Flor Yamili Farfan Mena
Expediente 280/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Flor Yamili Farfan Mena
- FLOR YAMILI FARFAN MENA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de siete de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo por medio de la lista de estrados el catorce de mayo actual, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el diez de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la causa penal 100/2016, y con libertad de jurisdicción dictara una nueva determinación, fundada y motivada, con base a los hechos consignados por la autoridad ministerial. Además, debía establecer conforme a los argumentos esgrimidos en la ejecutoria de amparo, que en el caso, no se configuró el delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 330, 33 fracción II, en relación con el 335 fracción III, del Código Penal del Estado, y en su caso, con plenitud de jurisdicción, reclasificar el delito por el que se siguió la averiguación previa, dando continuidad a la instrucción por el que verdaderamente se cometió; sin que al hacerlo, soslayara las precisiones contenidas en la sentencia ejecutoria. Posteriormente, por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 710 de dos de mayo del año que transcurre (foja 101), comunicó que el propio dos de mayo dictó una nueva resolución en la que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de enero de dos mil dieciocho. Determinó que en el caso, no se configuró el delito de robo calificado. Con libertad de jurisdicción, reclasificó el delito por el que se siguió la averiguación previa, con base a los lineamientos esgrimidos en la sentencia definitiva, y; Decretó auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, por el delito de fraude en grado de tentativa, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 17 y 84, en relación con el 323 y 325, fracción III del Código Penal del Estado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación, sin pasar por alto las puntualizaciones establecidas en la sentencia ejecutoriada, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los dos legajos de copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 100/2016, de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvanse los anexos de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo de los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de siete de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo por medio de la lista de estrados el catorce de mayo actual, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el diez de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la causa penal 100/2016, y con libertad de jurisdicción dictara una nueva determinación, fundada y motivada, con base a los hechos consignados por la autoridad ministerial. Además, debía establecer conforme a los argumentos esgrimidos en la ejecutoria de amparo, que en el caso, no se configuró el delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 330, 33 fracción II, en relación con el 335 fracción III, del Código Penal del Estado, y en su caso, con plenitud de jurisdicción, reclasificar el delito por el que se siguió la averiguación previa, dando continuidad a la instrucción por el que verdaderamente se cometió; sin que al hacerlo, soslayara las precisiones contenidas en la sentencia ejecutoria. Posteriormente, por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 710 de dos de mayo del año que transcurre (foja 101), comunicó que el propio dos de mayo dictó una nueva resolución en la que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de enero de dos mil dieciocho. Determinó que en el caso, no se configuró el delito de robo calificado. Con libertad de jurisdicción, reclasificó el delito por el que se siguió la averiguación previa, con base a los lineamientos esgrimidos en la sentencia definitiva, y; Decretó auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, por el delito de fraude en grado de tentativa, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 17 y 84, en relación con el 323 y 325, fracción III del Código Penal del Estado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación, sin pasar por alto las puntualizaciones establecidas en la sentencia ejecutoriada, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los dos legajos de copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 100/2016, de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvanse los anexos de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo de los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de siete de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo por medio de la lista de estrados el catorce de mayo actual, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el diez de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado el nueve de enero de dos mil dieciocho, en la causa penal 100/2016, y con libertad de jurisdicción dictara una nueva determinación, fundada y motivada, con base a los hechos consignados por la autoridad ministerial. Además, debía establecer conforme a los argumentos esgrimidos en la ejecutoria de amparo, que en el caso, no se configuró el delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 330, 33 fracción II, en relación con el 335 fracción III, del Código Penal del Estado, y en su caso, con plenitud de jurisdicción, reclasificar el delito por el que se siguió la averiguación previa, dando continuidad a la instrucción por el que verdaderamente se cometió; sin que al hacerlo, soslayara las precisiones contenidas en la sentencia ejecutoria. Posteriormente, por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 710 de dos de mayo del año que transcurre (foja 101), comunicó que el propio dos de mayo dictó una nueva resolución en la que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de enero de dos mil dieciocho. Determinó que en el caso, no se configuró el delito de robo calificado. Con libertad de jurisdicción, reclasificó el delito por el que se siguió la averiguación previa, con base a los lineamientos esgrimidos en la sentencia definitiva, y; Decretó auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, por el delito de fraude en grado de tentativa, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 17 y 84, en relación con el 323 y 325, fracción III del Código Penal del Estado. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción, dictara una nueva determinación, sin pasar por alto las puntualizaciones establecidas en la sentencia ejecutoriada, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los dos legajos de copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 100/2016, de la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvanse los anexos de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo de los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el escrito de la quejosa *******; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse las copias simples que solicita y entréguense las mismas por el conducto que señala, previa identificación y acuse de recibo que se deje en autos. Notifíquese y cúmplase.
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