Flor Yamili Farfán Mena
Expediente 259/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Flor Yamili Farfán Mena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
ASE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA POR MEDIO DE LISTA DE CONOFRMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de quince de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a ambas partes por medio de la lista de estrados el diecinueve de enero siguiente; posteriormente, **********representante común de la parte quejosa, presentó un escrito el diecinueve de los corrientes, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, con el que desahogó la vista del cumplimiento de la autoridad responsable que se le dio. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones de la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, dejara insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal 100/2016 de su índice. Y, con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva resolución en la que una vez establecidos los elementos del delito tal como lo hizo en el acto reclamado, procediera a determinar pormenorizadamente si las pruebas los demostraban, para lo cual, en su caso debería establecer con qué medios de convicción debidamente valorados conforme a la ley, se acreditaban cada uno de ellos, así como la calificativa que se les atribuía, antes citadas, exponiendo las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomó en cuenta, estableciendo una adecuada relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas conducentes, para su demostración, ello a fin que los hoy quejosos, en su caso, pudieran conocer con certeza qué pruebas sirvieron para demostrar cada uno de los elementos del cuerpo del delito y preparar una adecuada defensa." Posteriormente, en auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Juez Primero Penal del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 46 de nueve de enero del año en curso, informó que en la propia fecha emitió una nueva resolución en la que dejó insubsistente el auto de formal prisión decretado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Y con base a las pruebas que obraban en la causa penal 100/2016, de su índice, procedió a determinar si se demostraban los elementos del delito, su calificativa y la probable responsabilidad de los aquí quejosos, exponiendo los medios de convicción que valoró conforme a la ley para acreditarlos, las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomó en cuenta, estableciendo la relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas pertinentes; por lo que con el análisis efectuado por la responsable, con libertad de jurisdicción, decretó un nuevo auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos *********como probables responsables en la comisión del delito de robo calificado, previsto por el artículo 330 y sancionado con pena privativa de libertad por los numerales 333 fracción II, en relación con el 335 fracción III, todos del Código Penal del Estado. Únicamente respecto de los hechos acaecidos el once y dieciocho de diciembre de dos mil nueve. Lo anterior al haber desestimado el dictamen contable emitido por el Contador Público José David Sánchez Casanova. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva resolución tomando en consideración los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo. Lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones a las que se contrae la parte quejosa en su escrito con el que desahogó la vista de cumplimiento que se le dio por auto de quince de enero del año en curso. Ya que atento a su contenido, en esencia le aqueja el que la responsable emitiera una nueva determinación en el mismo sentido de afectación, al decretarse nuevamente auto de formal prisión en su contra, aduciendo lo anterior, por ser contrario a derecho. Al respecto, debe decirse que si la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, dictó el día nueve de los corrientes un nuevo auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos como probables responsables de la comisión del robo calificado, con ello cumple con la ejecutoria de mérito. Pues para que lo anterior no aconteciera, se requeriría que ambas resoluciones se sustentaran en los mismos motivos y fundamentos, lo cual traería como consecuencia, por una parte, que el nuevo reiterara la violación de derechos fundamentales que ya fue declarado inconstitucional y, por otra, que la ejecutoria correspondiente no se respetó. Lo que no sucede en el caso, habida cuenta de que mientras en el primero de ellos, materia del juicio de amparo, la responsable no hizo un estudio valorativo respecto a con qué medios de pruebas se acreditaba cada una de las acciones de apoderamiento efectuadas por los quejosos en el período comprendido del treinta y uno de agosto al dieciocho de diciembre de dos mil nueve, en el que se causó el daño patrimonial que se dice ascendía a la suma de quinientos noventa y tres mil seiscientos noventa y dos pesos con sesenta y ocho centavos. En el diverso auto de término constitucional materia de esta determinación, la responsable subsanó la