Florentino Cruz Valle
Expediente 439/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/06/2022
Partes del expediente
- Florentino Cruz Valle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días para que el quejoso ratificara el escrito por el que pretendió designar nuevo domicilio y solicitó un defensor público, el cual transcurrió del ocho al diez de junio de los actuales; sin que lo hubiera hecho. NO PRESENTADO ESCRITO En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado y se tiene por no presentado el ocurso de referencia. ESTADO DE AUTOS Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO RESPECTIVO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJSOA EL AUTO DE 27 DE MAYO DE 2022 POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. ESCRITO Agréguese a los autos el escrito presuntamente signado por el quejoso, por medio del cual intenta revocar al licenciado que autorizó en su escrito inicial, solicita le sea designado un defensor público, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y proporciona un correo electrónico para entablar comunicación. En atención a lo anterior, de manera evidente se advierte la falta de identidad entre las firmas que aparecen en dicho ocurso y la plasmada en la demanda de amparo; por tanto, requiérase al referido quejoso para que dentro del plazo de tres días computados legalmente a partir de que se realice la notificación del presente proveído, ratifique la firma contenida en el libelo de cuenta, en compañía y asistido de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Bajo apercibimiento que para el caso de no hacerlo, éste se tendrá por no presentado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 258 que aparece visible a la página 174 del apéndice del semanario judicial de la federación 1917-1995, Tomo IV, materia común, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LA FIRMA DISCREPANTE Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDA." En ese orden, se le hace del conocimiento tanto al quejoso como a su autorizado, que los que afirman hechos falsos u omitan los que le consten con relación en el acto reclamado, pueden encuadrar en la hipótesis regulada por en el capítulo III, denominado (DELITOS), artículo 261 de la Ley de Amparo, de ser el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación a efecto de que inicie la investigación correspondiente en su contra y resuelva lo que en derecho corresponda. Para tal efecto, en caso de existir duda sobre la ratificación y las diversas firmas que obran en autos, el suscrito juzgador ordenará de oficio la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía y según el resultado, acordará lo que legalmente corresponda. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia III.2o.C. J/117, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 1269, de la Novena Época, cuto rubro y texto a continuación se citan: "FIRMA PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. "
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. ESCRITO Agréguese a los autos el escrito presuntamente signado por el quejoso, por medio del cual intenta revocar al licenciado que autorizó en su escrito inicial, solicita le sea designado un defensor público, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y proporciona un correo electrónico para entablar comunicación. En atención a lo anterior, de manera evidente se advierte la falta de identidad entre las firmas que aparecen en dicho ocurso y la plasmada en la demanda de amparo; por tanto, requiérase al referido quejoso para que dentro del plazo de tres días computados legalmente a partir de que se realice la notificación del presente proveído, ratifique la firma contenida en el libelo de cuenta, en compañía y asistido de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Bajo apercibimiento que para el caso de no hacerlo, éste se tendrá por no presentado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 258 que aparece visible a la página 174 del apéndice del semanario judicial de la federación 1917-1995, Tomo IV, materia común, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBE MANDARSE RECONOCER LA FIRMA DISCREPANTE Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDA." En ese orden, se le hace del conocimiento tanto al quejoso como a su autorizado, que los que afirman hechos falsos u omitan los que le consten con relación en el acto reclamado, pueden encuadrar en la hipótesis regulada por en el capítulo III, denominado (DELITOS), artículo 261 de la Ley de Amparo, de ser el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación a efecto de que inicie la investigación correspondiente en su contra y resuelva lo que en derecho corresponda. Para tal efecto, en caso de existir duda sobre la ratificación y las diversas firmas que obran en autos, el suscrito juzgador ordenará de oficio la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía y según el resultado, acordará lo que legalmente corresponda. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia III.2o.C. J/117, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 1269, de la Novena Época, cuto rubro y texto a continuación se citan: "FIRMA PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. "
