Francisco Abundio Castellanos Cruz
Expediente 1119/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Francisco Abundio Castellanos Cruz
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos el oficio SECNO/3843/2018, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento que, en respuesta a la consulta de turno, formulada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, determinó que es a dicho órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer de la demanda de amparo formulada por Francisco Abundio Castellanos Cruz, que dio origen al juicio de amparo 1119/2018-VII-B, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional queda debidamente impuesto de lo determinado por la referida autoridad administrativa, para los efectos legales a que haya lugar, y dado que en el presente juicio no existe trámite pendiente de realizar, archívese como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; además, a consideración de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.
- Principal
MESA VII CÚMPLASE
- Principal
Visto el oficio 5323-I-0, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 834/2018-I-0, de su índice, promovido por Francisco Abundio Castellanos Cruz, junto con sus seis tomos de pruebas y cuatro copias del escrito de ampliación de demanda; lo anterior, en cumplimiento al acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, por el cual el Titular de ese órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, declinó el conocimiento de dicho asunto a este Juzgado de Distrito, en virtud de que, a su consideración, guarda relación con el diverso juicio de amparo 688/2018-III-A, de este índice; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y regístrese con el número 1112/2018-VII-A. Acúsese recibo de estilo. Ahora bien, del acuerdo de mérito se advierte que el homólogo federal consideró que el conocimiento del referido juicio de amparo 834/2018-I-0, promovido por Francisco Abundio Castellanos Cruz, corresponde a este Juzgado, debido a que los actos que se reclaman en dicho asunto tienen su origen en el expediente DP-ASEUA/UAJ/DGCT/078-18, del índice de la Dirección General de lo Contencioso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, formado con motivo de la denuncia popular presentada por el aquí quejoso; por lo que guarda estrecha relación con el diverso juicio de amparo 688/2018-III-A, de la estadística de este órgano jurisdiccional, en virtud de que este último también fue promovido por el mismo quejoso contra actos derivados del aludido expediente de denuncia popular. De ahí que, estima, en ambos controvertidos constitucionales se reclaman actos que derivan del mismo expediente y, por ende, se surte la hipótesis prevista en la fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese orden de ideas, esta Juzgadora de manera respetable no comparte las consideraciones que sustenta el homólogo federal en cita para declinar el conocimiento del referido juicio de amparo 834/2018-I-0, promovido por Francisco Abundio Castellanos Cruz. En efecto, los artículos 45 y 46, relativos al sistema de turno de asuntos de los órganos jurisdiccionales, contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el veintiuno de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación y reformado por Acuerdo General sin número, publicado en el referido medio el catorce de marzo de dos mil dieciséis, disponen, en lo que interesa, lo siguiente:. La finalidad del acuerdo aludido es aprovechar el conocimiento previo que de un asunto ha tenido un determinado órgano jurisdiccional del expediente respectivo y, por ende, evitar el dictado de resoluciones que pudieran ser contradictorias. En ese contexto, se observa que en el Acuerdo General referido, se dispuso que los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de forma relacionada, si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, entonces se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél, como lo es el juicio de amparo indirecto promovido contra actos provenientes de un mismo expediente administrativo, respecto del cual un determinado órgano jurisdiccional haya conocido de un diverso juicio de amparo contra actos derivados de ese mismo expediente. Sobre tales bases, conforme al sistema de relación, que es el relevante para este caso, los juicio de amparo que se encuentren relacionados con otro presentado con anterioridad en tanto provengan de un mismo expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad; se turnarán por medio del sistema computarizado al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior. Sin embargo, a consideración de la suscrita, en el caso, respecto a la demanda de amparo formulada por Francisco Abundio Castellanos Cruz, la cual dio origen al juicio de garantías 834/2018-I-0, no se surte la hipótesis para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, en virtud de que, contrario a lo indicado por el juzgado declinante, los actos reclamados en ese asunto no derivan del mismo expediente del que emanan los actos combatidos en el juicio de amparo 688/2018-III-A, del índice de este juzgado, a pesar de que ambos fueron promovidos por el nombrado Francisco Abundio Castellanos Cruz contra actos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. En efecto, a modo de evidenciar lo así afirmado, se pasa a destacar los actos reclamados en ambos controvertidos, en los siguientes términos: 688/2018-III-A 834/2018-I-0 a) La omisión de proveer y tramitar respecto de la instancia de manifestaciones y denuncia que el quejoso interpuso el veintiuno de junio de dos mil dieciocho. a) La omisión de proveer lo conducente al escrito presentado por el quejoso el siete de agosto del año en curso, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, promovido por la persona moral denominada Avant Energy Midstream II, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para recepcionar, almacenar y distribuir hidrocarburos, a través del proyecto denominado Supera Terminal Altamira. b) La omisión de realizar la visita de inspección a la zona afectada y actuar conforme a sus facultades para efectuar las medidas de aseguramiento para preservar lo poco que queda del medio ambiente impactado en la zona donde habita. b) La resolución que se haya emitido en el referido procedimiento de evaluación de impacto ambiental. c) La orden de inspección número ASEA/USIVI/DGSIVTA/ OI/AMB/00013-2018, de fecha once de julio de dos mil dieciocho, dentro del expediente administrativo ASEA/USIVI/DGSIVTA/PAI/AMB/00011/2018. d) El acta de inspección número ASEA/USIVI/DGSIVTA/ AI/AMB/00013-2018, de fecha de dieciocho de julio de dos mil dieciocho derivada de la orden de inspección número ASEA/USIVI/DGSIVTA/OI/AMB/00013-2018, de