Floriberto Toris González

Expediente 389/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
389/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
31/05/2016

Partes del expediente

  • Floriberto Toris González
  • Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veintitrés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución definitiva dictada en el presente asunto; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Floriberto Toris Gonzáles, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, dado que el presente juicio de garantías se encuentra debidamente integrado, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y el auto definitivo, los cuales, además deberán ser digitalizadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense únicamente a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés, por el cual desahoga el requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de abril del año en curso; lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de diez de los cursantes el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintitrés, mediante el cual rinde informe justificado. En atención a su contenido, sin mayor pronunciamiento al respecto, en razón que en acuerdo de diez de los cursantes se sobreseyó fuera de audiencia en los autos del sumario en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual remite diversas constancias en copia simple e informa la actualización de una causal de improcedencia. En ese sentido, atendiendo a las manifestaciones del propio amparista y tomando en consideración las constancias que anexó y las que obran en autos, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, de la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues respecto al acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia, consistente en "proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 88/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintitrés, por el que decreto su archivo definitivo, sin que a la fecha, la autoridad responsable Delegado del Registro agrario Nacional en el Estado de México, haya dado cumplimiento a la inscripción de la sentencia pronunciada el catorce de mayo de dos mil catorce, y tampoco a cancelado los certificados parcelarios números 547545, 547546 y 547547, ni el certificado de derechos sobre la tierra de uso común número 127400, expedida a favor de Samuel Pérez Bistrain, a quien además deberá dar de baja del protocolo de dicha Institución Registral, y mucho menos a cumplido con lo ordenado en punto resolutivo cuatro de la mencionada sentencia, de . inscribir y expedir gratuitamente, en términos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley Federal de Derechos, los correspondientes certificados parcelarios y de tierras de uso común a favor de Floriverto Toris González, que lo ampara la titularidad de las mismas, del ejido de Tecuautitlán, Municipio de Axapusco Estado de México, en calidad de ejidatario"; sobrevino una cesación, en razón que en proveído de veintiuno de abril del año en curso la autoridad denominada Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México rindió su informe justificado anexando diversas constancias de las cuales se advierte que en fecha catorce de mayo de dos mil catorce se cancelaron los certificados sobre tierras parcelarios 547545, 547546 y 547547, respecto a las parcelas 77, 106 y 225, así como el certificado sobre tierras de uso común número 127400, los cuales se encontraban a favor de Samuel Pérez Bistrain, por lo que a la fecha se han expedido los diversos certificados 585211, 585209 y 585210, así como el de uso común 133927 en favor de Floriberto Toris González a (foja 46); con fecha de expedición de quince de abril del año en curso ( foja 65 a 68); lo cual se corrobora con las documentales que exhibe el amparista. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuitos, con número de registro 174754, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es al tenor siguiente: COPIAS FOTOSTÁTICAS OFRECIDAS COMO PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI SE EXHIBEN PARA DEMOSTRAR CIERTOS HECHOS Y SE RECONOCE SU CONTENIDO, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN DE PARTE QUE ADQUIERE VALOR PROBATORIO EN CONTRA DE SU OFERENTE. Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las copias fotostáticas reguladas por el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo no pueden tener valor probatorio pleno por tratarse de reproducciones susceptibles de alteración; también lo es que cuando una de las partes en el juicio las exhibe para acreditar diversos hechos contenidos en ellas, se configura una excepción a la regla general antes señalada, ya que el artículo 794 de la citada legislación establece que se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y actuaciones del juicio, lo que significa que si una de las partes aporta fotocopias para demostrar ciertos hechos, es evidente que reconoce el contenido de los datos de los documentos en cuestión y, por tanto, constituye una confesión de parte que adquiere valor probatorio en contra del oferente. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (S.J.F. y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38) "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (S.J.F y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210). En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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