Francisca Hernández Gorgua
Expediente 39/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 34 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Francisca Hernández Gorgua
- José Luís Becerra Pérez
- Leticia Marcela Xochihua Maza
- Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de tres de junio de dos mil veintiuno,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado, así como el acuerdo de veintiséis de enero de dos diecisiete, en el expediente de origen; 2. Reponga el procedimiento para que realice lo siguiente: 2.1. Fije fecha de audiencia para que los peritos médicos de las partes y el designado por la junta comparezcan personalmente a su desahogo, a fin de que las partes puedan interrogarlos. 2.2 Hecho lo anterior, la junta responsable deberá ordenar el desahogo de la pericial en materia de medio ambiente. 2.3 Requiera a las empresas mencionadas en esta ejecutoria, para que informen con qué categoría o puesto se desempeñó la actora al servicio de las mismas, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de dicho puesto. 3. Dicte el acuerdo correspondiente, previa certificación del Secretario de la Junta responsable de que no existen pruebas por desahogar en el juicio, en el que provea con relación al transcurso del término concedido a las partes para formular alegatos y se ordene dar vista a las mismas con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar, el cual deberá ser notificado a las partes de manera personal, concediéndoles el término de tres días para que manifiesten su conformidad o inconformidad, formulando el apercibimiento correspondiente. 4. En el momento procesal oportuno se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas, que estarán supeditadas al desahogo o no de la vista, siendo hasta ese momento, en el que, de ser el caso, podrá decretarse el cierre de la instrucción, y volver a dictar el laudo que en derecho corresponda, en el que deberá valorar en su integridad la prueba pericial médica al tenor de los dictámenes emitidos por los peritos de las partes y el perito tercero en discordia, la prueba pericial en medio ambiente y el resto de las probanzas que obren en autos, con plenitud de jurisdicción, así como lo expuesto en la objeción realizada por el actor quejoso contra el dictamen de la experta designada por el instituto demandado destacada en la presente ejecutoria y resuelva lo que conforme a derecho proceda respecto a la calificación de enfermedades profesionales y generales que demandó el actor". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Junta responsable: a) En oficio MA. 737/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de la misma fecha, en el que dejó insubsistente el laudo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete y ordenó la reposición del procedimiento y al efecto: - Requirío a la parte actora para que en plazo de tres días proporcionara el domicilio preciso y correcto de las empresas AL*MN TR*E, S.A. DE C.V.; ISLO, S.A. DE C.V.; AZULEJERA JA*H, S.A. DE C.V.; y FERR*LES NACIONALES DE MÉXICO y FER*UR, S.A. DE C.V., para poder requerirlas que informaran con qué categoría o puesto se desempeñó en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto. - Giró oficio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, para que designara perito técnico en materia de medio ambiente. - Señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia en donde las partes así como los miembros de la Junta, formularan las preguntas que estimaran convenientes a los peritos en materia de medicina de las partes y al tercero en discordia, en relación con sus dictámenes rendidos, apercibidos que de no comparecer el día y hora señalado se tendrá por perdido su respectivo derecho. b) Previo varios requerimientos, por oficio MA. 168/2022, de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en donde se informó que se designó al C. FALL, como perito técnico en materia de medio ambiente; en consecuencia, giró oficio para requerir al citado perito para que rindiera su dictamen correspondiente. c) En oficio MA. 302/2022, de veintitrés de marzo de dos mil veintidós,5 la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de ese mismo mes y año, en el cual requirió a la parte actora para que en el término de tres días exhibiera el cuestionario respecto del cual se desahogaría la prueba pericial en medio ambiente ofrecida por su parte, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría como de imposible desahogo y se declararía desierta dicha prueba. d) En oficio MA. 516/2022, de uno de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete de mayo de ese mismo año y sus respectivas notificaciones, en el cual se concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos, quedando apercibidos que de no hacerlo, tendrían por perdido su derecho a realizarlos; por otra parte, se certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y