Floriberta Rodríguez Ríos

Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
488/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Floriberta Rodríguez Ríos

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos; advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que ******, dentro del término legal que se le concedió, no hizo manifestación alguna respecto del requerimiento que se le formuló en proveído de dos de diciembre del actual (fojas 29 y 30), a efecto de que manifestara bajo protesta de decir verdad, si es su deseo solicitar el amparo y protección de la justicia federal en los términos precisados en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, sin que lo hubiera hecho, no obstante su legal notificación; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, se entiende que no es su deseo promover dicha demanda, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Floriberta Rodríguez Ríos, por propio derecho y en representación de su menor hija Y.M.R (de quien se omite su nombre y apellido completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes importen justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), contra actos del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, que hace consistir sustancialmente, en la resolución del incidente de liquidación de pensión alimenticia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, anexo al expediente principal 354/2009. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente. REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la ley de la materia y se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. En la inteligencia de que dicho informe podrá anticiparlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 15, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida; lo anterior, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y dentro del término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad se otorgue personalmente, sin contestación alguna tendrá como efecto declarar su inexistencia, se dejará de tenerlas con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, y se continuará con el trámite del juicio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse del conocimiento de las responsables, mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. TERCEROS INTERESADOS Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a *******, quien tiene su domicilio en ***************(como referencia la negociación denominada ********"); en consecuencia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho vía correo electrónico y/o fax al Juez Primero Mixto de Primera Instancia, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, emplace y corra traslado con una copia simple de la demanda de amparo a dicho tercero interesado, en el domicilio indicado, haciéndole de su conocimiento la fecha y hora de la audiencia constitucional, para que si a sus intereses conviene se apersone a este juicio de amparo; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le hará por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como prueba las documentales, consistentes en copia simple de la diligencia de pruebas y alegatos de cuatro de febrero de dos mil diez; copia simple del acta de nacimiento de la menor Y.M.R (de quien se omite su nombre y apellido completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes importen justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), copia simple de la Clave Única de Registro de Población a nombre de la citada menor; original de una constancia de estudios, a nombre de Y.M.R, expedida por la Directora de la Telesecundaria "Aguaje del Zapote", en San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca (fojas 21 a 23 y 26 a 28), documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios y despacho que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. Criterios aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Floriberta Rodríguez Ríos, en representación de sus menores hijas Y.M.R y Y.M.R (de quienes se omiten sus nombres y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes importen justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), contra actos del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, que hace consistir sustancialmente en la resolución del incidente de liquidación de pensión alimenticia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, anexo al expediente principal 354/2009, notificada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 488/2019. PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 114, fracción III, en relación con el numeral 10, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificada de este proveído, por escrito, acredite con prueba documental idónea la personalidad con la que promueve, en virtud de que refiere ser madre y representante de sus menores hijas de nombres, Y.M.R y Y.M.R (de quienes se omiten sus nombres y apellidos completos, en atención al Protocolo de Actuaciones para quienes importen justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Respecto de la prevención hecha, tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la Jurisprudencia 43/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, al resolver la contradicción de tesis 30/90, publicada en la página cuarenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, del mes de Julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con registro 200084, cuyo tenor literal es: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisión, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Con apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior prevención dentro del plazo legal concedido, previo a la admisión de la demanda, de manera oficiosa, se recabará la constancia respectiva ante el Juez responsable, con la finalidad de establecer si la promovente tiene reconocida su personalidad ante la autoridad judicial, a efecto de proteger el interés superior de las menores y permitirles integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tengan una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así su acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de sus derechos. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se invoca por identidad de razones jurídicas, publicada en la página 2890, del libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, con registro 2011974, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN NOMBRE DE UN MENOR. SI EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA TENER RECONOCIDA SU PERSONALIDAD ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERO NO LO ACREDITA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE LO HAGA Y, ANTE SU INCUMPLIMIENTO, ESTÁ OBLIGADO A RECABAR OFICIOSAMENTE LA CONSTANCIA RESPECTIVA. De los artículos 3, numeral 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se advierte, respectivamente, que en todas las medidas concernientes a los niños que deban tomar los tribunales se atenderá, primordialmente, al interés superior del menor, y que el Estado garantizará el derecho de éste a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo y a proteger el ejercicio pleno de sus derechos, ya sea directamente o por medio de un representante, en concordancia con las normas procedimentales del derecho nacional. En estas condiciones, para garantizar el derecho que tiene el menor a participar, directamente o por conducto de un representante, en los procedimientos judiciales en que pueda afectarse su esfera jurídica, el juzgador debe tomar las medidas legales procedimentales necesarias, en atención, primordialmente, al principio de interés superior del niño. Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", estableció que la figura de la suplencia de la queja en favor de un menor debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, incluyendo, entre otras cuestiones, recabación oficiosa de pruebas, para lograr el bienestar del menor de edad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, cuando la demanda de amparo se promueve en nombre de un infante por quien se ostenta como su representante y afirma tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, sin que lo acredite, debe requerírsele para que lo haga, porque esa carga procesal, en principio, corresponde al quejoso; sin embargo, el Juez de Distrito también está obligado a constatar fehacientemente esa circunstancia, motivo por el que, previo a desechar la demanda por incumplimiento a dicha prevención, el juzgador está obligado a recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así su acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de sus derechos." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda; como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laura Iris Sumano Ríos y únicamente para oír y recibir notificaciones a Josué Raúl de León Arévalo, en virtud de que no acreditó con prueba documental alguna su calidad de licenciado en derecho, además no existe registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, no obstante que resulta necesaria, pues se trata de un asunto en materia civil, el cual es de estricto derecho. Notifíquese personalmente a la quejosa. III-A

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