Florentino Flores Fragoso

Expediente 912/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
912/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Florentino Flores Fragoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y terceros interesados se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada el doce de abril de dos mil veintiuno, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de diez de diciembre de dos mil veinte, este órgano colegiado, resolvió conceder a FFF, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ". 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de revisión 994/2018, de su índice; 2. Emita una nueva sentencia en el que reitere lo que no fue materia de la concesión de amparo, esto es, la condena al Ayuntamiento del Municipio de X*, T*, a través de quien legalmente lo represente, así como al presidente y director de Seguridad Pública ambos del referido municipio, al pago en las cantidades precisadas, en favor de F*F* F* por concepto de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados y no pagados. 3. Formulará un nuevo estudio en torno a las circunstancias que privaron en la separación de FFF, como oficial de seguridad pública, valorando la prueba testimonial ofrecida por éste en la secuela procesal, y demás pruebas ofrecidas por las partes; hecho lo anterior, con libertad de jurisdiccional, determinará lo que en derecho corresponda respecto de las prestaciones reclamadas consistentes en indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria y prima de antigüedad, en la inteligencia que deberá fundar y motivar la razón de su dicho. ." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por oficio TJA-TLAX-P1- 04/2021, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del auto de tres de ese mes y año, donde dejó insubsistente la sentencia de uno de agosto de dos mil diecinueve 2. A través del oficio TJA-TLAX-P1- 26/2021, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada de la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en cumplimiento, en el expediente 994/2018 de su índice, donde se advierte lo siguiente: ? Reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión de amparo, relativos a la condena al Ayuntamiento del Municipio de X*, Tlaxcala, a través de quien legalmente lo represente, así como al presidente y director de Seguridad Pública ambos del referido municipio, al pago en las cantidades precisadas, en favor de FFF por concepto de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados y no pagados. ? En relación con la prueba testimonial ofrecida por el actor quejoso, la autoridad responsable, la valoró de conformidad con lo siguiente: ". Por otra parte, respecto a la prueba testimonial a cargo de EGH y EVE, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 445 y 446 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente a la Ley del Procedimiento Administrativo, por disposición expresa del artículo 3º, se le niega valor probatorio a las declaraciones rendidas por los atestes, pues aún cuando son mayores de toda excepción, que convienen en lo esencial, al señalar que conocen a Florentino FF porque trabaja en la Policía Municipal de X*, que declararon haber visto y oído los hechos que deponen, esto al contestar que saben los acontecimientos ocurridos a las once horas del día veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en la explana principal del Municipio de San M* X*, Tlaxcala, que ese día, hora y lugar el Director de la Policía Municipal le dijo a F* que por órdenes del Presidente y de él estaba dado de baja. Sin embargo, al ser analizados dichos testimonios, aun cuando no se demostró que sean inhábiles (sic), que por su edad tienen el criterio necesario para apreciar el acto que deponen, que no se justificó que no sean personas carentes de probidad, que de su declaración no se advierten dudas o reticencias. Sin embargo, se estima que no conocieron por sí mismos los hechos que deponen, pues si bien se advierte que su declaración coincide en lo sustancial con la postura del recurrente en torno a que fue despedido verbalmente el día veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, se encuentra en contradicción con lo que quedó demostrado en el asunto que nos ocupa.