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S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 439/2022 V-B; y, R e s u l t a n d o: PRIMERO. Mediante escrito depositado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Florentino Valle Cruz; solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. SEGUNDO. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la referida demanda; asimismo, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se requirió el informe justificado a la responsable; y, seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión atribuida a autoridades administrativas que tienen su residencia dentro de la jurisdicción que fue asignada a este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Comité de Pensiones y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, es: La omisión de dar respuesta a la solicitud formulada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, asignándole la responsable el número de folio 14.274-43201. Resulta aplicable la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, visible en la página 32, tomo XI y registro digital 192097, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis Aislada P. VI/2004 del Propio Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril del 2004, página 255 y registro digital 181810, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El representante legal de las autoridades responsables, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado por cuanto hace al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Ahora bien, de los artículos 63 fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por tanto, se considera que no es cierto el acto que en esta vía se combate, consistente en la omisión de pronunciarse sobre la solicitud de pensión con motivo del escrito presentado por la parte quejosa el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la cual se registró con el número de folio 14.274-43201, imputada al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Pues, como se expuso en el informe de ley, no es de sus atribuciones, en términos de los artículos 3° y 4° del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio, que disponen: "Artículo 3°. El Comité de Pensiones tendrá por objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, previstas en la ley, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes." "Artículo 4°. El Comité de Pensiones es un órgano auxiliar del H. Consejo Directivo del Instituto con facultades decisorias para analizar y resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de pensiones, así como del estímulo por permanencia de los servidores públicos." De la anterior transcripción se obtiene, que sólo el Comité de Pensiones (de manera conjunta) tiene las facultades para resolver las solicitudes de otorgamiento de las prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes del Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos. En ese sentido, dado que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no cuenta con las facultades materia de la petición del quejoso, dicho acto es inexistente, por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de la autoridad indicada, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado atribuido al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios, pues no obstante que el representante legal al rendir su informe justificado no realizó un pronunciamiento expreso de la certeza del mismo; sin embargo, hizo manifestaciones que evidenciaron su existencia. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se corrobora del informe justificado, pues aduce que al día en que rindieron el informe (veintidós de abril de dos mil veintidós), aún no había dado respuesta a la solicitud de pensión presentada por el quejoso el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la cual se registró con el número de folio 14.274-43201. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el juzgador de amparo; esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 262, Apéndice de 1985, Quinta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, del análisis de las constancias allegadas al presente sumario, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, respecto de los mismos, por las siguientes consideraciones. A saber el citado numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." El precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo, un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente. Para actualizarse la hipótesis de la citada causal de improcedencia, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se haya dado trámite cuando se resuelva el juicio de amparo. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.". En ese contexto, previo al análisis de las hipótesis transcritas con anterioridad, es necesario determinar la naturaleza jurídica y las facultades con las que cuentan el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que establece: "Artículo 4. El Tribunal es un eje rector para la administración pública que busca lograr el perfeccionamiento constante de sus actuaciones, el respeto al derecho humano a una buena administración y la proporcionalidad entre el interés público y los derechos fundamentales. Tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. El Tribunal conocerá y resolverá de las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control de las dependencias del Ejecutivo, los municipios, los órganos autónomos y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal o municipal. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para sancionar a particulares en los términos de la legislación aplicable. El Tribunal conocerá de los demás supuestos de procedencia que regule el Código de Procedimientos." (.) De tal precepto, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tiene el propósito de conocer y dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. En tal virtud, resulta necesario destacar los antecedentes del acto, los cuales se advierten de la demanda de amparo, entre otras cuestiones, la siguiente: El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el quejoso Florentino Valle Cruz, presentó una solicitud para el dictamen de una pensión ante la Oficina de Atención al Derechohabiente Nezahualcóyotl, sin que a la fecha le hayan dado respuesta a su petición. Ahora, respecto a las constancias allegadas por la autoridad responsable, el Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se evidencian los siguientes antecedentes: Mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, aceptó la incompetencia declinada por la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, respecto al expediente 