Francisca Ahuactzin López
Expediente 1398/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Francisca Ahuactzin López
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Francisca Ahuactzin López, por propio derecho, contra actos de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de quien reclama el retardo para la continuación del procedimiento laboral, dentro del expediente C.D.T. 502/2014-1, en la etapa de demanda y excepciones. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1398/2016-I. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes. ... En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, que establecen: En efecto, el artículo citado dispone: ... De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. En ese sentido, debe decirse que, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Al respecto, conviene precisar que los efectos jurídicos de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, en el que se conceda el amparo y protección de la justicia federal solicitado, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; de tal manera que la sentencia que en él se dicte, pueda producir la restitución a la agraviada en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, a fin de que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo, que constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora, la parte quejosa reclama el retardo para la continuación del procedimiento laboral, dentro del expediente C.D.T. 502/2014-1, en la etapa de demanda y excepciones, esto es el haber señalado para desahogar la audiencia de conciliación demanda y excepciones el diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, dentro del citado expediente laboral. De ahí que, al señalarse el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, esto es, una fecha lejana para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación demanda y excepciones citada en autos, dentro del citado expediente laboral C.D.T. 502/2014-1, del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, si bien en el supuesto sin conceder que dicha fecha podría exceder del plazo previsto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, no existiría margen para que pudiera cumplimentarse la resolución del juicio de amparo, ya que ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, si para el momento en que se requiriera su cumplimiento, ya se habría ejecutado el acto reclamado de modo irreparable para el impetrante del juicio de garantías; ello, tomando en consideración el tiempo aproximado para la probable tramitación y resolución de este juicio en ambas instancias, el cual es doscientos treinta y cinco días. Ciertamente, si tomamos en cuenta que la quejosa promovió el juicio de amparo el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, tal y como lo revela el sello de la oficina de correspondencia común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y la fecha señalada para desahogar la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ordenada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del citado expediente laboral C.D.T. 502/2014-1, del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se fijó para el diecisiete de abril del dos mil diecisiete, sería dentro de cuatro meses mientras que la sentencia del juicio de amparo se resolvería hasta dentro de siete meses aproximadamente, cuya sentencia difícilmente tendría efectos vinculatorios, por ello a pesar de que el acto reclamado subsiste, no menos cierto es que no cabría la posibilidad de reparar la violación constitucional en términos del artículo 77 de la ley de amparo. Aunado a que la referida autoridad responsable Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, informó mediante oficio presentado en este órgano jurisdiccional el catorce de diciembre del presente año, que la referida Junta gozará de su segundo periodo vacacional; mismo que será del quince de diciembre del año en curso al uno de enero de dos mil diecisiete, reanudando labores el día dos de enero del próximo año, por lo que a partir de esta fecha es que se realiza el computo citado. En consecuencia, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efecto alguno en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de la fecha y hora en que tendría verificativo la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ordenada en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del citado expediente laboral C.D.T. 502/2014-1, del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que se fijó para el diecisiete de abril del dos mil diecisiete, pues a la fecha en que se emitiera la sentencia en el juicio de amparo, cause ejecutoria y se requiera el cumplimiento, ya no existiría el objeto sobre el cual debería surtir sus consecuencias jurídicas. Lo anterior, ya que si bien, en el supuesto sin conceder que dicha fecha podría exceder del plazo previsto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo; lo cierto es que, no existiría margen para que pudiera cumplimentarse la resolución del juicio de amparo, ya que ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, si para el momento en que se requiriera su cumplimiento, ya se habría ejecutado el acto reclamado de modo irreparable para el impetrante del juicio de amparo; ello, tomando en consideración el tiempo aproximado para la probable tramitación y resolución de este juicio en ambas instancias, el cual como quedó señalado es doscientos treinta y cinco días. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto, el cual en su caso, admite el recurso de revisión para que la sentencia que en su caso se dicte adquiera firmeza, por lo que el plazo de resolución en ambas instancias por lo general será superior a seis meses. Por tanto, en el supuesto de que se concediera la protección constitucional, en el día señalado para la celebración de la audiencia constitucional y que se notificara a las partes a más tardar el día siguiente, debiendo tomar en consideración el plazo establecido en párrafos precedentes, más diez días para que cause ejecutoria la sentencia de amparo, la suma de días y tomando como fecha lejana la inicial, a fin de establecer si es dable que se adelanta ésta y, la autoridad responsable tenga opción de notificar en los plazos fijados en la Ley Federal del Trabajo, respecto de lo cual no podría requerirse a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, si para cuando causare ejecutoria la resolución ya se habría ejecutado el acto reclamado de modo irreparable, lo que haría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. Conforme a lo anterior, a ningún fin práctico tendría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, al no ser posible restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estima violados, toda vez que el acto reclamado dejaría de surtir sus efectos con anterioridad al momento en que sea posible requerir el cumplimiento del fallo protector, por lo que se actualiza de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, así como el diverso 77 de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada Ley, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo.
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