- - - Lo ·anterior es así, ya que, contrario a lo señalado por los atestes, de autos quedó demostrado que, el recurrente renunció el día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mientras que los testigos al dar respuesta a la preguntas que les fueron formuladas, contestaron que saben los acontecimientos ocurridos a las once horas del día veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en la explanada principal del Municipio de San M* X*, Tlaxcala que ese día, hora y lugar el director de la policía municipal le dijo a Florentino que por órdenes del Presidente y de él estaba dado de baja; es decir, un día después a la fecha en que el recurrente había renunciado. Circunstancia que no resulta verosímil, pues si el actor habría renunciado un día antes, escapa a la lógica que en la fecha que refieren, el recurrente haya sido objeto de un despido, cuando, como se dijo, aquél habría renunciado un día antes, de ahí que lo narrado no resulta verosímil, ello, más cuando de autos se advierte que, el ultimo día que asistió el actor en su calidad de oficial de seguridad pública, fue el día que renunció, de ahí tampoco resulte creíble la presencia del actor con el carácter de oficial de seguridad pública, un día después de haber renunciado. En consecuencia, dichas circunstancias permiten estimar que no conocieron por sí mismos los hechos que deponen. . - - - En tal tesitura, atendiendo a que la afirmación de las autoridades demandadas se demostró en juicio, lo procedente es tener en consecuencia como infundado lo expuesto por el actor y declarar que el acto impugnado fue emitido de manera justificada, pues se ajustó a la hipótesis prevista en el citado artículo 121 fracción III, inciso a), de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios." Asimismo, respecto de las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria y prima de antigüedad, determinó lo siguiente: "En tal virtud, se procede al análisis de las prestaciones reclamadas por el recurrente, en los siguientes términos:- - - A) Indemnización constitucional. Al respecto debe precisarse que, de la interpretación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que dicha prestación sólo procede en los casos en que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, circunstancia que no acontece en el presente asunto, pues tal y como se acreditó en párrafos que anteceden, la terminación de la relación administrativa entre el recurrente y las autoridades señaladas como responsables, no fue por causas imputables a estas últimas, por tanto, se absuelve a las autoridades demandadas al pago de dicha prestación.- - - B) Remuneración diaria ordinaria. En relación a la indicada prestación, no ha lugar a condenar a las autoridades señaladas como responsables al pago de la misma, lo anterior, pues si consideramos que el salario es la retribución que se le debe pagar al trabajador por el servicio prestado, y toda vez que la terminación de la relación administrativa entre el recurrente y las autoridades señaladas como responsables, no fue por causas imputables a estas últimas, resulta incuestionable que no le asiste el derecho a reclamar el pago de la remuneración diaria ordinaria a partir de dicha terminación, pues a partir de esa fecha el recurrente, no prestó más sus servicios como Oficial en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de X, Tlaxcala, razón por la cual, el estado no se encuentra obligado a retribuir pago alguno por un servicio que ya no realizó. Por lo anterior, se absuelve a las autoridades demandadas, al pago de la prestación bajo análisis.- - - C) Pago de prima de antigüedad. En relación a la prestación reclamada por el recurrente, consistente en el pago de la prima de antigüedad, resulta improcedente dicha prestación, ello en atención a las consideraciones siguientes:- - - En tratándose de los miembros de las instituciones policiales, resulta improcedente el pago de la prima de antigüedad como concepto integrador de la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en virtud de que, si bien deriva del hecho de que el trabajador preste un servicio personal y subordinado, respecto de los miembros de las instituciones policiales, no existe disposición legal que autorice su pago, razón suficiente para no otorgar, puesto que no se acredita el derecho a exigir el pago de la citada prestación cuando se separen o sean separados de su trabajo, pues tal prestación no se vincula directamente con los derechos a disfrutar las medidas de protección al salario, ni a gozar de los beneficios de seguridad social, ni tiene un efecto indemnizatorio previsto en la fracción XXII, del Apartado A, del citado artículo constitucional, sino que se constituye como una prestación inmersa en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dispositivo que, en el presente asunto resulta inaplicable.- - - Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, libro 48, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete, Tomo III, en la página 1838, cuyo rubro es: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.