Francisco Cenovio Fuentes
Expediente 710/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/07/2021
Partes del expediente
- Francisco Cenovio Fuentes
- Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Estado por no presentada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tenerla por no presentada, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte promovente que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a lo solicitado en autos; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Ahora bien, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a la parte actora, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento será glosado al expediente en que se actúa y en su momento podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dicha anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos referidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. Juez responsable informa resultado diligencia. El Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla remite copia certificada de la audiencia de presentación de los menores ******************** y ********************, que tuvo lugar el tres de junio pasado, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 1. Que ******************** y ********************, presentaron a sus menores nietos a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se les formuló el veintisiete de mayo del año en curso. 2. Que se entrevistó a los menores ******************** y ******************** 3. Que se concedió la guarda y custodia provisional de los menores ******************** y ********************, a favor de los abuelos paternos ******************** y ********************. 4. Que ordenó el desahogo de valoraciones psicológicas a cargo de los menores, los abuelos paternos y su progenitora, a fin de descartar alienación parental, por lo que solicitó al Sistema Municipal DIF designe un perito en psicología para el desahogo de las valoraciones correspondientes. 5. Finalmente, en atención a lo expresado por los menores, se decretó un régimen de visitas y convivencias supervisado, únicamente entre ******************** [parte quejosa] y la menor ********************, dado que los menores ********************y********************, manifestaron su negativa a convivir con su progenitora. Al respecto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales a que haya lugar. Representante especial de los menores formula alegatos. Por otra parte, ******************** [representante especial de los menores ******************** y ********************], formula alegatos. Al respecto, téngase al representante especial de los menores realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al tener verificativo la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 14 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada la demanda. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte promovente en auto del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Por tanto, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consideración adicional. Asimismo, cabe destacar que aun cuando la parte quejosa hubiera desahogado la prevención que se le formuló, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente sería desechar de plano su demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el justiciable reclama la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario 429/2020 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán y, como consecuencia, todo lo actuado. En ese contexto, respecto a dicho acto oficiosamente se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; ya que de autos se advierte que la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña al juicio que aduce. Al respecto, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto transcrito si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, lo cierto es que debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejoso, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales dicen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de constitucional es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso, en razón de que sólo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación simple, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, sin embargo, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño, no basta que el emplazamiento se realice de forma defectuosa o no se realice, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la persona que se ostente como tercero extraño podrá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer sus derechos. Sentado lo anterior se recuerda que los actos que reclama el solicitante del amparo son la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Gregorina García o Gregorina García Aquino y Francisco Fuentes Molina, radicado en el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán con el número 429/2020 y, como consecuencia, todo lo actuado. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el justiciable promueve el presente medio de control constitucional ostentándose con el carácter de persona extraña en estricto sentido, pues refiere ser nieto de los autores de la sucesión, pero sostiene que a pesar de esa circunstancia no se le llamó al procedimiento. No obstante, el presente juicio de amparo es improcedente, dado que el quejoso no puede tener la calidad de tercero extraño, ya que en el juicio de origen no se ha emitido la resolución definitiva, por lo que no se encuentra concluido. Para demostrar tal aseveración en primer lugar cabe apuntar que los juicios sucesorios intestamentarios se encuentran regulados en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en específico en sus artículos 763 a 816, de los que se desprende que esa clase de procedimientos se desarrollan en tres etapas, a saber: La primera es la relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea provisional y definitivo, y aprobación de los inventarios y avalúos. La segunda es la atinente a la administración del patrimonio de la sucesión. La tercera, es la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario. Corrobora lo expuesto, la tesis VI.2o.C.597 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2270, tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2008, que dice: *** Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente asunto conviene destacar que de la copia certificada del juicio de origen se desprende lo siguiente. Que mediante escrito del treinta de octubre de dos mil veinte, Amalia y María Esther, de apellidos Fuentes García promovieron juicio