Flor María Moncada Sánchez
Expediente 523/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Supervisor de la Zona Escolar 017 de Puerto Escondido San Pedro Mixtepec Juquila, Oaxaca
- Flor María Moncada Sánchez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio recibido vía electrónica, signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, con firma electrónica y evidencia criptográfica, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 865/2019, que formó con motivo de la recepción del diverso 471/2019, derivado de este juicio de amparo, a efecto de notificar el proveído de nueve de diciembre del año en curso, a la quejosa *******(fojas 18 a 22); por tanto dese de baja, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ****, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual acusa recibo del exhorto 471/2019, del índice de esta sede judicial, el cual registró con el diverso 819/2019, e informa que procedió a su diligenciación. De lo anterior, este Juzgador queda enterado. Notifíquese..- MESA V-B
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la copia de la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Supervisor de la Zona Escolar 017 de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, los siguientes: ACTO RECLAMADO; Como acto reclamado señalo el cambio de adscripción de el lugar donde me encontraba desempeñando mi trabajo y la retención de mis salarios ya que como lo manifiesto sigo trabajando y tengo familia que mantener y se me retienen mis salarios es por ello que lo considero este acto ilegal de la retención de mis salarios para que a la mayor brevedad posible se me pague. Como está ordenado en el expediente principal, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138, 139, 140, 142, 147 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada este expediente de incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 523/2019. SOLICITUD DE INFORME PREVIO En términos del artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que sea notificada, para lo cual se le remite copia de la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del 1 de enero de 2016, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la ley de la materia. En la inteligencia de que dicho informe podrá mandarlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 7-14-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1074, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida, en el entendido que al elegir una opción, será innecesario agotar la otra; lo anterior, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia incidental, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y dentro del término establecido en el numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173071, de rubro: CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. De igual forma, se señala a la autoridad responsable, que tiene la obligación de dar seguimiento al presente incidente, toda vez que los acuerdos de trámite de menor trascendencia, se le notificará por lista (haciendo notar que acontecerá en particular respecto de los diferimientos de la audiencia incidental), realizándose en forma personal a través de oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral. La anterior determinación encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, página 1253, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. AUDIENCIA INCIDENTAL En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Hágase saber a la parte quejosa que en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de notificar a la autoridad señalada como responsable, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se ordenará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, sin necesidad de otorgarle vista a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, pues es obligación de la parte quejosa precisar su denominación correcta de a quiénes imputa la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. Lo anterior, salvo aquella que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera hecho la aclaración correspondiente. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, para efectos de resolver respecto de la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada por la quejosa, únicamente se atenderá a sus manifestaciones respecto de la certidumbre de los actos reclamados y a los términos en que solicita la medida, con apoyo en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión se decretará cuando lo solicite el agraviado. Ahora bien, este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en la demanda de amparo, de conformidad a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), registro electrónico 2019200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Ahora, para resolver lo relativo a la materia cautelar solicitada debe tomarse en consideración lo que al efecto disponen los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, que señalan: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En el caso, se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que, la incidentista en el escrito de la demanda de amparo solicita la medida suspensiva de los actos precisados, los que refiere afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos, pues para ello se debe partir del supuesto comprobado o no, de que la totalidad de estos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que tiene pleno valor probatorio en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 206395, cuyo rubro dice: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. En cuanto al segundo requisito, la fracción II del citado numeral 128 establece, que la medida cautelar en el juicio de amparo se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Ilustra lo determinado, la jurisprudencia I.3o.A. J./16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual tiene el número de registro electrónico 199549, del rubro y texto siguiente: SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Así como, el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la cual tiene el registro electrónico 216233, que indica: SUSPENSION. