Florentino López Cuellar
Expediente 246/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sindicato Municipal del Ayuntamiento de Teolocholo, Tlaxcala
- Ma. Irma Hernández Ocaña
- Florentino López Cuellar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Amparo en revisión
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte recurrente FLC, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada mediante proveído de siete de agosto del año en curso, teniéndose por desahogada por el diverso catorce del mes y año que transcurre; devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia correspondiente, para los efectos legales procedentes. ,
- Amparo en revisión
se recibe Escrito signado electrónicamente por SML, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista concedida en proveído de siete del mes y año en curso, manifestaciones que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto.
- Amparo en revisión
Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dése vista al recurrente FLC, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión remota ordinaria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso, es factible que se actualice la causa de improcedencia que enseguida se destaca: "[.] OCTAVO. Sobreseimiento por actualizarse una causal de improcedencia. Es innecesario estudiar los motivos de inconformidad que plantea el recurrente, toda vez que este órgano colegiado advierte de oficio que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción III, incisos a) y b), interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no son la resolución definitiva en el procedimiento para colocar a un miembro de la Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro. Máxime que la procedencia de la acción constitucional es de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 76/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." Lo que impone revocar la sentencia recurrida en términos de lo previsto por el numeral 93, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:- I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.- Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;- II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida;- III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;- IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;- V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda;- VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y- VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional." A fin de corroborar lo anterior, es oportuno, tener en cuenta que el quejoso promovió el juicio de amparo indirecto, señalando como acto destacado la declaración definitiva en el procedimiento administrativo de retiro; sin embargo, aún no se concluye el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro al quejoso. En efecto, como se dijo en párrafos precedentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, incisos a) y b), interpretado a contario sensu, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que es improcedente el juicio de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirviendo de apoyo a lo expresado, por las razones que la sustentan el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción."2 Del precepto transcrito en segundo término se infieren las hipótesis de procedencia del amparo indirecto en contra de los actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que: I. La regla general la prevé el inciso a), que señala que se trate de la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamar en el amparo ante juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. II. Por su parte, en el inciso b), aparece una excepción a la regla específica que acaba de señalarse, consistente en que cuando dentro de ese procedimiento "seguido en forma de juicio" que se tramita ante autoridad administrativa, se produzcan actos que sean de imposible reparación, siendo estos: los que afecten materialmente derechos sustantivos previstos por la Carta Magna y los tratados internacionales. Por ende, en principio, debe atenderse si el acto de autoridad reclamado es de naturaleza irreparable, esto es, si reviste la característica de que la afectación que producen dentro de ese procedimiento, trasciende a los derechos fundamentales tutelados por los derechos humanos (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera) y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Por tanto, se llega al conocimiento que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, establece que contra los actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del citado precepto, en atención a que las resoluciones que señala como actos reclamados el quejoso, son parte de las etapas del aludido procedimiento seguido en forma de juicio (procedimiento administrativo de retiro del servicio militar), que aún no concluye. Para demostrar lo anterior, es importante precisar que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: 1. El acuerdo 81451 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por el cual el Secretario de la Defensa Nacional ordenó el inicio del trámite de retiro por incapacidad del ahora quejoso; 2. Declaración definitiva de situación de retiro por incapacidad contenida en el oficio SRH- 9473/RDC/D de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. 