irregularidad formal en que había incurrido pues al resolver con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de los quejosos se concretó a los hechos acaecidos el once y dieciocho de diciembre de dos mil nueve. Lo anterior al haberle restado valor probatorio al dictamen contable emitido por el Contador Público José David Sánchez Casanova. Lo que generó que respecto a la sanción del referido injusto lo fundamentara en el numeral 333, fracción II, del Código Penal del Estado. Además, como ya quedó indicado, procedió a determinar si se demostraban los elementos del delito y su calificativa, así como la probable responsabilidad de los aquí quejosos, exponiendo los medios de convicción que valoró conforme a la ley para acreditarlos, precisando las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomó en cuenta, estableciendo la relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas pertinentes. En efecto, es inconcuso que el nuevo acto no se funda en los mismos motivos que se tuvieron en cuenta para la concesión del amparo, en atención a que difiere sustancialmente con el acto reclamado en su aspecto formal, y si bien es cierto que fue emitido en el mismo sentido de afectación, habida cuenta que son concurrentes en cuanto a lo resuelto, es evidente que en la nueva determinación, como ya quedó apuntado, satisface con la fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, y fue emitida por la responsable con libertad de jurisdicción, lo cual es suficiente para considerar cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente asunto. Cobra aplicación las jurisprudencias 1a./J. 30/98 y 1a./J. 17/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 337 y 203, Tomos VII y V, mayo de 1998 y mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registros 196,209 y 198,728, que respectivamente indican: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio." y, "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. NO SE INCURRE EN ELLA SI SE DICTA UNA NUEVA ORDEN DE APREHENSION, NO OBSTANTE QUE SE HABIA CONCEDIDO EL AMPARO EN CONTRA DE OTRA ANTERIOR, SI ESE AMPARO LO FUE SOLO EN CUANTO A FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Los incidentes de repetición del acto reclamado tienen por objeto hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reiteración, por parte de la autoridad responsable, de los actos por los cuales la Justicia Federal otorgó la protección constitucional. Sin embargo, si en un juicio de amparo en que se reclamó una orden de aprehensión, se otorgó dicha protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, y la autoridad responsable dicta una nueva orden de aprehensión por considerar que se encontraban satisfechos los extremos del artículo 16 constitucional, no puede ser considerado como una repetición del acto reclamado, pues de acuerdo con los términos en que fue concedido el amparo al quejoso, la responsable quedó facultada para emitir una nueva orden de captura satisfaciendo los requisitos legales." Por otra parte, la circunstancia de que lo resuelto por la autoridad judicial responsable en la nueva resolución pudiera resultar antijurídico por una indebida aplicación o interpretación de la ley, por no haberse aplicado una disposición normativa cuando era necesario aplicarla o porque se aplicó sin serlo, tampoco podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, por no contar, como ya se dijo, con la característica de reiterar una violación de derechos humanos que ya se juzgó. Esto es así, pues en la ejecutoria correspondiente se impuso a dicha autoridad la obligación de dictar una nueva resolución con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, lo que no implicaba de modo alguno que el sentido tenía que ser distinto del ya emitido, pues de estimarse lo anterior, se estaría invadiendo la esfera de competencias de la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Razón por la cual, únicamente se le indicó que con plena jurisdicción y previa valoración de los elementos de prueba, dictara una nueva resolución, por lo que es inconcuso que emitirla manteniendo el mismo sentido que la determinación impugnada, podía estar comprendido dentro de las conductas y actuaciones que la referida autoridad responsable desplegaría en caso de así estimarlo; de ahí que no podría ser materia de análisis al resolver sobre esto. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los legajos de copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 100/2016, que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estada, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvanse los anexos de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo de los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de quince de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a ambas partes por medio de la lista de estrados el diecinueve de enero siguiente; posteriormente, Flor Yamili Farfán Mena representante común de la parte quejosa, presentó un escrito el diecinueve de los corrientes, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, con el que desahogó la vista del cumplimiento de la autoridad responsable que se le dio. