Francisca Flores Montiel

Expediente 766/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
766/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2016

Partes del expediente

  • Francisca Flores Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito signado por la quejosa Francisca Flores Montiel, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda. Por lo anterior, dígase a la parte promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído del catorce de julio del presente año, toda vez que, desde esa fecha se dejaron a su disposición dichos documentos.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Por otra parte, aun cuando el documento exhibido por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Francisca Flores Montiel, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, de quien reclama el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en que se ordena dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de dos de abril del año en curso dentro del expediente 1407/2011. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 766/2016-IV. Una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales establecen... De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo, en los supuestos en los que se reclamen actos dictados en ejecución de sentencia, procede únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Dicha previsión legal parte de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, al ser posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, pues de demostrarse que hubo la infracción legal y que dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. No obstante, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 108/2010, al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia -previsto en la Ley de Amparo abrogada-, determinó que de manera excepcional la norma que regulaba la procedencia del amparo contra actos dictados dentro de juicio, dada su amplitud, podía aplicarse por analogía para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, en aquellos supuestos en los que existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Consecuentemente, se estima que tratándose de actos intraprocesales dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, de manera excepcional podrá determinarse la procedencia del juicio de amparo en aquellos supuestos en los que se actualice el supuesto normativo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio constitucional resulta procedente respecto de actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internaciones celebrados por el Estado Mexicano. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta necesario que se actualicen dos condiciones: Que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, lo que implica que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, y no solo de naturaleza formal o adjetiva o procesal, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, por lo que será en la resolución definitiva el momento en el cual se consumaran en forma efectiva. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva del hecho que el acto reclamado lo hace consistir el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en que se ordena dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de dos de abril del año en curso dentro del expediente 1407/2011, según se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó el quejoso; asimismo se desprende que dicho auto, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en ese juicio. Por lo tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen... Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Ahora, debe destacarse que los supuestos de procedencia del juicio de amparo una vez concluido el juicio natural tampoco son absolutos, pues jurisprudencialmente se han establecido casos de excepción, que si bien se encuentran estrechamente vinculados con las hipótesis precisadas, conviene analizarla de modo particular. Conforme a la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, nuestro Máximo Tribunal del país interpretó la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en el sentido que el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de actos intermedios emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que dichos actos: Afecten de manera directa derechos sustantivos, y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En la tesis transcrita se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán ajenos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, también sostuvo la procedencia excepcional del juicio de amparo de manera inmediata -una vez agotados los recursos ordinario que en su caso procedan-, respecto de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, cuando se reclame la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. La hipótesis de referencia fue plasmada en la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN"; misma que se transcribió en párrafos precedentes. De conformidad con lo anterior, el juicio de amparo indirecto no sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que también es procedente, de manera excepcional, en contra de actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, o cuando se reclame la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia. Finalmente, en esa línea de pensamiento, otro caso excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se emitan actos que de manera total, impidan u obstaculicen dicho procedimiento de ejecución. Tal regla de excepción se desprende de la ejecutoria emitida el cinco de marzo de dos mil ocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 148/2007-PS, de la cual emanó la jurisprudencia publicada en la página 364, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo establece que sólo pueden impugnarse en amparo indirecto las últimas resoluciones que se dicten en los procedimientos de ejecución de sentencia y que tratándose de remates, sólo la que los apruebe o desapruebe puede impugnarse, también es verdad que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo una interpretación meramente literal el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Precisamente tomando en cuenta ese fin, el no permitir que sea impugnable la negativa de continuar con los procedimientos de remate, específicamente, el no señalar fecha para la audiencia correspondiente, lo que puede provocarse es el efecto contrario, porque se deja fuera del control constitucional cualquier auto que podría ilegalmente no seguir con la ejecución de la sentencia. Así, debe concluirse que atendiendo al propio fin de la norma, cuando el Juez se niega a señalar fecha para la audiencia de remate, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin que sea necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, pues si no se permite el control constitucional sobre esas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Esta interpretación es la que más se apega a los fines a los que obliga el artículo 17 constitucional en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la ejecución de esas resoluciones, y si no se permite la procedencia del amparo, se permitiría que nunca se llegara a la ejecución." Del criterio transcrito se desprende la excepción a la regla general -que tratándose de actos de ejecución el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa- relativa a que el acto reclamado impida que se continúe con la ejecución de la sentencia, es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución del laudo o sentencia definitiva, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución y, por ende, no podría llegarse a esa "última resolución", haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente: POR REGLA GENERAL Contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. DE MANERA EXCEPCIONAL Contra actos intermedios dictados en esa etapa, siempre que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Contra la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Contra actos definitivos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución de sentencia. Conviene precisar que aun cuando los criterios transcritos, en general, analizaron el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, son ilustrativos para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente... Por lo anterior, los criterios jurisprudenciales invocados continúan vigentes ya que no contraponen con lo dispuesto en la Ley de Amparo de amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto Transitorio, que establece... Una vez establecidas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se colige que el auto reclamado en esta vía no se ubica en alguna de tales hipótesis. En efecto, el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en que se ordena dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de dos de abril del año en curso dentro del expediente 1407/2011, no es de forma alguna la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el mencionado juicio, pues no reconoce el cumplimiento de lo sentenciado, ni consiste en aquella que aprueba el remate o la adjudicación del bien embargado; tampoco desestima alguna excepción sustancial o perentoria, o impide la ejecución de la sentencia. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido, en virtud que el acto reclamado consiste en aquellos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sin que se actualice alguna de las hipótesis de excepción. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Francisca Flores Montiel. No pasa desapercibido para el suscrito resolutor, que el tercer párrafo de la fracción IV del referido arábigo, 107 de la Ley de Amparo, establezca que en tratándose de procedimiento de remate el amparo procede en contra del auto que otorga la escrituración de adjudicación u ordena la entrega de los bienes embargados; sin embargo, en el presente asunto tampoco nos encontramos en esos dos supuestos pues se itera, el acto aquí impugnado lo es el auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, en que se ordena dar cumplimiento al resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de dos de abril del año en curso dentro del expediente 1407/2011; máxime así lo refiere la quejosa al manifestar que dicha sentencia es inexacta e incompleta, pues no delimita bien la porción del terreno a reinvindicar, circunstancia que se dilucidara en el trámite de ejecución respectivo.

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