3. Dictamen para la entrega de los haberes de retiro por treinta y tres años de servicio. Asimismo, resulta relevante señalar que el procedimiento administrativo de retiro instaurado al quejoso, para los miembros en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, está previsto, esencialmente, en los artículos 213, 186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mismos que prevén el procedimiento relativo a la declaración de retiro de los militares de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, importa destacar los siguientes aspectos: - La declaración de procedencia de retiro es el documento que la secretaría de origen emite para el trámite de retiro de un militar, a fin de que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio económico de retiro. Retiro es la facultad que el Estado ejerce, por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para separar del activo a los militares, al ocurrir alguna de las causales previstas en la ley. Situación de retiro es en la que son colocados los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley, al ejercer el Estado la facultad de retiro. En caso de retiro forzoso, las dependencias encargadas del manejo del personal militar en la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina informarán a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros, los casos en que se estime comprobada una causa de retiro, proporcionando la documentación comprobatoria. La secretaría respectiva ordenará el cómputo de servicios del militar, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes. La secretaría correspondiente, con las pruebas recabadas, declarará la procedencia del retiro, al estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. La declaratoria de procedencia de retiro se notificará al militar, dándole a conocer el cómputo de sus servicios y el grado con el que será retirado, para que dentro de un plazo de quince días hábiles manifieste su conformidad o formule su inconformidad, que sólo podrá referirse a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado y al cómputo de sus servicios. En el mismo escrito de inconformidad, el militar podrá ofrecer pruebas, que se recibirán en un plazo de quince días siguientes al fenecer el plazo anterior. La dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros formulará, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la presentación de la inconformidad, la declaración definitiva resolviendo las objeciones, aceptándolas o rechazándolas; dicha resolución será notificada a los interesados. Cuando se reconozca la procedencia del retiro del militar, se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. El citado instituto realizará el estudio de antecedentes y formulará un dictamen dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, sobre la procedencia del beneficio económico de retiro, su naturaleza y monto. Visto el dictamen, la Junta Directiva del instituto dictará resolución en un plazo igual al anterior, concediendo o negando el beneficio económico de retiro. La Junta Directiva, en su resolución, acatará la declaración definitiva de retiro de la Dirección de la Defensa Nacional o de Marina, en cuanto a la personalidad militar, las jerarquías en el activo y la causa o causas de retiro. La resolución de la Junta Directiva tendrá el carácter de provisional y podrá ser recurrida en reconsideración, en el plazo de quince días siguientes a su notificación, pudiéndose ofrecer pruebas. El recurso de reconsideración será rechazado de plano, cuando se refiera a lo resuelto por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros. Interpuesto el recurso de reconsideración, la Junta Directiva dictará resolución definitiva en la que ratificará, modificará o revocará la provisional. Agotado el procedimiento, el instituto remitirá de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o compensaciones, para su sanción y para que puedan ser ejecutados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificará de inmediato al instituto la aprobación (sanción) o denegación del beneficio económico de retiro. A su vez, el instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, así como al militar o familiares del militar, la resolución definitiva de la Junta Directiva y la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, la secretaría de origen (de la Defensa Nacional o de Marina) girará las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro, una vez que reciba la notificación del instituto y cuando así proceda De lo relatado deriva que el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un militar se conforma de cuatro etapas, a saber: 1. Declaración de procedencia de retiro, 2. Otorgamiento del beneficio económico de retiro, 3. Sanción del beneficio económico de retiro otorgado, y 4. Orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. 1. Etapa de declaración de procedencia de retiro. Se lleva a cabo en la Secretaría de la Defensa Nacional o en la de Marina, según corresponda, y tiene como objetivo principal determinar si el militar en activo se ubica en alguna causa de retiro, de las previstas en el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; adicionalmente, se hace el cómputo de servicios del militar y se determina el grado con el que será retirado. La declaratoria de retiro podrá ser recurrida en el plazo de quince días, mediante inconformidad por el militar o sus familiares, en cuyo caso la resolución que la dirima constituirá la declaratoria definitiva de retiro. También tendrá el carácter de definitiva si, transcurrido el citado plazo, no es recurrida. 2. Etapa de otorgamiento del beneficio económico de retiro. Se lleva a cabo ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, una vez que la secretaría respectiva le envía la resolución de declaratoria definitiva de retiro; en esta fase, la Junta Directiva dictará una resolución concediendo o negando el beneficio económico de retiro -etapa en la que se encuentra el expediente del aquí quejoso, tal y como se desprende de las constancias aportadas al presente asunto-. Esta resolución, que tendrá el carácter de provisional, podrá ser recurrida por el militar o los interesados mediante reconsideración; en este supuesto, la Junta Directiva del Instituto dictará resolución definitiva que ratificará, modificará o revocará la resolución provisional. 3. Etapa de sanción del beneficio económico de retiro otorgado. Se lleva a cabo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que debe sancionar la resolución definitiva del instituto respecto de la concesión, negativa, modificación, suspensión o declaración de insubsistencia del beneficio económico de retiro (haber de retiro, pensión o compensación). La sanción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es indispensable para que pueda ejecutarse la resolución definitiva del instituto que conceda, niega, modifica, suspende o deja insubsistente el beneficio económico de retiro. 