Florentino Sánchez Martínez
Expediente 618/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Florentino Sánchez Martínez
Actuaciones
- Principal
Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil diecisiete. De la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintisiete de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, se realizó en términos de la certificación de cuenta; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio original señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes, por el cual el secretario de acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por Florentino Sánchez Martínez, dirigida al Juez de Distrito en turno, con cinco copias de la misma, en que se advierte el referido quejoso solicitó a dicha Sala que por su conducto se enviara su demanda a los Juzgados de Distrito en Turno, para iniciar el trámite correspondiente de amparo; en consecuencia, se acuerda lo siguiente: De conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese la demanda de amparo con el número 618/2017 que le correspondió. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por las razones que se exponen a continuación. En la demanda de amparo se reclama de los Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del centro, Oaxaca, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: de la responsable ordenadora le reclamo: a).- La resolución de fecha seis de junio del año en curso, dictada en el Toca Civil número 145/2017, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual CONFIRMAN la parte relativa de la determinación apelada, respecto al recurso de apelación que conocieron y que hice valer en contra del acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil diecisiete en el expediente número 255/2016 del Juzgado Primero Civil del Centro. De las responsables ejecutoras les reclamo las consecuencias de hecho y de derecho que emanen del acto reclamado a la responsable ordenadora. El propio quejoso en su demanda, bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: ". Dentro del expediente número 255/2016 del índice del Juzgado Primero Civil del Centro fui demandado por la C. BERTHA ELENA ARAGON VILORIA en la vía sumaria civil entre otras prestaciones, la terminación de contrato de arrendamiento celebrado respecto del local comercial ubicado en la calle de intendencia número 200 interior 1, Colonia Centro, Oaxaca, por lo que se me emplazó y conteste la infundada demanda en tiempo, por lo que seguido el trámite y en la etapa probatoria correspondiente, el Juez de la causa principal mediante acuerdo de fecha once de noviembre del año próximo pasado admite entre otras probanzas la prueba de Ratificación de Contenido y Firma a cargo de Ivonne Arlett Vásquez Montes respecto de la documental que dicho acuerdo refiere, asimismo admite la prueba consistente en la ratificación de contenido y firma a caro de Ivonne Arlett Vásquez Montes y Alejandro Velasco García en calidad de supuesto apoderado y representante de la oferente de la prueba respecto de las documentales que refiere, por lo que ante dicho acuerdo, interpuse con fecha veintidós de noviembre del año próximo pasado el recurso de Apelación en contra de dicho acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, tocando conocer de dicha apelación para su trámite a la Primera Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado bajo el toca número 145/2017, misma que con fecha seis de junio del presente año dictó resolución mediante el cual indebidamente resolvieron confirmando la determinación apelada, y el cual manifestó que me fue notificado el mismo día seis de junio del presente año, lo cual me causa agravios en mis derechos humanos y garantías constitucionales que deben ser reparados por ésta autoridad." En el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 171 y 172, fracción XII, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. (.) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ahora bien, del primer dispositivo preinserto, se advierte que la improcedencia de la instancia de amparo, puede actualizarse no sólo a partir de lo previsto expresamente en las concretas veintidós causales que se prevén en las respectivas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que dicha improcedencia puede devenir de cualquier otro precepto de la misma normatividad de la materia, o bien de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a ello, el artículo 172, fracción XII, de la ley de la materia, define que cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones a que se refiere ese mismo artículo, a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Así, de una interpretación en sentido contrario del aludido precepto legal, se desprende una causa de improcedencia en la instancia de amparo, a saber, se trate de casos análogos a los previstos en las demás fracciones a que se refiere dicho artículo a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Al respecto, a criterio de este juzgador, esa determinación no afecta derechos sustantivos públicos de la parte agraviada quien tiene el carácter de demandado en la instancia de origen, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del juicio civil 255/2016. En efecto, de lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que la vía de amparo directo, por regla general es idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales civiles, que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Asimismo, del artículo 107, fracción III, del inciso b), constitucional y 107, fracción V, de su ley reglamentaria, se desprende que la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito se encuentra supeditada al hecho de que los actos en juicio que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en que México sea parte; distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales y sólo afectan derechos adjetivos, pues éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, estableciendo así los lineamientos básicos que han de