Florencia Pérez Peña

Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
444/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Florencia Pérez Peña y Otros.
  • Titular de la Secretaria de Salud Federal. Ciudad de México
  • Florencia Pérez Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se hubiera inconformado contra el acuerdo dictado el trece de septiembre del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la directa quejosa Florencia Pérez Peña; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que se tuvo por no presentado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión por no haberse solicitado. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que la quejosa **, no desahogó la prevención formulada mediante proveído de nueve de agosto del año en curso, notificado el trece siguiente, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tres de agosto del año que transcurre y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Florentina Pérez Peña, por el que pretende desahogar la prevención decretada en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno; sin embargo del contenido del escrito de mérito, se advierte que no cumple con el requerimiento que le fue realizado, toda vez que fue omisa en señalar en específico, cuál es el acto que le produce afectación en su esfera jurídica y que sería materia de estudio en el presente juicio de amparo, tal y como le fue requerido, puesto que de su escrito aclaratorio se despende que únicamente se limitó a citar el acto reclamado en los mismos términos que lo hizo en su escrito de demanda. Por tanto, no señaló con precisión el acto reclamado en esta instancia constitucional, en virtud de que el mismo resulta genérico lo que se torna ambiguo, por lo que deberá señalara si lo que reclama es lo siguiente: "1. La omisión de legislar lo relativo a programas para la alimentación de los sectores sociales desprotegidos. La omisión de legislar lo relativo a programas para garantizar el acceso de las personas desprotegidas a los elementos de bioseguridad (cubre bocas, guantes, jabón, gel desinfectante), para hacer frente a la pandemia que se vive ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). 3. La omisión de proporcionar a los sectores sociales desprotegidos una adecuada alimentación. La omisión de proporcionar a los sectores sociales desprotegidos los elementos de bioseguridad (cubre bocas, guantes, jabón, gel desinfectante), para hacer frente a la pandemia que se vive ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)." En consecuencia, requiérase a Florentina Pérez Peña, para que cumpla con lo antes solicitado, acorde a lineamientos detallados, a fin de pronunciarse correctamente en el presente juicio. Lo anterior, pues la finalidad del requerimiento para establecer las bases sobre las que habrán de fijarse los actos reclamados, las autoridades responsables y, en general, la litis constitucional, atiende a la necesidad de contar con todos los elementos necesarios para iniciar la acción constitucional de amparo, por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados, lo procedente es requerir al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.57 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo criterio se comparte, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.-De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." También, debe destacarse que la precisión de los actos reclamados debe realizarse sin tomar en cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad, con independencia de que vía concepto de violación pueda alegar la vulneración de determinados preceptos legales, constitucionales o convencionales; así se advierte de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 239099, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo 18, Tercera Parte, página 159 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Así, tomando en consideración que la promoción de cuenta se presentó dentro del plazo legal de cinco días que se otorgó a la quejosa en el acuerdo de tres de agosto del año en curso, por tal razón, con su presentación se interrumpe, por una sola vez dicho plazo, el que se reanudará hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice de este acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.A.38K, visible en la página 1323, del Tomo XXI, correspondiente al mes de Abril de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 178830, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial." Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página cuatrocientos, del Libro VIII, correspondiente al mes de mayo de 2012, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000702, cuyo rubro y texto son: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Finalmente, se hace de su conocimiento que únicamente cuenta con tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, para desahogar el requerimiento en los términos apuntados, por lo que de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento con que fue conminada. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintiuno Vista la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del 1. Titular de la Secretaría de Salud Federal, Ciudad de México y otras autoridades ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 444/2021-V-A. PREVENCIÓN A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracciones IV y V, así como 110, en relación con los diversos 11, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los directos quejosos, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del diverso 261 de la dicha legislación, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Desahoguen el siguiente requerimiento: Primero. Señale con precisión el acto reclamado en esta instancia constitucional, en virtud de que el mismo resulta genérico lo que se torna ambiguo. Lo anterior es así, ya que del escrito inicial de demanda se observa que reclama: 1. El Titular de la Secretaría de Salud Federal. La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo del derecho a la salud en su vertiente al derecho a la alimentación, una necesidad básica ante la pandemia que se vive, con la finalidad de respetar el derecho la vida. Acto privativo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La Puesta en peligro de mi vida y salud, así como de mis dependientes. Omisión de garantizar el acceso a las personas desprotegidas a los elementos de bioseguridad (cubre bocas, guantes, jabón, gel desinfectante) así como adecuarlos en su debido uso para garantizar la efectividad de estas medidas. 