Florencio de la Cruz Valdivieso

Expediente 1132/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1132/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Florencio de la Cruz Valdivieso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 1132/2019-2A* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. 1. Devolución de un disco. Vistos el estado de autos, de los que se advierte que mediante promoción registrada con el folio 4986, el fiscal I Investigador IV de Asuntos Relevantes adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía del Estado, remitió un disco CD; en consecuencia y dado que en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia amparo dictada en este juicio de amparo y se ordenó el archivo de este expediente; por tanto, mediante oficio que al efecto se envíe, devuélvase a dicha autoridad esa documental, ya que no tiene objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 1132/2019 2-A [] Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con veintidós minutos del dos de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1132/2019, como se ordenó en acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso (foja 283 reverso), Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho e informes justificados rendidos por las autoridades responsables y hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como pruebas: I. La documental, consistente en copia simple de diversas constancias relacionadas con los actos reclamados (fojas 12 a 23). II. Instrumental de actuaciones. III. Presuncional legal y humana. IV. Testimonial. V. Pericial genérica. VI. Inspección judicial u ocular. VII. Informes; y, VIII. Fotográfica. Por su parte, las autoridades responsables, comisionado de la Policía Estatal, director Jurídico de la Policía Estatal y jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal remitieron copia certificada de diversas constancias que obran en los archivos de esas dependencias. Enseguida, se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las pruebas documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana de que se trata, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. Respecto de las pruebas testimonial, pericial genérica, inspección judicial u ocular, informes y fotográfica que ofreció el quejoso en la demanda de amparo, no las perfeccionó en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, por lo que no procede su admisión. No existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que por escritos presentados en este Juzgado el diecisiete de marzo de este año (fojas 274 a 278), el promovente del amparo realizó diversas manifestaciones al respecto y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES SECRETARIA DE JUZGADO. Visto, para resolver el juicio de amparo número 1132/2019; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio y turnado en la misma fecha a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y actos reclamados (foja 4 y reverso): a) Comisionado de la Policía Estatal y b) director Jurídico de la Policía Estatal: 1) La omisión en designar a dos elementos de su corporación, para que le brinden protección personalizada, con motivo de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación 422050/FVCE/OAXACA/2019 (siendo lo correcto 42250/FVCE/OAXACA/2019, como se advierte de las constancias de autos). 2) La negativa contenida en el oficio SSP/PE/DJ/4531/2019.DH, fechado el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el que le fue negado el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la carpeta de investigación 422050/FVCE/OAXACA/2019 (siendo lo correcto 42250/FVCE/OAXACA/2019, como se advierte de las constancias de autos). c) Jefe del Estado Mayor de la Policía Estatal: La negativa contenida en el oficio SSP/JEM-T/2333/2019, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el que le fue negado el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la carpeta de investigación 422050/FVCE/OAXACA/2019 (siendo lo correcto 42250/FVCE/OAXACA/2019, como se advierte de las constancias de autos). d) Secretario de Seguridad Pública: La omisión de instruir al personal a su cargo, para cumplir las determinaciones ordenadas por la autoridad ministerial y designar a dos elementos policiales de su corporación, para que de manera personalizada le brinden protección de forma inmediata, en virtud de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público, en la carpeta de investigación 422050/FVCE/OAXACA/2019 (siendo lo correcto 42250/FVCE/OAXACA/2019, como se advierte de las constancias de autos). Con lo que el promovente del amparo afirma que se pone en riesgo su vida e integridad personal. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20 apartado C y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como 1 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 6 a 8 reverso). Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 24 a 30), con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 1132/2019, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano. Por escrito presentado el veintiuno de enero de este año (fojas 94 a 105) se tuvo al aquí quejoso promoviendo incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano, que se le concedió en proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve. 3.1. Resolución. Mediante resolución dictada el cuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 148 a 158), por una parte, se declaró infundada esa cuestión incidental, por cuanto hace a la responsable, director Jurídico de la Policía Estatal y, por otra, se consideró fundado el defecto en esa medida cautelar, respecto a las diversas autoridades, comisionado de la Policía Estatal, jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal y secretario de Seguridad Pública. Cuarto. Reanudación del procedimiento. El treinta y uno de agosto del año que transcurre (fojas 282 a 287) se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos procesales, reanudar el trámite de este juicio de amparo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman de autoridades residentes en Santa María Coyotepec y en la ciudad de Oaxaca, lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por el quejoso y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, son: 1. La omisión en designar a dos elementos de la corporación, para que le brinden protección personalizada, con motivo de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación 42250/FVCE/OAXACA/2019. 