se concedió el término de tres días a las partes para que expresaran su conformidad con dicha certificación. e) En oficio MA. 539/2022, de nueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de ocho de ese mes y año, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo a las partes por perdido su derecho para formular alegatos y por desistidos de las pruebas que hubieran quedado pendientes de desahogar; por lo tanto, se procedió a declarar cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución. f) Por oficio MA. 671/2022, de catorce de julio de dos mil veintidós, se envió la copia certificada del laudo de cuatro anterior, en donde valoró todas las pruebas admitidas, entre las cuales se encontró el interrogatorio formulado a los peritos en medicina; también se declaró desierta la pericial en medio ambiente y se sostuvo que fue imposible solicitar los informes a las empresas para las cuales trabajó el actor; consecuentemente, declaró que las enfermedades que padece el trabajador no son de carácter profesional por no acreditarse los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y, por lo tanto, resolvió absolver al instituto demandado del pago de la pensión de incapacidad permanente parcial y condenó a otorgar y pagar una pensión de invalidez al actor. No obstante lo anterior, en resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, este tribunal colegiado determinó que la Junta responsable no había dado cumplimiento al fallo protector, toda vez si bien la Junta laboral requirió a la parte actora que proporcionara los domicilios de las empresas donde laboró el trabajador para que informaran lo solicitado, así como giró oficio para que se designara un perito en materia de medio ambiente y le solicitó a la parte actora que dentro de tres días presentara su cuestionario respecto del cual se desahogaría dicha prueba y en caso de no hacerlo, se tendría como de posible desahogo y se declararía desierta, lo que en el presente caso resultó en que se declaró desierta la pericial en medio ambiente y fue imposible solicitar los informes a las empresas para las cuales trabajó el actor en razón de que no se rindió ningún escrito por parte del trabajador para localizar a las citadas empresas, también resulta cierto que no le correspondía a la citada Junta otorgar la carga probatoria a la parte actora para el desahogo de los referidos medios de convicción, toda vez que en la ejecutoria cuyo cumplimiento nos ocupa, este tribunal colegiado fue claro en señalar que la autoridad responsable omitió ejercer la facultad de practicar las diligencias que estimara pertinentes para el esclarecimiento de la verdad, esto era, ordenar oficiosamente el desahogo de la prueba pericial en medio ambiente, y requerir a las empresas para las que trabajó el actor a fin de que informara con qué categoría o puesto se desempeñó en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto; inclusive en la ejecutoria se sostuvo que la autoridad había cumplido con su obligación de eximir de la carga de la prueba al trabajador y, contrario a ello, se le impuso; por ende, se requirió a la autoridad laboral para que: "- Deje sin efectos los autos de diecisiete de mayo y ocho de junio y el laudo de cuatro de julio, todos de la presente anualidad. - Gire oficio a las empresas AL*MN TR*E, S.A. DE C.V.; ISLO, S.A. DE C.V.; AZULEJERA JA*H, S.A. DE C.V.; y FERR*LES NACIONALES DE MÉXICO y FER*UR, S.A. DE C.V., para que se les solicite informen con qué categoría o puesto se desempeñó el trabajador en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto. - Señale fecha y hora para el desahogo de la pericial en materia de medio ambiente. - De cabal cumplimiento al resto de los efectos de la concesión de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo se acordará lo procedente. En el entendido que la autoridad laboral responsable deberá remitir constancias de notificación personal a las partes de los referidos proveídos". Así las cosas, la Junta responsable remitió las constancias siguientes: - Oficio MA. 796/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós,10 en el cuál envió copia certificada del acuerdo de veinticuatro del referido mes y año, en el que dejó insubsistentes los autos de diecisiete de mayo y ocho de junio, así como el laudo de cuatro de julio, todos de dos mil veintidós y ordenó: Girar oficio a los Titulares del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en el Estado de Tlaxcala; de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Tlaxcala "1"; asimismo al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del término de tres días, informaran si en sus registros se encontraban activas las empresas AL*MN TR*E, S.A. DE C.V.; ISLO, S.A. DE C.V.; AZULEJERA JA*H, S.A. DE C.V.; y FERR*LES NACIONALES DE MÉXICO y FER*UR, S.A. DE C.V.,y proporcionaran: - el domicilio que tuvieran registrado de las empresas; - todo lo que