Florentino Sánchez Martínez

Expediente 932/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
932/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2017

Partes del expediente

  • Florentino Sánchez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa V-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del mismo acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, a la parte QUEJOSA, en el presente juicio de amparo, atendiendo al apercibimiento que se le hizo en el AVISO que se dejó previamente en su domicilio, para los efectos legales a que haya lugar... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre del dos mil diecisiete. Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxx, contra el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la ley de la materia; regístrese con el número 932/2017, que le correspondió. Ahora, este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El precepto en cita, dispone textualmente lo siguiente: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, dado no se opone a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, que aparece bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio . En la especie este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción III de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.] "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] En la especie, la promovente del amparo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifiesta: "a) La resolución de fecha siete de agosto del año en curso, dictada en el toca civil número 197/2017, por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante la cual CONFIRMAN la parte relativa de la determinación apelada, respecto al recurso de apelación que conocieron y que hice valer en contra de la calificación de posiciones realizadas en diligencia de fecha cuatro de abril del presente año en el cuaderno de tacha derivado del expediente número 255/2016 del Juzgado Primero Civil del Centro. De las responsables ejecutoras les reclamo las consecuencias de hecho y de derecho que emanen del acto reclamado a la responsable ordenadora. Por ello, señala como acto reclamado, la resolución dictada en el toca civil xxxxxxx, mediante la cual se continuó la calificación de posiciones realizadas en diligencia de fecha cuatro de abril del presente año en el cuaderno de tacha derivado del expediente número xxxxxxx del Juzgado Primero Civil del Centro. Determinación que no afecta derechos sustantivos públicos de la parte agraviada quien tiene el carácter de demandada en la instancia de origen, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del expediente 255/2016. En efecto, de lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que la vía de amparo directo, por regla general es idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales agrarios, que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Así mismo, del artículo 107, fracción III, del inciso b), constitucional y 107, fracción V, de su ley reglamentaria, se desprende que la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito se encuentra supeditada al hecho de que los actos en juicio que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en que México sea parte; distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales y sólo afectan derechos adjetivos, pues éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, estableciendo así los lineamientos básicos que han de tenerse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, cabe hacer notar que no todas las violaciones adjetivas o procesales dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado contrario al espíritu del artículo 17 constitucional, lo que motivó la restricción del amparo indirecto por violaciones cometidas dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. De ahí que las violaciones procesales o adjetivas sean combatibles en amparo indirecto sólo de modo excepcional, cuando solo afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, es decir, aquellas que tengan un grado excepcional de afectación. A partir de las consideraciones anteriores debe precisarse que la calificación de las posiciones realizada en diligencia de cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el cuaderno de tachas derivado del expediente xxxxxxx; se trata de un acto que conforme al artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el momento no es de imposible reparación, y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y en todo caso inciden en el posicionamiento de las partes dentro del juicio civil xxxxxxxx y por lo tanto, son susceptibles de repararse si obtiene sentencia favorable; y en caso contrario será procedente la vía directa contra este último. De ahí que en las relatadas circunstancias deba concluirse que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende no puede considerarse como actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; por lo cual, no es posible por el momento fijar una regla a priori para determinar que existe una violación procesal determinante, toda vez que dicha consecuencia jurídica debe estar estrechamente vinculada con el grado de afectación real al derecho de defensa adecuada de la persona indígena durante el proceso. De ahí, que sea hasta que se estime que trascendió tal derecho de la parte demandada en la sentencia que se llegue a dictar, cuando se analice: a) si el desechamiento de las posiciones que refiere el quejoso trascendió o no al resultado del fallo. Esta apreciación debe descansar en una consideración basada en constancias, actuaciones y conductas procesales que muestren una evidente falta de comunicación o entendimiento, y a partir de las que se advierta la necesidad de corregir el proceso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa de las partes. Entonces, a partir de tales componentes, el juez debe fundar y motivar si existió una afectación al derecho de defensa adecuada de la persona indígena que tenga la fuerza suficiente para reponer el procedimiento. Por tanto, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61 y con el artículo 107, fracción IV, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia al aquí quejoso, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XI.1º. A.T.J/1(10ª) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Tercer Circuito, visible en la página 699, del libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo I, Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. Así como, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), visible en la página 2066, del libro XVI, enero de 2013, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para tal efecto a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Notifíquese personalmente.

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