2. Oficio SSP/PE/DJ/4531/2019.DH, fechado el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se le negó el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la referida indagatoria. Lo que atribuyó al a) comisionado de la Policía Estatal y b) director Jurídico de la Policía Estatal. 3. Oficio SSP/JEM-T/2333/2019, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se le negó el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la carpeta de investigación 42250/FVCE/OAXACA/2019. Que reclamó del c) jefe del Estado Mayor de la Policía Estatal. 4. La omisión de instruir al personal a su cargo, para cumplir las determinaciones ordenadas por la autoridad ministerial y designar a dos elementos policiales de su corporación, para que de manera personalizada le brinden protección de forma inmediata, en virtud de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público, en la citada carpeta de investigación. Lo que combatió al d) secretario de Seguridad Pública: Tercero. Inexistencia del acto reclamado a una autoridad responsable. La autoridad responsable, secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, a través del director Jurídico, al rendir su informe justificado (foja 227), negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante su conocimiento. Al respecto, se corrobora esa negativa, en virtud que el secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca no fue requerido por la autoridad ministerial a efecto de que brindara protección personalizada al aquí quejoso ***, dado que esa colaboración fue solicitada al comisionado de la Policía Estatal (foja 237). No obsta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción I, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, el comisionado de la Policía Estatal constituya una unidad administrativa con la que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que son de su competencia; pues esa circunstancia no implica que se tenga por cierto el acto respecto a esta última dependencia, en su carácter de superior jerárquico, porque cada autoridad debe responder por sí misma de los actos que se le imputan, sin tener en cuenta la situación de subordinación o jerarquía que entre ellas pueda existir. Por lo expuesto, ante la inexistencia del acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de diversos actos reclamados. Las autoridades responsables, a) director Jurídico de la Policía Estatal, por sí y en atención a la petición formulada al b) comisionado de la Policía Estatal (foja 58), así como c) jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal (fojas 114 y 115), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuye. Al respecto, la última autoridad realizó diversas manifestaciones relativas a la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Causales de improcedencia. No se examinarán los conceptos de violación que formula la parte quejosa ni la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues este órgano federal advierte, de oficio, que opera una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente atento a lo dispuesto en el último párrafo del precepto 62 de la Ley de Amparo. De la lectura de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se advierte que respecto de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en: a) La omisión en designar a dos elementos de la Policía Estatal, para que le brinden protección personalizada, con motivo de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación 42250/FVCE/OAXACA/2019; y, Oficios b) SSP/PE/DJ/4531/2019.DH, fechado el once de diciembre de dos mil diecinueve, y c) SSP/JEM-T/2333/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en los que se le negó el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la referida indagatoria. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y - - -- (.)" 5.1. Antecedentes de los actos reclamados. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, así como por el fiscal Investigador IV de Asuntos Relevantes adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado (fojas 237 a 271), con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que los antecedentes del asunto son: I. Con fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve el fiscal Investigador IV de Asuntos Relevantes adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado (foja 231): a) Inició la carpeta de investigación ***, contra quien o quienes resulten probables responsables en la comisión del delito de extorsión y amenazas, cometido en agravio del aquí quejoso **** y, b) Dictó medida de protección a favor de este último, en su carácter de víctima, consistente en que se le brindara protección policial personalizada, a efecto de preservar su vida e integridad personal. II. Por oficio 01090 (foja 237), el fiscal Investigador solicitó colaboración al comisionado de la Policía Estatal a fin de que aplicara e implementara la medida de protección acordada, por lo que le pidió asignara preferentemente a dos