótesis que establece el Código Penal para el Estado de Michoacán para extinguir la acción penal y las sanciones del referido delito. Probable responsabilidad. Al respecto, sostuvo en forma acertada el magistrado responsable, en el sumario obran datos aptos y suficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad jurídico penal del acusado Francisco Aurelio Hernández Melgoza en la comisión de los delitos de robo de vehículo de motor terrestre en agravio de Alejandro Valdovinos Mendoza y robo en detrimento de Alejandro Valdovinos Mendoza y Manuel Barocio Banderas, porque en su contra obran las pruebas reseñadas, que consisten en la denuncia de las referidas víctimas, las versiones ministeriales de los policías municipales Camilo López Romero y Francisco Torres Esquivel. Medios de prueba que como legalmente lo estableció la Sala responsable, son aptos y suficientes para tener por acreditado en forma probable, que Francisco Aurelio Hernández Melgoza desplegó una conducta que encuadra con los supuestos a los que se refiere el artículo 205 bis, del Código Penal vigente en el Estado, y los artículos 200, 302 del Código Penal anterior a la reforma del 2014, puesto que los dichos vertidos por los ofendidos se desprende que siendo aproximadamente las diecinueve horas del día dieciséis de abril de 2004, ambos se encontraban a bordo del vehículo marca Nissan, tipo pick up, modelo 1993, placas de circulación ZYP1624, circulando sobre la brecha que conduce del poblado de El Mirador de Apatzingán, Michoacán. De igual forma, como así lo sostuvo la responsable, de lo narrado por los ofendidos se desprende que sobre ellos se ejecutó una conducta de violencia moral consistente en el amago de que fueron víctimas cuando transitaban sobre el camino mencionado y fueron interceptados por el propio inculpado y otro, quienes haciendo uso de armas de fuego los obligaron a detenerse para luego colocarlos en la caja del vehículo y trasladarlos a una parcela cercana donde los inmovilizaron atándolos de pies y manos; lugar que tiene la calidad de despoblado pues no existe vivienda alguna en donde habite persona que los pudiera auxiliar y el agente del Ministerio Público que realizó la inspección del citado lugar, dio fe de que se trata de un terreno sin casas y se observa únicamente vegetación silvestre y un camino de herradura que conduce a un tejaban sin habitantes. Por último, acertadamente concluyó el magistrado que la finalidad de los activos, al amagar a los agraviados, era la de obtener un beneficio patrimonial o provecho económico, pues una vez que fueron amagados y sometidos por los activos, estos tomaron sus billeteras y se llevaron la camioneta propiedad de uno de los ofendidos. Es así porque, como también lo expuso el magistrado responsable en la resolución combatida, en autos no se encuentra probada a favor del inculpado Francisco Aurelio Hernández Melgoza, ninguna circunstancia excluyente de incriminación o causa que extinga la acción penal. En ese estado de cosas, no se evidencia que el magistrado responsable al efectuar la relación armónica e integral de los datos de prueba existentes en el sumario, hubiere asumido una conclusión que se aparte de la razonabilidad, o bien, -como aduce el quejoso- que la Sala responsable no hubiere hecho relación de los hechos que narraron los ofendidos y testigos, en este caso, los elementos policiacos, o que no hubiere realizado una correcta valoración de los referidos testimonios. Máxime que, como quedó expuesto en la presente resolución, el magistrado responsable señaló lo que obtenía de cada una de las pruebas en las que se apoyó para llegar a la determinación de confirmar el auto de formal prisión combatido, y les otorgó valor en los términos que se precisaron en párrafos precedentes. Así como también se estima legal que con base en las referidas pruebas haya tenido por acreditada la probable responsabilidad del quejoso por lo que ve a los delitos de robo de vehículo de motor terrestre y robo, con los indicios obtenidos de los medios de prueba que describió. De modo que, no asiste la razón a la parte quejosa cuando aduce que la resolución reclamada no se encuentra fundada ni motivada, pues el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados, tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos, lo cual en el caso se advierte satisfecho. Ello porque esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Cabe señalar que tal derecho de legalidad se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad, circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En tales condiciones, al no advertirse deficiencia que deba suplirse de oficio, se concluye que el acto reclamado no infringe en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y lo conducente, es negar la protección constitucional que solicita. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Aurelio Hernández Melgoza, por conducto de su defensor particular Leonardo Reymundo Quevedo Domínguez, contra el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1278/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por la Secretaria de Acuerdos de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, así como las documentales que la parte quejosa adjunto a su escrito de demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Se tienen por reproducidos los mismos y por precluído el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán Maestro en Amparo José Ramón Rocha González.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante lista publicada el veinticinco de abril del año en curso, se emplazó al tercero interesado Alejandro Valdovinos Mendoza, por conducto de los licenciados María Candelaria Suarez García y Rogelio Sebastián Contreras, por ende es claro que no median los ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe

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