4. Etapa de orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. En esta fase, la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, una vez recibida la resolución definitiva de otorgamiento de beneficio económico de retiro -dictada por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas-, así como la que la sanciona -emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, procederá a ordenar la baja del militar en el activo y su alta en situación de retiro. Justamente, con la mencionada orden de baja en el activo y el alta en situación de retiro, se concluye el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un militar, debido a que a partir de ese momento estará en situación de retiro y gozará de los beneficios económicos respectivos, esto es, con dicha orden se decide, en definitiva, su situación jurídica en las Fuerzas Armadas Mexicanas. La explicación que se ha hecho sobre el procedimiento administrativo, para poner en situación de retiro a un militar, permite concluir que inicia con la declaración de procedencia de retiro y culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, en la que, de manera definitiva, el militar se coloca en situación de retiro con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley, en términos del artículo 21, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Lo anterior se desprende de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 317/2013, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que emanó la jurisprudencia 2a./J. 154/2013 (10a.), localizable bajo el número de registro digital 2005147, relativa a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 698, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO. De acuerdo con los artículos 4o., fracción IX, 21, 186 a 188, 193, 194, 196 y 198 a 202 de la citada ley, el procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro se integra de 4 etapas, a saber: 1) declaración de procedencia de retiro; 2) otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, 4) orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. En consecuencia, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la resolución dictada en la inconformidad prevista en el citado artículo 188, en la que el Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional declara la procedencia de retiro del militar, que constituye únicamente la satisfacción de la etapa 1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, toda vez que dicha resolución no es la definitiva en el procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, porque éste culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. En ese sentido, el hecho de que el militar no combata, a través del juicio de amparo indirecto, la resolución dictada en el recurso de inconformidad, no significa que esté consintiendo la declaración de procedencia de retiro, la cual podrá impugnar al momento de promover amparo contra la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, con la que culmina el procedimiento." Precisado lo anterior, debe reiterarse que, en el caso, la parte quejosa acudió al juicio de amparo a impugnar, entre otros, el oficio de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a través de la cual el Secretario de la Defensa Nacional ratifica la declaratoria definitiva de procedencia de retiro.La resolución en cuestión fue dictada por la Secretaría de la Defensa Nacional en la que desahogó el procedimiento administrativo de retiro por incapacidad, donde se valoraron las pruebas documentales y periciales, en la cual se concluyó que el quejoso ".el 31 de agosto de 2021, cause baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el 1/o de septiembre del mismo año alta en situación de retiro, en la que percibirá según resolución de la H. (sic) Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.". Hasta aquí es factible concluir que el trámite de retiro del que fue objeto el quejoso, implica un procedimiento administrativo en forma de juicio, pues desde su inicio, se ordena notificar al interesado para que intervenga en el mismo, el cual culmina con la recepción por parte de la Secretaría de origen, de la resolución definitiva emitida por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el propósito de que la propia Secretaría gire las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar, cuando así proceda, otorgando, durante la tramitación de dicho procedimiento, a la parte afectada la oportunidad plena de alegar y probar lo que a su derecho convenga, antes de que se giren las órdenes de baja y alta de referencia. Lo anterior ha sido también estimado de esa manera, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 82/2003, en el que estudió la constitucionalidad del artículo 209 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la ejecutoria respectiva se generó la tesis 1a. XXII/2003,5 de rubro y texto siguientes: "RETIRO DEL SERVICIO MILITAR. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA DECRETARLO NO CONTRAVIENE LA GARANTIA DE AUDIENCIA. Los artículos 195, 196, 197 y 202 al 209 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que regulan el procedimiento de retiro y la sanción que corresponde realizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (antes a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto), respecto de las resoluciones de la junta directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o las compensaciones derivadas de ese procedimiento, no contravienen la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de conformidad con aquellos dispositivos se ordena notificar al interesado para que intervenga en el procedimiento seguido en forma de juicio (incidente de retiro) que culmina con la recepción de parte de la secretaría de origen, de la resolución definitiva emitida por la Junta mencionada, con el propósito de que la propia secretaría gire las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar, cuando así proceda, y se otorga a la parte afectada la oportunidad plena de alegar y probar lo que a su derecho convenga, antes de que se giren dichas órdenes; además, en términos de los artículos 197 y 202 de la ley citada, la declaratoria de procedencia o improcedencia del retiro, emitida por la secretaría respectiva, puede impugnarse dentro de un plazo de quince días, mediante el recurso de inconformidad, y con apoyo en los artículos 204 a 206 de la propia ley, la resolución de dicha junta, en que se conceda o niegue el retiro del militar, que tiene carácter de provisional, puede combatirse por los interesados dentro de un plazo de quince días, mediante el de reconsideración." Debiendo precisar que el texto de los artículos de la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas vigentes hasta el nueve de julio de dos mil tres, que sustentan en dichas ejecutoria y jurisprudencia, coincide con el de los numerales de la ley actual, analizados en este fallo. Ahora bien, de las documentales que remitieron las autoridades responsables, se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se desahogó el procedimiento administrativo de retiro por incapacidad del quejoso, el cual fue ratificado por el Secretario de la Defensa Nacional. Sin embargo, falta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sancione la resolución definitiva de retiro por incapacidad del quejoso, para que pueda ejecutarse el beneficio económico de retiro. Lo que se corrobora del informe justificado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que negó el acto reclamado. Por lo cual, con el acto destacado de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se inició la segunda etapa del procedimiento administrativo de retiro; esto es, remitir el incidente de retiro junto con el expediente militar al Instituto de Seguridad y Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a efecto de que se emita el dictamen correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de su ley, y posteriormente, corresponde de oficio, que el Instituto lo remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que ésta lo sancione, ya sea aprobando o negando tal acuerdo, a fin de que pueda ser ejecutado. Asimismo se advierte, que dicha aprobación o denegación será comunicada de inmediato al Instituto y éste, a su vez, notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como al militar, tanto la resolución definitiva de su Junta Directiva, como la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devolviendo a la Secretaría de origen la documentación enviada, para que gire las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar, cuando así proceda. Por tanto, resulta claro que en este momento el procedimiento de retiro antes señalado aún no ha concluido, pues si bien dentro de las constancias remitidas por las responsables se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se desahogó la declaratoria de retiro por incapacidad del quejoso, la cual solamente el Secretario de la Defensa Nacional ha ratificado, de modo que, el peticionario de amparo antes de acudir al juicio de amparo, necesariamente tiene que esperar a que se agoten todas las etapas de dicho procedimiento, a efecto de que se actualice el perjuicio en su contra. De ahí que, si lo impugnado en el juicio, no es una resolución de carácter definitivo dentro del procedimiento analizado, como se anticipó, en el caso se el supuesto de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción actualiza XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, ambos, de la Ley de Amparo. Sin que este órgano de control constitucional estime, que se actualice alguna de las excepciones a la causal de improcedencia analizada, ya que no se advierte que debido a la emisión del acuerdo reclamado, el quejoso, hubiera quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, ni que su ejecución sea de imposible reparación; toda vez que la culminación del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, aún no termina por que falta la sanción que en su caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con respecto a la resolución que recaiga al juicio en la etapa final del mismo, lo que conduce a estimar que hasta ese momento se le podrían generar al quejoso actos cuya ejecución pudiera ser de difícil reparación y verse afectado en sus derechos sustantivos y, por ende, se encontraría facultado para promover el juicio de amparo en contra de dicho acto. Por consiguiente, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 107 de la propia ley. [.]" En consecuencia, al advertirse de oficio la posible actualización de la causa de improcedencia enunciada, hágase saber lo anterior a la parte recurrente Florentino López Cuellar, para que, dentro del término de tres días, siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que, de no hacerlo, se le tendrá conforme con la indicada decisión para los efectos legales correspondientes. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 5/2015 (10a.),6 consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 8, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad. Contradicción de tesis 325/2014."
- Amparo en revisión
Se hace del conocimiento de las partes que, mediante oficio SEADS/1492/2023, de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, de catorce de junio del año en curso, se ordenó la readscripción del Magistrado Juan Carlos Zamora Tejeda, con efectos a partir del uno de julio de dos mil veintitrés. En tal condición, esté órgano jurisdiccional estará integrado desde la data en comento por la Magistrada María Alejandra de León González y los Magistrados Miguel Nahim Nicolás Jiménez y Juan Carlos Zamora Tejeda, este último en sustitución del Magistrado José Daniel Nogueira Ruiz.
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