Francisca Garcia Sanchez

Expediente 1097/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1097/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Francisca Garcia Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEIDO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, CUYA SINTESIS ES LA SIGUIENTE:Vista la demanda de amparo promovida por Francisca García Sánchez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede Altamira; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1097/2017-III-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado destacado el siguiente: ? El acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez señalado como responsable en los autos del juicio ordinario civil *** sobre nulidad de compraventa promovido por RAYMUNDO RUÍZ FLORES en contra de la aquí quejosa y otro, en el que no admite a trámite el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, en contra del acuerdo de tres del mismo mes y año, mediante el cual no se acordó favorable su petición de renunciar al cargo de representante común de la parte demandada, por las razones ahí expuestas. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Así es, en el caso concreto este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales establecen:. El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. En su caso, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Es decir, los actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Y en segundo término, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos - sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, resulta que si a través del acto reclamado y que fue dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, no ocurre esa afectación material a un derecho sustantivo, el juicio de amparo resulta improcedente conforme a la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Luego, si en el caso concreto tenemos que la parte quejosa reclama, en esencia, el acuerdo de seis de octubre del año en curso, en el que la autoridad responsable no admite a trámite el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, hecho valer contra lo determinado en el acuerdo de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil sobre nulidad de contrato de compraventa del índice de la responsable, mediante el cual se le dijo que no ha lugar a renunciar a la designación de oficio como representante común de los demandados. Entonces, resulta inconcuso que dicho acto no puede considerarse de imposible reparación, pues su consecuencia es una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Por tanto, el acuerdo reclamado (seis de octubre de dos mil diecisiete) no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación, pues la circunstancia de no haber admitido a trámite el recurso de revocación planteado por la aquí quejosa Francisca García Sánchez, no produce materialmente una afectación a algún derecho fundamental de índole sustantiva. Y esto es así, porque esa determinación únicamente tiene como consecuencia que en el juicio natural la quejosa continúe representando a la pluralidad de demandados dentro del juicio ordinario civil sobre nulidad de contrato de compraventa, del índice de la autoridad responsable, siendo que la consecuencia de esa determinación es que se continúe con el trámite del procedimiento natural y en el momento procesal oportuno, se pronuncie la sentencia que culmine con el mismo, lo que denota que la apuntada transgresión sólo afecta derechos adjetivos que surgen exclusivamente de las leyes adjetivas por la tramitación de un procedimiento cuyo fin último es la obtención de una sentencia favorable. Además de lo anterior, la solicitante del amparo, por ser parte en el procedimiento de origen, tendrá plena oportunidad de que se respete su adecuada defensa e incluso podría obtener un fallo favorable a sus intereses en la sentencia relativa, por lo que la violación de que se trata en su caso quedaría insubsistente y para el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, puede reclamarla en la vía de amparo correspondiente y destacar como violación procesal el acuerdo reclamado. De igual forma, es aplicable en lo conducente, la diversa tesis de rubro "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.", pues de ella se obtiene que en el caso de las violaciones procesales - como el acto reclamado en el juicio de amparo que se pretende iniciar - serán combatibles hasta el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, previa su preparación legal, siempre y cuando sea desfavorable a los intereses de la ahora quejosa; ello, de conformidad con el artículo 172, de la Ley de Amparo. Además, esos aspectos no influyen de manera trascendente en el procedimiento de origen, pues no lo suspenden, obstaculizan o hacen innecesaria su tramitación, para considerar que pudiera trascender en grado predominante o superior en los derechos adjetivos de la parte quejosa. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, en vinculación con el ordinal 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Ayala Castillo y Elizabeth del Carmen Luna Alvarado, por no encontrarse debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE:Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que el fedatario judicial adscrito hizo constar su imposibilidad para notificar personalmente a la promovente Francisca García Sánchez, el acuerdo de veintiséis de octubre del año que transcurre, dictado en el presente juicio, por los motivos en ella expuestos; por tanto, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la promovente el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fijen en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto proporcione diverso domicilio para oír y recibir notificaciones.

  2. Principal

    MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

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