Floriberto Martínez Sibaja
Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Floriberto Martínez Sibaja
- Floriberto Martínez Sibaja y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios firmados vía electrónica con evidencia criptográfica, por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, mediante los cuales, con el primero, se transcribe el auto de veintiséis de febrero del año en curso, dictado en el juicio de amparo 203/2021, del que en lo relevante se advierte acusa recibo de la misiva con la que se remitió la demanda de amparo promovida por Antelmo Sandoval Barrios, en representación de Floriberto Martínez Sibaja u Oscar Martínez Martínez, e informa que aceptó la competencia declinada a su favor. En ese sentido, y toda vez que del auto transcrito la autoridad signante al advertir como hecho notorio que le correspondió auxiliar en el desahogo del exhorto 23/2021 (orden 121/2020) de este índice, derivado de este juicio de amparo dictó las providencias legales correspondientes; no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de la no diligenciación de la comunicación aludida; en consecuencia, se ordena dar de baja y a la analista jurídico para que realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes. ACUSE ELECTRÓNICO Y ANOTACIONES Háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo, toda vez que la comunicación oficial fue remitida por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, haciendo uso de la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos de los artículos 107 y 110 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que la exhortada al devolverla, la constancia de envío generada por el sistema antes aludido hizo las veces del acuse de recibo de estilo correspondiente para que pudiera realizar las anotaciones respectivas, aunado a que no lo solicita. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, no obstante que se trata de un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, que de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, sería destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18, fracción II, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, deducido del exhorto 62/2021, con el que comunica que devuelve sin diligenciar el diverso 23/2021 (orden 121/2020) de este índice, de lo que únicamente se toma nota, toda vez que la encomienda ahí hecha será atendida en la comunicación 58/2021 orden 61/2021 de ese órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Cúmplase
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintiuno DATOS DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 3 y 108 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo electrónica con firma criptográfica promovida por Antelmo Sandoval Barrios, en representación de Floriberto Martínez Sibaja u Oscar Martínez Martínez, contra actos del 1. H. Presidente Municipal Constitucional de San Lorenzo Albarradas, Tlacolula, Oaxaca y otras, que hace consistir literalmente en lo siguiente I. EL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad y de ser ciertos los hechos y abstenciones por así constarme, reclamo de las autoridades señaladas como ordenadoras la privación ilegal, incomunicación, malos tratos y tortura que está sufriendo el quejoso C. Oscar Martínez Martínez, teniéndolo detenido e incomunicado desde el día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a partir de las 08:30 horas. Manifestando que tales hechos me constan en virtud que soy amigo y paisano, fue detenido por el Síndico Municipal de San Lorenzo Albarradas, Tlacolula, Oaxaca, sin que hasta el momento de presentación de esta demanda de amparo se haya puesto a disposición de alguna autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 108/2021-VI-B. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, como en el caso, se trata de un asunto en donde se encuentra involucrada la libertad e integridad física de la persona por la que se promueve a su favor la presente demanda, en suplencia de la queja, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos -que protege el derecho a la integridad personal-, se decreta la suspensión de oficio y de plano a favor del directo quejoso Floriberto Martínez Sibaja u Oscar Martínez Martínez, para lo siguientes efectos: ACTOS PROHIBIDOS Que las autoridades responsables determinen el cese inmediato de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación; asimismo se abstenga de llevar a cabo cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. De igual forma, para que las autoridades responsables no le impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estime pertinente; y le permitan realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estimen necesario. Ahora bien, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente refiere que dicho quejoso se encuentra interno en la Cárcel Municipal ubicada en el Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo Albarradas, Tlacolula, Oaxaca. En consecuencia, con fundamento en los artículos 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, designe al actuario o fedatario respectivo, a fin de que de MANERA INMEDIATA, se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro de internamiento o en el domicilio de la autoridad responsable conforme a su jurisdicción, respectivamente, en busca del directo quejoso Floriberto Martínez Sibaja u Oscar Martínez Martínez, y en caso de localizarlo, en el acto de la diligencia, realice lo siguiente: ( Notifique personalmente a éste el presente auto, además, para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, le requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo en cuestión, así como el usuario y autorizado para efectos de notificaciones electrónicas; hecho lo anterior se proveerá lo que conforme a derecho proceda; apercibido que de no ratificarla dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada, en términos de lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se dejarán sin efecto las providencias que se hubieren dictado. ( Dar fe del estado físico en el que se encuentre el quejoso. ( Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se le ubicó y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, los motivos o fundamentos de ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal. ( Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Asimismo, notifique esta determinación al promovente del amparo Antelmo Sandoval Barrios, en el domicilio ubicado en la calle Morelos, ciento