Flora Teresa García Marcelo
Expediente 346/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Flora Teresa García Marcelo
- Juez de Control de la Ciudad de Sahuayo, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo actuado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo definitivo. Asimismo, del expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Y, respecto del duplicado de este incidente, es destruible, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, por lo que, trascurrido el plazo de seis meses ahí indicado, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en las carátulas respectivas, en términos de lo dispuesto por el numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo; en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 20 fracción I, del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el precepto legal invocado y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 34 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponde, los oficios que remite el Juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Unidad Sahuayo, Michoacán; atento a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio por el que se le notificó la sentencia dictada el veintiocho de julio de este año; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
POR ESTE MEDIO Y EN RAZÓN DE QUE PARTE quejosa: FLORA TERESA GARCÍA MARCELO, o sus autorizados no comparecieron al Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del CITATORIO que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de la resolución de veintiocho de julio de dos mil veintitrés; queda hecha mediante su publicación en la lista que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, misma determinación que dice: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, ante Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta Ciudad, por medio del cual Flora Teresa García Marcelo y Jaime García García a través de sus defensores particulares, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los siguientes actos: 1.- La resolución dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a las nueve horas, en la que declaró procedente la apertura de sobres pertenecientes únicamente de Flora Teresa García Marcelo, de los bancos Banamex (10), Bancomer (10), HSBC (8), al haber justificado la Representación Social la necesidad y utilidad del acto de investigación que se pretende. 2.- La diligencia recaída en el acta de seis de junio de dos mil veintidós, en que se llevó a cabo la apertura de los sobres ante la Fiscalía de Delitos Especiales, en la cual consta que sólo se encontraron diez sobres de la institución financiera BANAMEX, esto sin encontrar algún sobre de las instituciones financieras HSBC y BBVA. Los peticionarios de amparo expusieron que se violan los derechos reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de los actos reclamados y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número de expediente 346/2022 y por diverso auto de dieciséis de junio siguiente, previo cumplimiento a las prevenciones realizadas por este Juzgado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y una vez tramitado el juicio tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos de autoridad judicial con ejecución en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: 1.- La resolución dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la que se declaró procedente la apertura de sobres pertenecientes únicamente de Flora Teresa García Marcelo, de los bancos Banamex (10), Bancomer (10), HSBC (8), al haber justificado la Representación Social la necesidad y utilidad del acto de investigación que se pretende. 2.- La diligencia de seis de junio de dos mil veintidós, en que se llevó a cabo la apertura de los sobres ante la Fiscalía de Delitos Especiales, en la cual consta que sólo se encontraron diez sobres de la institución financiera BANAMEX. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. ES CIERTO el acto atribuido a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema Acusatorio y Oral de Sahuayo, Michoacán, pues así lo manifestó expresamente el Juez responsable, al rendir su informe justificado. La certeza del acto reclamado se corrobora con el disco compacto en formato de video grabación, que la autoridad judicial remitió en apoyo a su informe con justificación; al cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que son documentales públicas realizadas y emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a éste encomendadas por disposición de la Ley. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia A./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Corresponde analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V -sentido contrario- ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo prevé que es posible sostener la improcedencia cuando resulte de alguna disposición de la Constitución o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, la fracción V del arábigo 107 de la ley de la materia indica que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. Esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. De lo que se sigue que, en sentido contrario, el medio de control de la constitucionalidad en comento es improcedente en contra de actuaciones que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva que no lesionara derechos sustantivos. Sin embargo, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, precisa cuáles son los actos de imposible reparación, al establecer que son aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En tales condiciones, puede afirmarse que, con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y; b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior". Concepción que en la actualidad resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. En el caso que nos ocupa, debe recordarse que la parte quejosa reclama la resolución en la que se declaró procedente la apertura de sobres pertenecientes únicamente de Flora Teresa García Marcelo, de diversas instituciones bancarias y la diligencia en que se llevó a cabo la apertura de dichos sobres, estos, obtenidos durante una diligencia de cateo. Empero, tales actos de investigación, no se traducen en aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho ni afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa de forma directa e inminente, sino que sólo constituye una posible violación intraprocesal, puesto que al final de cuentas, de acuerdo con las documentales públicas que se tienen a la vista, a la data en que fue recibido el informe justificado, fue realizada la formulación de la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso contra los quejosos. Sin que se hubiera dictado o no, auto de apertura a juicio oral, que sería ésta en la que los justiciable podrán controvertir frontalmente los elementos de prueba de cargo que en su caso se incluyan en el auto de apertura a juicio oral, tal como lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, al indicar que la etapa intermedia se discute si los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. Lo anterior, pone en evidencia que la ejecución de los actos de investigación, se traducen en una trasgresión procesal susceptible de ser reparada al dictarse una sentencia definitiva pues ésta incluso, puede ser favorable a los intereses de los peticionarios del amparo, ya que podría considerarse que aún con la existencia de los medios de pruebas que se obtuvieron durante la práctica de la apertura de sobres combatida, no tengan eficacia probatoria para acreditar el delito y la responsabilidad penal. Por tanto, se reitera que se está frente a una violación procesal susceptible de ser reparada -como ya se dijo- incluso durante el desarrollo del juicio oral, en donde la defensa de los quejosos puede controvertir el desahogo y valoración de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violación a derechos fundamentales, lo que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de emitir la sentencia, considerando, en su caso, lo dispuesto en la fracción IX del apartado A del artículo 20 Constitucional, donde se establece que las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales son nulas. Bajo ese panorama, los actos combatidos no son de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se está vedando al ahora quejoso, la posibilidad de obtener una sentencia favorable a sus intereses. En esas condiciones, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V de ese ordenamiento legal. QUINTO. Publicación de la sentencia. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de la información de carácter clasificada y confidencial. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Flora Teresa García Marcelo y Jaime García García a través de sus defensores particulares, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema Acusatorio y Oral de Sahuayo, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control (alectrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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