Flor Juárez Jímenez

Expediente 64/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
64/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Flor Juárez Jímenez
  • Irene Jímenez Lira y/o Irene Jímenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por Acuerdo General 3/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio y residencia del Primer Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, ambos del Vigésimo Octavo Circuito; de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como al cambio de denominación y domicilio de la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de la propia entidad federativa, todos con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO "RÚSTICO", EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA y que por oficio SEFSP/DGRH/DCPG/SCP/5798/2018 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento al acuerdo en cita, la denominación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala concluyó funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO. Esto en la inteligencia que, la nueva denominación de este Órgano jurisdiccional y las labores en ese lugar, iniciaron a partir del día DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En tal virtud, requiérase a las partes para que dentro del plazo de tres días, señalen domicilio en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que si es su deseo las partes interpongan el recurso de revisión referido en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia contra el sobreseimiento fuera de audiencia dictado el uno de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, a fin de no coartar el derecho de defensa de la parte quejosa, dicho termino se interrumpirá por una sola vez, hasta en tanto le sea notificado el presente proveído, por tanto, el computo que transcurre para tal efecto, se interrumpe a partir del doce del mes y año en curso, y empezará a transcurrir al día siguiente cuando surta efectos la notificación del presente proveído.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, y en atención a la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal en el municipio de Apizaco, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de que surtiera efectos su notificación, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el quejoso de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se le hace efectivo dicho apercibimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por Acuerdo General 3/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio y residencia del Primer Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, ambos del Vigésimo Octavo Circuito; de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como al cambio de denominación y domicilio de la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de la propia entidad federativa, todos con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO "RÚSTICO", EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA y que por oficio SEFSP/DGRH/DCPG/SCP/5798/2018 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento al acuerdo en cita, la denominación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala concluyó funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO. Esto en la inteligencia que, la nueva denominación de este Órgano jurisdiccional y las labores en ese lugar, iniciaron a partir del día DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En tal virtud, requiérase a las partes para que dentro del plazo de tres días, señalen domicilio en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que si es su deseo las partes interpongan el recurso de revisión referido en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia contra el sobreseimiento fuera de audiencia dictado el uno de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, a fin de no coartar el derecho de defensa de la parte quejosa, dicho termino se interrumpirá por una sola vez, hasta en tanto le sea notificado el presente proveído, por tanto, el computo que transcurre para tal efecto, se interrumpe a partir del doce del mes y año en curso, y empezará a transcurrir al día siguiente cuando surta efectos la notificación del presente proveído.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de uno de febrero de dos mil dieciocho: Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, remite copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario, documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, del análisis de la documental aportada se desprende que el Juez de mérito el once de enero de dos mil dieciocho, dicto la resolución interlocutoria relativa a la primera etapa de la junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario, a bienes de Enrique Juárez Vazquez conocido indistintamente también con el nombre de José Enrique Ángel Juárez Vazques o Enrique Juárez denunciado por Irene Jiménez Lira o Irene Jiménez, Jose Luis y Flor de apellidos Juárez Jiménez. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución referida cesó la omisión de resolver: La omisión de dictar la sentencia interlocutoria que corresponde a la primera Junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario a bienes de José Enrique Ángel Juárez Vásques y/o Enrique Juárez Vazquez y/o Enrique Juárez. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese orden de ideas, con relación al acto reclamado consistente en: La omisión de dictar la sentencia interlocutoria que corresponde a la primera Junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario a bienes de José Enrique Ángel Juárez Vásques y/o Enrique Juárez Vazquez y/o Enrique Juárez. Se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: De las disposiciones transcritas, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, en sus fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Circunstancia la anterior que ocurrió en el presente asunto, pues como ya se mencionó el garante se duele de la omisión de dictar la sentencia interlocutoria que corresponde a la primera Junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario a bienes de José Enrique Ángel Juárez Vásques y/o Enrique Juárez Vazquez y/o Enrique Juárez; y, por otra parte, la responsable informó que el once de enero de dos mil dieciocho, dicto la resolución interlocutoria relativa a la primera etapa de la junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario, a bienes de Enrique Juárez Vazquez conocido indistintamente también con el nombre de José Enrique Ángel Juárez Vazques o Enrique Juárez denunciado por Irene Jiménez Lira o Irene Jiménez, Jose Luis y Flor de apellidos Juárez Jiménez, que le fue notificada a los referidos quejosos el veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su inactividad, durante la tramitación del presente juicio; por tanto, resulta inconcuso que se encuentra plenamente justificada la causa de improcedencia en examen. Bajo los argumentos expuestos lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que si bien, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar la sentencia interlocutoria que corresponde a la primera Junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario a bienes de José Enrique Ángel Juárez Vásques y/o Enrique Juárez Vazquez y/o Enrique Juárez, y el once de enero de dos mil dieciocho, dicto la resolución interlocutoria relativa a la primera etapa de la junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario, a bienes de Enrique Juárez Vazquez conocido indistintamente también con el nombre de José Enrique Ángel Juárez Vazques o Enrique Juárez denunciado por Irene Jiménez Lira o Irene Jiménez, Jose Luis y Flor de apellidos Juárez Jiménez, tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, pues no resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo para que señalara como acto reclamado la resolución interlocutoria relativa a la primera etapa de la junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del expediente 872/2017, relativo al juicio intestamentario, a bienes de Enrique Juárez Vazquez conocido indistintamente también con el nombre de José Enrique Ángel Juárez Vazques o Enrique Juárez denunciado por Irene Jiménez Lira o Irene Jiménez, Jose Luis y Flor de apellidos Juárez Jiménez, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334 del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de dos mil seis, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN" Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que el quejoso, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destaco que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y, en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria que regule dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8, constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17, Constitucional, del que deriva un acuerdo cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la omisión de dictar un proveído, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de un auto, dictado dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

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