Florian Alvert Mercado Neri
Expediente 1554/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/01/2016
Partes del expediente
- Florian Alvert Mercado Neri
- Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo concedido a las partes mediante proveído de trece de enero del actual año, en el cual se les requirió manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, por la autoridad responsable Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; se procede a emitir el pronunciamiento respectivo. Así, mediante resolución terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil quince, este juzgado de Distrito al resolver el presente asunto (fojas 46 a 57), concedió el amparo peticionado, en los siguientes términos: I. "(.) Que la pensión alimenticia corresponde al cincuenta por ciento (50%) del salario del deudor alimentario. II. Que el deudor alimentario obtiene un salario diario equivalente a $138.06 (ciento treinta y ocho pesos 06/100 moneda nacional); y, III. Que el deudor alimentario incurrió en incumplimiento de la obligación alimentaria por el periodo comprendido del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil quince, es decir, por cincuenta y un (51) días. 48. Por consiguiente, si se cuenta con los datos correspondientes al salario diario del quejoso, así como con el número exacto de días en que se incumplió la obligación alimentaria, la forma más sencilla y correcta de realizar el cálculo correspondiente es multiplicar la cuantía del salario diario por el número de días de pensión adeudados, y a dicho producto aplicarle el factor de .50 y así obtener el cincuenta por ciento (50%) de las percepciones del quejoso a que tendría que ser condenado a pagar por la liquidación de pensiones adeudadas. 49. En consecuencia, al no haberlo hecho así, la sentencia de la responsable se traduce en violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conlleva a conceder la protección de la justicia federal solicitada por el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra, en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en el párrafo anterior, resuelva como corresponda el recurso de apelación.(.)". Ahora bien, atento a los elementos que obran en el expediente, información y constancias aportadas por la Sala responsable, permiten establecer que al momento existe cumplimiento a la concesión de amparo. Lo anterior es así, ya que: La Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitió el oficio número 106 de fecha once de enero anterior, al cual acompañó copias certificadas de la nueva resolución dictada en los autos del toca de apelación 628/2015 de las cueales se desprende que: a) Dejó insubsistente la ejecutoria de relativa al toca de apelación 628/2015, de fecha once de agosto de dos mil quince. En lo conducente adujo: ".PRIMERO. Se deja insubsistente la Sentencia de segunda instancia dictada en el presente toca, el once 11 de agosto de dos mil quince 2015." b) Asimismo, en su lugar emitió otra, en la que purgó los vicios de inconstitucionalidad destacados en la sentencia, con plenitud de jurisdicción, resolvió: " (.) TERCERO. Se modifica el punto resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria del ocho 08 de junio del dos mil quince 2015, dictada por la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el incidente de Liquidación de Pensión Alimenticia, deducido del expediente 430/2012, relativo a la Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, sobre Pago y Aseguramiento de Pensión Alimenticia, promovido por ELIZABETH HERNÁNDEZ VEGA, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas MONTSERRAT GUADALUPE y DANA PAOLA de apellidos MERCADO HERNÁNDEZ, en contra de FLORIAN ALVERT MERCADO NERI, para quedar del tenor siguiente: "SEGUNDO. FLORIAN ALVERT MERCADO NERI, deberá hacer el pago a ELIZABETH HERNÁNDEZ VEGA, de $3,520.53 (tres mil quinientos veinte pesos 53/100 moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias correspondientes del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil quince, dentro del término de OCHO DÍAS siguientes a que cause ejecutoria el presente fallo, y en caso de no hacerlo, embárguese bienes de su propiedad, suficientes a garantizarla y con su producto el pago a la incidentista."." Manifestaciones anteriores que se encuentran acreditadas con las documentales que han sido relacionadas de manera precedente. Lo anterior es así, pues la autoridad responsable al dictar la nueva resolución, con la cual se tiene por cumplido el amparo subsanó el error aritmético en el que había incurrido en la primera determinación constitutiva del acto reclamado. Ya que con plenitud de jurisdicción y acorde a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, dictó otro en el cual precisó en forma correcta los lineamientos lógico-jurídicos que se establecieron en la resolución amparadora, en este tenor, la responsable estableció que el salario diario tabulado que obtiene el quejoso es de $138.06 (ciento treinta y ocho pesos 06/100 moneda