458/2021, formado con motivo de la demanda promovida por Florentino Valle Cruz (aquí quejoso), en contra de la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión con folio 14.274-43201, por parte de la Presidenta del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, misma que registró bajo el número de expediente 656/2021. Seguido el juicio en sus etapas, se dictó sentencia el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la que la se declaró la invalidez de la omisión reclamada y se condenó a las autoridades demandadas a dar contestación a la solicitud de Florentino Valle Cruz. Inconforme con lo anterior el representante legal de la Presidenta del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de México, mismo que radicó como Recurso de Revisión 202/2022 y que a la fecha no ha sido resuelto. Siendo el estado procesal que guarda, a la fecha de remisión de las constancias, el referido recurso de revisión. De lo anterior se concluye que se colma la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues se cumple con el primer requisito de la causal de improcedencia de que se trata, ya que mediante escrito presentado ante la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el ahora solicitante de amparo promovió juicio administrativo, misma que se declaró incompetente y lo remitió a la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con lo cual se inició el expediente precisado en párrafos que anteceden. También se actualiza el segundo requisito, ya que el juicio administrativo aludido, se admitió el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el cual se resolvió el dieciocho de enero de dos mil veintidós; sin embargo, el representante de las autoridades demandadas (aquí responsables), interpuso recurso de revisión en contra de dicha resolución, el cual le correspondió conocer a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de México, el cual se radicó como Recurso de Revisión 202/2022, sin que a la fecha se haya culminado tal procedimiento, pues con las constancias del referido expediente, se acredita que no se ha resuelto el mismo; esto es, dictar la resolución correspondiente en el citado medio de impugnación. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, porque el procedimiento administrativo, se está tramitando en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, del cual se infiere que ahí se establece un procedimiento cuyo objetivo es dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; aunado a ello, si bien es cierto que el aquí quejoso promovió juicio administrativo, también lo es que la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de México, no ha resuelto el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de dicho juicio, es decir, se encuentra en trámite, pues no obra constancia alguna de la que se infiera que dicha sala haya dictado la resolución respectiva, con el fin de impartir justicia de manera total y efectiva de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, el juicio de amparo en que se actúa resulta improcedente respecto de los actos reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud formulada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, asignándole la responsable el número de folio 14.274-43201, en atención a que en contra de la determinación emitida en el citado expediente, se promovió un juicio administrativo que aún no concluye, y en el que se encuentra pendiente de resolver un recurso de revisión. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número I.17o.A. J/1, emitida por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 836, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL PARTICULAR OPTA POR IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE UN RECURSO ADMINISTRATIVO Y ÉSTE PROCEDE, QUEDA OBLIGADO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, A RECORRER TODAS LAS INSTANCIAS Y MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN DE AQUÉL, PUES TAL DECISIÓN IMPLICA SUJETARSE AL MENCIONADO PRINCIPIO. Cuando particular opta por impugnar una resolución mediante un recurso administrativo y éste procede, queda obligado, previamente a la promoción del amparo, a recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de aquél, asumiendo sus consecuencias, las cuales no puede abandonar a su conveniencia porque renunció a su oportunidad de acudir inmediatamente al juicio de garantías, pues tal decisión implica sujetarse al principio de definitividad que rige a dicho medio de control de constitucionalidad; por lo que el quejoso no puede hacer valer una excepción a dicho principio en una instancia intermedia.". Aunado a que de no considerarlo en esos términos, es decir, determinar que con la simple promoción del juicio administrativo instado por el aquí quejoso, sin que el Tribunal de Justicia Administrativa hubiera agotado dicho juicio, dado que el procedimiento que le faculta para hacer cumplir la sentencia dictada por el mismo, el suscrito se estaría sustituyendo en las facultades legales, que en este caso corresponden al mismo, esto así, pues de considerar procedente el presente juicio, se otorgarían dos vías a la parte quejosa para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, además se invadirían las plenas facultades de las cuales está dotado dicho Tribunal. Por lo tanto, al no demostrar el quejoso que el juicio administrativo que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se haya concluido en su totalidad ni que, además, de las constancias remitidas por el Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se advierte que haya culminado éste, previamente al amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX y, lo procedente es, sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados. ... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 439/2022-V-B, promovido ***, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución.
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