Floricel Torres Quiroz

Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
25/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Floricel Torres Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (notificado el diecisiete de marzo del año en curso), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la abogada de la Jefatura de Servicios Jurídicos y responsable de la defensa jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, con domicilio en Culiacán, por medio del cual manifiesta que ha dado cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, toda vez que dicho oficio ya fue acordado por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por ******************** en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa ********************, mediante el cual manifiesta que la autoridad responsable Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social ha gestionado lo relativo con la sentencia concesoria del presente amparo. Asimismo, el promovente anexa diversas constancias digitalizadas del expediente administrativo ********************; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la encargada de la Jefatura de Servicios Jurídicos y responsable de la defensa jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, con domicilio en Culiacán, por medio del cual manifiesta que ha dado cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de amparo. Ahora bien, sin que haya lugar a dar vista con dicho oficio a la parte quejosa, toda vez que del párrafo que antecede se advierte que la impetrante, por conducto de su autorizado, ya se hizo sabedora de la resolución emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida por este juzgado, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: ".. una vez que se le comunique la firmeza de esta sentencia, en un término perentorio de quince días hábiles emita la resolución que en derecho corresponda dentro del procedimiento administrativo ********************.". Por su parte, la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, con domicilio en Culiacán, a través del oficio agregado en esta fecha informó que por resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés, emitió la resolución que recayó al Recurso de Inconformidad bajo el número de Expediente ******************** promovido por la aquí quejosa, mismo que se sometió a revisión en la sesión del Consejo celebrada en aquella misma fecha, de la cual anexa copia al citado oficio y de su constancia de notificación debidamente certificadas. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, con domicilio en Culiacán, emitiera la resolución que en derecho correspondiera en el recurso de inconformidad presentado dentro del procedimiento administrativo ********************, lo cual ya aconteció. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, precisamente de la certificación que antecede, que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso numeral 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en contra de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (notificada a la parte quejosa por lista electrónica y a la autoridad responsable el veinte y veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, es para el efecto que el Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en Culiacán, una vez que se le comunique la firmeza de esta sentencia, en un término perentorio de quince días hábiles emita la resolución que en derecho corresponda dentro del procedimiento administrativo CC. SIN. 342/2022.". En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en Culiacán, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su

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