elementos policiales, para que brindaran al aquí quejoso protección de manera personalizada. III. Mediante diverso oficio fechado el seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 241) el director Jurídico de la Policía Estatal hizo del conocimiento de la autoridad ministerial, entre diversas cuestiones, que no era posible atender su petición, dado que no se establecía la temporalidad de la medida de protección implementada. IV. Atento a lo anterior, el fiscal Investigador IV de Asuntos Relevantes adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado, giró un oficio al comisionado de la Policía Estatal (foja 249), en el que señaló que la temporalidad de la medida de protección decretada a favor del aquí quejoso, era la establecida en el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, de sesenta días naturales. V. Por oficio SSP/PE/DJ/4531/2019.DH (foja 250- que es uno de los actos reclamados), en respuesta a esa aclaración, el director Jurídico de la Policía Estatal señaló que la medida de protección decretada por la autoridad ministerial no establecía la necesidad, idoneidad y urgencia, aunado a que, dijo, la protección personalizada no se encontraba contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, refirió que, no obstante lo anterior, esa petición había sido turnada al jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal, para su atención. VI. Mediante diverso ***, de diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 251 y 252, que es uno de los actos reclamados), el jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal acordó que no era posible proporcionar elementos policiales para la protección personal del aquí quejoso ***debido a que con motivo del incremento de la incidencia delictiva en el Estado y apoyo brindado en programas federales y estatales, el personal de esa dependencia se encontraba desplegado, implementando operativos en diversas regiones del Estado, lo que ocasionaba disminución en el personal y vehículos. También arguyó que el Municipio de San Francisco Ixhuatán, Juchitán, Oaxaca, del que el aquí quejoso es presidente Municipal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para satisfacer las necesidades de su población y cumplir con las funciones y obligaciones impuestas por la Constitución Federal, como lo es la seguridad de sus habitantes, por lo que tiene, dice, la facultad de capacitar y certificar a su cuerpo de policía y obtener su registro y licencia para la portación y uso de armas de fuego. Una vez citados los antecedentes de los actos reclamados, se precisa que, conforme a lo establecido en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando aquéllos subsistan, empero, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia de los mismos. Así las cosas, el objeto del juicio de amparo es subsanar las transgresiones de los derechos fundamentales del promovente, cuando por un acto de autoridad se afecta su esfera jurídica, con el fin de restituirlo en el pleno goce de aquellos derechos que le han sido vulnerados; de ahí que, para la procedencia de este medio de control constitucional, la ley de la materia establece que, en caso de otorgarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, los efectos de esa concesión puedan trascender en la esfera jurídica del justiciable de manera concreta. En ese tenor, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, la alteración del contexto en el que fue emitido, lo dejaría sin efectos legales o materiales, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; por ende, en el supuesto de concluir con la inconstitucionalidad de éste, vendría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima vulnerado y, por tanto, los efectos de una resolución concesoria no trascenderían. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En función de las premisas fijadas, como se anticipó, los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional, consisten en: a) La omisión en designar a dos elementos de la Policía Estatal, para que le brinden protección personalizada, con motivo de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación 42250/FVCE/OAXACA/2019; y, b) Oficios b) SSP/PE/DJ/4531/2019.DH, fechado el once de diciembre de dos mil diecinueve, y c) SSP/JEM-T/2333/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en los que se le negó el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la referida indagatoria. Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables y por el fiscal Investigador IV de Asuntos Relevantes adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado (fojas 230 a 271), que fueron justipreciadas con anterioridad, se aprecia que la medida de protección en la carpeta de investigación 42250/FVCE/OAXACA/2019, fue decretada en términos del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de sesenta días naturales (foja 249), que comenzó a computarse desde la fecha en que se impuso, esto es, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve (foja 231), sin que se observe que se hubiese interrumpido o suspendido la temporalidad de sesenta días de vigencia de dicha medida. Entonces, las constancias revelan que la medida de protección dejó de tener vigencia, pues fue emitida el cinco de diciembre de dos mil diecinueve (foja 231), por el plazo de sesenta días (foja 249), los que concluyeron el tres de febrero de dos mil veinte. Incluso, feneció el término de treinta días por el que el fiscal Investigador prorrogó dicha medida de protección, como se advierte del oficio 0474 (foja 292), que envió al comisionado de la Policía Estatal, fechado el once de junio de dos mil veinte, es decir, esa prórroga concluyó el once de julio siguiente. De lo anterior, es posible