nacional), que multiplicados por el periodo que se cuantifica en la incidencia, es decir, del periodo que comprende del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil qunce (cincuenta y un días transcurridos), resulta en la cantidad de $7,041.06 (siete mil cuarenta y un pesos 06/100 moneda nacional), cantidad que dividida entre el cincuenta por ciento correspondiente al pago de la pensión alimenticia convenida a favor de Elizabeth Hernández Vega y de sus menores hijas, da el importe de $3,520.53 (tres mil quinientos veinte pesos 53/100 moneda nacional), cantidad adeudada por el impetrante de amparo, por concepto de pensiones alimenticias correspondientes al periodo que se le reclamó (del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil quince). Por tanto, en atención al principio de legalidad, es incuestionable que la sentencia protectora ha sido cumplida; circunstancia que se evidencia pues la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ciñó su actuar a los lineamientos de la concesión de amparo. En consecuencia, al no existir promoción pendiente por acordar y, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como total y definitivamente concluido. Se dejan a salvo los derechos de los quejosos para que los hagan valer en la vía y forma que estimen conducentes; en consecuencia de ello, hágase lo anterior del conocimiento del solicitante de garantías para los efectos respecto al cumplimiento de las sentencias previstas en la Ley de Amparo. En conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, sí es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional.
- Principal
SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA E.H.V., EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS: "Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo concedido a las partes mediante proveído de trece de enero del actual año, en el cual se les requirió manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, por la autoridad responsable Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; se procede a emitir el pronunciamiento respectivo. Así, mediante resolución terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil quince, este juzgado de Distrito al resolver el presente asunto (fojas 46 a 57), concedió el amparo peticionado, en los siguientes términos: I. "(.) Que la pensión alimenticia corresponde al cincuenta por ciento (50%) del salario del deudor alimentario. II. Que el deudor alimentario obtiene un salario diario equivalente a $138.06 (ciento treinta y ocho pesos 06/100 moneda nacional); y, III. Que el deudor alimentario incurrió en incumplimiento de la obligación alimentaria por el periodo comprendido del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil quince, es decir, por cincuenta y un (51) días. 48. Por consiguiente, si se cuenta con los datos correspondientes al salario diario del quejoso, así como con el número exacto de días en que se incumplió la obligación alimentaria, la forma más sencilla y correcta de realizar el cálculo correspondiente es multiplicar la cuantía del salario diario por el número de días de pensión adeudados, y a dicho producto aplicarle el factor de .50 y así obtener el cincuenta por ciento (50%) de las percepciones del quejoso a que tendría que ser condenado a pagar por la liquidación de pensiones adeudadas. 49. En consecuencia, al no haberlo hecho así, la sentencia de la responsable se traduce en violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conlleva a conceder la protección de la justicia federal solicitada por el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra, en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en el párrafo anterior, resuelva como corresponda el recurso de apelación.(.)". Ahora bien, atento a los elementos que obran en el expediente, información y constancias aportadas por la Sala responsable, permiten establecer que al momento existe cumplimiento a la concesión de amparo. Lo anterior es así, ya que: La Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitió el oficio número 106 de fecha once de enero anterior, al cual acompañó copias certificadas de la nueva resolución dictada en los autos del toca de apelación 628/2015 de las cueales se desprende que: a) Dejó insubsistente la ejecutoria de relativa al toca de apelación 628/2015, de fecha once de agosto de dos mil quince. En lo conducente adujo: ".PRIMERO. Se deja insubsistente la Sentencia de segunda instancia dictada en el presente toca, el once 11 de agosto de dos mil quince 2015." b) Asimismo, en su lugar emitió otra, en la que purgó los vicios de inconstitucionalidad destacados en la sentencia, con plenitud de jurisdicción, resolvió: " (.) TERCERO. Se modifica el punto resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria del ocho 08 de junio del dos mil quince 2015, dictada por la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el incidente de Liquidación de Pensión Alimenticia, deducido del expediente 430/2012, relativo a la Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, sobre Pago y Aseguramiento de Pensión Alimenticia, promovido por ELIZABETH HERNÁNDEZ VEGA, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas MONTSERRAT GUADALUPE y DANA PAOLA de apellidos MERCADO HERNÁNDEZ, en contra de FLORIAN ALVERT MERCADO NERI, para quedar del tenor siguiente: "SEGUNDO. FLORIAN ALVERT MERCADO NERI, deberá hacer el pago a ELIZABETH HERNÁNDEZ VEGA, de $3,520.53 (tres mil quinientos veinte pesos 53/100 moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias correspondientes del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil quince, dentro del término de OCHO DÍAS siguientes a que cause ejecutoria el presente fallo, y en caso de no hacerlo, embárguese bienes de su propiedad, suficientes a garantizarla y con su producto el pago a la incidentista."." Manifestaciones anteriores que se encuentran acreditadas con las documentales que han sido relacionadas de manera precedente. Lo anterior es así, pues la autoridad responsable al dictar la nueva resolución, con la cual se tiene por cumplido el amparo subsanó el error aritmético en el que había incurrido en la primera determinación constitutiva del acto reclamado. Ya que con plenitud de jurisdicción y acorde a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, dictó otro en el cual precisó en forma correcta los lineamientos lógico-jurídicos que se establecieron en la resolución amparadora, en este tenor, la responsable estableció que el salario diario tabulado que obtiene el quejoso es de $138.06 (ciento treinta y ocho pesos 06/100 moneda nacional), que multiplicados por el periodo que se cuantifica en la incidencia, es decir, del periodo que comprende del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil qunce (cincuenta y un días transcurridos), resulta en la cantidad de $7,041.06 (siete mil cuarenta y un pesos 06/100 moneda nacional), cantidad que dividida entre el cincuenta por ciento correspondiente al pago de la pensión alimenticia convenida a favor de Elizabeth Hernández Vega y de sus menores hijas, da el importe de $3,520.53 (tres mil quinientos veinte pesos 53/100 moneda nacional), cantidad adeudada por el impetrante de amparo, por concepto de pensiones alimenticias correspondientes al periodo que se le reclamó (del veintinueve de enero al veinte de marzo de dos mil quince). Por tanto, en atención al principio de legalidad, es incuestionable que la sentencia protectora ha sido cumplida; circunstancia que se evidencia pues la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ciñó su actuar a los lineamientos de la concesión de amparo. En consecuencia, al no existir promoción pendiente por acordar y, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como total y definitivamente concluido. Se dejan a salvo los derechos de los quejosos para que los hagan valer en la vía y forma que estimen conducentes; en consecuencia de ello, hágase lo anterior del conocimiento del solicitante de garantías para los efectos respecto al cumplimiento de las sentencias previstas en la Ley de Amparo. En conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, sí es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional." POR MEDIO DE LISTA (AVISO)
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Sala Familiar de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México, con residencia en esta ciudad; a través del cual en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de cuatro de los cursantes, informa las gestiones tendientes al cumplimiento del fallo protector, asimismo remite copia certificada de la nueva resolución dictada en los autos del toca 628/2015 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con la misiva en comento, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, apercibida que de no hacerlo en el término antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Sirve de apoyo, por las consideraciones que expone, la tesis 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F. y su Gaceta, 9a Época, tomo XI, marzo de 2000, Pág. 243)
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada en el presente juicio de amparo, en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 81, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2o, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, devuélvanse las constancias respectivas a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y solicítese el acuse recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo SE REQUIERE a los integrantes de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, en los siguientes términos: Para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra, en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos, resuelva conforme corresponda el recurso de apelación. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, con independencia de remitir el juicio que se trata al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.
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