Flora Beltran Beltran

Expediente 949/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
949/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Flora Beltran Beltran

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda y anexos, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; artículos 1, fracción I, 5, 6, 35, 112, 115, 116, 117, 119 y 125 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Director General del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 949/2023-4B, y tramítese por separado el incidente de suspensión relativo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito, y además podrá enviarlo por los medios magnéticos, a través del correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el cual se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Bajo el apercibimiento que de no rendir el informe justificado o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de TREINTA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional. En diverso orden, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte de este juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito. Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por recibidas en este acto las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como por anunciadas las consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional. Pues bien, se advierte que la parte quejosa ofreció como pruebas documentales en copia simple, las siguientes: aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo ST-7 de catorce de noviembre de dos mil veintidós, un formato de triage y nota inicial de catorce de noviembre de dos mil veintidós, un formato de solicitud de servicio dentro de la unidad, una nota médica y prescripción nota de atención médica de doce de julio de dos mil veintitrés, una carátula de la Cartilla Nacional de Salud expedida a su nombre, resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial provisional y referencia contra referencia de diez de noviembre del año en curso, todas emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de la quejosa. Pues bien, al tratarse de un juicio de amparo que versa sobre el tópico de salud, tal y como solicita la impetrante, reprodúzcase las documentales en el incidente. Con apoyo en el precepto 305, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como sus autorizados en los términos indicados, a los citados profesionistas. En relación con la solicitud de la amparista, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos como escanner y cámara fotográfica a los profesionistas indicados en el libelo de cuenta, con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna; permítase a la parte quejosa la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Por otra parte, la quejosa refiere que atendiendo a lo previsto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el Acuerdo 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicita consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar consultas y además para recibir notificaciones en el expediente electrónico que se integró del presente juicio, y manifiesta que los nombres de usuarios con el que ingresaron a registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso son: ********************, ********************e********************. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 21/2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a con usuarios, ********************,********************y ********************, permiso para consultar y recibir notificaciones en el presente juicio por la vía electrónica, y a los señalados en primer, segundo y tercer lugar, además para promover. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de la promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, se exhorta a las demás partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes podrán solicitarlo, por sí o por conducto de sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

  2. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 949/2023-4B promovida por ************+, contra actos del Director General del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, solicítese a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir por los medios magnéticos, a través del correo electrónico oficial 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, en el término de cuarenta y ocho horas, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Bajo el apercibimiento, que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se señalan las doce horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Decisión sobre de la suspensión. (Concesión). Pues bien, considerando que se reúnen los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir: a) Existe petición de la parte quejosa; b) No se sigue perjuicio al interés social ni a las disposiciones del orden público, pues atendiendo a la naturaleza del acto y la violación reclamada, no existe una situación específica que pudiera afectar a un conglomerado humano considerable, de manera que implicara ir contra las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos que le interesan al Estado para reglamentar su actuación pública o aquellas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes; y, c) Que de continuar ejecutándose los actos reclamados, se causarían a la parte impetrante, daños de difícil reparación, toda vez que se le provocarían violaciones en su esfera jurídica, por lo que de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada. En principio, se destaca que la parte quejosa reclama los actos siguientes: La indebida atención médica, consistente en la omisión de llevar a cabo los actos tendientes a proteger su salud. La omisión para que se lleve a cabo la intervención quirúrgica de su trastorno "************+" en las instalaciones del Hospital General de Zona número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo a lo anterior, la quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado en esencia para el efecto de que lo antes posible se lleve a cabo la intervención quirúrgica que requiere para recuperar su salud ante el diagnóstico de "*************", el cual le fue diagnosticado desde el pasado doce de julio; para lo cual, exhibió copia simple de: aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo ST-7 de catorce de noviembre de dos mil veintidós, un formato de triage y nota inicial de catorce de noviembre de dos mil veintidós, un formato de solicitud de servicio dentro de la unidad, una nota médica y prescripción nota de atención médica de doce de julio de dos mil veintitrés, una carátula de la Cartilla Nacional de Salud expedida a su nombre, resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial provisional y referencia contra referencia de diez de noviembre del año en curso, todas emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de la quejosa. En consecuencia, se concede la suspensión provisional a favor de la justiciable ********+, para efecto de que la autoridad responsable Director General del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, instruya al personal a su cargo que corresponda, otorguen la debida atención médica que requiere para el padecimiento que le fue diagnosticada, puesto que el derecho de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La medida suspensional decretada surte efectos desde luego, hasta en tanto se comunique a la autoridad responsable el sentido de la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados; sin que sea el caso de fijar garantía para ello, toda vez que, en el caso, no existe señalado tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo en vigor, interpretado a contrario sensu. Es acorde con lo expuesto, la tesis I. 7o.A.316 A, visible a página 1880, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, de septiembre de 2004, Novena Época, que aparece bajo el rubro: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.". Así como también la tesis número P. XIX/2000, visible en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, de Marzo de 2000, Novena Época, que aparece bajo el rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.". Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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