Florentino Oscar Arizmendo Hernández

Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
85/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Florentino Oscar Arizmendo Hernández
  • Comisión Auxiliar Mixta del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese la razón actuaria de fecha veintiséis de febrero del año en curso, mediante la cual, el fedatario judicial adscrito manifiesta imposibilidad de notificar al quejoso Florentino Óscar Arizmendo Hernández, el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, porque en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones le informaron que la persona buscada no habita en el inmueble, ni sus autorizados. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al citado promovente el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******(de las constancias que adjunta se advierte que son los apellidos correctos), por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables, que enseguida se precisan: Acto reclamado -El realizado por la Comisión Auxiliar Mixta del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (I.S.S.E.M.Y.M), a través de los oficios 203FA0000 C.A.M-1289-2020 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte y 203FA0000 C.A.M-14-2020 (sic), lo correcto es 1419-2020 de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte. Autoridad responsable 1) Comisión Auxiliar Mixta del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (I.S.S.E.M.Y.M) -ordenadora y ejecutora- Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 85/2021-IV y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda de amparo Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia número 1ª./J.3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Federal. Con objeto de iniciar el análisis de la causal de improcedencia advertida, se toma en consideración que los preceptos legales en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." ".Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." En el texto de los preceptos transcritos, se desprende la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Así, conforme al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el quejoso se encuentra obligado a agotar, previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, siempre que conforme a la ley del acto se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que contempla para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Además, el mismo precepto prevé sendas excepciones al principio de definitividad, cuando: el acto reclamado carece de fundamentación; sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; y, en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación el acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama los oficios 203FA0000 C.A.M-1289-2020 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte y 203FA0000 C.A.M-14-2020 (sic), lo correcto es 1419-2020 , de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, a través de los cuales la Comisión Auxiliar Mixta del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (I.S.S.E.M.Y.M), da respuesta a su escrito de solicitud de reembolso de gastos por servicio de salud presentado por el promovente el uno de noviembre de dos mil veinte. Acto contra el cual, procedía el recurso administrativo de inconformidad y/o el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, conforme a lo dispuesto por los artículos 186, 187, fracción II, y 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos de la mencionada Entidad Federativa, los cuales disponen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. . Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: . II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y . Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: . II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación;." De la transcripción de los artículos en cita se desprende que los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso o juicio aludidos, entre otros actos, contra los administrativos de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; habida cuenta que en el presente asunto precisamente se reclaman actos del tipo enunciado; de ahí que resulten procedentes los multicitados medios ordinarios de defensa en la vía ordinaria, ya que a través de ellos puede obtener la modificación, revocación o nulidad de los actos impugnados, como enseguida se demuestra. Como ya se indicó, contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales del Estado de México que causen afectación a los particulares de imposible reparación, procede optativamente el recurso administrativo de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública del Estado de México pueden proceder en cualquiera de las siguientes formas: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de inconformidad y, contra la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo. 2) Acudir directamente al juicio de nulidad y, en su caso, promover el juicio de amparo directo contra la sentencia que pronuncie en segunda instancia el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Lo anterior pone de manifiesto la naturaleza opcional del recurso administrativo de inconformidad, el cual puede agotarse o no antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el entendido de que este último será procedente, ya sea en forma directa o con posterioridad a la resolución del recurso administrativo de inconformidad. En ese sentido, el recurso administrativo de inconformidad y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México pueden impugnarse en el citado recurso a elección del interesado, y contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad, el que también puede promoverse directamente si se decide no agotar el recurso de inconformidad. Por tanto, si el interesado elige el mencionado recurso en la vía ordinaria, necesariamente tendrá que agotar también el juicio de nulidad previamente al juicio de amparo, o sólo el segundo si prescinde del primero, pero en modo alguno podría promover desde luego el amparo indirecto (contra la resolución de origen), si decide no agotar el mencionado recurso, dada la procedencia del juicio contencioso administrativo, excepto los casos en que este último no deba agotarse por tratarse de una excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, debe concluirse que resulta innecesario el análisis de los requisitos que consagra la ley que rige el recurso administrativo de inconformidad para la procedencia de la suspensión del acto recurrido pues, independientemente de lo que arroje tal análisis, lo cierto es que no es obligatorio para los particulares agotar ese recurso antes de acudir al juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria. Por lo tanto, a continuación se abordará el estudio para evidenciar que previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse el juicio contencioso administrativo previsto en su artículo 229, ya que, en la especie, ninguna excepción al principio de definitividad se actualiza. Se afirma lo anterior, toda vez que del análisis comparativo entre los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y 128 a 158 de la Ley de Amparo evidencia que ambos ordenamientos establecen requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. En efecto, dicho