Francisca Corona López

Expediente 373/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
373/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Francisca Corona López

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, uno de junio de mayo de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere al promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acuda al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibido que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados al expediente en que se actúa y correrán su suerte. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 31/MARZO/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Se desecha demanda. De la certificación que antecede, así como la demanda de derechos presentada por Reyes Mario Ballesteros Quiroga y Francisca Corona López, esta última en su carácter de cónyuge supérstite del ofendido fallecido Jesús Meza Domínguez, se advierte que reclaman del juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora: El proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 496/2012 Quater, por el que ordenó la devolución a cada uno de los sentenciados en ese proceso, las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que sirvieron para garantizar las obligaciones procesales que la ley establece en razón del proceso y la posible reparación del daño. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, pues se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" De la transcripción que antecede se desprende que son tres los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia relativa, comúnmente denominada litispendencia, a saber: Que la norma general o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o no haya causado esta ejecutoria; y, Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el propio quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por identidad de actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de la certificación de cuenta se desprende que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), aparece un diverso juicio de amparo tramitado ante este órgano jurisdiccional, con el número 309/2022 PC-I, promovido por José Alberto Durán Suárez, como autorizado legal de Reyes Mario Ballesteros Quiroga y Francisca Corona López, contra el propio acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 496/2012 Quater, por el juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Asimismo, en el citado juicio de derechos, si bien mediante determinación de dieciocho de marzo del presente año, se desechó de plano la demanda intentada, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cierto es que contra dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que fue recepcionado en este órgano jurisdiccional el veintinueve de los actuales y, en la propia fecha se tuvo por interpuesto y se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; por ende, dicho medio de impugnación, que tiene por finalidad confirmar, modificar o revocar la determinación emitida por este órgano judicial el dieciocho de marzo actual, en el juicio de derechos 309/2022 multicitado. Los anteriores datos constituyen un hecho notorio y su invocación cuenta con eficacia probatoria plena, puesto que se trata de información recabada de un expediente radicado ante este propio órgano y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), instaurado de forma obligatoria en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en donde se estableció que los Juzgados y Tribunales de la Federación, están constreñidos a registrar y mantener actualizados los movimientos atinentes a cada asunto de su conocimiento. En ese orden de ideas, se concluye que el acto reclamado en el juicio en que se actúa, es materia del diverso juicio de amparo 309/2022 PC-I, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado, se reitera, pendiente de resolverse el recurso de queja intentado contra la determinación que desechó el citado juicio de derecho. En ese contexto, existe imposibilidad jurídica para que se analice el acto reclamado en el presente caso, pues en consideración a que la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en el procedimiento constitucional atinente al referido juicio de amparo que ya se encuentra en trámite y pendiente de emitir resolución, lo que torna incuestionable que se materializa la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 235, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causal de improcedencia, respecto de este acto, de acuerdo con la fracción III, del artículo 73, de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así como la tesis VII.P. 83 K, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Y, a efecto de entender los alcances de la hipótesis de improcedencia actualizada, la tesis I.11o.C.31 K (10a.), que dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Una conclusión en diverso sentido, es decir, en la que se aceptara la procedencia del juicio de amparo, permitiría la promoción interminable de la acción constitucional reparando, en cada ocasión, las violaciones alegadas por parte del justiciable, lo que resulta jurídicamente inaceptable; circunstancia que, a la postre, podría derivar en la actualización de la conducta establecida en el precepto 249, en relación con el precepto 49, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia derivada de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa, con nombre de usuario "jalbertods". 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que las personas que menciona para ese único efecto. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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