Francisca Maura Castillo Carranza
Expediente 150/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2023
Partes del expediente
- Francisca Maura Castillo Carranza
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia del seis de junio de dos mil veintidós se concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes: ".VII. DECISIÓN "(.) Que la autoridad responsable [Secretario de Salud del Gobierno Federal] gestione y ordene la fijación de una fecha, lugar y hora, a fin de que un médico especialista determine si, de acuerdo con el estado actual de salud de la menor C.H.E., es candidata a que le sea aplicada la vacuna contra la COVID19; lo anterior, para que cualquiera de sus progenitores tengan conocimiento sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente pudiera derivar de la aplicación de la vacuna. Hecho lo anterior y, previo consentimiento informado, se aplique a la menor quejosa C.H.E. la vacuna Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccine autorizada para uso en emergencia (autorización temporal), para población de cinco a once años, en la dosis especial para ese rango de edad, que es de 10 mcg (microgramos) administrada en un esquema de dos dosis con un intervalo mayor o igual a veintiún días (de preferencia tres semanas) de diferencia, lo que deberá ser acreditado documentalmente. Todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de quien promovió en favor de la menor la demanda de amparo y previo consentimiento informado en torno a los posibles riesgos que implican la aplicación de la vacuna, los cuales deberán ser informados por la autoridad sanitaria que corresponda. En el entendido que si en el proceso de cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, la autoridad sanitaria competente en el País autoriza una vacuna diversa a la Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccine para población de cinco a once años, podrá ser aplicada a la menor previa acreditación fehaciente a este órgano jurisdiccional de dicha situación. Inconforme con lo anterior, el Presidente del Consejo de Salubridad General, interpuso recurso de revisión, mismo que fue desechado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 499/2022. Después de diversas gestiones, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Puebla de la Secretaría de Bienestar, remitió copia de lo siguiente: Expediente de vacunación contra la COVID-19 a nombre de la menor C.H.E., del que se aprecia que: El veintiocho de junio de dos mil veintidós, fue aplicada a la quejosa la primera dosis de la vacuna Pfizer, lote FT3002. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, fue aplicada a la quejosa la segunda dosis de la vacuna Pfizer, lote GA6772 Fallo cumplido. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad se advierte: Que le fue aplicado a la quejosa el plan de vacunación contra la COVID-19 en primera y segunda dosis. A partir de lo anterior, se aprecia que se dio cumplimiento al fallo protector, puesto que atendió en su totalidad los efectos de la sentencia concesoria de amparo; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. La Encargada de Despacho de la Subdirección Administrativa de la Dirección del Centro Penitenciario de Puebla, rinde informe justificado respecto de la ampliación de demanda de amparo y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Diferimiento audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que aún no transcurre el plazo de quince días concedido a las restantes autoridades responsables, para que rindan su informe justificado respecto de la ampliación de demanda admitida en proveído de dieciocho de enero del año en curso. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las diez horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese, y electrónicamente a la autoridad responsable Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
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