Florinda Elías Pozar
Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Director del Hospital Regional de Zamora, Michoacán
- Florinda Elías Pozar
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 28006/2022 que remite el actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo original 549/2022, y se advierte que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la dicha demanda de amparo, admitiendo a trámite el mismo. Por tanto en atención, a lo anterior, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el apoderado legal de la responsable Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, mediante el cual en cumplimento al requerimiento formulado en autos, informa el incumplimiento de la suspensión de definitiva que se le concedió al quejosos, asimismo refiere que desbloqueó la cuenta registrada a nombre de quejoso. Por tanto, dese vista al quejoso por el término de tres días, a efecto de que manifiesto lo que a su interés legal convenga, apercibido que de no hacerlo, se entenderá que se encuentra conforme con la manifestación hecha por la responsable. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados de su parte a las personas que indica y señalando domicilio para recibir notificaciones, lo anterior, en términos de los artículos 9° y 28, fracción II, de la Ley de Amparo NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte quejosa (en línea).
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de ampro promovida por Florinda Elías Pozar, por su propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades que a continuación se precisan: Director del Hospital Regional de Zamora, con domicilio en Prol. Avenida 5 de Mayo 97, EL Jerico, en Zamora de Hidalgo, Michoacán. Secretaría de Salud de Michoacán, y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con residencia en Morelia. La omisión de proporcionarme atención médica y el tratamiento adecuado para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padezco. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 549/2022. Suspensión de oficio de los actos reclamados. Tomando en consideración que la promovente reclama la falta de atención médica y el tratamiento adecuado (hemodiálisis) para la enfermedad que padece diagnosticada como ".insuficiencia renal crónica" y que en el Hospital Regional de Zamora, Michoacán, se niegan en proporcionarle el tratamiento que necesita para vivir, toda vez que le manifestaron que no cuentan con las maquinas que se requieren para realizar sesiones dialíticas. No obstante, lo anterior, se tiene que el acto que se reclama encuadra en el supuesto normativo del numeral 15 de la Ley de Amparo, como aquellos actos de autoridad que ponen en peligro la vida de la quejosa; por tanto, es evidente que ante la omisión de no prestarle la atención médica que requiere el promovente, se pone en riesgo su existencia. En efecto, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo refiere que procede la suspensión de oficio y de plano cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere el promovente que tiene una enfermedad grave que, al no ser atendida, debido a la omisión que se atribuye a las autoridades responsables, se pone en peligro la vida de la quejosa. Por tanto, ello obliga al Juez de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud de la solicitante del amparo. ... Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Para que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen a la brevedad en cuál hospital o centro de salud se debe prestar el servicio de hemodiálisis a la quejosa y lo cubran; Le sean proporcionados los medicamentos necesarios para su tratamiento, y que refiere la quejosa le son necesarios para vivir. Debiendo tomar en cuenta que conforme a la Ley General de Salud en su artículo 77-bis 5, apartado B), fracciones I y VII, corresponde a los Gobiernos de las entidades federativas:... En todo lo anterior, las autoridades responsables tomarán en cuenta el lugar de residencia de la quejosa, su edad y su estado de salud y deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo, considerando que de ser necesario deben recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. Lo anterior, con base en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: ".cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." Hágase saber la suspensión de oficio a las autoridades responsables, quienes deberán informar dentro del término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Ahora, dada la particularidad del asunto, también requiérase a las autoridades responsables: Una vez que la refieran al hospital o centro que la atenderá y que haya sido, efectivamente, atendida informen el estado de salud de la solicitante del amparo. Informen el plan o tratamiento médico para la promovente de que se trata. Indiquen si la promovente necesita algún o algunos medicamentos; así como si en efecto requiere de la hemodiálisis para la atención de su enfermedad, y de ser así, si ya se los proporcionaron, para el caso de no ser así, expliquen los motivos. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables tienen su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la expedición de telegramas o correo electrónico institucional con efectos de notificación para las responsables, con independencia del medio empleado, deberán confirmar su recepción; ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. INCOMPETENCIA Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Actos reclamados: IV. Omisión reclamada. ... Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: ... De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber:... Aunado a lo anterior, el hecho de que la quejosa acude a la clínica particular "Centro de Hemodiálisis Zamorano" con residencia en Zamora, Michoacán, a recibir sus sesiones de hemodiálisis. Por tanto, de ser cierto dichos actos reclamados, el Juez competente para conocer de la presente demanda, será el Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, quien tiene jurisdicción en aquel lugar (Zamora, Michoacán), tal como lo dispone el artículo 37, en relación con el 48, de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen:... Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. En tal orden de ideas, se solicita al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ana Luisa Gómez Ibarra, toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta, tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. JUICIO EN LÍNEA. Como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "AnaLuisa02", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas conforme a la legislación aplicable al primero de los usuarios por así haberlo solicitado, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene al promovente señalado el correo electrónico anagomez1190@hotmail.com y número telefónico 4521175986, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Respecto a la manifestación que hace, relativa a que se le tenga señalando dicho correo electrónico, para oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar, pues no existe normativa legal que permita notificar a las partes por ese medio; toda vez que, como ya se dijo, los correos electrónicos señalados únicamente son para los efectos de la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, ello, a fin de establecer contacto para las videoconferencias. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa (línea) y por oficio a las autoridades responsables.
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