Francisca Delgado Martínez
Expediente 280/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisca Delgado Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yara Isabel Gómez Briseño. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos únicamente como constancia el oficio *******, signado por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que en el presente juicio de amparo se emplazó el tercero interesado. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62, 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma, glósese al sumario el oficio 575/2019, signado por el Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual en cumplimiento al proveído de trece de junio del año en curso, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente 44/2017, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por *******, endosatario en procuración de *******, en contra de *******, en las que obra la comparecencia de dieciséis de mayo de este año, de las partes de ese juicio, ante ese juzgado, a fin de dar por terminado el asunto judicial, por satisfacción de pago de las prestaciones reclamadas. Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El doce de abril de dos mil diecinueve, *******, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnada en la propia fecha a este Juzgado, contra el acto del Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en: [.] De la Autoridad señalada como RESPONSABLE el ilegal auto de fecha 11 de Abril del presente año, publicado en la lista del día 12 de Abril del presente año el cual surte sus efectos el día 13 de Abril del presente año, dictado por la autoridad responsable dentro del Juicio ejecutivo Mercantil radicado en el Juzgado Octavo Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos bajo el número de expediente *******, mediante el cual, en vía de apremio se pretende ejecutar un mandamiento de embargo de manera ilegal en un bien inmueble propiedad de la suscrita. Por lo que se solicita como acto reclamado se deje sin efecto el mandamiento de embargo con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en el domicilio ubicado en ******* de esta ciudad, ello en virtud de que es de mi propiedad privada y la demandada en el juicio principal ******* no habita el mismo. [.] 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de quince de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 280/2019-III; se solicitó al Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. El Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, rindió informe justificado al que anexó diversas constancias en copia certificada que obran en el juicio ejecutivo mercantil *******, promovido por *******, endosatario en procuración de *******, en contra de *******. 5. Por acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, por las razones que ahí se exponen, se requirió al Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, para que remitiera a este juzgado copia de certificada de las constancias que obran en el expediente *******, de su índice, a partir del acuerdo de veintidós de abril de este año. 6. En cumplimiento al proveído de trece de junio del año en curso, el Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta ciudad, en el oficio de cuenta, remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente *******, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por *******, endosatario en procuración de *******, en contra de *******, de donde se advierte que obra constancia de dieciséis de mayo del año en curso, donde comparecieron las partes a fin de dar por terminado el expediente *******, por satisfacción en el pago de las prestaciones. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del peticionario del amparo, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclamó del Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el auto de once de abril, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *******, mediante el cual en vía de apremio se pretendía ejecutar un mandamiento de embargo, de un bien inmueble propiedad de la quejosa. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, se advierte que el dieciséis de mayo del año en curso, comparecieron ante el Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el licenciado *******, endosatario en procuración de *******, parte actora en el juicio de origen y el licenciado *******, autorizado de la parte demandada, donde el primero de los mencionados recibe la cantidad de *******, con lo cual se da por satisfecho de todas las prestaciones reclamadas, dándose así por concluido y terminado el expediente *******. El oficio remitido por la responsable y las copias certificadas, alcanzan eficacia demostrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2. Por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada, toda vez que se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de improcedencia anotada en líneas precedentes. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO, POR LO QUE SE SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Agréguese a sus autos únicamente como constancia el oficio *******, signado por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que en el presente juicio de amparo se emplazó el tercero interesado. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62, 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma, glósese al sumario el oficio 575/2019, signado por el Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual en cumplimiento al proveído de trece de junio del año en curso, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente 44/2017, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por *******, endosatario en procuración de *******, en contra de *******, en las que obra la comparecencia de dieciséis de mayo de este año, de las partes de ese juicio, ante ese juzgado, a fin de dar por terminado el asunto judicial, por satisfacción de pago de las prestaciones reclamadas. Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El doce de abril de dos mil diecinueve, *******, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnada en la propia fecha a este Juzgado, contra el acto del Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en: [.] De la Autoridad señalada como RESPONSABLE el ilegal auto de fecha 11 de Abril del presente año, publicado en la lista del día 12 de Abril del presente año el cual surte sus efectos el día 13 de Abril del presente año, dictado por la autoridad responsable dentro del Juicio ejecutivo Mercantil radicado en el Juzgado Octavo Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos bajo el número de expediente *******, mediante el cual, en vía de apremio se pretende ejecutar un mandamiento de embargo de manera ilegal en un bien inmueble propiedad de la suscrita. Por lo que se solicita como acto reclamado se deje sin efecto el mandamiento de embargo con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en el domicilio ubicado en ******* de esta ciudad, ello en virtud de que es de mi propiedad privada y la demandada en el juicio principal ******* no habita el mismo. [.] 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de quince de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 280/2019-III; se solicitó al Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. El Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, rindió informe justificado al que anexó diversas constancias en copia certificada que obran en el juicio ejecutivo mercantil *******, promovido por *******, endosatario en procuración de *******, en contra de *******. 5. Por acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, por las razones que ahí se exponen, se requirió al Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, para que remitiera a este juzgado copia de certificada de las constancias que obran en el expediente *******, de su índice, a partir del acuerdo de veintidós de abril de este año. 6. En cumplimiento al proveído de trece de junio del año en curso, el Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta ciudad, en el oficio de cuenta, remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente *******, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por *******, endosatario en procuración de *******, en contra de *******, de donde se advierte que obra constancia de dieciséis de mayo del año en curso, donde comparecieron las partes a fin de dar por terminado el expediente *******, por satisfacción en el pago de las prestaciones. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del peticionario del amparo, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclamó del Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el auto de once de abril, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *******, mediante el cual en vía de apremio se pretendía ejecutar un mandamiento de embargo, de un bien inmueble propiedad de la quejosa. Asimismo, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, se advierte que el dieciséis de mayo del año en curso, comparecieron ante el Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el licenciado *******, endosatario en procuración de *******, parte actora en el juicio de origen y el licenciado *******, autorizado de la parte demandada, donde el primero de los mencionados recibe la cantidad de *******, con lo cual se da por satisfecho de todas las prestaciones reclamadas, dándose así por concluido y terminado el expediente *******. El oficio remitido por la responsable y las copias certificadas, alcanzan eficacia demostrativa, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2. Por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada, toda vez que se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho violado. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de improcedencia anotada en líneas precedentes. Notifíquese,
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda los presentes autos, y la certificación que antecede, se advierte del historial de expedientes, que en el juicio ******* del índice del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, del que deriva el acto que aquí se reclama, que el dieciséis de mayo de este año, se dictó un acuerdo en el que se refiere "terminado por satisfacción en el pago de prestaciones". Ahora, para dictar una sentencia apegada a derecho en el presente juicio de amparo, se requiere contar con la totalidad de las constancias que permitan hacerlo, por lo que con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, remita en copia certificada las constancias que obran en el expediente *******, de su índice, a partir del acuerdo de veintidós de abril de este año. Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior requerimiento, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo la misma las diez horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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