Florencio Zaragoza Mendoza

Expediente 473/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
473/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
24/10/2018

Partes del expediente

  • Florencio Zaragoza Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En principio es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Del análisis integral de las constancias del expediente en que se actúa, se infiere que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable una causal de improcedencia cuyo debe emprenderse a petición de parte o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tesis: 158 Apéndice de 1985 Quinta Época 395571 1 de 1 Pleno Parte VIII Pag. 262 Jurisprudencia(Común) "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio de definitividad que el quejoso debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la omisión de otorgar atención médica de un especialista, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 107. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y de jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que la personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. La peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es la omisión de otorgar atención médica de un especialista; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde esta interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en la omisión de otorgar atención médica de un especialista, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, precisa concluir que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de ejecución para platear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgente, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca sobreseer en el de juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar, la apreciación que antecede, pues la causal de improcedencia invoca no se apoya no se apoya en aspectos facticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017822 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II Pag. 1701 Jurisprudencia(Común) "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Tesis: XVI.1o.P.14 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016103 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2214 Tesis Aislada(Penal) "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La petición administrativa referida, cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues es un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Asimismo, admite una segunda instancia en la que los promoventes pueden denunciar tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses, directamente ante el Juez de ejecución. También posee beneficios en cuanto a la asistencia continua al solicitante y contrapesos en su tramitación, en tanto que la autoridad administrativa del centro, está obligada a auxiliar a los internos en la presentación del escrito respectivo, el cual no exige formalismos; sin soslayar que dicha herramienta favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Por ello, es inconcuso que la "petición administrativa" es una creación accesible, novedosa e idónea para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual y, por ende, es el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión." No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de Ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para sobreseer en este juicio, en los términos anotados. Finalmente, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, lo procedente es decretar fuera de audiencia el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a todas las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ilustra: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación al quejoso. En ese sentido, tomando en consideración que el quejoso Florencio Zaragoza Mendoza, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruíz", en esta ciudad, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en el Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruíz", en esta ciudad y notifique al quejoso Florencio Zaragoza Mendoza, el presente proveído. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el INFORME JUSTIFICADO que rinde la Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al quejoso y al Defensor Público Federal.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Director del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruíz", con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora bien, de autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, para el verificativo de la audiencia constitucional. Por tanto, desde este momento la celebración de la audiencia constitucional programada para la fecha antes indicada se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las diez horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que se acuerda. Notifíquese; y personalmente al defensor público federal.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponde, el alegato constitucional 342/2018, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, por lo que con el mismo se ordena dar nueva cuenta al momento de la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio de cuenta; mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de septiembre pasado rinde el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos el Coordinador del Sistema Penitenciado del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, de lo que éste juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que se designó al Licenciado Juan Mondragón Obregón, como defensor público federal del quejoso Florencio Zaragoza Mendoza; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Lo anterior hágase del conocimiento defensor púbico federal para que se imponga de los presentes de los autos. Notifíquese; y personalmente al defensor público federal.

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