pudiera acreditar el grado de siniestralidad; - la clasificación de las empresas, accidentes, enfermedades de trabajo y medio ambiente laboral; y, - los puestos con que el actor trabajador fue dado de alta ante el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Atendiendo y dando cumplimiento a lo anterior, requirieran a la referidas personas morales para que informaran con qué categoría o puesto se desempeñó en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto. Empero, ante la circunstancia de que por el tiempo transcurrido desde que el actor dejó de prestar sus servicios para las aludidas empresas, estas hayan dejado de existir, se declararían de imposible desahogo y, consecuentemente, desiertos el desahogo de los informes solicitados. Girar oficio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que designara perito en medio ambiente; y una vez que fuera nombrado por dicha secretaría, aceptara y protestara el cargo y rindiera su correspondiente dictamen, se señalaría fecha y hora para que tuviera verificativo el desahogo de dicho medio probatorio. - Oficio MA. 899/2022, de diez de octubre de dos mil veintidós, en donde remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de septiembre del referido año, en el cual el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en el Estado de Tlaxcala; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Tlaxcala "1", contestaron al informe solicitado por la Junta responsable, en el que comunicaron tener únicamente registro de la empresa FE*UR, S.A. DE C.V., al igual que señalaron el domicilio donde se localiza. - Oficio MA. 982/2022, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós,12 con el cual envió copia certificada del acuerdo de esa misma fecha, en donde las partes, al no dar contestación a la vista realizada en auto de veinticuatro de octubre de la referida anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y perdieron su derecho de realizar manifestaciones: De igual forma, se concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos,quedando apercibidos que de no hacerlo, tendrían por perdido su derecho a realizarlos; por otra parte, se certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y se concedió el término de tres días a las partes para que expresaran su conformidad con dicha certificación. - Oficio MA. 996/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós,13 con un anexo de la copia certificada del acuerdo de veintiocho de ese mes y año, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo a las partes por perdido su derecho para formular alegatos y por desistidos de las pruebas que hubieran quedado pendientes de desahogar; por lo tanto, se procedió a turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. - Finalmente, el oficio MA. 033/2023, de dieciséis de enero de dos mil veintitrés,14 en donde remitió la copia certificada del laudo de esa misma data, en donde valoró todas las pruebas admitidas, entre las cuales se encontró el interrogatorio formulado a los peritos en medicina; los informes a las empresas para las cuales trabajó el actor resultaron de imposible desahogo por la inexistencia de los mismos; en relación a la pericial en medio ambiente, se tomó en cuenta el dictamen realizado y, no obstante a lo determinado por el perito, la Junta responsable declaró que las enfermedades que padece el trabajador no son de carácter profesional por no acreditarse los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y, por lo tanto, resolvió absolver al Instituto demandado del pago de la pensión de incapacidad permanente parcial y condenó a otorgar y pagar una pensión de invalidez al actor. Así se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, se dio cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada, pues dejó insubsistentes los laudos de veintiuno de septiembre de dos mil veinte y cuatro de julio de dos mil veintidós; ordenó la reposición del procedimiento en el sentido de: - Girar oficio a diferentes instituciones, para que informaran si en sus registros se encontraban activas las empresas donde laboró el actor, para requerirles que informaran con qué categoría o puesto se desempeñó la actora al servicio de las mismas, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de dicho puesto; se designó perito técnico en materia de medio ambiente y se desahogó dicha prueba; concedió a las partes el término correspondiente para formular alegatos y se dió vista a las mismas con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar, formulando el apercibimiento correspondiente para cada una; asimismo, se dictó un nuevo laudo en donde señaló todos los medios probatorios y el valor que a estos se les otorgaba; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de tres de junio de dos mil veintiuno,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado, así como el acuerdo de veintiséis de enero de dos diecisiete, en el expediente de origen; 2. Reponga el procedimiento para que realice lo siguiente: 2.1. Fije fecha de audiencia para que los peritos médicos de las partes y el designado por la junta comparezcan personalmente a su desahogo, a fin de que las partes puedan interrogarlos. 