Francisca Flores Beltrán
Expediente 814/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisca Flores Beltrán
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento a los autos el escrito firmado por los autorizados legales de la parte quejosa, toda vez que el dieciocho de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado proveniente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa dicha autoridad, misma que este juzgador le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: El acuerdo emitido por la responsable en fecha uno de junio de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio laboral 101/2021, en el cual la responsable señala las diez horas del día veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, aceptó la existencia del reclamo constitucional, pues el presidente de la Junta de Trabajo, manifestó que desde el cinco de julio de dos mil veintidós dictó un auto, en el que dejó insubsistente la fecha señalada para las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, señalando nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a saber, las diez horas con treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, con lo que reemplazó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de junio de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por la quejosa en su demanda. Por ende, se dejó insubsistente la data fijada para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado auto reclamado de uno de junio de dos mil veintidós. Cuestión que se corrobora del apéndice que acompaña el informe de cuenta. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la fecha determinada en el auto reclamado de uno de junio de dos mil veintidós, fue sustituida por el acuerdo de cinco de julio de la presente anualidad, en el que se señaló distinto día y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia en comento. Ahora, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la multicitada audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo establecido en el arábigo 873 de la ley obrera, -data que fue suplida como se plasmó con anterioridad-, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable se sustituyó la violación reclamada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, se procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con cuatro minutos del veintidós de julio del año en curso-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Capturas. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Francisca Flores Beltrán, en contra del acto reclamado a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cuatro minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se le reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, no existe tercero interesado. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa no ofertó medios de convicción. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a la responsable de las resoluciones se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restante se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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