Flor Maria Sanchez Perez
Expediente 1248/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Flor Maria Sanchez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos y toda vez que Manuel Andrés Chuc Góngora, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no dio cumplimiento al requerimiento que se le realizó en acuerdo de veintitrés de mayo pasado, relativo a que bajo protesta de decir verdad, informara a este Juzgado Federal si existía un impedimento para que la directa quejosa solicitara que se desautorice su acceso al expediente electrónico. Por tanto, deberá estarse a lo acordado en el citado auto, en el sentido de que no ha lugar a desautorizar su acceso al expediente electrónico, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Manuel Andrés Chuc Góngora, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el cual solicita se desautorice su acceso al expediente electrónico. Al efecto, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que en el particular, en su carácter de autorizado, aún en términos amplios, no está facultado para efectuar dicha petición, ya que no fue autorizado expresamente en esos términos, tal y como se dispone de la interpretación integral de los numerales 6, 35, 36, tercer párrafo, 37 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Pues de dichos preceptos claramente se establece que para el acceso y consulta del expediente electrónico, así como para las notificaciones electrónicas, los titulares de los órganos certificarán que sólo las partes y sus representantes legales con su personalidad debidamente reconocida, pueden solicitar la autorización de terceras personas para el ingreso al expediente electrónico, (en el caso, su desautorización), y sólo por excepción, lo podrán llevar a cabo los autorizados en amplios términos, cuando así hayan sido autorizados expresamente. Situación que no se actualiza en la especie, ya que el autorizado de referencia no fue facultado en esos términos; por lo que de conformidad con los numerales 36 y 37 citados, resulta improcedente su petición por cuanto hace a la solicitud para el usuario que señala, y la personalidad con la que se ostenta no se encuentra debidamente acreditada. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis aislada XXVII.3o.118 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2027, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2014379, que establece: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES. Conforme a los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las notificaciones en los juicios de amparo se harán electrónicamente a las partes o a sus representantes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, sin que se faculte para solicitar la práctica de las notificaciones por esa vía a los autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la citada ley, pues dicha figura no constituye una representación legal; además, sólo se les permite llevar a cabo actos en el juicio tendentes a lograr una adecuada defensa de los intereses del autorizante, dentro de las cuales no se encuentra la solicitud en cita, por tratarse de una cuestión personalísima de las partes o sus representantes." En efecto, la autorización contemplada en el numeral 12, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) en la litis constitucional para la realización de actos procesales, pero sin incluir la representación de los intereses del autorizante. Lo que se corrobora con la prohibición expresa del mencionado artículo 12, párrafo primero, atinente a que el autorizado no puede sustituir o delegar dicha autorización para sí o a un tercero. Bajo el contexto anterior, se reitera que solamente las partes o sus representantes legales pueden solicitar el acceso al expediente electrónico, así como la revocación de los usuarios, no así el autorizado a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, salvo por excepción en el caso expresamente señalado. Lo que se insiste no se cumple en la especie, no obstante lo anterior, requiérase al ocursante para que en el término de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad, si existe un impedimento para que el directo quejoso realice la solicitud instada en el escrito que en esta fecha se provee; a fin de que, atendiendo a la información que en su caso proporcione, este Juzgado Federal examine si en el particular, se está ante un caso de excepción y proceder a la desautorización. Notifíquese electrónicamente y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con un anexo. Asimismo, informa que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en autos del juicio contencioso administrativo 253/2019, lo que se hizo del conocimiento de la parte quejosa el cinco de agosto del presente año; para lo cual remite copia certificada de las constancias conducentes. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En ese sentido, en virtud que de las constancias que remitió la responsable, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La paralización del procedimiento al omitir dar contestación al escrito presentado el seis de septiembre del dos mil veintiuno, presentado en autos del juicio 253/2019, mediante el cual, se desistió de la prueba testimonial ofertada en el procedimiento en cita. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe de cuenta, se advierte que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en autos del juicio contencioso administrativo 253/2019, lo que se notificó personalmente a la parte quejosa, el cinco de agosto del presente año. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad responsable, como fin último, regularizara el procedimiento de origen y dictara sentencia definitiva. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable, dictara la resolución de que se trata el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, con antelación a la presentación del escrito de demanda (diecisiete de mayo de dos mil veintidós), toda vez, que fue hasta el cinco de agosto de dos mil veintidós, cuando se le notificó a la inconforme dicha determinación; es decir, con posterioridad a la presentación del líbelo de amparo; por lo que, es evidente que la parte quejosa tuvo conocimiento de la resolución en cita hasta esa fecha, y al ser así, es claro que ahora se actualiza la causal de improcedencia de mérito. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente.
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