Francisca Arreola Sánchez
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisca Arreola Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil veintitrés. Acusa de recibo Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, hace partícipe de este juzgado el proveído de trece de marzo del año en curso, a través del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto el licenciado *******, apoderado de la quejosa *******, en contra de la sentencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el presente juicio; recurso que se radicó bajo el consecutivo 66/2023 del índice del citado Tribunal de alzada. Lo anterior, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91, de la Ley de Amparo y 38, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Remisión recurso de revisión Vista la certificación de cuenta, se infiere que las partes quedaron notificadas, tanto de la sentencia emitida el dos de febrero de dos mil veintitrés, como del auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, por el cual, se tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por el licenciado *******, apoderado de la quejosa *******. En mérito de lo anterior, y dado que a la fecha el recurso de revisión se encuentra debidamente integrado, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el escrito por el que se presentó el recurso, el libelo de agravios y el juicio de amparo 726/2022-I-1. Acceso expediente electrónico Adicionalmente, deberá permitirse el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar del recurso de revisión interpuesto, ello, en términos del Capítulo Octavo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado *******, apoderado de la quejosa *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el presente expediente 726/2022-I-1. En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión y de la sentencia, dentro del plazo de tres días remítase al Tribunal del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo 726/2022-I-1, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución de las copias del medio de impugnación, entre las partes. Acceso expediente electrónico Se autoriza el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar la revisión interpuesta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público Federal; y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 726/2022-I-1, promovido por *******, por conducto de su apoderado legal *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo que se turnó a este juzgado el día siguiente, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la autoridad señalada como responsable, la negativa a contestar mi escrito presentado en fecha 27 de junio del 2022, dirigido a la autoridad aquí señalada como responsable en términos del artículo 8º Constitucional, toda vez que a la fecha no se me ha notificado el acuerdo recaído al respecto. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciocho de agosto dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 726/2022-I-1, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, *******, por conducto de su apoderado legal *******, promovió ampliación de la demanda de amparo, misma que se admitió en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, respecto a la autoridad responsable Área de Cobranza del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con sede en esta ciudad, se solicitó el informe justificado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó como fecha para la celebración de la audiencia constitucional el día de hoy, tal y como se desprende del acta que antecede. Quinto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: la parte quejosa, el agente del Ministerio Público de la adscripción y las autoridades responsables Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores y Área de Cobranza de dicho Instituto, ambos en esta ciudad, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y su ampliación, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de las responsables de dar contestación a la petición formulada por el quejoso el veintisiete de junio de dos mil veintidós, así como la cancelación de la adjudicación que existe respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores y Área de Cobranza de dicho Instituto, ambos en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe justificado manifestaron que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se dio respuesta a la petición de la quejosa, por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sí existía la omisión reclamada por la quejosa. Ahora bien, adjunto al informe justificado el oficio *******, signado por el licenciado *******, del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, dirigido a la quejosa *******, albacea de *******, y/o licenciado *******, cuyo contenido es el siguiente: [...] Por este conducto me permito dar contestación a su escrito de petición recibido en este Instituto en fecha 27 de Junio del 2022, mediante el cual solicita información sobre el reverso del crédito *******, el cual fue cancelado por un Procedimiento Administrativo de Ejecución por parte del Municipio, identificado como ******* y que en virtud del amparo ******* del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Chihuahua, el cual concluyo con resolución que otorga el amparo al quejoso para el efecto de se deje sin efecto todo lo actuado en el citado PAE, así como lo actuado con posterioridad y sus consecuencias, por lo que realiza una serie de peticiones al respecto, en espera de contestación del Instituto, lo cual realizo en los siguientes términos: Primero.- De acuerdo con lo que nos indica el área de cobranza de este Instituto, el crédito *******, a nombre de *******, efectivamente fue adjudicado en virtud del citado Procedimiento Administrativo de Ejecución *******, y a la fecha no se ha llevado acabo la reversa de dicha adjudicación. Segundo.- De acuerdo a lo que nos indica el área de cobranza, se está trabajando con el acta administrativa que solicitan de oficinas centrales para poder reversar la adjudicación del crédito ******* que traerá por consecuencia que el mismo quede vigente, en base a la resolución recaída en el amparo ******* del índice del Juzgado Quinto de Distrito, en Chihuahua, el cual ordena dejar sin efecto el procedimiento administrativo de ejecución, *******. Tercero.- Hasta en tanto se encuentre vigente el crédito *******, es que se podrá trabajar en la aplicación del seguro por defunción, como lo solicita en su escrito de petición. [...] Por otra parte, en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo antes citados, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la contestación dada por el licenciado *******, del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores, con sede en esta ciudad; por lo que con ello se advierte que los aquí quejosos fueron notificados de su contenido, aún y cuando no hubieren desahogado dicha vista. Lo anterior, se corrobora con la documental antes descrita, a la cual se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, la que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, *******, por conducto de su apoderado legal *******, promovió la acción de amparo contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, y por ocurso presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado, el veinticuatro de octubre del mismo año, amplió su demanda señalando como autoridad responsable al Área de Cobranza de dicho Instituto, ambos con sede en esta ciudad, de quienes reclamó, respectivamente, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno y la cancelación de la adjudicación que existe respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Ahora, de las constancias enviadas por las responsables, así como de las exhibidas por la parte quejosa anexas a su demanda, se advierte que las responsables dieron contestación a su petición de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ello por oficio *******, y en virtud de que dicha petición deriva de las gestiones que se realicen en el juicio de amparo *******, del índice del Juzgado Quinto de Distrito, en esta ciudad, ya que ordenó dejar sin efecto el procedimiento administrativo de ejecución *******, por lo que una vez que se encuentre vigente el crédito *******, es cuando se podrá trabajar en la aplicación del seguro por defunción, como lo solicitó en su ocurso. Así, de lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo esto es el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, sí existía una omisión por parte de las autoridades, la cual dejo de existir al momento en el encargado del Área de Cobranza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, emitió el oficio ******* de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Por lo que, resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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