Francisco Alberto Cruz de León

Expediente 1186/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1186/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Alberto Cruz de León

Actuaciones

  1. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Parte quejosa realiza petición. *** quejoso solicita le sea señalado día y hora a fin de que comparezca a recibir los documentos que exhibió con su escrito de demanda por las manifestaciones que expone y autoriza a diversas personas para recibir los documentos en su representación. Dígase al quejoso que ya se autorizó la devolución de sus documentos. No obstante, en vista de que afirma que no ha podido generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le brindan los siguientes códigos QR a fin de que a las dieciséis horas con treinta minutos del día treinta de marzo de dos mil veintiuno pueda acudir a las instalaciones de este Juzgado a recoger los documentos y, de estimarlo necesario, acompañado de su abogado. Una de las personas que autoriza podrá ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación con el segundo de esos códigos QR. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Parte quejosa realiza petición. *** quejoso solicita le sea señalado día y hora a fin de que comparezca a recibir los documentos que exhibió con su escrito de demanda por las manifestaciones que expone y autoriza a diversas personas para recibir los documentos en su representación. Dígase al quejoso que ya se autorizó la devolución de sus documentos. No obstante, en vista de que afirma que no ha podido generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le brindan los siguientes códigos QR a fin de que a las dieciséis horas con treinta minutos del día treinta de marzo de dos mil veintiuno pueda acudir a las instalaciones de este Juzgado a recoger los documentos y, de estimarlo necesario, acompañado de su abogado. Una de las personas que autoriza podrá ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación con el segundo de esos códigos QR. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurando, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/4/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Jalisco (Tercer Circuito), Nuevo León (Cuarto Circuito), Coahuila (Octavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Querétaro (Vigesimosegundo Circuito), Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito) e Hidalgo (Vigesimonoveno Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/4/2021, que establece las medidas vigentes del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente del juicio de amparo indirecto; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. *** quejoso solicita la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo y autoriza a diversas personas para recibirlos. En ese sentido, como quedó precisado en párrafos precedentes, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en autos. Atento a lo anterior, se hace de su conocimiento que, en observancia del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá atender a los lineamientos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos. Correo electrónico. Finalmente, se toma nota de su correo para comunicaciones no procesales, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 9 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Delegado en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1186/2020-V. Datos de la litis. *** Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. También debe tenerse presente que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal contra el acto reclamado, previo a promover el juicio de amparo, es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho de que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley que los rige prevé un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que sólo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Los supuestos señalados, y otros, han sido establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000, que dice lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Así, del artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia y del criterio transcrito se advierte que tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se actualiza una excepción al principio de definitividad, en los casos siguientes: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, o el acto reclamado carezca de fundamentación; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. h) Finalmente, cuando se reclamen actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de los cuales se alegue que carecen de fundamentación y motivación, y en el informe justificado la autoridad subsana o perfecciona tales vicios también operará la excepción al principio de definitividad. Dicho esto, se recuerda que el quejoso Francisco Alberto Cruz de León reclama el oficio SP/1484/2020, de treinta de octubre de dos mil veinte, emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Puebla de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual se declaró improcedente su solicitud de pensión, su notificación, ejecución, efectos y consecuencias. Al respecto, es preciso traer a colación que el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" De esa disposición, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene competencia para conocer de las resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque el oficio SP/1484/2020, de treinta de octubre de dos mil veinte, emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Puebla de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual se declaró improcedente la pensión, su notificación, ejecución, efectos y consecuencias; son impugnables a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 3, fracción VII, de su Ley Orgánica. Sirve de apoyo, la jurisprudencia: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Ahora bien, se expondrán las razones por las cuales se estima que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad que caracteriza al juicio de amparo. En primer orden, porque el acto reclamado no implica una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo -incisos c) y d)-. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación -inciso g)-. Por otro lado, la parte quejosa no alegó en su demanda sólo violaciones directas a la Constitución Federal, pues si bien en algunos apartados expuso que la negativa de su pensión podría vulnerar diversos derechos tutelados en la Constitución Federal, lo cierto es que también propuso diversos planteamientos de legalidad -inciso e)-. Lo anterior es así, pues la parte quejosa aduce -esencialmente- la indebida fundamentación y motivación de la respuesta contenida en el oficio SP/1484/2020; y, en específico, plantea cuestiones de legalidad sobre la Ley del Instituto aplicable a su pensión. Al respecto, resulta ilustrativo el siguiente criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional del País: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Asimismo, no se advierte que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, pues de las constancias que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, se advierte que en la resolución reclamada la responsable expuso las razones y fundamentos, que consideró pertinentes para sostener su determinación. Por ende, los actos sí podrían ser cuestionado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, máxime que el juicio se prevé en una ley y no en un reglamento -inciso f-.. Asimismo, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que no es posible considerar como tercera extraña a la parte quejosa, debido a que la misma es la destinataria de la negativa que se impugna. Asimismo, es preciso acotar que el acto que se reclama tampoco participa de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral. En efecto, al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala del Alto Tribunal dispuso que tales actos se suscitan cuando no tiene intervención el gobernado y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, es posible concluir que la respuesta contenida en el oficio SP/1484/2020, de treinta de octubre de dos mil veinte, no puede catalogarse como acto materialmente administrativo emitido en forma unilateral, dado que el quejoso fue quien instó con la solicitud de pensión. Así, este órgano jurisdiccional considera pertinente acotar que el acto reclamado no participa de la naturaleza de los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral y, por lo tanto, no se actualiza la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico, en el sentido de que las autoridades deberán complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto en su informe justificado. Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al analizar el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispuso que la exigencia de complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado, no debe entenderse referido a cualquier tipo de asunto administrativo, sino sólo respecto de aquellos actos materialmente administrativos emitidos de forma unilateral por un órgano de la administración pública, es decir, en los que no tiene intervención el gobernado y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Entonces, para poder definir en qué casos se actualiza la exigencia de complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado, es preciso tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que por procedimiento administrativo se entiende a aquella secuencia de actos realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Dichos procedimientos se distinguen generalmente de la siguiente manera: a) Los instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; b) Los que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones; c) Los que [por vía de control] buscan tutelar derechos e intereses particulares que se ven afectados por los actos administrativos los cuales, siguiendo las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 de la Constitución Federal, concluyen con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; y d) Aquellos en los que intervienen particulares con intereses opuestos y que definen una situación jurídica en concreto. Por lo tanto, en todos los casos descritos con anterioridad, no se actualizará la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico, dado que se trata de procedimientos en los que legalmente debe intervenir el gobernado. Sin embargo, existe otro universo de actuaciones en donde sí cabe aplicar la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, que eventualmente se pudiera actualizar una excepción al principio de definitividad, lo cual acontece cuando se controvierte un acto administrativo o la unión de diversos actos que se emiten con motivo del ejercicio de las facultades que las autoridades administrativas tienen a su cargo, pero con la particularidad de que lo hacen sin intervención del gobernado, dado que no existe ninguna disposición normativa que las obligue a ello, tal como sucede en el caso de las multas por infracciones a los ordenamientos viales. En consecuencia, en el caso concreto el acto reclamado deriva de una solicitud de pensión de la parte quejosa, por la cual solicitó un pronunciamiento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Puebla; es decir, el acto reclamado dimanó del ejercicio de un derecho por parte del gobernado [solicitud de pensión], de ahí que no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que se prevé en el diverso 61, fracción XX, del mismo ordenamiento jurídico -inciso h-. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional -inciso b-. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional, según lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.): "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Por lo tanto, es factible estimar que el juicio contencioso administrativo federal no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Cabe aclarar que este órgano jurisdiccional no desconoce que dichos criterios interpretaron el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto anterior a la reforma publicada el trece de junio del dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, esa circunstancia no afecta la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que los requisitos y alcances que ahora se dan a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado son incluso más coincidentes con los previstos en la Ley de Amparo. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por último, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la improcedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de ese ordenamiento jurídico. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa. Correo. Se tiene únicamente para mejorar la comunicación -no procesal- dentro del juicio, el correo electrónico barradeabogadosgpe@gmail.com. Autorizado(s): Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así como a las personas que señala en términos restringidos. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe destacar que para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es forzoso que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule manifestaciones en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, pues para dicho efecto es necesario que las partes lo soliciten, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. En el entendido que las solicitudes anteriores subsistirán hasta en tanto no sean atendidas. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles: Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización: Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia: Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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