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones de la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, dejara insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal 100/2016 de su índice. Y, con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva resolución en la que una vez establecidos los elementos del delito tal como lo hizo en el acto reclamado, procediera a determinar pormenorizadamente si las pruebas los demostraban, para lo cual, en su caso debería establecer con qué medios de convicción debidamente valorados conforme a la ley, se acreditaban cada uno de ellos, así como la calificativa que se les atribuía, antes citadas, exponiendo las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomó en cuenta, estableciendo una adecuada relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas conducentes, para su demostración, ello a fin que los hoy quejosos, en su caso, pudieran conocer con certeza qué pruebas sirvieron para demostrar cada uno de los elementos del cuerpo del delito y preparar una adecuada defensa." Posteriormente, en auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Juez Primero Penal del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 46 de nueve de enero del año en curso, informó que en la propia fecha emitió una nueva resolución en la que dejó insubsistente el auto de formal prisión decretado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Y con base a las pruebas que obraban en la causa penal 100/2016, de su índice, procedió a determinar si se demostraban los elementos del delito, su calificativa y la probable responsabilidad de los aquí quejosos, exponiendo los medios de convicción que valoró conforme a la ley para acreditarlos, las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomó en cuenta, estableciendo la relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas pertinentes; por lo que con el análisis efectuado por la responsable, con libertad de jurisdicción, decretó un nuevo auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos FLOR YAMILI FARFÁN MENA (o) FLOR YAMILI FARFÁN MENA y VÍCTOR ARTÚRO DOMÍNGUEZ CHABLÉ como probables responsables en la comisión del delito de robo calificado, previsto por el artículo 330 y sancionado con pena privativa de libertad por los numerales 333 fracción II, en relación con el 335 fracción III, todos del Código Penal del Estado. Únicamente respecto de los hechos acaecidos el once y dieciocho de diciembre de dos mil nueve. Lo anterior al haber desestimado el dictamen contable emitido por el Contador Público José David Sánchez Casanova. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de enero de dos mil diecisiete y con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva resolución tomando en consideración los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo. Lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones a las que se contrae la parte quejosa en su escrito con el que desahogó la vista de cumplimiento que se le dio por auto de quince de enero del año en curso. Ya que atento a su contenido, en esencia le aqueja el que la responsable emitiera una nueva determinación en el mismo sentido de afectación, al decretarse nuevamente auto de formal prisión en su contra, aduciendo lo anterior, por ser contrario a derecho. Al respecto, debe decirse que si la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, dictó el día nueve de los corrientes un nuevo auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos como probables responsables de la comisión del robo calificado, con ello cumple con la ejecutoria de mérito. Pues para que lo anterior no aconteciera, se requeriría que ambas resoluciones se sustentaran en los mismos motivos y fundamentos, lo cual traería como consecuencia, por una parte, que el nuevo reiterara la violación de derechos fundamentales que ya fue declarado inconstitucional y, por otra, que la ejecutoria correspondiente no se respetó. Lo que no sucede en el caso, habida cuenta de que mientras en el primero de ellos, materia del juicio de amparo, la responsable no hizo un estudio valorativo respecto a con qué medios de pruebas se acreditaba cada una de las acciones de apoderamiento efectuadas por los quejosos en el período comprendido del treinta y uno de agosto al dieciocho de diciembre de dos mil nueve, en el que se causó el daño patrimonial que se dice ascendía a la suma de quinientos noventa y tres mil seiscientos noventa y dos pesos con sesenta y ocho centavos. En el diverso auto de término constitucional materia de esta determinación, la responsable subsanó la irregularidad formal en que había incurrido pues al resolver con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de los quejosos se concretó a los hechos acaecidos el once y dieciocho de diciembre de dos mil nueve. Lo anterior al haberle restado valor probatorio al dictamen contable emitido por el Contador Público José David Sánchez Casanova. Lo que generó que respecto a la sanción del referido injusto lo fundamentara en el numeral 333, fracción II, del Código Penal del Estado. Además, como ya quedó indicado, procedió a determinar