Flor de Maria Sanchez Galaviz
Expediente 611/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Flor de Maria Sanchez Galaviz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Flor de María Sánchez Galaviz; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA FLORE DE MARÍA SÁNCHEZ GALAVIZ EL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda presentada por Flor de María Sánchez Galaviz, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 611/2018-3. La quejosa señala el acto reclamado en los siguientes términos: "Acto reclamado: El acuerdo de fecha 09 de Octubre de 2018, dictado dentro del expediente N° 999/2005, respecto del recurso de Apelación promovido por la suscrita en contra de la Sentencia Interlocutoria que resolvió el incidente Liquidación de adeudo de suerte principal, Notificada el 27 de septiembre promovido por el tercero perjudicado, a lo cual se acordó NO HA LUGAR al Recurso de Apelación" (sic). De igual manera, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que: El catorce de diciembre de dos mil cinco, se radicó ante el Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, demanda promovida contra la quejosa por la aquí tercero interesada, Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), quien ejerció la acción de vencimiento anticipado del crédito hipotecario que dicho instituto le otorgó a la ahora impetrante de este amparo, lo que dio origen al expediente 999/2005 del índice del referido Juzgado Segundo de lo Civil. Ese juicio de origen se resolvió mediante convenio de transacción Judicial, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada, como si fuera sentencia, y el veintinueve de noviembre de dos mil once, a su vez se presentó un convenio de ejecución de sentencia, para el cumplimiento respectivo. El doce de enero de dos mil doce, se le dio trámite admitiéndose por el juzgador natural dicho convenio de ejecución, el cual fue aprobado ".solamente en ejecución de sentencia.". El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la parte actora en el juicio de origen, promovió la ejecución forzosa de tal convenio, con el que se dio vista a la ejecutada, aquí quejosa, la cual desahogó en el sentido de haber realizado "los pagos requeridos", y exhibiendo ".las constancias de los depósitos realizados n la cuenta del INFONAVIT en la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER.". El seis de julio del presente año, el INFONAVIT presentó -ante el juez natural- escrito solicitando la apertura de incidente de liquidación, ordenándose dar trámite a tal incidente, el cual se resolvió mediante la interlocutoria respectiva de veintisiete de septiembre de este mismo año. La aquí quejosa, el cuatro de octubre siguiente, presentó ante dicho Juez diverso escrito por el que interpuso recurso de apelación contra esa interlocutoria, recayéndole acuerdo de nueve de octubre de esta anualidad, por el que se determinó que no había lugar a tramitar ese recurso de apelación. Esa determinación por la que se rechazó tal recurso de apelación constituye el acto reclamado. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por su parte, los artículo 714 y 716 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, establece lo siguiente: "Art. 714. El recurso de queja procederá contra la resolución que niega admitir una apelación. (Decreto No. 160 de 21-V-1941, P.O. de 28-VI-1941, Tomo XXXIII, Núm. 76). "Art. 716. El recurso de queja se interpondrá por escrito ante el superior inmediato, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado, expresando los motivos del agravio. Al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al Juez presentándole copia, por duplicado, del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar desde luego al colitigante. El Juez, dentro de los tres días siguientes, remitirá al Superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, lo que cuidará el Juez de asentar en el expediente y en el informe, podrá ocurrir al mismo Superior expresando lo que a su derecho convenga. Recibido el informe del juez, dentro de los tres días siguientes el tribunal decidirá declarando fundada o infundada la queja". Como se ve, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, aplicable al caso, prevé en ese artículo 714 el recurso de queja contra la negativa a admitir el recurso de apelación. Por lo que la quejosa no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, puesto que respecto del acto reclamado cuya constitucionalidad cuestiona, consistente en el auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual el Juez responsable le desechó el recurso de apelación, debe hacer valer el citado recurso ordinario o medio de defensa previsto en la ley para nulificarlo o revocarlo, al ser la parte demandada en el expediente 999/2005 del que deriva el acto reclamado, de manera previa a la presentación de la demanda de amparo. Dicho recurso ordinario, acorde al numeral 716 del Código de Procedimientos Civiles en cita, se promueve ante el superior de la propia autoridad; de ahí que al no haber agotado ese medio ordinario de defensa incumplió con el principio apuntado; por ende, se presenta la causa de improcedencia antes invocada. Asimismo, este órgano judicial no advierte que se actualice a favor de la impetrante alguna excepción a dicho principio que la haya eximido de interponer los medios de defensa ordinarios previamente a acudir a la instancia constitucional. Se cita por su alcance, la tesis I.3o.C.25 K (10a.), localizable en la página 2055, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Asimismo, se invoca por su alcance la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1100, Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En las relatadas condiciones, el actualizarse en forma clara e indubitable la causal de improcedencia en comento, con apoyo en los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoria e indudable improcedencia. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 5 de mayo número 173 poniente, entre calles Ignacio Allende y Guillermo Prieto, de esta ciudad, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de Amparo, al licenciado Manuel de Jesús Félix Bernal.
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