tenerse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo que puede corroborarse del contenido de la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 47/90, que con el número 244 es consultable en la página 164, Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la voz y contenido siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, cabe hacer notar que no todas las violaciones adjetivas o procesales dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado contrario al espíritu del artículo 17 constitucional, lo que motivó la restricción del amparo indirecto por violaciones cometidas dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. De ahí que las violaciones procesales o adjetivas sean combatibles en amparo indirecto sólo de modo excepcional, cuando su ejecución sea de imposible reparación, esto es, cuando concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, es decir, aquellas que tengan un grado excepcional de afectación. A partir de las consideraciones anteriores debe precisarse que la resolución de seis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Civil número 145/2017, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por medio del cual confirman la parte relativa de la determinación apelada, del acuerdo de once de noviembre de dos mil diecisiete, en el expediente 255/2016 del Juzgado Primero Civil del Centro, en el que admitió entre otras probanzas la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de Ivonne Arlett Vásquez Montes, respecto de la documental que dicho acuerdo refiere, asimismo admite la prueba consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de Ivonne Arlett Vásquez Montes y Alejandro Velasco García, en calidad de supuesto apoderado y representante de la oferente de la prueba respecto de las documentales que refiere; se trata de un acto que conforme al artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no es de imposible reparación, y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como lo es, la vida, la propiedad, la posesión, la libertad; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y en todo caso inciden en la procedencia de las pretensiones de las partes dentro del expediente civil 255/2016 y por lo tanto, es susceptible de repararse si obtiene sentencia favorable; y en caso contrario será procedente la vía directa contra este último; de ahí que en las relatadas circunstancias deba concluirse que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende no puede considerarse como acto dentro de juicio de imposible reparación. Es pertinente invocar por ser aplicable al caso, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13 del Tomo setenta y seis, abril de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 172, fracción XII, todos de la ley de la materia, procede desechar la demanda con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página doscientos ochenta, del tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE: La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto". Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tales efectos a las personas que refiere. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO CON FUND EN EL ART 27 FRAC I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio original señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes, por el cual el secretario de acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por Florentino Sánchez Martínez, dirigida al Juez de Distrito en turno, con cinco copias de la misma, en que se advierte el referido quejoso solicitó a dicha Sala que por su conducto se enviara su demanda a los Juzgados de Distrito en Turno, para iniciar el trámite correspondiente de amparo; en consecuencia, se acuerda lo siguiente: De conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese la demanda de amparo con el número 618/2017 que le correspondió. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por las razones que se exponen a continuación. En la demanda de amparo se reclama de los Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del centro, Oaxaca, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: de la responsable ordenadora le reclamo: a).- La resolución de fecha seis de junio del año en curso, dictada en el Toca Civil número 145/2017, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual CONFIRMAN la parte relativa de la determinación apelada, respecto al recurso de apelación que conocieron y que hice valer en contra del acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil diecisiete en el expediente número 255/2016 del Juzgado Primero Civil del Centro. De las responsables ejecutoras les reclamo las consecuencias de hecho y de derecho que emanen del acto reclamado a la responsable ordenadora. El propio quejoso en su demanda, bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: ". Dentro del expediente número 255/2016 del índice del Juzgado Primero Civil del Centro fui demandado por la C. BERTHA ELENA ARAGON VILORIA en la vía sumaria civil entre otras prestaciones, la terminación de contrato de arrendamiento celebrado respecto del local comercial ubicado en la calle de intendencia número 200 interior 1, Colonia Centro, Oaxaca, por lo que se me emplazó y conteste la infundada demanda en tiempo, por lo que seguido el trámite y en la etapa probatoria correspondiente, el Juez de la causa principal mediante acuerdo de fecha once de noviembre del año próximo pasado admite entre otras probanzas la prueba de Ratificación de Contenido y Firma a cargo de Ivonne Arlett Vásquez Montes respecto de la documental que dicho acuerdo refiere, asimismo admite la prueba consistente en la ratificación de contenido y firma a caro de Ivonne Arlett Vásquez Montes y Alejandro Velasco García en calidad de supuesto apoderado y representante de la oferente de la prueba respecto de las documentales que refiere, por lo que ante dicho acuerdo, interpuse con fecha veintidós de noviembre del año próximo pasado el recurso de Apelación en contra de dicho acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, tocando conocer de dicha apelación para su trámite a la Primera Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado bajo el toca número 145/2017, misma que con fecha seis de junio del presente año dictó resolución mediante el cual indebidamente resolvieron confirmando la determinación apelada, y el cual manifestó que me fue notificado el mismo día seis de junio del presente año, lo cual me causa agravios en mis derechos humanos y garantías constitucionales que deben ser reparados por ésta autoridad." En el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 171 y 172, fracción XII, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. (.) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ahora bien, del primer dispositivo preinserto, se advierte que la improcedencia de la instancia de amparo, puede actualizarse no sólo a partir de lo previsto expresamente en las concretas veintidós causales que se prevén en las respectivas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que dicha improcedencia puede devenir de cualquier otro precepto de la misma normatividad de la materia, o bien de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a ello, el artículo 172, fracción XII, de la ley de la materia, define que cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones a que se refiere ese mismo artículo, a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Así, de una interpretación en sentido contrario del aludido precepto legal, se desprende una causa de improcedencia en la instancia de amparo, a saber, se trate de casos análogos a los previstos en las demás fracciones a que se refiere dicho artículo a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Al respecto, a criterio de este juzgador, esa determinación no afecta derechos sustantivos públicos de la parte agraviada quien tiene el carácter de demandado en la instancia de origen, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del juicio civil 255/2016. En efecto, de lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que la vía de amparo directo, por regla general es idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales civiles, que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Asimismo, del artículo 107, fracción III, del inciso b), constitucional y 107, fracción V, de su ley reglamentaria, se desprende que la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito se encuentra supeditada al hecho de que los actos en juicio que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en que México sea parte; distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales y sólo afectan derechos adjetivos, pues éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, estableciendo así los lineamientos básicos que han de tenerse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo que puede corroborarse del contenido de la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 47/90, que con el número 244 es consultable en la página 164, Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la voz y contenido siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, cabe hacer notar que no todas las violaciones adjetivas o procesales dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado contrario al espíritu del artículo 17 constitucional, lo que motivó la restricción del amparo indirecto por violaciones cometidas dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. De ahí que las violaciones procesales o adjetivas sean combatibles en amparo indirecto sólo de modo excepcional, cuando su ejecución sea de imposible reparación, esto es, cuando concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, es decir, aquellas que tengan un grado excepcional de afectación. A partir de las consideraciones anteriores debe precisarse que la resolución de seis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Civil número 145/2017, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por medio del cual confirman la parte relativa de la determinación apelada, del acuerdo de once de noviembre de dos mil diecisiete, en el expediente 255/2016 del Juzgado Primero Civil del Centro, en el que admitió entre otras probanzas la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de Ivonne Arlett Vásquez Montes, respecto de la documental que dicho acuerdo refiere, asimismo admite la prueba consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de Ivonne Arlett Vásquez Montes y Alejandro Velasco García, en calidad de supuesto apoderado y representante de la oferente de la prueba respecto de las documentales que refiere; se trata de un acto que conforme al artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no es de imposible reparación, y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como lo es, la vida, la propiedad, la posesión, la libertad; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y en todo caso inciden en la procedencia de las pretensiones de las partes dentro del expediente civil 255/2016 y por lo tanto, es susceptible de repararse si obtiene sentencia favorable; y en caso contrario será procedente la vía directa contra este último; de ahí que en las relatadas circunstancias deba concluirse que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende no puede considerarse como acto dentro de juicio de imposible reparación. Es pertinente invocar por ser aplicable al caso, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13 del Tomo setenta y seis, abril de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 172, fracción XII, todos de la ley de la materia, procede desechar la demanda con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página doscientos ochenta, del tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE: La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto". Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tales efectos a las personas que refiere. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese personalmente.
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