Flora Morales Benitez

Expediente 59/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
59/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Flora Morales Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    III) Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil diecisiete.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que el quejoso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el proveído de cinco de abril del año en curso (fojas 84 a 89), por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Por tanto, devuélvase a la responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, copias certificadas del expediente 731/2006. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; cinco de abril de dos mil diecisiete. De conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, informa que mediante auto de tres de febrero del presente año se dictó sentencia en el expediente 731/2016, y para acreditar dicha circunstancia remite copia de la determinación y copias certificadas del expediente 731/2016. Con las constancias referidas fórmese el anexo correspondiente previa identificación de caratula respectiva. Ahora, la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia publicada con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 176291, que resolvió la contradicción de tesis 121/2003-PS, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Por tal motivo, del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por los quejosos en sus escritos iniciales de demanda. El artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues en el caso ha operado un cambio de situación jurídica. A efecto de demostrar lo anterior, es necesario traer a colación el contenido del citado artículo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, la sana intelección del precepto normativo en estudio permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio de amparo resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199808, se publicada en la página 219, tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, la quejosa Flora Morales Benitez, acudió ante esta instancia reclamando: La resolución interlocutoria de diez de enero del dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente 731/2016, relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de documento instado por la sucesión intestamentaria a bienes de Martha Ambrosio Morales, mediante la cual resolvió el recurso de revocación hecho valer contra el auto donde el citado el juez responsable negó la petición de la ahora quejosa para llamar a juicio a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). Así, al rendir informe justificado la autoridad responsable adujo ser cierto el acto, en cuanto a que se encontraba radicado el expediente 731/2016, relativo al juicio ordinario Civil, en el que se negó la petición de la quejosa consistente en el llamamiento a juicio a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), de ahí que deba tenerse cierto el acto. Ahora bien, de las constancias que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, adjuntó a su oficio de cuenta, se advierte que el veinte de febrero de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en el expediente 731/2017, lo que constituye un cambio de situación jurídica, pues dado que al haber emitido la determinación referida, se modificó la situación jurídica de la solicitante del amparo. Desde ese panorama queda demostrado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de enero de dos mil diecisiete), se dictó sentencia final en el expediente del cual emerge el acto constitucional, por lo que tal acto reclamado superado procesalmente; de ahí que sea evidente que cambió la situación jurídica de la solicitante del amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 171841, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Sin que sea óbice a lo anterior, que la tesis invocada fue emitida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado federal considera aplicable al supuesto para el que se invoca, al no contravenir las disposiciones de la legislación vigente, en términos de su artículo sexto transitorio Con base a lo anterior, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por tanto, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia aplicada a contrario sensu 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , con número de registro 169410, publicada en la página 270, tomo XXVIl, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada a las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de abril del dos mil diecisiete. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de marzo del año en curso, comunica que el expediente número 731/2016 de su índice, se encuentra tramitando un juicio sucesorio testamentario a bienes de Victoria Rodríguez García y no a nombre de la quejosa del presente juicio. Atento a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y resérvese acordar lo conducente, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto. Por otro lado, el estado procesal del presente expediente evidencia que en autos no obra aun la totalidad de las constancias requeridas al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Dado lo establecido en el párrafo que antecede, para evitar mayores dilaciones procesales, requiérase a la responsable citada la remisión de las copias certificadas detalladas en ese auto, con el apercibimiento señalado en ese proveído en caso de omisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario que autoriza, firma y da fe.

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