2. El presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República Mexicana. Omisión absoluta de legislar en sus respectivas competencias, respecto de una ley que permita la subsistencia y supervivencia de las personas vulnerables, en pobreza derivado de la pandemia que se vive causada por el virus SARS-Cov2(COVID-19), en la cual se garantice el derecho de salud de los gobernados para la obtención de medidas de bioseguridad para prevenir y evitar el contagio del virus. La omisión de dictar y ordenar en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades las medidas preventivas y garantes de nuestro derecho al mínimo vitalicio respecto de las personas vulnerables, desempleadas, trabajadores informales, quienes no tienen patrón ni gozan de seguridad social, para poder hacer frente a la pandemia causada por el virus SARS-Cov2(COVID-19). La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo del derecho a la salud en su vertiente de derecho a la alimentación al ser una necesidad básica ante la pandemia que se vive, con ello, garantizar el derecho a la vida que tiene todo ser humano. Omisión de dictar, legislar, emitir y ordenar en el ámbito de las competencias de las autoridades responsables las medidas preventivas y garantes del derecho al mínimo vital. 3. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo de este derecho a la alimentación ante la pandemia que se vive A través de sus secretarias. Acto privativo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Omisión de garantizar el derecho a la salud bajo los principios de bioseguridad. Omisión de cumplir con el acuerdo para garantizar el derecho a la salud; suscrito en Mérida Yucatán, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. 4. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Mexicana. La omisión de velar por la progresividad de los derechos humanos de los gobernados como lo es el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación para hacer frente a la pandemia que se vive ocasionada por el virus SARS-Cov2(COVID-19) en términos de los establecido por la Convención Americana Sobre Derechos humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "protocolo de San Salvador" así como las recomendaciones e interpretaciones que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la "declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20" de fecha 09 de abril de 2020; la resolución 1/2020 de nombre "pandemia y derechos humanos en las américas" emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación al alcance que establece la "Declaración sobre la Pandemia de enfermedad por coronavirus (covid-19) y los derechos económicos, sociales y culturales". Omisión absoluta de legislar en sus respectivas competencia, respecto de una ley que permita la subsistencia y supervivencia de las personas vulnerables, en pobreza derivado de la pandemia que se vive causada por el virus SARS-Cov2(COVID-19), en la cual se garantice el derecho de salud de los gobernados para la obtención de medidas de bioseguridad para prevenir y evitar el contagio del virus. La omisión de dictar y ordenar en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades las medidas preventivas y garantes de nuestro derecho al mínimo vitalicio respecto de las personas vulnerables, desempleadas, trabajadores informales, quienes no tienen patrón ni gozan de seguridad social, para poder hacer frente a la pandemia causada por el virus SARS-Cov2(COVID-19). La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo del derecho a la salud en su vertiente al derecho a la alimentación ante la pandemia que se vive, por consecuente al derecho a la vida. Omisión de dictar y ordenar en el ámbito de las competencias de las autoridades responsables las medidas preventivas y garantes del derecho al mínimo vital. 5. Secretaría de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo del derecho a la salud en su vertiente al derecho a la alimentación, una necesidad básica ante la pandemia que se vive, con la finalidad de respetar el derecho a la vida. Acto privativo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La Puesta en peligro de mi vida y salud, así como de mis dependientes. Omisión de garantizar el acceso a las personas desprotegidas a los elementos de bioseguridad (cubre bocas, guantes, jabón, gel desinfectante) así como adecuarlos en su debido uso para garantizar la efectividad de estas medidas. 6. Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Oaxaca. La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo de este derecho a la alimentación ante la pandemia que se vive A través de sus sectores, órganos, áreas que tiene a cargo la salud en el estado de Oaxaca. Acto privativo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Omisión de garantizar el derecho a la salud bajo los principios de bioseguridad. Omisión de cumplir con el acuerdo para garantizar el derecho a la salud; suscrito en Mérida Yucatán, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. 7. Comisión de Derechos Humanos del congreso del Estado de Oaxaca, San Raymundo Jalpa, Oaxaca. La omisión de velar por la progresividad de los derechos humanos de los gobernados como lo es el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación para hacer frente a la pandemia que se vive ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) en términos de lo establecido por la Convención Americana Sobre Derechos humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "protocolo de San Salvador" así como las recomendaciones e interpretaciones que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de derechos Humanos. Omisión absoluta de legislar en sus respectivas competencias, respecto de una ley que permita la subsistencia y supervivencia de las personas vulnerables, en pobreza derivado de la pandemia que se vive causada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), en la cual se garantice el derecho de salud de los gobernados para la obtención de medidas de bioseguridad para prevenir y evitar el contagio del virus. La omisión de dictar y ordenar en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades las medidas preventivas y garantes de nuestro derecho al mínimo vitalicio respecto de las personas vulnerables, desempleadas, trabajadores informales, quienes no tienen patrón ni gozan de seguridad social, para poder hacer frente a la pandemia causada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo de este derecho a la alimentación ante la pandemia que se vive. 8. Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de México. La omisión de velar por la progresividad de los derechos humanos de los gobernados como lo es el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación para hacer frente a la pandemia que se vive ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) en términos de lo establecido por las recomendaciones e interpretaciones que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la "declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20" de fecha 09 de abril de 2020; la resolución 1/2020 de nombre "pandemia y derechos humanos en las américas" emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación al alcance que establece la "Declaración sobre la Pandemia de enfermedad por coronavirus (covid-19) y los derechos económicos, sociales y culturales". 9. Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec Distrito 22, Juquila, Oaxaca. La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo de este derecho a la salud, alimentación ante la pandemia que se vive A través de sus síndicos y sus regidores competentes que tienen a cargo la Salud en el Municipio pedro Mixtepec Distrito 22. Acto privativo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Omisión de cumplir con el acuerdo para garantizar el derecho a la salud; suscrito en Mérida Yucatán, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. 10.- Regidor de Salud del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito 22, Juquila, Oaxaca. La omisión de dictar lo relativo de programas para que los sectores sociales desprotegidos puedan contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual se traduce en un acto privativo del derecho a la salud en su vertiente al derecho a la alimentación ante la pandemia que se vive, por consecuente el derecho a la vida. Acto privativo de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La puesta en peligro de mi vida y salud, así como de mis dependientes. Omisión de garantizar el acceso a las personas desprotegidas a los elementos de bioseguridad (cubre bocas, guantes, jabón, gel desinfectante) así como adecuarlos en su debido uso para garantizar la efectividad de estas medidas. Omisión que se señala de conformidad con los criterios, interpretaciones y recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la "declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20" de fecha 09 de abril de 2020; la resolución 1/2020 de nombre "pandemia y derechos humanos en las américas" emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación al alcance que establece la "Declaración sobre la Pandemia de enfermedad por coronavirus (covid-19) y los derechos económicos, sociales y culturales" en relación con lo establecido por los artículos 1,2,28,29,4.1,11.1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (pacto de San José); artículos 10 y 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; Articulo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; articulo 34.j de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el articulo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por tanto, a efecto de que las autoridades estén en aptitud de rendir su informe justificado a cabalidad, requiérasele para que dentro del plazo antes fijado precise si lo que reclama es lo siguiente: La omisión de legislar lo relativo a programas para la alimentación de los sectores sociales desprotegidos. La omisión de legislar lo relativo a programas para garantizar el acceso de las personas desprotegidas a los elementos de bioseguridad (cubre bocas, guantes, jabón, gel desinfectante), para hacer frente a la pandemia que se vive ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). La omisión de proporcionar a los sectores sociales desprotegidos una adecuada alimentación. La omisión de proporcionar a los sectores sociales desprotegidos los elementos de bioseguridad (cubre bocas, guantes, jabón, gel desinfectante), para hacer frente a la pandemia que se vive ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). De lo anterior, se sigue que la parte quejosa fue omisa en señalar en específico cuál es el acto que le produce afectación en su esfera jurídica y que sería materia de estudio en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 227883, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Lo anterior, es necesario toda vez que este juzgador no está facultado para inferir tal requisito, razón por la cual deviene indispensable exprese con precisión dicho acto u omisión, por lo que para mejor proveer se le requiere tal circunstancia, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión; y en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto estaría realizando suplencia en tal señalamiento mediante la interpretación de lo manifestado, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la Litis constitucional en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en los artículos 108 fracción IV y 114 fracción IV de la referida legislación. Máxime que es indispensable porque, como ya se dijo, las autoridades que señala como responsables deben tener conocimiento exacto de lo que se les atribuye, a efecto de que en su momento pueda rendir los informes correspondientes con toda oportunidad, así como agregar las constancias pertinentes. Es aplicable en lo conducente la tesis XX.57 K, registro 202853, Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III (marzo de 1996), visible en la página 871, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "ACTO RECLAMADO SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridades, debe señalarse con claridad y precisión en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." SEGUNDO. La promovente, deberá exhibir catorce réplicas simples del escrito con el que desahogue la prevención en cita para correr traslado a las partes, a saber: diez para las autoridades señaladas como responsables, dos para el incidente de suspensión, una para la parte tercera interesada y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; de modo que cada copia de la demanda cuente con su reproducción del escrito aclaratorio, lo anterior en términos de lo establecido por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Encuentra sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis jurisprudencial número 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII (abril de 2001), registro 189977, visible en la página 79, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogar cabalmente la prevención formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, tomando en consideración que ante dichas irregularidades no podría establecerse correctamente la Litis constitucional; y, por ende, se dejaría en estado de indefensión a algunas de las partes que integran el juicio de amparo (tercero interesado, autoridades responsables y agente del Ministerio Público). DOMICILIO Y AUTORIZADOS NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA La parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad. De igual forma, indicó uno electrónicamente, por lo que a efecto de que tenga conocimiento de la presente y subsecuentes determinaciones, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39, se autoriza la consulta a "AescobarC", y en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Por otra parte, ténganse como autorizado para oír y recibir notificaciones a Arturo Escobar Castillo, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Para los mismos efectos a Canek Ghandi Jarquín Ramírez, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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