Francisco Aburto Cuin

Expediente 36/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
36/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Francisco Aburto Cuin
  • Delia Viriadiana Guerrero Garcilazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa María Dolores Velázquez Bucio, mediante el cual en cumplimiento a los requerimientos formulados en autos, bajo protesta de decir verdad, amplía su demanda respecto a los antecedentes, así como a los conceptos de violación. En consecuencia, se admite la ampliación de demanda que hace valer la promovente en cita en su escrito de cuenta, para lo cual se ordena correr traslado a las partes para los efectos legales conducentes. Con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación, dése vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 15/2003 consultable en la página doce del tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio 2003, Materia Común, novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto : "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del trece de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Alejandra Álvarez Calderón, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 36/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales aportadas al juicio por la autoridad responsable, así como con las que acompañó la parte quejosa a su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por las autoridades responsables y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintitrés, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en esa misma ciudad, Efraín Guzmán Chamú, apoderado jurídico de Francisco Aburto Cuin, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Delegada y/o Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite en los términos planteados, la registró bajo el número 36/2023; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos son reclamados a una autoridad residente dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y las constancias del sumario, y de conformidad con el criterio citado, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, relativa a la inscripción de la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, dentro del juicio agrario 49/2022, dentro del término que para ello establece la ley de la materia; y, La omisión de expedir al quejoso el certificado parcelario, correspondientes al ejido denominado "Cahulote", del municipio de Turicato, Michoacán. Actos que atribuye a la autoridad: Delegada y/o Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán. Tercera. Certeza de los actos reclamados. La Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Al respecto adujo, que esa Delegación no fue omisa ya que ha realizado el seguimiento para llevar a cabo el procedimiento administrativo y con fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós, realizó el registro de la sentencia dictada en el expediente 49/2022 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17. Asimismo, que derivado del estudio detallado al trámite, mediante oficio SDR/DJ/2576/2022 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, solicitó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 diversa documentación del beneficiario, sin que a la fecha se haya remitido lo solicitado. Por tanto, procede tener por ciertos los actos reclamados a la Encargada de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, en esta instancia constitucional, ya que el trámite en comento no se encuentra finalizado, y no ha sido entregado al quejoso el correspondiente certificado parcelario. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con la copia certificada que acompañó la autoridad responsable a su informe con justificación, relativa al oficio SDR/DJ/2576/2022, mediante el cual informó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 la inscripción de la sentencia ordenada y solicitó diversa documentación del expediente del beneficiario. Documental que atenta su naturaleza de actuación pública adquiere valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Las partes no hicieron valer causales de sobreseimiento ni este juzgador advierte -de manera oficiosa- su existencia, por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al efecto, en sus conceptos de violación, el peticionario de amparo aduce esencialmente: Que se vulneran en su perjuicio los artículos 1º, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su derecho a recibir una respuesta de manera pronta y expedita, no obstante que se han satisfecho todas las etapas procedimentales y requisitos legales a que se refieren los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria. Que por lo anterior, mediante solicitud presentada a través del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, ante la Dependencia Registral, el trece de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso compareció a presentar la solicitud para que se procediera a la inscripción de la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año del año dos mil veintidós, dictada en el expediente agrario 49/2022 y se expidiera a favor del quejoso del certificado parcelario de la parcela ejidal número 1024 Z-1 P1/1 del ejido denominado "Cahulote",. Que la responsable es la única facultada para realizar el registro solicitado, además de estar obligado a ello en términos del artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, pero por causas que se desconocen y que no están justificadas, fundadas ni motivadas, se ha abstenido injustificadamente de realizar la inscripción y registro de la sentencia y expedición del certificado. Son infundados los conceptos de violación antes sintetizados. Lo anterior es así, porque de la constancia que acompañó a su informe la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, relativa a la copia del oficio SDR/DJ/2576/2022, dirigido al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, en la cual obra un sello de recibido el dos de diciembre de dos mil veintitrés (sic), la autoridad responsable le informó que la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente 49/2022, quedó registrada en el libro 1, volumen XXIV, foja 107 de la base de datos conocida como SENTIAS. Por otro lado, del mismo comunicado se advierte que también indicó que derivado del estudio de la sentencia de mérito y para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a su inscripción, es necesario remitir a esa Delegación diversa documentación relativa al expediente individual del beneficiario. En efecto, la quejosa reclama la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada a través del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, el trece de septiembre de dos mil veintidós ante la autoridad responsable, esto es, el oficio 663/2022 mediante el cual dicho Tribunal remitió al Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, copia certificada de la sentencia dictada dentro del juicio agrario 49/2022, para su inscripción y efectos legales procedentes, en términos de los artículos 148 y 152 de la Ley Agraria. Para dar sustento a la anterior premisa, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 51, 52, párrafo cuarto, 55 y 81, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, los cuales por su orden disponen: "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. [.] Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 55. En los casos en que la documentación presentada para su inscripción resulte deficiente, el Registro deberá requerir al interesado para que, con base en la normativa aplicable, se subsanen las deficiencias u omisiones o se presenten los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación registral. Las prevenciones a que se refiere este artículo, tendrán el carácter de acuerdos de mero trámite y por lo tanto no procederá ningún recurso en contra de las mismas." "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. [.] De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento." De los preceptos transcritos se obtienen, para lo que aquí interesa, las siguientes premisas: Que el procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, quienes deben invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan. Asimismo, que los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. Que las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Asimismo, que en los casos en que la documentación presentada para su inscripción resulte deficiente, el Registro deberá requerir al interesado para que, con base en la normativa aplicable, se subsanen las deficiencias u omisiones o se presenten los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación registral. De igual modo, el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. Finalmente, que de acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 del propio Reglamento. De lo anterior se obtiene que corresponde al Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, llevar a cabo el procedimiento relativo a la inscripción de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, dentro del juicio agrario 49/2022, así como la expedición del certificado parcelario correspondiente, en el plazo que señala el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Sin embargo, la autoridad responsable al momento de rendir su informe, adujo que esa Delegación no fue omisa, ya que ha realizado el seguimiento para llevar a cabo el procedimiento administrativo y con fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós, realizó el registro de la sentencia dictada en el expediente 49/2022 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, quedando registrada en el libro 1º, VOL XXIV, foja 107, de la base de datos de SENTIAS del Registro Agrario Nacional. Luego, refirió también que derivado del estudio de la sentencia de mérito y para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a su inscripción, mediante oficio SDR/DJ/2576/2022 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, solicitó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 la siguiente documentación del expediente individual del beneficiario: Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana (certificado de nacionalidad o carta de naturalización) en original. Datos generales del beneficiario (estado civil, ocupación y domicilio). Clave Única de Registro de Población (CURP). Identificación oficial vigente en copia; y, Planos tipo B. Lo anterior, sin que hasta la fecha obren antecedentes en esa representación respecto a que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 haya remitido lo solicitado. En esas condiciones, es evidente que para que la autoridad responsable esté en condiciones de proceder a la ejecución material a la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el juicio agrario 49/2022, consistente en expedir el certificado parcelario a favor del aquí quejoso, es necesario que se proporcionen a la Delegación del Registro Agrario Nacional, los documentos que indicó dicha dependencia registral en el oficio SDR/DJ/2576/2022, con la finalidad de iniciar el procedimiento establecido de acuerdo a la normatividad vigente y se dé trámite a la solicitud correspondiente. En ese estado de cosas, se concluye que hasta en tanto no se dé cumplimiento al requerimiento formulado y se acompañen los documentos necesarios para que se continúe con el procedimiento respectivo, la autoridad responsable Encargada de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, no se encuentra en condiciones y momento de concluir el trámite relativo al registro de sentencia y expedición del certificado parcelario a favor del quejoso, como fue ordenado en el juicio agrario 49/2022. Por ende, no se puede atribuir a la citada autoridad responsable la dilación y retraso en realizar los trámites administrativos necesarios para entregar al quejoso el certificado parcelario ordenado mediante sentencia en el expediente agrario antes señalado, si constituye un requisito sine qua non, el que previamente se exhiban los planos y documentos del expediente individual del beneficiario que fueron solicitados. Acción esencial de carácter obligatorio para la parte interesada, pues para que la autoridad responsable esté en posibilidades de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, necesariamente requiere que se aporten los documentos a que se hizo referencia. Ello, porque de acuerdo con el precepto legal 55, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sólo en los casos en que la documentación presentada para su inscripción resulte deficiente, el Registro deberá requerir al interesado para que, con base en la normativa aplicable, se subsanen las deficiencias u omisiones o se presenten los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación registral y subsanadas las deficiencias el Registro emitirá su calificación positiva en un plazo no mayor de veinte días hábiles. En las relatadas condiciones, no se advierte vulneración a los derechos consagrados en los numerales 1º, 8º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al no advertirse deficiencia que suplir de oficio, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Aburto Cuin, por conducto de su apoderado jurídico Efraín Guzmán Chamú, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, en términos de lo expuesto en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales públicas que anexó a su informe la autoridad responsable, mismas que se ordena relacionar nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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