sucesorio intestamentario a bienes de de Gregorina García o Gregorina García Aquino y Francisco Fuentes Molina (fojas 1 a 5 del tomo anexo). De la demanda correspondió conocer al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán, quien mediante acuerdo del cuatro de noviembre siguiente la radicó con el número 429/2020, y la admitió a trámite, por lo que entre otras cosas, designó a Amalia Fuentes García como albacea provisional, mandó a publicar el edicto respectivo para llamar al juicio a las personas que se creyeran con derecho, mandó a emplazar a Ángela Crecencia, María Teresa, Emma Inés, Cirila Francisca, José y Eduardo, todos de apellidos Fuentes García, ordenó girar oficio al Archivo General de Notarias y al Registro Público de la Propiedad de Acatlán, a fin de indagar si los difuntos habían dejado testamento y si tenía propiedades, y se señaló fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial a fin de acreditar que Gregorina García o Gregorina García Aquino eran la misma persona (fojas 32 a 33 ídem). Finalmente, siete de diciembre de dos mil veinte se recabó la prueba testimonial en cuestión (fojas 38 y 39 ídem). Con base en lo anterior, es claro que el juicio natural no se encuentra concluido, en virtud de que ni siquiera ha concluido la primera etapa, pues no se han aprobado los inventarios y avalúos, no se ha nombrado a los herederos ni al albacea definitivo. Entonces, dado que no se ha dictado la resolución definitiva en el juicio sucesorio de origen no puede revestirle el carácter de persona extraña al procedimiento al quejoso y, por ende, el juicio de amparo que promovió respecto a la falta de emplazamiento a ese procedimiento y, en consecuencia, todo lo actuado resulta improcedente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 67/2013, consultable en la página 729, Libro XXXIII, Abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: *** En efecto, para que pueda considerarse tercero extraño al solicitante de amparo, es necesario que en el procedimiento en el cual pretende ser llamado exista resolución definitiva, pues de lo contrario estaría en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que su caso sean procedentes, pues incluso podría optar por solicitar la nulidad de todo lo actuado a partir de la denuncia de la sucesión, en términos del artículo 769, fracción III, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, tal como lo establece la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil que se transcribió líneas arriba pero que es del rubro siguiente: EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. En entendido que tal afirmación no implica someter al quejoso, en estricto sentido, para que agote los medios ordinarios de defensa, por ser ajeno al procedimiento. Sobre el particular, conviene precisar las consideraciones jurídicas que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 124/2011, que son del tenor siguiente: "Las partes pueden clasificarse atendiendo a su composición, a su recíproca situación procesal, a su grado de vinculación con el objeto del proceso y a la mayor o menor amplitud de las facultades que pueden ejercitar durante su tramitación; para efectos del presente análisis, sólo se hará referencia a la citada en segundo término. En cuanto al grado de vinculación, las partes pueden ser: permanentes, transitorias o incidentales. Corresponde la denominación de partes permanentes a los sujetos activos o pasivos de la pretensión que motiva el proceso sea que su actividad aparezca desde que éste se promueve actor o demandado o posteriormente intervinientes principales o accesorios, independientemente de que su actuación haya sido espontánea o forzosa. Las partes son transitorias o incidentales cuando durante la tramitación de la causa hacen valer un derecho propio y autónomo del alegado por las partes permanentes, limitando su intervención solamente a un trámite o a una etapa de su desarrollo. Las partes transitorias o incidentales, siguiendo a Devis Echandía, están inhibidas para intervenir en cosa distinta de lo que no sea el trámite especial con ellas relacionado y para interponer recursos contra providencias distintas de aquellas en que se resuelve su situación. Por otra parte, el tercero es cualquier persona que no figura en el proceso como actor o como demandado y puede tener la connotación de tercero interesado cuando sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes, si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente que puede causarle algún perjuicio irreparable. (.) En efecto, el principio de definitividad obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo pues, como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. El citado principio no es aplicable en todos los casos, pues el propio artículo 107 constitucional prevé diversos supuestos de excepción dentro de los cuales están los terceros extraños al juicio, pues el artículo invocado en su fracción III, inciso c), expresamente señala que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten a los terceros extraños a juicio, sin que se advierta la imposición de restricción alguna. Luego, es evidente que la facultad que tiene el tercero extraño al juicio o procedimiento del cual emane el acto reclamado para acceder al juicio de garantías no está afectada por el principio de definitividad, ya que puede hacerlo sin necesidad de agotar previamente los recursos o medios de defensa a su alcance. En efecto, los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en un procedimiento al que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citados. Así, el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional. Ahora bien, cabe señalar el significado del concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten. De esta manera, puede advertirse, en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos, porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.' (Novena Época. Instancia Pleno. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, tesis P./J. 7/98, página 56) Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él, o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica; de ahí que si el gobernado que conoce del juicio, porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente, porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo, es evidente que en este supuesto el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo), que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo, opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así." De las consideraciones transcritas, emanó la jurisprudencia publicada en la página 228, del Libro VI, Tomo 1, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2012, que establece: *** La interpretación contenida en la jurisprudencia transcrita, respecto de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, si bien es cierto parte de la premisa de que una persona física o moral que tuvo participación incidental durante el procedimiento, y por ende, conocimiento de éste, no pierde el carácter de persona extraña al procedimiento por ese hecho, por no quedar vinculada al procedimiento, lo cierto es que concluye en que no puede exigírsele que agote los medios ordinarios de defensa previo a promover el juicio de amparo como medio de control constitucional. Sin embargo, en la referida ejecutoria, la Primera Sala también sostuvo que aquella persona que comparece al procedimiento, puede hacer uso de los medios de impugnación establecidos, y en su caso, del juicio de amparo directo -previa impugnación de la sentencia-. Lo anterior cobra especial relevancia, si se pondera que un juicio se compone de diversas etapas procesales, a saber: 1) Integración de la litis, que comprende la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación de demanda; 2) etapa probatoria, que comprende el ofrecimiento y desahogo de medios de convicción, 3) etapa de alegatos, y 4) dictado de la sentencia. Así, respecto de la primera de las etapas relativa a la integración de la litis, debe analizarse el contenido del artículo 8º del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece: "Artículo 8. Pueden iniciar los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, o intervenir en ellos, por sí o por medio de sus representantes, las personas que tengan interés en el objeto de esos procedimientos o un interés contrario." Del precepto transcrito se colige que las partes que tengan un interés directo o indirecto en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho, pueden instar un procedimiento judicial o intervenir en él. Con base en lo expuesto, al no encontrarse concluido el juicio natural, el quejoso carece del carácter de tercero extraño, pero en caso de estimar que debe tener participación en el juicio está en aptitud de comparecer e intervenir en el referido procedimiento. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que si se hubiera desahogado la prevención que se formuló al quejoso lo procedente sería desechar su demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Se califica cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos del amparo. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: *** Atento a lo anterior, mediante proveído de quince de enero de dos mil veinte, se requirió a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y actuaria de su adscripción, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Ahora, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, del expediente laboral *** de su índice, se desprende que: Mediante oficio recibido el treinta y uno de enero de dos mil veinte, remitió copia certificada de las cédulas de emplazamiento realizado al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y ***. El doce de marzo del mismo año, la junta responsable informó que tuvo por no interpuesta la demanda laboral respecto del demandado ***. De igual manera, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tomó conocimiento de que por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral origen, tuvo por no presentada la demanda respecto de los demandados *** y Administración Desconcentrada de Puebla 1, Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente, en auto de catorce de abril del año en curso, se tuvo a la responsable informando que señaló las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de abril siguiente, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, mediante oficio 105/2021 la junta responsable remitió copia certificada de la audiencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, de la que se advierte que se suspendió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y señaló las nueve horas con treinta minutos del veinte de mayo siguiente, para su desahogo, a efecto de que la parte demandada diera contestación al escrito inicial de la demanda laboral, su aclaración y ampliación presentada por la parte actora. Y finalmente, el veinte de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y actuaria de su adscripción, tomaran las medidas necesarias para que se efectúe el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral *** de su índice y se realizará el emplazamiento de la parte demandada; de lo que obran las cédulas de emplazamiento de los demandados Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y *** y se tuvo por no interpuesta la demanda laboral respecto de *** y Administración Desconcentrada de Puebla 1, Servicio de Administración Tributaria, así como el veinte de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral origen; por tanto, se considera que la autoridades responsables demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. No pasa desapercibido que si bien la parte quejosa realizó manifestaciones en torno a la dilación en el cumplimiento de las responsables a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que derivado de la falta de las constancias de notificación de las partes en el juicio laboral origen, no había tenido verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y solicitó se le hicieran efectivas las multas impuestas en autos; sin embargo, dicha dilación se debió además a los diversos periodos de suspensión de las labores de dicha junta, con motivo de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19 que atraviesa el país y en atención al semáforo de riesgo epidemiológico correspondiente a la Ciudad de Puebla. Aunado a que debido a que la parte quejosa -parte actora en el juicio laboral origen- presentó aclaración y ampliación de su escrito inicial de la demanda laboral, la junta responsable suspendió la audiencia señalada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a efecto de que la parte demandada diera contestación al escrito inicial de la demanda laboral, su aclaración y ampliación presentada por la parte actora, la cual tuvo verificativo el veinte de mayo de dos mil veintiuno; por lo que no se advierte una mala fe por parte de las responsables en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución referida en párrafos anteriores. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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