nueve, Santa Cruz, Amilpas. En el entendido que en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al juez días y horas inhábiles a fin de que logre la notificación encomendada. De la misma manera dada la naturaleza de los actos reclamados, a efecto de evitar el retraso en la entrega de las comunicaciones pertinentes a las autoridades responsables, mismas que también se ubican en la jurisdicción de ese juzgado exhortado, se le solicita haga entrega de los oficios condignos para su conocimiento y cumplimiento inmediato de la suspensión de plano otorgada; y proceda efectuar a dichas autoridades responsables el apercibimiento respectivo en caso de incumplimiento. Por lo que, cumplido lo anterior, se sirva devolver dicha comunicación oficial por la misma vía a la brevedad posible, acompañado de las diligencias que al efecto practiquen. DETENCIÓN POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS AL MINISTERIO PÚBLICO. a) Si la detención del directo quejoso fue efectuada por las autoridades administrativas señaladas como responsables, distinta del ministerio público, se concede la suspensión para el efecto de que éste sea puesto en libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional, casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que el directo quejoso quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su detención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno de dicho numeral Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. DETENCIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. b) Si la detención es por parte del ministerio público en uso de las facultades que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional Federal, por tratarse de un caso urgente o en caso de flagrancia regulada por el párrafo cuarto del invocado dispositivo constitucional, la suspensión se concede para que los directo quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre, y a disposición del Ministerio Público por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que el quejoso sea consignado dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el accionante constitucional, deberá quedar en inmediata libertad sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación; lo anterior, con fundamento en el párrafo noveno del multicitado numeral. Si la detención obedece a una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que se ponga al quejoso de inmediato a disposición del juez correspondiente; en este caso, las autoridades responsables deberán indicar en su informe la fecha y hora de la detención y de la puesta a disposición ante la autoridad judicial. SOLICITUD DE INFORME RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una medida de corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como en términos de lo dispuesto en el artículo 238, de la ley de la materia; apercibidas también que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del diverso 262, fracción lll, de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las referidas medidas de contingencia sanitaria en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Asimismo, se les hace saber que el presente mandamiento judicial se dirige a tales dependencias en sí misma, por lo que tiene alcance para todos los grupos o unidades que las conformen. Al respecto, es aplicable la tesis VI. 1o.A. 19 K, con registro 179731 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (Covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil veinte, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de la autoridad el actuario designado en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dicha responsable para que proporcione el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. APERCIBIMIENTO Se ordena a las autoridades responsables antes descritas, así como a las personas subordinadas a ésta, para que permitan al actuario judicial correspondiente el acceso a sus instalaciones, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Se hace la indicación a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios correspondientes a este proveído dirigidos a su Oficialía, independientemente del turno al que se encuentre. Apercibidas que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones, pues dicha conducta constituye propiamente un delito contra la administración de justicia en términos del artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de la legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, el suscrito Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, que para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, el atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: - El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). - El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). - El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que deba tener ejecución el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste, detención, incomunicación, malos tratos y tortura del quejoso Floriberto Martínez Sibaja u Oscar Martínez Martínez, mismo que se encuentra privado de su libertad en la Cárcel Municipal ubicada en el del Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo Albarradas, Tlacolula, Oaxaca; lugar en el que este juzgado no ejercer jurisdicción. De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, dado que es en la comunidad de San Lorenzo Albarras, Tlacolula, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción territorial la aludida autoridad jurisdiccional, donde se ejecutan dichos actos contra el quejoso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del presente expediente al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, por ser quien debe conocer del presente asunto, a fin de que resuelva lo conducente respecto a la competencia planteada, y, solicítese al Juez que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con independencia del auxilio solicitado al juez exhortado, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón que se levante de imposibilidad para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. EQUILIBRIO DE LA CARGA En razón de que el presente juicio de amparo fue recibido en guardia; en consecuencia, gírese atento oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que la registre en el sistema de turno adoptado, a fin de equilibrar la carga de trabajo de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese vía exhorto a la parte quejosa.
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