Florentino Ruiz Pérez
Expediente 1419/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1419/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Florentino Ruiz Pérez
- Presidente Municipal de Santa Ana Yareni, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual transcribe el contenido del auto de siete de junio del año en curso, del cual se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos, radicando dicho medio de impugnación con el número de toca ***/*** de su índice. Al respecto, se toma nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de junio de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el presente asunto se encuentra integrado para la remisión del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos, remítase el presente expediente, original y copias del escrito electrónico de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación. Hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que las actuaciones practicadas en el presente cuadernillo electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente. Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, por medio del cual la parte quejosa interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito por el cual se interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese la interposición al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno. Asimismo, deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Colegiado competente que las actuaciones practicadas en el presente expediente electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente. Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva una vez que se cuente con la certeza del órgano superior a quien le corresponda el conocimiento del recurso de revisión indicado. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la sentencia dictada en este asunto autorizada el veinticuatro de abril de este año, no ha sido notificada de manera personal a la parte quejosa ni a la Agente del Ministerio Público adscrita; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2°, se regulariza el procedimiento y se ordena turnar el presente asunto al actuario llevador del expediente para que proceda a la notificación personal de la referida sentencia. Notifíquese y cúmplase. - - - - - I N S E R C I Ó N.-- - - - S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1419/2022, promovido por *******, apoderada legal de ... ANTECEDENTES La promovente del amparo acude a esta instancia constitucional a reclamar las órdenes verbales de suspensión de los servicios de agua potable y drenaje, de imponer una multa y la de impedir el acceso a la población al directo agraviado ********** realizadas conjuntamente por las autoridades que señalo como responsables. Por lo que ante tales actos que la parte quejosa estima violatorios de su esfera jurídica es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *****, apoderada legal de ********************, presentó un escrito electrónico el veinte de diciembre de dos mil veintidós, ante el buzón electrónico de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Presidente del Municipio de Santa Ana Yareni, Oaxaca y otras autoridades. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 11, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el veinte de diciembre de dos mil veintidós, y por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional radicó la demanda registrándola bajo el expediente 1419/2022 y al advertir irregularidades que debían ser aclaradas previno a la parte quejosa. Una vez subsanada la demanda de amparo en todos sus términos, por auto de once de enero de dos mil veintitrés admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se inició la celebración de la audiencia constitucional, la cual se suspendió en virtud de la objeción de documentos realizada por el delegado de las autoridades responsables, por lo que se señalaron las doce horas con veinticinco minutos del veinte de abril de este año para su continuación en términos del numeral 122 de la Ley de Amparo. La continuación de la audiencia constitucional, tuvo verificativo el veinte de abril de dos mil veintitrés. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa, los cuales tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS.********************De conformidad con los artículos 66 y 122 de la Ley de Amparo, se procede a resolver el incidente de falsedad de documentos hecho valer por el delegado de las autoridades responsables. ********************En proveído de veintisiete de febrero de este año, la parte quejosa ofreció como prueba de su parte la documental consistente en la certificación de hechos de seis de febrero del año en curso asentada por el notario público número ******************** en el Estado de Oaxaca.********************Por auto de diecisiete de marzo de este año, la autoridad responsable por conducto de su delegado objetó la autenticidad del documento precitado, en síntesis, porque carece de certeza jurídica en razón que los hechos certificados ocurrieron el seis de febrero de dos mil veintitrés y el acta respectiva fue asentada por el fedatario público hasta el catorce de febrero de este año. ********************Siguiendo el trámite del incidente de objeción de documentos en términos del ordinal 122 de la Ley que rige el juicio de amparo, el veintinueve de marzo de este año se ordenó la suspensión de la audiencia constitucional y se dio la oportunidad a las partes de presentar las pruebas y contrapruebas relacionadas con tal hecho y se señaló una nueva fecha para la continuación de la audiencia constitucional.********************Por auto de treinta y uno de marzo de este año, se tuvo a la parte quejosa ofreciendo como pruebas en relación con la objeción de documentos previamente citada los acuses de siete y dieciséis de febrero de dos mil veintitrés de los escritos suscritos por el notario público número ******************** del Estado de Oaxaca, dirigidos al Director del Archivo General de Notaría del Estado de Oaxaca.********************Una vez realizado un análisis de las constancias que integran el expediente, quien esto provee advierte que resulta ocioso realizar un estudio respecto de la incidencia planteada por las autoridades responsables.