tópico fue resuelto en la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, con número de registro 2010436, de los Plenos de Circuito en Materia Administrativa del Segundo Circuito de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." De igual forma, robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 933, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Luego, al no actuar en esos términos, dado que el impetrante de garantías acudió directamente al amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Federal, por no cumplirse con el principio de definitividad. Máxime que, como se anticipó, en el presente asunto tampoco se actualizan las demás excepciones al principio de definitividad que rigen el juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el promovente no sólo alega violaciones directas a la constitución, sino que también hizo valer tópicos de legalidad, toda vez que manifestó que se duele del los oficios 203FA0000 C.A.M-1289-2020 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte y 203FA0000 C.A.M-14-2020 (sic), lo correcto es 1419-2020, de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, a través de los cuales la Comisión Auxiliar Mixta del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (I.S.S.E.M.Y.M), da respuesta a su escrito de solicitud de reembolso de gastos por servicio de salud presentado por el promovente el uno de noviembre de dos mil veinte. De igual forma, cabe decir que tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sea promovido por terceros extraños. Tampoco se surten las demás excepciones al principio de definitividad enunciadas previamente, ya que los actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; mucho menos consisten en una orden de aprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, aunado a que no se tratan de una sentencia definitiva en materia penal. Además de los oficios que reclama el hoy quejoso y -que anexó a su escrito de demanda-, se desprende que la autoridad responsable comunicó lo siguiente: Oficio 203FA0000 C.A.M-1289-2020 de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, determinó que no cuenta con atribuciones de manera expresa para analizar y resolver el actuar médico como negligente y realizar arbitraje médico, como se advierte a continuación: Así del oficio 203FA0000 C.A.M- 1419-2020, de catorce de diciembre de dos mil veinte, se advierte que requiere diversos documentos para estar en aptitud de resolver su solicitud de reembolso, como se aprecia a continuación: En efecto, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes contra los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, excepto cuando el acto reclamado carece completamente de fundamentación, lo que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, sí existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto y esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto -indebida fundamentación-, produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo, como en el caso en concreto acontece, toda vez que el quejoso no aduce falta de fundamentación; máxime que al observar el acto reclamado sin abordar su legalidad se evidencia la existencia de fundamentación y motivación, sin prejuzgar sobre si es o no debida. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, de modo que habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia. Además, el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México se encuentra previsto en una ley formal y materialmente hablando, como lo es el Código de Procedimientos Administrativos de la mencionada entidad federativa. En conclusión si en la especie, la parte quejosa no acredita haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra del referido acto, el juicio contencioso contemplado en la ley estatal de la materia, ni encontrarse en uno de los casos de excepción al principio de definitividad; resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada por la parte promovente del amparo, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate. Por lo expuesto, es innegable que la parte quejosa no se ubica en alguna de las excepciones al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero sólo cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. Ello es así, porque sólo en el primer caso se configura una verdadera excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta que la parte agraviada sólo puede atacar la resolución respectiva ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, si el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad, evidentemente no opera excepción alguna al principio de definitividad aludido, porque entonces sí es factible para la afectada obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estiman violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, la quejosa puede alegar los vicios de legalidad que ostenta el acto impugnado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, es sólo determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito, sin que sea óbice que la autoridad ordinaria no pueda analizar la constitucionalidad del acto controvertido, porque al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiara su aspecto de constitucionalidad. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de garantías obligando a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Esto es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto jurisprudencialmente que sólo la falta absoluta de fundamentación de un acto, actualiza la excepción al principio de definitividad, concluyendo que cuando lo que efectivamente se aduzca sea la indebida o ilegal notificación del acto, como ocurre en la especie, no hay razón para pretender que al aducir violaciones a las garantías de legalidad o seguridad jurídica, por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias no deba agotarse el recurso ordinario, ya que precisamente en dicha vía ordinaria el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de seguridad jurídica persigue, pues tiene la oportunidad de expresar sus defensas y aportar las pruebas legalmente procedentes; circunstancia que en el presente caso se actualiza, ya que el juicio contencioso administrativo permite a la parte quejosa, acreditar y refutar con elementos probatorios, la ilegalidad del acto reclamado. Es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en la página 119, Volumen 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Así, al poner de manifiesto que la parte quejosa hizo valer cuestiones de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución General de la República, es evidente que no opera excepción alguna al principio de definitividad en términos de lo señalado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número XX.J/1, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 94, tomo I, Abril de 1995, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente". Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la tercera interesada. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados Asimismo, como lo solicita el promovente, se autoriza a las personas que designa a efecto de únicamente oír y recibir notificaciones; esto es en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Notifíquese.

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