Florencia Ríos Ruíz

Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 30 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Florencia Ríos Ruíz
  • I.M.SS Subdelegación Oaxaca, Departamento de Pensiones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    PRAL 943/2021 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. 1. Ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de julio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 943/2021 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 943/2021, como se ordenó en acuerdo de trece de julio del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Florencia Ríos Ruiz y el informe justificado de la autoridad responsable, encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, hace constar que a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que la parte quejosa no manifestó su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se le previno en auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio el oficio 21 91 01 3301 10/DP/0173, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; mismo que obra en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 666/2021, de la mesa 6 de amparo de este Juzgado, remitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en ese asunto, al ser el documento en el que se materializó la negativa aquí reclamada; documental que se ordena agregar a este expediente en copia certificada, a fin de resolver este juicio. Etapa probatoria. A continuación, en el período probatorio se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba documental de su parte la que acompañó a su demanda de amparo, consistente en copia simple de: Cédula profesional a nombre Saúl Moran Martínez, expedida a su favor por el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Acta de nacimiento de Martha Patricia Martínez Ríos, registrada el cuatro de junio de dos mil. Acta de nacimiento de Luis Gerardo Martínez Ríos. Resolución para el otorgamiento de pensión de: Cesantía, a favor de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 0566470180-1. Acta de defunción de Sergio Martínez Gerardo, registrada el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparece como beneficiaria la quejosa Florencia Ríos Ruiz. Oficio de desechamiento de trámite de pensión, fechado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, y firmado por la encargada del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuse de recepción del escrito de demanda de amparo promovida por Florencia Ríos Ruiz, fechado el diecinueve de junio de dos mil veintiuno. Acuse de recepción de demanda de amparo promovida por Florencia Ríos Ruiz, fechado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, con la anotación "Cancelado". Acuse de recepción de un escrito fechado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la encargada del Departamento de Pensiones, Delegación Oaxaca. Copia autorizada de un proveído dictado en el juicio de amparo 666/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Por su parte, la autoridad responsable, encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreció la prueba documental consistente en copia simple de: Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparecen como beneficiarios la quejosa Florencia Ríos Ruiz (esposa), y Martha Patricia y Luis Gerardo, ambos de apellidos Martínez Ríos (hijos). Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparece como beneficiaria una persona de nombre Lucía Díaz Peralta. Resolución de negativa de pensión a la solicitante Lucía Díaz Peralta, de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, por duplicado. Resolución para el otorgamiento de pensión por orfandad, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis. Acta de matrimonio registrada el veintiuno de febrero de dos mil once, celebrado entre Florencia Ríos Ruiz y Sergio Martínez Gerardo. Extracto de acta de matrimonio celebrado entre Lucía Díaz Peralta y Sergio Martínez Gerardo. Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparece como beneficiaria la quejosa Florencia Ríos Ruiz. Oficio de desechamiento de trámite de pensión, fechado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, y firmado por la encargada del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoja de documentación entregada a Florencia Ríos Ruiz, por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Además, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional recabó, de oficio, la documental exhibida por la autoridad no responsable, jefe del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Sur, Subdelegación Orizaba, consistente en copia certificada de una hoja "Consulta de componentes por No. De Seguridad Social". A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la prueba documental relacionada en este apartado, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. Y en relación con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecida por la referida autoridad responsable, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien a su favor. Sin medios de convicción pendientes de desahogar, se concluye la etapa probatoria. Etapa de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. Vistos para resolver el juicio de amparo 943/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dos de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y remitido a este Juzgado por razón de turno, el tres de septiembre siguiente, Florencia Ríos Ruiz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Departamento de Pensiones adscrito a la Subdelegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda de amparo. En proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 943/2021 y se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. TERCERO. Citación. Posteriormente, previo los trámites de ley, el trece de junio de este año, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en un lugar donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se advierte que la verdadera intención de promover la instancia constitucional es la de reclamar: La negativa del pago de pensión por viudez a su favor; que se traduce en la emisión del oficio 21 91 01 3301 10/DP/0173, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Misma que se atribuye al Departamento de Pensiones adscrito a la Subdelegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lo cual es así, de la armonización de los datos que emanan del escrito inicial de demanda, e incluso con la totalidad de la información de este asunto; atento a la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, convino en la existencia del acto que se le reclama. CUARTO. Causal de improcedencia. La referida institución procesal impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Asimismo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;." Del análisis de las disposiciones legales y constitucionales referidos se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Se precisa que el Estado ostenta una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados en un vínculo de supra a subordinación; y, la segunda, como persona jurídica sujeta de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares, en una relación de coordinación. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa se duele de la negativa por parte de la autoridad responsable, de otorgarle una pensión por viudez, con motivo del fallecimiento de su esposo que respondiera al nombre de Sergio Martínez Gerardo. En ese orden de ideas, es importante resaltar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) de organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) de órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Así, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón porque no está investido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que, en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Incluso, debe decirse que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir respecto de la procedencia de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. En ese sentido, resulta inconcuso que el vínculo jurídico que entablan los gobernados con el referido organismo descentralizado (lo que les permite adquirir la categoría de asegurados o beneficiarios y disfrutar de las prestaciones que otorga) constituye una relación de coordinación a la que el Instituto Mexicano del Seguro Social no acude investido de imperio, pues aun cuando respecto de ese preciso vínculo jurídico, unilateralmente, por sí y ante sí, podría afectar la esfera jurídica de los gobernados, en principio, concurre como ente asegurador que tiene entre sus objetivos fundamentales organizar y administrar el seguro social, servicio público de carácter nacional. Por otra parte, si bien la relación jurídica que existe entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que, atendiendo a que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, desde la entrada en vigor de la primera Ley del Seguro Social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido Instituto y sus asegurados, por la naturaleza constitucional de las prestaciones cuya tutela se reclama, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del citado precepto constitucional y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Ante ello, los conflictos suscitados entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, en relación con las prestaciones sociales que le corresponde otorgar, constituyen auténticas controversias de hechos relacionados con las relaciones de trabajo. En tal virtud, las determinaciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir sobre la procedencia de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la ejecutoria en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Tesis 129/2011, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo y en Materias Administrativa y Civil, ambos del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito; misma que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, visible en la página 1511, Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Al respecto, si bien es cierto que el criterio de referencia alude a que el Instituto asegurador no es autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver el recurso de inconformidad en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, cuestión que es diversa a la aquí reclamada, lo cierto es que de la misma se colige que el referido Instituto no tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando se resuelve respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la Ley del Seguro Social, porque no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades; pues, como se dijo, la relación entre ambos es de igualdad y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No pasa inadvertido a este Juzgado el contenido de la tesis jurisprudencial 2a./J. 66/2016 (10a.), consultable en la página 898, del Tomo II, Libro 31 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Junio de 2016, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Lo anterior, toda vez que, como la propia quejosa lo precisó en su escrito inicial de demanda, lo que reclama en este juicio de amparo es la negativa de otorgarle una pensión por viudez, ya que la omisión de no brindarle respuesta a su solicitud de pensión fue materia del diverso juicio de amparo 666/2021, de la mesa 6 de amparo, de este Juzgado; como se advierte de los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda. Y si bien la tesis de referencia dispone que es procedente el juicio de amparo indirecto cuando se atribuye la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de responder una solicitud en materia de pensiones, lo cierto es que en la misma se establece que contra la respuesta del Instituto asegurador no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida la respuesta a su petición, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo; en ese sentido, en el caso que nos ocupa la parte quejosa no se duele de la omisión de dar respuesta a su solicitud de pensión de viudez, sino a la negativa de otorgar la misma, por tanto, atendiendo al criterio de referencia, esa contestación es materia del juicio ordinario en términos de los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, la negativa de otorgar a la parte quejosa una pensión por viudez, al decidir respecto de la procedencia de una de las prestaciones que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad, porque que el vínculo jurídico que entabla el gobernado con el referido organismo descentralizado, constituye una relación de coordinación en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social sustituye al patrón y no acude investido de imperio. Consecuentemente, este juicio de amparo no es el medio para reclamar el derecho que considera se le pretende desconocer, dado que la promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes. En tal virtud, es evidente que el juicio de amparo no constituye el medio legal mediante el cual la parte quejosa puede ver satisfecha su pretensión para la obtención de la pensión por viudez que le ha sido negada por parte de la responsable, pues de estimar lo contrario haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que prevé los juicios ordinarios laborales, como la instancia adecuada para la solución de los conflictos individuales suscitados entre dicho organismo y beneficiarios, como en el caso de la parte quejosa. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee en el juicio de amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Florencia Ríos Ruiz, contra el acto reclamado consistente en la negativa del pago de pensión por viudez a su favor, que se traduce en la emisión del oficio 21 91 01 3301 10/DP/0173, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; misma que atribuye a la encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO Número de expediente: 943/2021 Acuerdo: PRAL 943/2021 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 943/2021, como se ordenó en acuerdo de trece de julio del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Florencia Ríos Ruiz y el informe justificado de la autoridad responsable, encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, hace constar que a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que la parte quejosa no manifestó su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se le previno en auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio el oficio 21 91 01 3301 10/DP/0173, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; mismo que obra en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 666/2021, de la mesa 6 de amparo de este Juzgado, remitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en ese asunto, al ser el documento en el que se materializó la negativa aquí reclamada; documental que se ordena agregar a este expediente en copia certificada, a fin de resolver este juicio. Etapa probatoria. A continuación, en el período probatorio se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba documental de su parte la que acompañó a su demanda de amparo, consistente en copia simple de: Cédula profesional a nombre Saúl Moran Martínez, expedida a su favor por el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Acta de nacimiento de Martha Patricia Martínez Ríos, registrada el cuatro de junio de dos mil. Acta de nacimiento de Luis Gerardo Martínez Ríos. Resolución para el otorgamiento de pensión de: Cesantía, a favor de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 0566470180-1. Acta de defunción de Sergio Martínez Gerardo, registrada el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparece como beneficiaria la quejosa Florencia Ríos Ruiz. Oficio de desechamiento de trámite de pensión, fechado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, y firmado por la encargada del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuse de recepción del escrito de demanda de amparo promovida por Florencia Ríos Ruiz, fechado el diecinueve de junio de dos mil veintiuno. Acuse de recepción de demanda de amparo promovida por Florencia Ríos Ruiz, fechado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, con la anotación "Cancelado". Acuse de recepción de un escrito fechado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a la encargada del Departamento de Pensiones, Delegación Oaxaca. Copia autorizada de un proveído dictado en el juicio de amparo 666/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Por su parte, la autoridad responsable, encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreció la prueba documental consistente en copia simple de: Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparecen como beneficiarios la quejosa Florencia Ríos Ruiz (esposa), y Martha Patricia y Luis Gerardo, ambos de apellidos Martínez Ríos (hijos). Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparece como beneficiaria una persona de nombre Lucía Díaz Peralta. Resolución de negativa de pensión a la solicitante Lucía Díaz Peralta, de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, por duplicado. Resolución para el otorgamiento de pensión por orfandad, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis. Acta de matrimonio registrada el veintiuno de febrero de dos mil once, celebrado entre Florencia Ríos Ruiz y Sergio Martínez Gerardo. Extracto de acta de matrimonio celebrado entre Lucía Díaz Peralta y Sergio Martínez Gerardo. Acuse de recepción de la solicitud de pensión por viudez de Sergio Martínez Gerardo, con número de seguridad social 05664701801, en la que aparece como beneficiaria la quejosa Florencia Ríos Ruiz. Oficio de desechamiento de trámite de pensión, fechado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, y firmado por la encargada del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoja de documentación entregada a Florencia Ríos Ruiz, por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Además, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional recabó, de oficio, la documental exhibida por la autoridad no responsable, jefe del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Sur, Subdelegación Orizaba, consistente en copia certificada de una hoja "Consulta de componentes por No. De Seguridad Social". A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la prueba documental relacionada en este apartado, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. Y en relación con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecida por la referida autoridad responsable, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien a su favor. Sin medios de convicción pendientes de desahogar, se concluye la etapa probatoria. Etapa de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. Vistos para resolver el juicio de amparo 943/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dos de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y remitido a este Juzgado por razón de turno, el tres de septiembre siguiente, Florencia Ríos Ruiz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Departamento de Pensiones adscrito a la Subdelegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda de amparo. En proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 943/2021 y se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. TERCERO. Citación. Posteriormente, previo los trámites de ley, el trece de junio de este año, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en un lugar donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se advierte que la verdadera intención de promover la instancia constitucional es la de reclamar: La negativa del pago de pensión por viudez a su favor; que se traduce en la emisión del oficio 21 91 01 3301 10/DP/0173, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Misma que se atribuye al Departamento de Pensiones adscrito a la Subdelegación Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lo cual es así, de la armonización de los datos que emanan del escrito inicial de demanda, e incluso con la totalidad de la información de este asunto; atento a la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social, convino en la existencia del acto que se le reclama. CUARTO. Causal de improcedencia. La referida institución procesal impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Asimismo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;." Del análisis de las disposiciones legales y constitucionales referidos se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Se precisa que el Estado ostenta una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados en un vínculo de supra a subordinación; y, la segunda, como persona jurídica sujeta de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares, en una relación de coordinación. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa se duele de la negativa por parte de la autoridad responsable, de otorgarle una pensión por viudez, con motivo del fallecimiento de su esposo que respondiera al nombre de Sergio Martínez Gerardo. En ese orden de ideas, es importante resaltar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) de organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) de órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Así, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón porque no está investido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que, en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Incluso, debe decirse que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir respecto de la procedencia de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. En ese sentido, resulta inconcuso que el vínculo jurídico que entablan los gobernados con el referido organismo descentralizado (lo que les permite adquirir la categoría de asegurados o beneficiarios y disfrutar de las prestaciones que otorga) constituye una relación de coordinación a la que el Instituto Mexicano del Seguro Social no acude investido de imperio, pues aun cuando respecto de ese preciso vínculo jurídico, unilateralmente, por sí y ante sí, podría afectar la esfera jurídica de los gobernados, en principio, concurre como ente asegurador que tiene entre sus objetivos fundamentales organizar y administrar el seguro social, servicio público de carácter nacional. Por otra parte, si bien la relación jurídica que existe entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que, atendiendo a que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, desde la entrada en vigor de la primera Ley del Seguro Social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido Instituto y sus asegurados, por la naturaleza constitucional de las prestaciones cuya tutela se reclama, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del citado precepto constitucional y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Ante ello, los conflictos suscitados entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, en relación con las prestaciones sociales que le corresponde otorgar, constituyen auténticas controversias de hechos relacionados con las relaciones de trabajo. En tal virtud, las determinaciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir sobre la procedencia de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la ejecutoria en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Tesis 129/2011, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo y en Materias Administrativa y Civil, ambos del Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito; misma que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, visible en la página 1511, Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Al respecto, si bien es cierto que el criterio de referencia alude a que el Instituto asegurador no es autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver el recurso de inconformidad en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, cuestión que es diversa a la aquí reclamada, lo cierto es que de la misma se colige que el referido Instituto no tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando se resuelve respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la Ley del Seguro Social, porque no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades; pues, como se dijo, la relación entre ambos es de igualdad y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No pasa inadvertido a este Juzgado el contenido de la tesis jurisprudencial 2a./J. 66/2016 (10a.), consultable en la página 898, del Tomo II, Libro 31 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Junio de 2016, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Lo anterior, toda vez que, como la propia quejosa lo precisó en su escrito inicial de demanda, lo que reclama en este juicio de amparo es la negativa de otorgarle una pensión por viudez, ya que la omisión de no brindarle respuesta a su solicitud de pensión fue materia del diverso juicio de amparo 666/2021, de la mesa 6 de amparo, de este Juzgado; como se advierte de los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda. Y si bien la tesis de referencia dispone que es procedente el juicio de amparo indirecto cuando se atribuye la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de responder una solicitud en materia de pensiones, lo cierto es que en la misma se establece que contra la respuesta del Instituto asegurador no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida la respuesta a su petición, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo; en ese sentido, en el caso que nos ocupa la parte quejosa no se duele de la omisión de dar respuesta a su solicitud de pensión de viudez, sino a la negativa de otorgar la misma, por tanto, atendiendo al criterio de referencia, esa contestación es materia del juicio ordinario en términos de los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, la negativa de otorgar a la parte quejosa una pensión por viudez, al decidir respecto de la procedencia de una de las prestaciones que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad, porque que el vínculo jurídico que entabla el gobernado con el referido organismo descentralizado, constituye una relación de coordinación en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social sustituye al patrón y no acude investido de imperio. Consecuentemente, este juicio de amparo no es el medio para reclamar el derecho que considera se le pretende desconocer, dado que la promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes. En tal virtud, es evidente que el juicio de amparo no constituye el medio legal mediante el cual la parte quejosa puede ver satisfecha su pretensión para la obtención de la pensión por viudez que le ha sido negada por parte de la responsable, pues de estimar lo contrario haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que prevé los juicios ordinarios laborales, como la instancia adecuada para la solución de los conflictos individuales suscitados entre dicho organismo y beneficiarios, como en el caso de la parte quejosa. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee en el juicio de amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Florencia Ríos Ruiz, contra el acto reclamado consistente en la negativa del pago de pensión por viudez a su favor, que se traduce en la emisión del oficio 21 91 01 3301 10/DP/0173, de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; misma que atribuye a la encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oaxaca, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 943/2021 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos de este expediente, se advierte que en acuerdo de cuatro de julio de este año, se agregó el oficio con terminación********************, del jefe del Departamento de Pensiones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Sur, Subdelegación Orizaba (autoridad no responsable), mediante el que remitió diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. 2. Diferimiento de la audiencia. En consecuencia, para dar oportunidad a que la parte quejosa se entere del contenido de del oficio de referencia, y anexo, cuando menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, como lo refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las diez horas con cincuenta y siete minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, para su desahogo. 3. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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