Floriberto Cejudo Tarango

Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
596/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Floriberto Cejudo Tarango

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, quedan a su disposición las constancias que anexó en su ocurso de amparo, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por F*********, por propio derecho; regístrese bajo el número 596/2023-IV-D; fórmense los expedientes electrónico y físico respectivos. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (ordenadora). Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (ordenadora). Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (ordenadora). Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (ordenadora). Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (ordenadora). Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (ordenadora). Juez Séptimo Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México (ordenadora). Notificadora adscrita al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México (ejecutora). ACTOS RECLAMADOS Orden de emplazamiento en el domicilio ubicado en calle Guerrero, número 20, Barrio Guadalupe, código postal 52204, municipio de Calimaya, Estado de México. DESECHAMIENTO Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia, pues es evidente que ello no le irroga ningún perjuicio. Ahora, conviene señalar que la Ley que rige el juicio constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 6, por su orden, establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de garantías, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Octava Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado, a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica a la promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. En consecuencia, si la parte quejosa reclama de las autoridades responsables orden de emplazamiento en el domicilio ubicado en calle Guerrero, número 20, Barrio Guadalupe, código postal 52204, municipio de Calimaya, Estado de México, pretendiendo emplazar a Francisco Javier Cejudo Martínez, es evidente que ello no le irroga perjuicio, pues como se advierte de sus manifestaciones el emplazamiento no viene dirigido a él, sino a Francisco Javier Cejudo Martínez, por lo que tal circunstancia no es un acto de autoridad que transgreda la esfera jurídica real y directa de la quejosa. De modo que, con lo relatado con anterioridad resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de garantías indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, a contrario sentido, ambos de la Ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Atento a lo manifestado por la promovente del amparo, practíquese ésta y las subsecuentes notificaciones por lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, en virtud de que en la demanda señala de manera expresa las listas de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a la parte quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal del Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; que en síntesis hace referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso). EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos relativos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Judicial "C", para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional, será el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda.

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