********************Lo anterior, porque si bien es cierto que, conforme al numeral 122 de la Ley de Amparo, es factible la sustanciación del incidente de objeción de documentos, durante el trámite del juicio de amparo indirecto, situación que obliga a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado; sin embargo, al advertir este órgano judicial, que este juicio se sobreseerá por los motivos que en seguida se expondrán, es evidente que ante dicho sobreseimiento, no existe necesidad de abordar el estudio relativo a la autenticidad del documento controvertido.********************De ahí que, resulta innecesario pronunciarse en relación a la objeción formulada y desahogar las pruebas que se ofrecieron para acreditar la autenticidad de la documental controvertida.********************Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2000 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, octubre de 2000, página: 131, novena época, con registro digital 190937, de rubro y texto siguiente: ********************"INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. ES INNECESARIO PRONUNCIARSE EN ÉL, AL ACTUALIZARSE UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDE EXAMINAR EL FONDO DEL AMPARO. Conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo, es factible la sustanciación durante el trámite del juicio de amparo indirecto del incidente de falsedad de documentos, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto del cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar la sentencia de fondo. No obstante lo anterior, en el caso de que el Juez de Distrito advierta la existencia de una causal de improcedencia, es evidente que por cuestión de prioridad y de orden público debe sobreseer en el juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, hecha excepción del caso en que el documento sea determinante respecto de la causal de improcedencia, pues conforme a la lógica y a una correcta técnica del amparo, la improcedencia impide al órgano de control constitucional el estudio de tema alguno que se relacione con el fondo de la litis constitucional, ello sin perjuicio de que, ante el supuesto de que alguna de las partes estime delictiva la conducta del oferente de un documento que considere apócrifo, pueda efectuar la denuncia ante la autoridad competente."********************En razón de lo apuntado, lo procedente es dejar sin materia la objeción planteada; por tanto, se procede a la resolución de este asunto.******************** FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO********************El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.********************Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.********************Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se tiene como actos reclamados:********************Autoridades responsables:********************Presidente Municipal, Síndico municipal y Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, todos del Municipio de Santa Ana Yareni, Oaxaca.********************Actos reclamados:********************La orden verbal de suspensión de los servicios de agua potable y drenaje en la casa habitación de ********************.********************La orden verbal para impedir el acceso de ******************** a la población de Santa Ana Yareni, Oaxaca.********************La multa de ******************** pesos, impuesta a ******************** de manera verbal******************** SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE COMISARIADO********************Previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, este Juzgador advierte la necesidad de estudiar la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad responsable señalada como Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, todos del Municipio de Santa Ana Yareni, Oaxaca, numerales que a la letra dictan:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley".********************Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:********************I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;********************"Artículo 5°. - Son partes en el juicio de amparo:********************(.)********************II.- la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************(.)"****************************************El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ****************************************A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ****************************************En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte.****************************************De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.****************************************En el caso, respecto de los actos reclamados al Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, del Municipio de Santa Ana Yareni, Oaxaca, debe decirse que no son actos de autoridad par a el juicio de amparo.****************************************En virtud que son órganos de la comunidad a la que pertenecen, no del Estado, por lo cual no pueden considerarse como autoridades en estricto sentido, según lo prevé esencialmente el artículo 99, fracción II de la Ley Agraria, esto es, que actúan como integrantes de un órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros, en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios de los comuneros, circunstancia que en el caso no acontece.****************************************En concordancia con lo expuesto, ha de considerarse que en el presente caso, una imposición de multa, o bien, la detención o cancelación del suministro de agua y drenaje, no puede ser considerados como un acto autoritario violatorio de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; sino más bien como un acto unilateral realizado en un plano de igualdad, cuya existencia está relacionado o vinculado con una norma de naturaleza agraria regida por la ley de esa materia y cuya violación puede y debe ser reparada mediante los procedimientos jurisdiccionales que para tal efecto están establecidos, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la ley de esa materia, más no a través del juicio de amparo.****************************************Sustenta lo anterior, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación 151-156 Tercera Parte, Séptima Época, página 44.), de rubro y contenido siguientes: ****************************************"AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes."****************************************Así como el diverso criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Tercera Parte, página 17.), de rubro y texto siguiente: ********************"AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones I y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional."****************************************En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada lo consiguiente es sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado al Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, del Municipio de Santa Ana Yareni, Oaxaca.********************VII. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO********************Por otro lado, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los actos reclamados, en relación con las autoridades responsables.********************Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados lo hicieron de la siguiente manera.********************No.********************Autoridad responsable********************Sentido****************************************1********************Presidente municipal de Santa Ana Yareni, Oaxaca.********************Niega****************************************2********************Síndico municipal de Santa Ana Yareni, Oaxaca.********************Niega************************************************************Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas, pues no ofreció en este juicio prueba fehaciente que permita a este Juzgador desvirtuarlas. ********************Esto es así, en virtud que la parte quejosa pretendió acreditar la existencia de los actos combatidos con los siguientes medios de prueba que anexó a su escrito inicial de demanda de amparo, consistentes en:********************Acuse del oficio ******************** expedido por el coordinador operativo de las Defensorías de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.********************Acuse del escrito suscrito por la apoderada legal de la parte quejosa dirigido al titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.********************Copia del oficio-invitación emitido por el Representante de la Secretaría General de Gobierno en la Sierra Norte, de doce de octubre de dos mil veintidós, dirigido al directo quejoso.********************Denuncia de hechos presentada el diez de diciembre de dos mil veintidós, ante el Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.********************Escrito firmado por la licenciada ********************, Psicóloga de Habla y Lenguaje.******************** Documentales que no son idóneas para acreditar la existencia de las órdenes verbales de suspensión de los servicios de agua potable y drenaje en la casa habitación de ********************, de impedir el acceso a la población de Santa Ana Yareni, Oaxaca, ni la imposición de manera verbal de la multa de ******************** pesos, pues lo único que demuestran es que la parte quejosa ha instado denuncias relativas a actos de corrupción de las autoridades responsables.********************Esto es así, ya que respecto de las pruebas indicadas en los incisos a), b), y c) son relacionadas con el Comisariado de Bienes Comunales del Municipio de Santa Ana Yareni, Oaxaca, por quien se sobreseyó en párrafos que anteceden.********************Ahora, respecto de la prueba indicada en el inciso d) esta consiste en un acuse relativo a la entrega del escrito de denuncia de hechos, de la cual poco se advierte en razón que la misma está incompleta, por lo que no se advierten datos objetivos que permitan relacionar dicha denuncia con los actos aquí combatidos.********************Y por lo que respecto a la prueba de inciso e) la misma no hace referencia a ninguno de los actos reclamado, si no a que el directo agraviado es el encargado de los cuidados de una menor de edad, la cual no figura como parte en este juicio.********************Ahora respecto a la prueba consistente en la certificación de hechos de seis de febrero de dos mil veintitrés asentada por el Notario Público ******************** del Estado de Oaxaca a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documento público emitido por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, de esta se advierte que el disidente sí tiene acceso a la población, pues al menos en la fecha en la que el fedatario público llevó a cabo la diligencia. Por lo cual, dicha prueba no es suficiente para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en el sentido que al quejoso no se le prohíbe el acceso a la población de Santa Ana Yareni. ahora respecto al acto consistente en la orden verbal de privar al quejoso del goce de los suministros de agua y drenaje en la casa habitación, con los documentos aportados por la quejosa, consistentes en las fotografías de las que se advierte únicamente una manguera y un retrete, no es la prueba idónea para acreditar la falta del suministro del vital líquido y falta de drenaje, como bien hubiera sido una prueba de inspección ocular. Aunado a que en el caso, ni siquiera se encuentra identificado el inmueble que el quejoso aduce es de su propiedad; es decir, no aportó documento alguno que lo identificara y tampoco anexó documento en el cual acreditara la propiedad o posesión que detente respecto del mismo. Pues incluso en su escrito inicial de demanda la parte quejosa ni si quiera indica la dirección del domicilio que aduce es objeto de los actos arbitrarios de autoridad; por tanto, este juzgado carece de los medios idóneos a través de los cuales pueda identificar el inmueble de que se trata y con ello relacionar la certificación de hechos con la casa que el quejoso aduce ser de su propiedad.********************Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: " INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo que, ante la inexistencia de los actos reclamados y al no existir elemento de prueba que desvirtúe lo expuesto, cobra firmeza el contenido de los referidos informes justificados; por consiguiente, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VIII. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de las determinaciones reclamadas, respecto de las cuales se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE:UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, apoderada legal de ********************, por las consideraciones expuestas en el considerando VI de esta resolución.******************** Notifíquese.
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