Florentino Prospero Arzola
Expediente 765/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Florentino Prospero Arzola
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinte de septiembre, en que se tuvo por no presentada su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICECiudad Juárez, Chihuahua; veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo promovida por **********, la cual fue prevenida con fundamento en el artículo 108, fracciones III y V IV, y 114, fracciones I, II y V de la Ley de Amparo, y se requirió a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de cinco días, computados legalmente, realizara lo siguiente: Señale a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. b) Bajo protesta de decir verdad, exprese la totalidad de hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; y c) Exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio, para distribuir a la totalidad de las partes y una más para el incidente de suspensión que solicita.Además, que la parte quejosa fue notificada el dos de septiembre del año en curso, por lo que el plazo concedido para tal efecto, transcurrió del siete al doce del mismo mes y año, sin contar los días diez y once de los actuales, en este sentido, de conformidad con el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se ordena dejar sin efectos el proveído dictado el diecinueve de septiembre de dos mil veinte, a través del cual se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior es así, pues quien resuelve parte de la base de que se trata de un error administrativo que no es atribuible al quejoso, al realizar el auto mediante al cual no se tiene por aclarada la demanda dentro del plazo legal establecido para tal efecto, que, a su vez, implicó que se ordenara el archivo del presente asunto; de ahí que resulte necesario enmendar dicha actuación, a fin de no obligar al quejoso a interponer recursos de forma innecesaria. En la inteligencia de que no se viola el principio de que los Juzgadores no pueden revocar, motu proprio, las resoluciones que hubiesen dictado, ya que dicha figura jurídica de regularización es procedente cuando se incurra en alguna omisión, abstención u otros semejantes, durante la sustanciación del juicio, que sea de naturaleza grave y que afecte partes sustanciales del procedimiento, lo cual en la especie acontece. Es aplicable la tesis XIV.1o.A.C.19 K, del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de septiembre de 2007, Materia Común, página 2612, de la Novena Época, registro 171392, que a la letra dice: PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU REGULARIZACIÓN SÓLO PROCEDE TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS DE NATURALEZA GRAVE QUE AFECTEN PARTES SUSTANCIALES DE AQUÉL POR PARTE DE LOS JUZGADORES FEDERALES (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La regularización del procedimiento a que alude el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo procede cuando se incurra en alguna omisión durante la sustanciación del enjuiciamiento, que sea de naturaleza grave y que afecte partes sustanciales del procedimiento respectivo, ya que dicho precepto dispone lo siguiente: "Los Jueces, Magistrados y Ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento.". Esto significa, que esa figura procesal procede en el juicio de garantías sólo en el caso de actos negativos, es decir, únicamente cuando se trate de abstenciones, omisiones u otros de índole semejante, pero no cuando esté de por medio uno de carácter positivo, pues aun cuando sus efectos y consecuencias no resulten benéficos a una de las partes, esta circunstancia no desvirtúa su naturaleza positiva. Lo anterior en virtud de que una interpretación contraria pondría en riesgo y haría nugatorio el principio de que los Jueces no pueden revocar, motu proprio, las resoluciones que hubiesen dictado, pues de ser así, se anularían decisiones judiciales que habían adquirido firmeza jurídica, al no haber sido impugnadas oportunamente. En el mismo orden de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído veintinueve de agosto del año en curso, dentro del término de cinco días que se le concedió para tal efecto. Al respecto, el artículo 114, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que cuando no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo apuntado de cinco días, se debe tener por no presentada. En consecuencia, con fundamento en el citado numeral, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de agosto, en que se tuvo por no presentada su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por ****,contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 765/2022-VII. Prevención de la demanda de amparo Luego, a efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda, es importante señalar que los artículos 108, fracciones III y V y 114, fracciones I, II y V de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.] 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.] Como se advierte de la anterior transcripción, los referidos preceptos normativos prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentran que en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación; y, la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Lo anterior, dado que dichos requisitos tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de los únicos elementos con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda y suspensión del acto reclamado. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la promovente señala como autoridades responsables, y actos reclamados, los siguientes: c. Autoridad Responsable. 1. El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Con domicilio Calle Libertad número 9 colonia Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, conocido como Recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. 2. La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua. Con domicilio en Calle Aldama número 901 de la Colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua C.P. 31000, Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua d. Acto de Autoridad. o DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADODE CHIHUAHUA. la expedición del decreto LXVII/RFLEY/0286/2022IIIP.E. publicado en el periódico oficial del estado el 16 de julio del año en curso mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado. o DE LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. La publicación de la referida reforma a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. Asimismo, en el capítulo respectivo, narra cómo "HECHOS", los siguientes: [.] g. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos que me agravian constituyen los antecedentes del acto que se impugna. H E C H O S. Mediante el decreto número LXVII/RFLEY/0286/2022IIIP.E. Se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, la reforma a diversos artículos de la Ley de Transporte. En particular el número 75, y 151 de la referida reforma conculcan sendos derechos humanos del promovente como lo dilucidamos en los siguientes [.] Atento a lo expuesto, se tiene que la parte quejosa reclama el Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E., mediante el cual se reformo la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, específicamente, los artículos 75 y 151 de la Ley de Transporte para el Estado de Chihuahua; sin embargo, no señala a la titular del órgano de Estado a la que la ley encomiende su promulgación; así como tampoco manifiesta bajo protesta de decir verdad la totalidad de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Además, no exhibe las copias necesarias de la demanda, toda vez que al escrito inicial de demanda adjunta cuatro copias, siendo necesarias cinco, para corres traslado a las partes y formar los cuadernillos relativos al incidente de suspensión. Por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y V IV, y 114, fracciones I, II y V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de cinco días, computados legalmente, realice lo siguiente: a) Señale a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. b) Bajo protesta de decir verdad, exprese la totalidad de hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; y c) Exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio, para distribuir a la totalidad de las partes y una más para el incidente de suspensión que solicita. Apercibimiento y plazo para cumplir la prevención Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a la referida prevención dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se tendrá por no presentada la demanda. Ilustra lo antes expuesto, en lo conducente, la tesis Jurisprudencia: IV.3o.A. J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3709, que dice: REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfagan tal extremo. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a la parte quejosa en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios Con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa autorizado en términos amplios al licenciado ***, por encontrarse inscrito en el sistema computarizado para el Registro único de profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, en términos de los artículos 24 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** en esta ciudad. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a la parte quejosa que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
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