Fortino Martinez Aguilar

Expediente 979/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
979/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Fortino Martinez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora bien, toda vez que se encuentran agregados al presente expediente los documentos exhibidos por la quejosa con su demanda, requiérasele a efecto que por sí o a través de cualquiera de sus autorizados comparezca a recibirlos, en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte que este expediente; documentos que se entregarán personalmente, previa firma que en razón de su recibo obre en autos. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Visto; agréguese a estos autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Fortino Martínez Aguilar y/o Fortino Martínez Aguilar, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda; indíquesele que hasta en tanto cause estado el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, por el que se desechó su demanda de garantías, le serán devueltos los documentos de referencia, el cual quedará a su disposición en la Secretaría de este juzgado, a efecto de que por sí o cualquiera de las personas que autoriza, comparezcan ante este órgano jurisdiccional a recibirlas, previo recibo que de su entrega se agregue a los autos.

  3. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, respecto de la vista que se les dio mediante proveído de seis de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal convinieran respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, sin que hayan desahogado dicha vista; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suscrita se pronuncia sobre dicho cumplimiento. A lo anterior es aplicable la tesis de jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Para ello, es necesario señalar los antecedentes que constituyen la materia de cumplimiento, entre los que se destaca que por sentencia terminada de engrosar el once de julio de dos mil dieciocho, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para el efecto que la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, efectuara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución de trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa en los autos del juicio hipotecario 498/2015 de su índice; y, b) Con plenitud de jurisdicción emitiera otra en la cual se cumpliera con los principios de congruencia y exhaustividad que se desprenden de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo que implica analizar y resolver todos los planteamientos esgrimidos por las partes. La precitada sentencia causó ejecutoria el veinticuatro de agosto del presente año, requiriendo a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma; petición que se reiteró por auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. En acatamiento de lo anterior, el Juez responsable, mediante el oficio 2401 (foja 174), remitió copia certificada de la resolución interlocutoria dictada el treinta de agosto último, en el juicio de origen, y con la que pretendió dar cumplimiento al fallo protector (fojas 177 a 180), de donde se advierte lo siguiente: 1) Que al imponerse de la lectura de la nueva determinación emitida por la responsable, se advierte incongruencia en la continuidad de las fojas que la componen; como se advierte, si se ubica en la foja primera que forma parte de la resolución, continúa en su relación y argumentos, hasta el anverso de la misma; sin embargo, impuestos de la foja número dos, no hay continuidad en la postura argumentativa que viene sosteniendo la autoridad responsable, menos aún, continuidad congruente con el contenido de su anverso (fojas 177 a 179). En virtud de lo anteriormente expuesto, es de concluirse, que la resolución con la cual la autoridad responsable pretende dar cumplimiento al fallo protector pronunciado, existe una incongruencia en cuanto a su orden y concordancia; lo que impide, desde luego, que éste órgano jurisdiccional, se encuentre en aptitud de analizar si la autoridad judicial cumple o no, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito. En consecuencia, SE TIENE POR NO CUMPLIDA dicha ejecutoria de amparo; por ende, requiérase nuevamente al Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Cabe señalar, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, como lo establece el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo.

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