Florencio Lee Desirena
Expediente 82/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Florencio Lee Desirena
- Abel Lee Miguel y Otros.
Actuaciones
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio el pasado uno de marzo de dos mil diecisiete fojas 12-19, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por FLORENCIO LEE DESIRENA Y ABEL LEE MIGUEL, por conducto de su defensor particular Abel Monjaraz Cruz; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB-P
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la razón de cuenta, en la que el fedatario adscrito expone los motivos por los que no le fue posible realizar de manera personal la notificación del acuerdo de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, a la parte quejosa ni a sus autorizados; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar el acuerdo de mérito, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este tribunal. NOTIFÍQUESE. INSERCIÓN SALINA CRUZ, OAXACA; A UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. A).- DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por FLORENCIO LEE DESIRENA Y ABEL LEE MIGUEL, por conducto de su defensor particular Abel Monjaraz Cruz, contra el acto del Juez Primero Penal con residencia en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que hace consistir substancialmente en: La resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal número 149/2012, por la cual se desecha el recurso de revocación, interpuesto contra la diversa resolución de nueve de los referidos mes y año, en la que se señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia final en dicha causa. Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; regístrese con el número 82/2017, que le correspondió. B).- ANÁLISIS DE LA DEMANDA Previó al análisis de la demanda de amparo es importante precisar que el Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de garantías y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo..." Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, es importante señalar que, en épocas anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue delineando progresivamente, a través de diversos criterios, las notas distintivas para calificar como de imposible reparación la ejecución de los actos en juicio que, por esa característica, eran reclamables en amparo indirecto, aun cuando a primera vista pudieran considerarse únicamente como de índole procesal. En síntesis, los aludidos parámetros para determinar si la afectación provocada por actos emitidos en juicio revestía o no el carácter de irreparable se concretizaron en dos premisas fundamentales: *La primera, que constituye la regla general, establece que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de que se trate. *La segunda, que se traduce en una cuestión excepcional, pero complementaria de la regla general anterior, admite que se combatan a través del amparo indirecto aquéllas violaciones que teniendo consecuencias preponderantemente procesales, produzcan una afectación desmedida en la esfera jurídica de quien se dice agraviado por el acto en cuestión. Estos postulados no son más que una paráfrasis de las consideraciones que informan la tesis P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, Materia Común, registro 180415, página 9, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". La justificación para considerar excepcionalmente procedente la vía indirecta contra violaciones de carácter preponderantemente procesal, a pesar de lo señalado en el párrafo procedente, se obtiene del criterio plasmado en la tesis número LVIII/2004, del propio Pleno de ese alto tribunal (que derivó de la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, Materia Común, registro 180217, página 10, cuyo texto expresa: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio.". No obstante, recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó de esa postura al considerar que, conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda al plano meramente procesal pues, al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En efecto, con relación al concepto "imposible reparación", el Tribunal Pleno se pronunció de manera reciente al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el veintidós de mayo de dos mil catorce, en la cual se abordó el problema a partir del análisis de la jurisprudencia P./J. 6/1991, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, agosto de 1991, registro 205765, página 5, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." El Tribunal Pleno sostuvo que la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional, en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente. También, al resolver la citada contradicción de tesis, sostuvo que los actos dentro de juicio, que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. No pasó inadvertido para el Tribunal Pleno que existen casos en los que la afectación producida por un acto dentro de juicio puede, en su momento, estimarse como grave o de gran entidad, sin embargo, se concluyó que ese solo hecho no hace procedente el juicio de amparo indirecto. Esto es así, pues si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), que explica lo anterior y derivó de la contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, registro 2006589, página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal número 149/2012, por la cual se desecha el recurso de revocación, interpuesto contra la diversa resolución de nueve de los referidos mes y año, en la que se señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia final en dicha causa, es de colegirse que tal determinación no es de ejecución irreparable para los efectos del juicio de amparo que se intenta, pues sólo surte efectos intraprocesales, pero no afecta derechos sustantivos del impetrante, de ahí la improcedencia del juicio que se promueve en su contra, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes transcrito, el juicio constitucional que se promueva ante el Juez de Distrito será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y, de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie, pues la determinación combatida es susceptible de impugnarse como violación procesal al reclamarse la resolución que decida el procedimiento de origen y, siendo ello así, es innegable que no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicha determinación, se reitera, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa; además, en el caso de llegar a dictarse una sentencia favorable a los intereses de los agraviados, las posibles violaciones que se hubiesen cometido con la determinación reclamada, se extinguirían en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del promovente de la acción constitucional; y, en caso contrario, es decir, que se llegara a dictar resolución desfavorable a sus intereses, las posibles violaciones cometidas durante el procedimiento, pueden ser combatidas a través del juicio de amparo que, en su caso y oportunidad, se promueva en su contra, haciéndolas valer como violaciones procesales. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoriamente improcedente la demanda de garantías. C).- DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio el que precisa en el escrito inicial de demanda; y como autorizados a Antonia Nereida Hernández García, Alejandro Fortino Cortés Guevara y Jorge Santiago Nolasco, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparecen registrada cédula profesional alguna a su favor, que los faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciados en derecho, sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, se les tenga por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo reformado, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. D).- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. E).- FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. F).- LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente en relación a las copias de los informes justificados de las autoridades responsables que solicita el quejoso, al respecto no se acuerda mayor proveído en relación a lo determinado en este acuerdo. Asimismo, es de precisarse que conforme al contenido de este proveído, se hace innecesario pronunciarse sobre la suspensión de plano que solicita la parte quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. II-B-P
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