Florencia García García
Expediente 797/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Florencia García García
Actuaciones
- Principal
pral 797/2020 mesa 3º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintiuno. Precisión previa para emisión de determinación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en términos del punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", y de la circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de este año, feneció el periodo de vigencia del esquema de contingencia referido en el acuerdo general 13/2020, y el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esas condiciones, ante la conclusión de la suspensión de plazos y términos procesales acaecida del veintiuno de diciembre pasado al once de este mes, es preciso reanudar la atención de este asunto, en el que se desechó la demanda de amparo el siete de diciembre de dos mil veinte. Firmeza de resolución. Así, como se anticipó en la certificación, concluyó el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Florencia García García interpusiera recurso de queja contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó su demanda. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, ha causado estado dicha determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo. Considerando que en la determinación de siete de diciembre de dos mil veinte se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Federico de Jesús Díaz Arias, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de diciembre de dos mil veinte, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/3521/2020, de la misma fecha, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.797/2020 mesa 5 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo depositada el tres de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnada a este Juzgado el cuatro siguiente, promovida por ****, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el registro 797/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, que haga la revisión en el SISE y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" Párrafo del que se aprecia que los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como aquellos criterios que emitan sus Salas. Caso concreto. Precisado lo anterior, es menester indicar que, bajo protesta de decir verdad, la quejosa Florencia García García manifestó en el capítulo de "hechos" de su demanda de amparo, que: El dieciocho de febrero de dos mil veinte presentó demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Oaxaca, misma que correspondió conocer a la Junta Especial número dos, bajo el registro 221/2020 (2). Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte la mencionada Junta Especial la requirió para que aclarara la demanda, lo que cumplió mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el once de noviembre de este año. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo (03/12/2020), la autoridad señalada como responsable no ha señalado hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ni se ha pronunciado sobre el emplazamiento a juicio de los demandados. Lo anterior, alega, constituye una violación a su derecho de impartición de justicia pronta y tutela jurídica efectiva, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal; de ahí que reclama de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: La omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como de emplazar a los demandados al juicio laboral radicado con el registro 221/2020 (2). Y afirma que la autoridad ha dejado de cumplir con la obligación de administrar justicia pronta y expedita dentro de los plazos señalados por la Ley Federal del Trabajo. c) Actualización de improcedencia. En esas condiciones, es necesario destacar que, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Plazo que se estableció así para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento, tomando en cuenta que es precisamente el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo contempla para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. (...)." Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el uno de marzo de dos mil diecinueve, bajo el registro 2019400, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por tanto, se puede afirmar que el juicio de amparo no será procedente en los casos en que la dilación no exceda los cuarenta y cinco días naturales a que alude la jurisprudencia de observación obligatoria antes transcrita. En el caso, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa, se advierte que presentó la demanda laboral el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a la que recayó el acuerdo de siete de octubre del mismo año, en el que se le previno para que la aclarara; requerimiento que cumplió mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el once de noviembre de este año, sin que después de esa data exista actuación posterior de la Junta a la que se señala como responsable. Así, de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta tenía el plazo de tres días a partir del once de noviembre de dos mil veinte para dictar el acuerdo correspondiente; y para considerar una dilación presuntamente excesiva que haga procedente el juicio de amparo indirecto, conforme a la jurisprudencia previamente citada, deben computarse cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha en que concluyó el plazo de tres días. Plazo que, evidentemente no ha fenecido, pues de la boleta de turno se observa que la demanda de amparo se presentó el tres de diciembre de dos mil veinte, por lo que es dable concluir que no existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total que haga procedente el juicio de amparo. Sin que sea procedente tomar en consideración el tiempo que podría transcurrir hasta la fecha en que la parte quejosa quede notificada de esta determinación, pues la existencia del acto reclamado debe apreciarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: Medios habilitados para establecer comunicaciones no procesales. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su periodo de vigencia por su similar 25/2020, se tiene a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico y un número telefónico como medios que, de ser necesario, podrán serán utilizados para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte promovente que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 25/2020. 7. Exhortación para trámite de juicio en línea mediante uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general en cita, se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. Integración del expediente físico. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 797/2020 Acuerdo: pral.797/2020 mesa 5 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo depositada el tres de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnada a este Juzgado el cuatro siguiente, promovida por ****, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el registro 797/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, que haga la revisión en el SISE y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" Párrafo del que se aprecia que los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como aquellos criterios que emitan sus Salas. Caso concreto. Precisado lo anterior, es menester indicar que, bajo protesta de decir verdad, la quejosa Florencia García García manifestó en el capítulo de "hechos" de su demanda de amparo, que: El dieciocho de febrero de dos mil veinte presentó demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Oaxaca, misma que correspondió conocer a la Junta Especial número dos, bajo el registro 221/2020 (2). Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte la mencionada Junta Especial la requirió para que aclarara la demanda, lo que cumplió mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el once de noviembre de este año. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo (03/12/2020), la autoridad señalada como responsable no ha señalado hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ni se ha pronunciado sobre el emplazamiento a juicio de los demandados. Lo anterior, alega, constituye una violación a su derecho de impartición de justicia pronta y tutela jurídica efectiva, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal; de ahí que reclama de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: La omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como de emplazar a los demandados al juicio laboral radicado con el registro 221/2020 (2). Y afirma que la autoridad ha dejado de cumplir con la obligación de administrar justicia pronta y expedita dentro de los plazos señalados por la Ley Federal del Trabajo. c) Actualización de improcedencia. En esas condiciones, es necesario destacar que, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Plazo que se estableció así para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento, tomando en cuenta que es precisamente el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo contempla para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. (...)." Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el uno de marzo de dos mil diecinueve, bajo el registro 2019400, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por tanto, se puede afirmar que el juicio de amparo no será procedente en los casos en que la dilación no exceda los cuarenta y cinco días naturales a que alude la jurisprudencia de observación obligatoria antes transcrita. En el caso, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad narra la parte quejosa, se advierte que presentó la demanda laboral el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a la que recayó el acuerdo de siete de octubre del mismo año, en el que se le previno para que la aclarara; requerimiento que cumplió mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el once de noviembre de este año, sin que después de esa data exista actuación posterior de la Junta a la que se señala como responsable. Así, de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta tenía el plazo de tres días a partir del once de noviembre de dos mil veinte para dictar el acuerdo correspondiente; y para considerar una dilación presuntamente excesiva que haga procedente el juicio de amparo indirecto, conforme a la jurisprudencia previamente citada, deben computarse cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha en que concluyó el plazo de tres días. Plazo que, evidentemente no ha fenecido, pues de la boleta de turno se observa que la demanda de amparo se presentó el tres de diciembre de dos mil veinte, por lo que es dable concluir que no existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total que haga procedente el juicio de amparo. Sin que sea procedente tomar en consideración el tiempo que podría transcurrir hasta la fecha en que la parte quejosa quede notificada de esta determinación, pues la existencia del acto reclamado debe apreciarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: Medios habilitados para establecer comunicaciones no procesales. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su periodo de vigencia por su similar 25/2020, se tiene a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico y un número telefónico como medios que, de ser necesario, podrán serán utilizados para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte promovente que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 25/2020. 7. Exhortación para trámite de juicio en línea mediante uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general en cita, se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. Integración del expediente físico. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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