- - - En tal virtud, lo procedente es absolver a las autoridades demandadas, del pago de la prima de antigüedad que reclama el recurrente." De las transcripciones de mérito se desprende que la autoridad valoró la prueba testimonial ofrecida por el actor, a cargo de EGH y EVE, y en relación con ellos estimó que carecían de valor convictivo porque aun cuando por edad tenían el criterio necesario para apreciar el acto que deponían, que no se justificó que no fuesen personas carentes de probidad, que de su declaración no se advertían dudas o reticencias; sin embargo, al no conocer por sí mismos los hechos sobre los cuales declararon, ya que coincidieron con la postura del recurrente en torno a que fue despedido verbalmente el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, estaba en contradicción con lo demostrado en el asunto. Lo anterior, en tanto que contrario a lo señalado por los atestes, de autos quedó demostrado que FFF renunció el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mientras que los testigos al dar respuesta a la preguntas que les fueron formuladas, contestaron que sabían que los acontecimientos ocurridos a las once horas del veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en la explanada principal del Municipio de San M*X*, Tlaxcala, día, hora y lugar en que el director de la policía municipal le dijo a F* que por órdenes del Presidente y de él estaba dado de baja; es decir, un día después a la fecha en que el recurrente había renunciado, lo que a decir de la responsable, no resultaba verosímil, pues si el actor habría renunciado un día antes, escapaba a la lógica que en la fecha que refieren, el recurrente hubiera sido objeto de un despido, a más que de autos advertía que el ultimo día que asistió el actor en su calidad de oficial de seguridad pública, fue el día que renunció, por ende no era creíble la presencia del actor con el carácter de oficial de seguridad pública, un día después de haber renunciado, lo que le permitía concluir que no conocieron por sí mismos los hechos sobre los cuales depusieron. Posteriormente, la autoridad responsable concluyó que la afirmación de las autoridades demandadas se demostró en juicio; y, en consecuencia, tuvo como infundado lo expuesto FFF y declaró que el acto impugnado fue emitido de manera justificada, pues se ajustó a la hipótesis prevista en el citado artículo 121 fracción III, inciso a), de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Finalmente, la responsable determinó que a FFF se le separo de su cargo de forma justificada y por ello, resultaban improcedentes las prestaciones relativas indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria y prima de antigüedad. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada el doce de abril de dos mil veintiuno, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de diez de diciembre de dos mil veinte, este órgano colegiado, resolvió conceder a FFF, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ". 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de revisión 994/2018, de su índice; 2. Emita una nueva sentencia en el que reitere lo que no fue materia de la concesión de amparo, esto es, la condena al Ayuntamiento del Municipio de ***, Tlaxcala, a través de quien legalmente lo represente, así como al presidente y director de Seguridad Pública ambos del referido municipio, al pago en las cantidades precisadas, en favor de FFF por concepto de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados y no pagados. 3. Formulará un nuevo estudio en torno a las circunstancias que privaron en la separación de Florentino Flores Fragoso, como oficial de seguridad pública, valorando la prueba testimonial ofrecida por éste en la secuela procesal, y demás pruebas ofrecidas por las partes; hecho lo anterior, con libertad de jurisdiccional, determinará lo que en derecho corresponda respecto de las prestaciones reclamadas consistentes en indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria y prima de antigüedad, en la inteligencia que deberá fundar y motivar la razón de su dicho. ." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Por oficio TJA-TLAX-P1- 04/2021, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del auto de tres de ese mes y año, donde dejó insubsistente la sentencia de uno de agosto de dos mil diecinueve. 2. A través del oficio TJA-TLAX-P1- 26/2021, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala remitió copia certificada de la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en cumplimiento, en el expediente 994/2018 de su índice, donde se advierte lo siguiente: Reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión de amparo, relativos a la condena al Ayuntamiento del Municipio de ***, Tlaxcala, a través de quien legalmente lo represente, así como al presidente y director de Seguridad Pública ambos del referido municipio, al pago en las cantidades precisadas, en favor de FFF por concepto de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios devengados y no pagados. En relación con la prueba testimonial ofrecida por el actor quejoso, la autoridad responsable, la valoró de conformidad con lo siguiente: ". Por otra parte, respecto a la prueba testimonial a cargo de EGH y EVE, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 445 y 446 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente a la Ley del Procedimiento Administrativo, por disposición expresa del artículo 3º, se le niega valor probatorio a las declaraciones rendidas por los atestes, pues