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERES SOCIAL O CONTRAVENCION DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCION II, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto. Pues bien, en lo que atañe al segundo de los requisitos del numeral en estudio, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cabe decir, que para determinar lo anterior debe sopesarse el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, pues no debe perderse de vista que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Ciertamente, las leyes en mayor o menor medida responden a ese interés público; sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad, que las autoridades no afecten derechos fundamentales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la vida, salud, libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. En apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, así como por el primer párrafo del artículo 138, de la Ley de Amparo, es procedente conceder la medida cautelar solicitada, ya que sin dejar de observar los requisitos contenidos en el numeral 128 de la ley de la materia, es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada, así como la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte agraviada con la ejecución de éstos, de acuerdo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace en su demanda inicial, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de datos objetivos que evidencien lo contrario. EFECTOS Respecto de las consecuencias de los actos reclamados, artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, así como por el primer párrafo del numeral 138 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que, en caso de que la quejosa ya se encuentre laborando en la escuela secundaria número 122, en la población de Bajos de Chila San Pedro Mixtepec Juquila, Oaxaca, lugar al cual se le readscribió, sea reincorporada al lugar en que tenía su fuente de trabajo originalmente, es decir, a la Escuela Secundaria Técnica número 102, de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, y pueda seguir laborando de la manera en la cual lo venía haciendo. Ahora, para el caso de que aún no se haya materializado el cambio de adscripción en los términos antes apuntados, se concede la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; esto es para que la autoridad responsable se abstenga de continuar con el procedimiento de cambio de adscripción de la quejosa. Suspensión que surte efectos desde luego en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, sin necesidad de otorgar garantía, en la medida que no se aprecia que con la suspensión otorgada se puedan ocasionar daños o perjuicios a terceros como lo prevé el artículo 132 de la Ley invocada. Como apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual cuenta con el registro electrónico 2013058, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CONFORME AL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, ESA MEDIDA CAUTELAR DEBE OTORGARSE CONTRA LA ORDEN VERBAL DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DENOMINADO "PROSPERA", PARA QUE PROVISIONALMENTE SE LE REINSTALE EN SU SEDE, SIN PERJUICIO DE LO QUE SE RESUELVA EN DEFINITIVA. A efecto de ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, tratándose de la suspensión provisional del acto reclamado, cobran especial relevancia las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de amparo, las cuales deben ser suficientes para considerar la verosimilitud del derecho para efectos de conceder o no la medida, con alcance de tutela anticipada. Así, cuando el quejoso señala que las autoridades ordenadoras emitieron orden verbal de cambio de sede o adscripción como responsable de atención del programa gubernamental denominado "PROSPERA", de una ciudad a otra, y que ya fue ejecutada por la responsable; estas manifestaciones, con base en un juicio objetivo y racional, deben conducir a la convicción de que el acto reclamado puede ser inconstitucional, pues realizando un cálculo de probabilidades, es posible prever, sin prejuzgar, que la sentencia de amparo declarará el derecho en sentido favorable a quien solicita la medida cautelar (ello, al margen de la procedencia o no del juicio de amparo contra un acto de esta naturaleza, porque tal circunstancia no es materia de la litis suspensional, en tanto que la demanda fue admitida). Lo anterior es así, ya que el cambio de lugar en que se desempeña un trabajador burocrático, es un acto de molestia que implica someter su ejercicio a los supuestos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esa afectación en la situación y ámbito de las personas puede perjudicar sus posesiones, entendidas como toda situación derivada de una relación jurídica que puede ser administrativa o asimilada a la de trabajo. Por tanto, una vez realizado el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, es posible conceder la suspensión en este momento procesal, con efectos de una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, pues debe prevalecer el derecho humano del quejoso que se ve afectado por el acto de autoridad, sobre todo, porque la concesión de la suspensión provisional no tendrá por efecto impedir o privar a la colectividad de disfrutar de los beneficios que otorga el aludido programa gubernamental; esto es, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que su efecto será únicamente para que se le restituya en el lugar en que tenía su fuente de trabajo y seguir prestando sus servicios en beneficio de las personas que gozan del precitado programa, todo ello, atendiendo a las circunstancias concretas del derecho que se estima alterado en su situación particularizada ante el acto de autoridad, pues conforme al artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, es jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente a la recurrente en el goce de su derecho violado, mientras se dicta la suspensión definitiva y, en su caso, sentencia ejecutoria en el juicio de amparo." De la misma manera, se concede la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la retención del salario de la quejosa *******, para que le sea cubierto de forma inmediata, toda vez que debe procurarse que la trabajadora reciba un ingreso económico que sea suficiente para garantizar su subsistencia, ya que de otra manera se contravendrían disposiciones de interés social; por tanto, la autoridad responsable deberá realizar las providencias necesarias a efecto de que se le siga pagando su sueldo. Cabe precisar que la parte quejosa acredita indiciariamente su interés jurídico correspondiente, con las copias simples que anexó a su demanda de amparo las que se admiten con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, las que dada su naturaleza, en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas al momento de resolver en definitiva la presente incidencia. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución y el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente incidente deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente incidente. Finalmente, expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, previa razón que de ello obre en autos. Notifíquese. MESA V-B
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