Florencio Ortega Bujanda
Expediente 972/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2021
Partes del expediente
- Florencio Ortega Bujanda
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias Se ordena devolver al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México, las constancias relativas al juicio agrario 1004/2012, en dos tomos; en el entendido que se tendrá como acuse de recibo la constancia respectiva. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de constancias Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, acompañado de las siguientes constancias: - Original del amparo directo 378/2021 del índice del tribunal oficiante. - Juicio agrario 1004/2012 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México, en dos tomos. Ahora, del auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que inserta a su oficio de cuenta, se advierte que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, el juicio de amparo directo 378/2021 de su índice, a efecto de que fuera turnada al juzgado que corresponda, en virtud de carecer de competencia legal para conocer de dicho asunto, misma que por razón de turno le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. Se acepta competencia y se avoca al conocimiento En términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Por tanto, se ordena girar el acuse de recibo respectivo y hacer del conocimiento al promovente lo anterior, para los efectos legales conducentes. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo promovida por Florencio Ortega Bujanda, por propio derecho, se advierte que el acto reclamado y autoridades responsables, son: Actos reclamados Las resoluciones de tres de mayo y dos de julio de dos mil veintiuno, emitidas en etapa de ejecución de sentencia en el juicio agrario 1004/2012 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve. Autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México. Radicación de la demanda Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 972/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por tanto, después de analizar la demanda de amparo en su integridad, este órgano de control constitucional advierte que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" Ahora bien, como se advierte de los artículos transcritos, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución y propiamente en el procedimiento de ejecución, se regulan en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conforme al segundo párrafo del precepto en cita, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse conjuntamente las demás violaciones cometidas durante la misma, en caso de que se haya dejado sin defensa a la quejosa. Dicho artículo, además, precisa que por última resolución debe entenderse aquella determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora, en la contradicción de tesis 74/2015, la cual dio origen a la jurisprudencia en cita, se distinguieron diversas hipótesis de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos fuera de juicio o después de concluido éste, tal como se observa de la siguiente transcripción: ".Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste debe ser entendida como aquélla que: i. aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o ii. declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o iii. las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. (.) En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial (.) Por tanto, esta Primera Sala advierte que el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquéllos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) Actos emitidos en ejecución de sentencia y ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos las responsables emitan algún otro intermedio pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución." Como se advierte de la transcripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo mención a dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de la siguiente manera: a) Actos emitidos en ejecución de sentencia; y, b) Actos emanados de procedimiento de remate. Por ende, los actos reclamados no son la última resolución dictada en el procedimiento respectivo ya que, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución de ahí que el juicio de amparo indirecto será procedente hasta que se actualice alguna de esas hipótesis, por lo que será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial. Por tanto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir los actos reclamados, consistentes en las resoluciones de tres de mayo y dos de julio de dos mil veintiuno, las cuales fueron emitidas en etapa de ejecución de sentencia en el juicio agrario 1004/2012 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, las cuales no son el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia; resoluciones que tampoco tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; pues en todo caso la afectación es de carácter intraprocesal. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, con número de registro 163152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano, por notoriamente improcedente Anexos Dada la voluminosidad de dichos anexos se ordena formar el tomo 1 y 2 con las constancias relativas al juicio agrario 1004/2012 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México. Domicilio y autorizados Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción II, y 29, de la ley de la materia, se ordena practicar las notificaciones correspondientes en este asunto, aun las que deban ser de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Con relación a Daniel Ortega Abasolo, se le autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, es decir únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que se advierte de la certificación de cuenta, no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que se establece al profesionista citado hasta en tanto registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho en el indicado sistema y lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Y, respecto a Karen Torres Barrios, se tiene por autorizada en términos de la parte última del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24 del mismo ordenamiento legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, e imponerse se autos, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Juicio en línea (Acuerdo General 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento del promovente que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. Consulta de expediente Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento realizado mediante aviso de once de octubre de la presente anualidad, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la determinación de siete de octubre de dos mil veintiuno, por medio de la cual se desechó de plano la demanda de amparo
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