aún cuando son mayores de toda excepción, que convienen en lo esencial, al señalar que conocen a FFF porque trabaja en la Policía Municipal de ***, que declararon haber visto y oído los hechos que deponen, esto al contestar que saben los acontecimientos ocurridos a las once horas del día veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en la explana principal del Municipio de ***, Tlaxcala, que ese día, hora y lugar el Director de la Policía Municipal le dijo a F que por órdenes del Presidente y de él estaba dado de baja. Sin embargo, al ser analizados dichos testimonios, aun cuando no se demostró que sean inhábiles (sic), que por su edad tienen el criterio necesario para apreciar el acto que deponen, que no se justificó que no sean personas carentes de probidad, que de su declaración no se advierten dudas o reticencias. Sin embargo, se estima que no conocieron por sí mismos los hechos que deponen, pues si bien se advierte que su declaración coincide en lo sustancial con la postura del recurrente en torno a que fue despedido verbalmente el día veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, se encuentra en contradicción con lo que quedó demostrado en el asunto que nos ocupa.- - - Lo ·anterior es así, ya que, contrario a lo señalado por los atestes, de autos quedó demostrado que, el recurrente renunció el día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mientras que los testigos al dar respuesta a la preguntas que les fueron formuladas, contestaron que saben los acontecimientos ocurridos a las once horas del día veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en la explanada principal del Municipio de ***, Tlaxcala que ese día, hora y lugar el director de la policía municipal le dijo a F que por órdenes del Presidente y de él estaba dado de baja; es decir, un día después a la fecha en que el recurrente había renunciado. Circunstancia que no resulta verosímil, pues si el actor habría renunciado un día antes, escapa a la lógica que en la fecha que refieren, el recurrente haya sido objeto de un despido, cuando, como se dijo, aquél habría renunciado un día antes, de ahí que lo narrado no resulta verosímil, ello, más cuando de autos se advierte que, el ultimo día que asistió el actor en su calidad de oficial de seguridad pública, fue el día que renunció, de ahí tampoco resulte creíble la presencia del actor con el carácter de oficial de seguridad pública, un día después de haber renunciado. En consecuencia, dichas circunstancias permiten estimar que no conocieron por sí mismos los hechos que deponen. . - - - En tal tesitura, atendiendo a que la afirmación de las autoridades demandadas se demostró en juicio, lo procedente es tener en consecuencia como infundado lo expuesto por el actor y declarar que el acto impugnado fue emitido de manera justificada, pues se ajustó a la hipótesis prevista en el citado artículo 121 fracción III, inciso a), de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios." Asimismo, respecto de las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria y prima de antigüedad, determinó lo siguiente: "En tal virtud, se procede al análisis de las prestaciones reclamadas por el recurrente, en los siguientes términos:- - - A) Indemnización constitucional. Al respecto debe precisarse que, de la interpretación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que dicha prestación sólo procede en los casos en que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, circunstancia que no acontece en el presente asunto, pues tal y como se acreditó en párrafos que anteceden, la terminación de la relación administrativa entre el recurrente y las autoridades señaladas como responsables, no fue por causas imputables a estas últimas, por tanto, se absuelve a las autoridades demandadas al pago de dicha prestación.- - - B) Remuneración diaria ordinaria. En relación a la indicada prestación, no ha lugar a condenar a las autoridades señaladas como responsables al pago de la misma, lo anterior, pues si consideramos que el salario es la retribución que se le debe pagar al trabajador por el servicio prestado, y toda vez que la terminación de la relación administrativa entre el recurrente y las autoridades señaladas como responsables, no fue por causas imputables a estas últimas, resulta incuestionable que no le asiste el derecho a reclamar el pago de la remuneración diaria ordinaria a partir de dicha terminación, pues a partir de esa fecha el recurrente, no prestó más sus servicios como Oficial en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de ***, Tlaxcala, razón por la cual, el estado no se encuentra obligado a retribuir pago alguno por un servicio que ya no realizó. Por lo anterior, se absuelve a las autoridades demandadas, al pago de la prestación bajo análisis.