2.2 Hecho lo anterior, la junta responsable deberá ordenar el desahogo de la pericial en materia de medio ambiente. 2.3 Requiera a las empresas mencionadas en esta ejecutoria, para que informen con qué categoría o puesto se desempeñó la actora al servicio de las mismas, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de dicho puesto. 3. Dicte el acuerdo correspondiente, previa certificación del Secretario de la Junta responsable de que no existen pruebas por desahogar en el juicio, en el que provea con relación al transcurso del término concedido a las partes para formular alegatos y se ordene dar vista a las mismas con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar, el cual deberá ser notificado a las partes de manera personal, concediéndoles el término de tres días para que manifiesten su conformidad o inconformidad, formulando el apercibimiento correspondiente. 4. En el momento procesal oportuno se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas, que estarán supeditadas al desahogo o no de la vista, siendo hasta ese momento, en el que, de ser el caso, podrá decretarse el cierre de la instrucción, y volver a dictar el laudo que en derecho corresponda, en el que deberá valorar en su integridad la prueba pericial médica al tenor de los dictámenes emitidos por los peritos de las partes y el perito tercero en discordia, la prueba pericial en medio ambiente y el resto de las probanzas que obren en autos, con plenitud de jurisdicción, así como lo expuesto en la objeción realizada por el actor quejoso contra el dictamen de la experta designada por el instituto demandado destacada en la presente ejecutoria y resuelva lo que conforme a derecho proceda respecto a la calificación de enfermedades profesionales y generales que demandó el actor". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Junta responsable: a) En oficio MA. 737/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de la misma fecha, en el que dejó insubsistente el laudo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete y ordenó la reposición del procedimiento y al efecto: - Requirío a la parte actora para que en plazo de tres días proporcionara el domicilio preciso y correcto de las empresas AL*MN TR*E, S.A. DE C.V.; ISLO, S.A. DE C.V.; AZULEJERA JA*H, S.A. DE C.V.; y FERR*LES NACIONALES DE MÉXICO y FER*UR, S.A. DE C.V., para poder requerirlas que informaran con qué categoría o puesto se desempeñó en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto. - Giró oficio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, para que designara perito técnico en materia de medio ambiente. - Señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia en donde las partes así como los miembros de la Junta, formularan las preguntas que estimaran convenientes a los peritos en materia de medicina de las partes y al tercero en discordia, en relación con sus dictámenes rendidos, apercibidos que de no comparecer el día y hora señalado se tendrá por perdido su respectivo derecho. b) Previo varios requerimientos, por oficio MA. 168/2022, de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en donde se informó que se designó al C. FALL, como perito técnico en materia de medio ambiente; en consecuencia, giró oficio para requerir al citado perito para que rindiera su dictamen correspondiente. c) En oficio MA. 302/2022, de veintitrés de marzo de dos mil veintidós,5 la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de ese mismo mes y año, en el cual requirió a la parte actora para que en el término de tres días exhibiera el cuestionario respecto del cual se desahogaría la prueba pericial en medio ambiente ofrecida por su parte, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría como de imposible desahogo y se declararía desierta dicha prueba. d) En oficio MA. 516/2022, de uno de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete de mayo de ese mismo año y sus respectivas notificaciones, en el cual se concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos, quedando apercibidos que de no hacerlo, tendrían por perdido su derecho a realizarlos; por otra parte, se certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y se concedió el término de tres días a las partes para que expresaran su conformidad con dicha certificación. e) En oficio MA. 539/2022, de nueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de ocho de ese mes y año, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo a las partes por perdido su derecho para formular alegatos y por desistidos de las pruebas que hubieran quedado pendientes de desahogar; por lo tanto, se procedió a declarar cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución. f) Por oficio MA. 671/2022, de catorce de julio de dos mil veintidós, se envió la copia certificada del laudo de cuatro anterior, en donde valoró todas las pruebas admitidas, entre las cuales se encontró el interrogatorio formulado a los peritos en medicina; también se declaró desierta la pericial en medio ambiente y se sostuvo que fue imposible solicitar los informes a las empresas para las cuales trabajó el actor; consecuentemente, declaró que las enfermedades que padece el trabajador no son de carácter profesional por no acreditarse los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y, por lo tanto, resolvió absolver al instituto demandado del pago de la pensión de incapacidad permanente parcial y condenó a otorgar y pagar una pensión de invalidez al actor. No obstante lo anterior, en resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, este tribunal colegiado determinó que la Junta responsable no había dado cumplimiento al fallo protector, toda vez si bien la Junta laboral requirió a la parte actora que proporcionara los domicilios de las empresas donde laboró el trabajador para que informaran lo solicitado, así como giró oficio para que se designara un perito en materia de medio ambiente y le solicitó a la parte actora que dentro de tres días presentara su cuestionario respecto del cual se desahogaría dicha prueba y en caso de no hacerlo, se tendría como de posible desahogo y se declararía desierta, lo que en el presente caso resultó en que se declaró desierta la pericial en medio ambiente y fue imposible solicitar los informes a las empresas para las cuales trabajó el actor en razón de que no se rindió ningún escrito por parte del trabajador para localizar a las citadas empresas, también resulta cierto que no le correspondía a la citada Junta otorgar la carga probatoria a la parte actora para el desahogo de los referidos medios de convicción, toda vez que en la ejecutoria cuyo cumplimiento nos ocupa, este tribunal colegiado fue claro en señalar que la autoridad responsable omitió ejercer la facultad de practicar las diligencias que estimara pertinentes para el esclarecimiento de la verdad, esto era, ordenar oficiosamente el desahogo de la prueba pericial en medio ambiente, y requerir a las empresas para las que trabajó el actor a fin de que informara con qué categoría o puesto se desempeñó en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto; inclusive en la ejecutoria se sostuvo que la autoridad había cumplido con su obligación de eximir de la carga de la prueba al trabajador y, contrario a ello, se le impuso; por ende, se requirió a la autoridad laboral para que: "- Deje sin efectos los autos de diecisiete de mayo y ocho de junio y el laudo de cuatro de julio, todos de la presente anualidad. - Gire oficio a las empresas AL*MN TR*E, S.A. DE C.V.; ISLO, S.A. DE C.V.; AZULEJERA JA*H, S.A. DE C.V.; y FERR*LES NACIONALES DE MÉXICO y FER*UR, S.A. DE C.V., para que se les solicite informen con qué categoría o puesto se desempeñó el trabajador en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto. - Señale fecha y hora para el desahogo de la pericial en materia de medio ambiente. - De cabal cumplimiento al resto de los efectos de la concesión de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo se acordará lo procedente. En el entendido que la autoridad laboral responsable deberá remitir constancias de notificación personal a las partes de los referidos proveídos". Así las cosas, la Junta responsable remitió las constancias siguientes: - Oficio MA. 796/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós,10 en el cuál envió copia certificada del acuerdo de veinticuatro del referido mes y año, en el que dejó insubsistentes los autos de diecisiete de mayo y ocho de junio, así como el laudo de cuatro de julio, todos de dos mil veintidós y ordenó: Girar oficio a los Titulares del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en el Estado de Tlaxcala; de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Tlaxcala "1"; asimismo al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del término de tres días, informaran si en sus registros se encontraban activas las empresas AL*MN TR*E, S.A. DE C.V.; ISLO, S.A. DE C.V.; AZULEJERA JA*H, S.A. DE C.V.; y FERR*LES NACIONALES DE MÉXICO y FER*UR, S.A. DE C.V.,y proporcionaran: - el domicilio que tuvieran registrado de las empresas; - todo lo que pudiera acreditar el grado de siniestralidad; - la clasificación de las empresas, accidentes, enfermedades de trabajo y medio ambiente laboral; y, - los puestos con que el actor trabajador fue dado de alta ante el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Atendiendo y dando cumplimiento a lo anterior, requirieran a la referidas personas morales para que informaran con qué categoría o puesto se desempeñó en su