si se demostraban los elementos del delito y su calificativa, así como la probable responsabilidad de los aquí quejosos, exponiendo los medios de convicción que valoró conforme a la ley para acreditarlos, precisando las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomó en cuenta, estableciendo la relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas pertinentes. En efecto, es inconcuso que el nuevo acto no se funda en los mismos motivos que se tuvieron en cuenta para la concesión del amparo, en atención a que difiere sustancialmente con el acto reclamado en su aspecto formal, y si bien es cierto que fue emitido en el mismo sentido de afectación, habida cuenta que son concurrentes en cuanto a lo resuelto, es evidente que en la nueva determinación, como ya quedó apuntado, satisface con la fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, y fue emitida por la responsable con libertad de jurisdicción, lo cual es suficiente para considerar cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente asunto. Cobra aplicación las jurisprudencias 1a./J. 30/98 y 1a./J. 17/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 337 y 203, Tomos VII y V, mayo de 1998 y mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registros 196,209 y 198,728, que respectivamente indican: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio." y, "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. NO SE INCURRE EN ELLA SI SE DICTA UNA NUEVA ORDEN DE APREHENSION, NO OBSTANTE QUE SE HABIA CONCEDIDO EL AMPARO EN CONTRA DE OTRA ANTERIOR, SI ESE AMPARO LO FUE SOLO EN CUANTO A FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Los incidentes de repetición del acto reclamado tienen por objeto hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reiteración, por parte de la autoridad responsable, de los actos por los cuales la Justicia Federal otorgó la protección constitucional. Sin embargo, si en un juicio de amparo en que se reclamó una orden de aprehensión, se otorgó dicha protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, y la autoridad responsable dicta una nueva orden de aprehensión por considerar que se encontraban satisfechos los extremos del artículo 16 constitucional, no puede ser considerado como una repetición del acto reclamado, pues de acuerdo con los términos en que fue concedido el amparo al quejoso, la responsable quedó facultada para emitir una nueva orden de captura satisfaciendo los requisitos legales." Por otra parte, la circunstancia de que lo resuelto por la autoridad judicial responsable en la nueva resolución pudiera resultar antijurídico por una indebida aplicación o interpretación de la ley, por no haberse aplicado una disposición normativa cuando era necesario aplicarla o porque se aplicó sin serlo, tampoco podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, por no contar, como ya se dijo, con la característica de reiterar una violación de derechos humanos que ya se juzgó. Esto es así, pues en la ejecutoria correspondiente se impuso a dicha autoridad la obligación de dictar una nueva resolución con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, lo que no implicaba de modo alguno que el sentido tenía que ser distinto del ya emitido, pues de estimarse lo anterior, se estaría invadiendo la esfera de competencias de la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Razón por la cual, únicamente se le indicó que con plena jurisdicción y previa valoración de los elementos de prueba, dictara una nueva resolución, por lo que es inconcuso que emitirla manteniendo el mismo sentido que la determinación impugnada, podía estar comprendido dentro de las conductas y actuaciones que la referida autoridad responsable desplegaría en caso de así estimarlo; de ahí que no podría ser materia de análisis al resolver sobre esto. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los legajos de copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 100/2016, que el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estada, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvanse los anexos de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo de los mismos. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese al presente expediente el escrito signado por la representante común de la parte quejosa + + + + , con el que desahoga la vista que se le dio mediante proveído de quince de enero del año en curso, en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, resérvese dicho escrito para ser valorado y tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, en cuanto a la diversa solicitud de la ocursante, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita y entréguense las mismas por el conducto que señala, previa identificación y acuse de recibo que quede en autos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, el cual remite en relación al cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos y a los terceros interesados por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a los quejosos y al tercero interesado ******************** y cúmplase.
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