- - - C) Pago de prima de antigüedad. En relación a la prestación reclamada por el recurrente, consistente en el pago de la prima de antigüedad, resulta improcedente dicha prestación, ello en atención a las consideraciones siguientes:- - - En tratándose de los miembros de las instituciones policiales, resulta improcedente el pago de la prima de antigüedad como concepto integrador de la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en virtud de que, si bien deriva del hecho de que el trabajador preste un servicio personal y subordinado, respecto de los miembros de las instituciones policiales, no existe disposición legal que autorice su pago, razón suficiente para no otorgar, puesto que no se acredita el derecho a exigir el pago de la citada prestación cuando se separen o sean separados de su trabajo, pues tal prestación no se vincula directamente con los derechos a disfrutar las medidas de protección al salario, ni a gozar de los beneficios de seguridad social, ni tiene un efecto indemnizatorio previsto en la fracción XXII, del Apartado A, del citado artículo constitucional, sino que se constituye como una prestación inmersa en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dispositivo que, en el presente asunto resulta inaplicable.- - - Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, libro 48, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete, Tomo III, en la página 1838, cuyo rubro es: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.- - - En tal virtud, lo procedente es absolver a las autoridades demandadas, del pago de la prima de antigüedad que reclama el recurrente." De las transcripciones de mérito se desprende que la autoridad valoró la prueba testimonial ofrecida por el actor, a cargo de EGH y EVE, y en relación con ellos estimó que carecían de valor convictivo porque aun cuando por edad tenían el criterio necesario para apreciar el acto que deponían, que no se justificó que no fuesen personas carentes de probidad, que de su declaración no se advertían dudas o reticencias; sin embargo, al no conocer por sí mismos los hechos sobre los cuales declararon, ya que coincidieron con la postura del recurrente en torno a que fue despedido verbalmente el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; sin embargo, estaba en contradicción con lo demostrado en el asunto. Lo anterior, en tanto que contrario a lo señalado por los atestes, de autos quedó demostrado que Florentino Flores Fragoso renunció el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mientras que los testigos al dar respuesta a la preguntas que les fueron formuladas, contestaron que sabían que los acontecimientos ocurridos a las once horas del veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en la explanada principal del Municipio de ***, Tlaxcala, día, hora y lugar en que el director de la policía municipal le dijo a F que por órdenes del Presidente y de él estaba dado de baja; es decir, un día después a la fecha en que el recurrente había renunciado, lo que a decir de la responsable, no resultaba verosímil, pues si el actor habría renunciado un día antes, escapaba a la lógica que en la fecha que refieren, el recurrente hubiera sido objeto de un despido, a más que de autos advertía que el ultimo día que asistió el actor en su calidad de oficial de seguridad pública, fue el día que renunció, por ende no era creíble la presencia del actor con el carácter de oficial de seguridad pública, un día después de haber renunciado, lo que le permitía concluir que no conocieron por sí mismos los hechos sobre los cuales depusieron. Posteriormente, la autoridad responsable concluyó que la afirmación de las autoridades demandadas se demostró en juicio; y, en consecuencia, tuvo como infundado lo expuesto FFF y declaró que el acto impugnado fue emitido de manera justificada, pues se ajustó a la hipótesis prevista en el citado artículo 121 fracción III, inciso a), de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Finalmente, la responsable determinó que a FFF se le separo de su cargo de forma justificada y por ello, resultaban improcedentes las prestaciones relativas indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria y prima de antigüedad. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido Oficio TJA-TLAX-P1- 26/2021, signado por la Magistrada de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite en copia certificada la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la autoridad oficiante; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de ésta a las partes quejosa y terceros interesados, así como con el diverso TJA-TLAX-P1-04/2021, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el oficio SEADS/239/2021, de diecisiete de marzo de la presente anualidad signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril de la presente anualidad, este Tribunal Colegiado se encuentra integrado por los Magistrados José Daniel Nogueira Ruiz, Miguel Nahim Nicolás Jiménez y José Manuel Vélez Barajas, el primero en sustitución del Magistrado Jesús Díaz Guerrero

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