advertir que subsisten los actos reclamados, consistentes en: a) La omisión en designar a dos elementos de la Policía Estatal; y, Oficios b) SSP/PE/DJ/4531/2019.DH, fechado el once de diciembre de dos mil diecinueve, y c) SSP/JEM-T/2333/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en los que se le negó el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la carpeta de investigación 42250/FVCE/OAXACA/2019. Sin embargo, su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente, porque esos actos se encontraban relacionados con la medida de protección que dejó de tener vigencia. Lo que hace patente la actualización de la causa de improcedencia analizada, pues si bien es cierto que los actos reclamados prevalecen, también lo es que al haber transcurrido el aludido término de sesenta días naturales correspondiente a la vigencia de la medida de protección de la que derivan, incluso los treinta días en que se prorrogó, resulta inconcuso la existencia de una modificación al entorno jurídico en el cual fueron emitidos dichos actos, pues a pesar de que se concluyera en que los mismos son inconstitucionales, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, puesto que, se insiste, ha concluido la vigencia de la medida de protección y, por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, esto es, restituirlo en el goce de su derecho fundamental que estima vulnerado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento, además, en el numeral 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. El sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo, dado que el sobreseerse en el juicio, obstaculiza hacer pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ilustra la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y nueve, 24- Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados en este juicio de amparo, consistentes en: 1. La omisión en designar a dos elementos de la corporación, para que le brinden protección personalizada, con motivo de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación ***. 2. Oficio ***, fechado el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se le negó el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la referida indagatoria. Que atribuyó al a) comisionado de la Policía Estatal y b) director Jurídico de la Policía Estatal. 3. Oficio ***, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se le negó el derecho victimal de seguridad personalizada otorgada en la medida de protección decretada por la autoridad ministerial, en la carpeta de investigación 42250/FVCE/OAXACA/2019. Que reclamó del c) jefe del Estado Mayor de la Policía Estatal; y, 4. La omisión de instruir al personal a su cargo, para cumplir las determinaciones ordenadas por la autoridad ministerial y designar a dos elementos policiales de su corporación, para que de manera personalizada le brinden protección de forma inmediata, en virtud de la medida de protección decretada por el agente del Ministerio Público, en la citada carpeta de investigación. Que combatió al d) secretario de Seguridad Pública: En términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiséis de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Gmzr´

  3. Principal

    PRAL.1132/2019-2A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega oficio. Agréguese el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/6198/2019, del secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, a través del director General de Asuntos Jurídicos, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve (foja 37), se acordó lo relativo a ese oficio, recibido vía correo electrónico oficial (foja 33). Requerimiento. Por otra parte, visto el estado de autos, de los que se advierte que las diversas autoridades responsables, 1) comisionado de la Policía Estatal del Estado, 2) director Jurídico de la Policía Estatal y 3) jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal, aún no rinden el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano, decretada en este juicio de amparo, pese haber quedado notificados de esa petición el veinte y veintiuno de diciembre último (fojas 40 y 43). En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se requiere a dichas autoridades responsables, para que, dentro del término de veinticuatro horas, siguiente a su notificación, comuniquen lo relativo al cumplimiento que hubieren dado a la suspensión de oficio y de plano decretada en esta instancia constitucional, a favor del quejoso Florencio de la Cruz Valdivieso. Se les apercibe que de no cumplir con lo anterior, serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación, por el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en el diverso numeral 209 del mismo ordenamiento legal. Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) rendir su informe a través del correo electrónico 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx o, en su caso, vía fax al número 951-50-238-85, de este órgano jurisdiccional, previa su confirmación de recepción. Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/7469/2019, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1132/2019 MESA 2A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega oficio. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio ***, del secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, a través del director General de Asuntos Jurídicos, recibido vía correo electrónico oficial, mediante el que rinde el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo, a favor del quejoso Florencio de la Cruz Valdivieso y remite copia del oficio de colaboración ***, fechado el veinte de diciembre de este año. Notifíquese....

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