Francisca Corona López

Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
309/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Reyes Mario Ballesteros Quiroga y Otros.
  • Francisca Corona López
  • Reyes Mario Ballesteros Quiroga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Glósese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por conducto de su secretario adscrito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de ocho de marzo de dos mil veintitrés, de la que se advierte que en la materia de la queja penal 139/2022, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 309/2022." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el recurso de queja penal 139/2022, del control del tribunal oficiante. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio vía interconexión al órgano plenario. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintidós. Se admite recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito electrónicamente por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que ese órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, mismo que se radicó con el toca 139/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Se interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el recurso de queja que hace valer la parte quejosa en contra del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, emitida en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. Hágase saber a las partes que cuentan con el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que señalen las constancias que en copia certificada se deberán remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Turno, a efecto de resolver el medio de impugnación hecho valer. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Una vez que las partes del asunto tomen conocimiento del presente acuerdo, en términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia, remítase el escrito original, copia del auto recurrido y copia certificada de las constancias respectivas del presente juicio al Tribunal Colegiado que corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Se desecha demanda. Del escrito de demanda de amparo presentado por José Alberto Durán Suarez, como autorizado legal de Reyes Mario Ballesteros Quiroga y Francisca Corona López, contra los actos atribuidos al juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otra autoridad, se hace consistir en: El proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 496/2012 Quater, por el que ordenó la devolución a cada uno de los sentenciados en ese proceso, las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que sirvieron para garantizar las obligaciones procesales que la ley establece en razón del proceso y la posible reparación del daño. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, pues se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El numeral transcrito regula el principio elemental del juicio de amparo consistente en la definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. En ese sentido, si el acto que por esta vía se impugna, se hace consistir en el auto de uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 496/2012 Quater, por el que ordenó la devolución a cada uno de los sentenciados en ese proceso, las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que sirvieron para garantizar las obligaciones procesales que la ley establece en razón del proceso y la posible reparación del daño -que se anexa como prueba a la demanda-, es incuestionable que el promovente del amparo debió promover el recurso de revocación previsto en el artículo 306 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. Al efecto, ese numeral literalmente dispone: "Artículo 306. Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. [.]" Lo anterior, se concatena con lo dispuesto por el artículo 312 del propio código procesal de la entidad, pues el auto reclamado no se ubica dentro de aquéllos contra los que proceda la apelación; por tanto, resulta incuestionable que en contra de dicho proveído procede el recurso de revocación. Así las cosas, de lo expuesto se desprende que la propia ley aplicada al acto, establece la existencia de un recurso que tiene por objeto impugnar el proveído reclamado, lo que significa que por medio de esa alternativa se podrá reevaluar su actuación y, en su caso, modificarla, anularla o revocarla, por lo que debió agotarse antes de instar el juicio de amparo. Ello, se reitera, en virtud de que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para la parte quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo. Por último, no pasa inadvertido para este juzgador, que la propia ley establece que el referido principio no es absoluto, toda vez que en los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, señalan los casos en los cuales no habrá necesidad de agotar el medio ordinario de defensa que establezca la ley y podrá el quejoso acudir, sin más, al juicio de amparo. Sin embargo, en el caso no se actualizan tales hipótesis, pues en la especie los directos quejosos no son extraños al procedimiento de origen, dado el carácter de ofendidos que tienen en la causa penal de origen, además de que el acto reclamado no tienen que ver con la privación de su libertad, sino con el trámite del mencionado proceso, y por último, la procedencia del recurso antes precisado no está sujeta a una interpretación adicional ni tampoco su fundamento es insuficiente para determinarlo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Domicilio. Téngase al promovente del amparo señalando como domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autoriza solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado, por así haberlo solicitado. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 10. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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