servicio, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de su puesto. Empero, ante la circunstancia de que por el tiempo transcurrido desde que el actor dejó de prestar sus servicios para las aludidas empresas, estas hayan dejado de existir, se declararían de imposible desahogo y, consecuentemente, desiertos el desahogo de los informes solicitados. Girar oficio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que designara perito en medio ambiente; y una vez que fuera nombrado por dicha secretaría, aceptara y protestara el cargo y rindiera su correspondiente dictamen, se señalaría fecha y hora para que tuviera verificativo el desahogo de dicho medio probatorio. - Oficio MA. 899/2022, de diez de octubre de dos mil veintidós, en donde remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de septiembre del referido año, en el cual el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en el Estado de Tlaxcala; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Tlaxcala "1", contestaron al informe solicitado por la Junta responsable, en el que comunicaron tener únicamente registro de la empresa FE*UR, S.A. DE C.V., al igual que señalaron el domicilio donde se localiza. - Oficio MA. 982/2022, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós,12 con el cual envió copia certificada del acuerdo de esa misma fecha, en donde las partes, al no dar contestación a la vista realizada en auto de veinticuatro de octubre de la referida anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y perdieron su derecho de realizar manifestaciones: De igual forma, se concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos,quedando apercibidos que de no hacerlo, tendrían por perdido su derecho a realizarlos; por otra parte, se certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y se concedió el término de tres días a las partes para que expresaran su conformidad con dicha certificación. - Oficio MA. 996/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós,13 con un anexo de la copia certificada del acuerdo de veintiocho de ese mes y año, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo a las partes por perdido su derecho para formular alegatos y por desistidos de las pruebas que hubieran quedado pendientes de desahogar; por lo tanto, se procedió a turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. - Finalmente, el oficio MA. 033/2023, de dieciséis de enero de dos mil veintitrés,14 en donde remitió la copia certificada del laudo de esa misma data, en donde valoró todas las pruebas admitidas, entre las cuales se encontró el interrogatorio formulado a los peritos en medicina; los informes a las empresas para las cuales trabajó el actor resultaron de imposible desahogo por la inexistencia de los mismos; en relación a la pericial en medio ambiente, se tomó en cuenta el dictamen realizado y, no obstante a lo determinado por el perito, la Junta responsable declaró que las enfermedades que padece el trabajador no son de carácter profesional por no acreditarse los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y, por lo tanto, resolvió absolver al Instituto demandado del pago de la pensión de incapacidad permanente parcial y condenó a otorgar y pagar una pensión de invalidez al actor. Así se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, se dio cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada, pues dejó insubsistentes los laudos de veintiuno de septiembre de dos mil veinte y cuatro de julio de dos mil veintidós; ordenó la reposición del procedimiento en el sentido de: - Girar oficio a diferentes instituciones, para que informaran si en sus registros se encontraban activas las empresas donde laboró el actor, para requerirles que informaran con qué categoría o puesto se desempeñó la actora al servicio de las mismas, qué actividades realizó y cuánto tiempo duró en el desempeño de dicho puesto; se designó perito técnico en materia de medio ambiente y se desahogó dicha prueba; concedió a las partes el término correspondiente para formular alegatos y se dió vista a las mismas con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar, formulando el apercibimiento correspondiente para cada una; asimismo, se dictó un nuevo laudo en donde señaló todos los medios probatorios y el valor que a estos se les otorgaba; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe y agrega el oficio MA. 033/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia certificada del laudo de dieciséis anterior; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y tercero interesado, así como con los diversos que remitió la responsable en acatamiento a la referida ejecutoria y sus respectivos anexos, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la codificación antes citada, las constancias con que se da vista quedan en la secretaría para que se impongan de ellas los interesados.
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