fecha de once de julio de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente administrativo ASEA/USIVI/ DGSIVTA/PAI/AMB/00011/2018 e) La omisión en imponer las medidas de aseguramiento consistentes en la clausura de las obras realizadas en el predio con coordenadas de ubicación 22º 30´11.1"N-97º 53´24.7"O De lo anterior, se evidencia que los actos reclamados ambos controvertidos constitucionales no guardan entre sí una estrecha relación, al no haberse emitido dentro de mismo expediente. Se afirma lo anterior, en virtud de que del escrito inicial de demanda que dio origen al juicio de garantías 688/2018-III-A, del índice de este juzgado, se aprecia que el impetrante acudió ante este órgano de control constitucional a solicitar el amparo aduciendo una transgresión a su derecho de petición, pues como ciudadano y vecino del área conurbada de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, todos en Tamaulipas, elevó una denuncia popular a la autoridad responsable, en ejercicio de sus derechos como habitante de la zona conurbada que habita; sin embargo, adujo, que ésta había sido omisa en proveer lo relativo y ejercer las facultades legales con que cuenta para atender la denuncia que formuló, consistente en una noticia relativa a un posible daño ambiental, provocado por quien ocupa el predio a que hace referencia en su escrito de demanda. Asimismo, de las constancias que integran el juicio de garantías en cita, se advierte que al rendir su informe justificado la responsable hizo del conocimiento que la aludida denuncia popular formulada por el aquí quejoso dio origen al expediente DP-ASEUA/UAJ/DGCT/078-18; del cual también emanan los actos por los que, mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo al impetrante ampliado su libelo constitucional, mismos que quedaron precisados en los incisos c), d) y e), del cuadro comparativo que antecede. De lo así destacado, se colige que los actos reclamados en el expediente 688/2018-III-A, derivan de un procedimiento de denuncia popular realizada por el aquí quejoso a la autoridad responsable, con lo que pretendía que ésta diera respuesta y seguimiento a la noticia de los hechos que considera lesivos de sus derechos y realice, en el ámbito de sus atribuciones, las diligencias que por mandato legal deba llevar a cabo; denuncia que quedó radicada bajo el número expediente DP-ASEUA/UAJ/DGCT/078-18. En contraste, en el juicio de amparo 834/2018-I-0, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Tampico, se reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a una petición que le formuló por escrito el quejoso dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, promovido por la persona moral denominada Avant Energy Midstream II, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para recepcionar, almacenar y distribuir hidrocarburos, a través del proyecto denominado Supera Terminal Altamira, así como la eventual resolución que se pronuncie en el mismo. Es decir, que los actos reclamados en el referido juicio de garantías 834/2018-I-0, emanan de un procedimiento administrativo en el que la empresa Avant Energy Midstream II, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, está gestionando la Manifestación de Impacto Ambiental necesaria para la ejecución de un proyecto relativo a la instalación de una estación de almacenamiento y distribución de hidrocarburos; por lo que resulta evidente que el mismo se trata de procedimiento ajeno, autónomo e independiente a la denuncia popular DP-ASEUA/UAJ/DGCT/078-18, de la que derivan los actos reclamados en el juicio de garantías 688/2018-III-A, con el que se pretendieron relacionar. De ahí que, resulte evidente que los actos reclamados en ambos controvertidos se encuentran desvinculados entre sí, debido a que emanan de procedimientos diversos que se encuentran regulados de manera independiente y persiguen finalidades distintas. Así es, la denuncia popular se encuentra reglada en el Título Sexto, Capítulo VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en sus artículos 189 a 204; y tiene como finalidad que la autoridad responsable en el ejercicio de sus facultades legales, verifique la noticia que le da cualquier persona de la posible transgresión de alguna disposición ambiental. Por el contrario, la Manifestación de Impacto Ambiental, está prevista en la el Título Primero, Capítulo IV, Sección V, de la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los ordinales 28 a 35, y persigue como fin último que se otorgue el visto bueno, como una opinión técnica sobre los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre y demás recursos a que se refiere la Ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia federal, en el caso, particularmente una obra relacionada con el manejo de hidrocarburos. Así las cosas, se concluye que este órgano jurisdiccional conoce de las actuaciones realizadas por la responsable dentro del expediente DP-ASEUA/UAJ/DGCT/078-18, formado con la denuncia popular que el quejoso formuló ante dicha dependencia el aquí quejoso, mientras que en el juicio de garantías 834/2018-I-0, el impetrante reclama actos derivados del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, promovido por la persona moral denominada Avant Energy Midstream II, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para recepcionar, almacenar y distribuir hidrocarburos, a través del proyecto denominado Supera Terminal Altamira. Circunstancia que incluso se corrobora del oficio ASEA/USIVI/DGSIVTA/00346/2018, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual la Directora de Recursos de Revisión adscrita a la Dirección General de lo Contencioso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informa al Director General de Supervisión y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento de dicha Agencia, que las peticiones formuladas por el aquí quejoso dentro del aludido procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ".salen de la esfera jurídica de la Dirección General de lo Contencioso y que no se encuentran vinculadas con la denuncia popular DP-ASEA7UAJ7DGCT/078-18 ó con el Juicio de Amparo 688/2018-III-A." (foja 1150, del tomo de pruebas III). Por tanto, es obvio que en la especie no se surte el supuesto previsto en la fracción II, del invocado artículo 46, del Acuerdo General en comento, para vincular los referidos juicios de garantías y, por ende, este juzgado de Distrito no acepta el returno planteado, por lo que se ordena devolver el expediente original del juicio de amparo 834/2018-I-0, al órgano jurisdiccional requirente, a efecto de que resuelva si insiste en no conocer del asunto por razón de turno.
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