Flor Aguilar Minor

Expediente 734/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Flor Aguilar Minor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa y tercera interesada, el contenido del proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; por el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de veintiuno de junio del presente año remite copias certificada del expediente ******************** de su índice. Vista a las partes Con el contenido de las constancias de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se ordena formar tomo de pruebas Se ordena integrar las constancias que remite la autoridad oficiante, en un tomo por separado en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Quejosa formula alegatos. Asimismo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que expresa, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de la constancia que remite el autorizado de la parte quejosa, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado: Sin texto / Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, el diecinueve de junio del presente año ******************** - tercero interesado-, ratificó su diverso de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desistió del incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente ********************, del índice de la responsable. Ahora bien, no pasa inadvertido que la autoridad responsable al momento de acordar la diligencia de comparecencia de ratificación de escrito de desistimiento del actor incidentista y tercero interesado, no determinó concluir y mandar al archivo el incidente de cesación de pensión alimenticia, por ende, no se advierte que haya dejado sin efectos el desahogo de la prueba en trabajo social admitida el veintisiete de abril del año actual, la cual constituye el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala y conforme al escrito de desistimiento signado por ********************, presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés y ratificado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se advierte que, no hay posibilidad de continuar con el incidente de cesación de alimentos promovido por ********************, en contra de********************, pues ello contravendría el citado numeral. Por tanto, subsiste el acto reclamado pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo siguiente: a. La emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. b. Al ser el amparo un medio de control cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, su procedencia se encuentra supeditada a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a su esfera jurídica. c. En ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de que: c.1. La prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél. c.2. Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. c.3. Cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos. En ese orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, disposición que actualmente se encuentra reproducida en el numeral 77 de la ley de la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, de modo que la sentencia debe tener un verdadero efecto restitutorio, es decir, que no constituya una actividad meramente especulativa o estéril; por tanto, no es dable decidir sobre la constitucionalidad de un acto, si por diversas razones no podrían concretarse los efectos del amparo. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando ante la existencia del acto reclamado, hay imposibilidad de que sus efectos se materialicen o que se continúen actualizando, por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de las autoridades, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales u otros que impidan analizar la constitucionalidad del acto reclamado. En atención a dichas consideraciones, debe indicarse que en el presente asunto se acredita dicha causal de improcedencia, pues ******************** - tercero interesado-, ratificó su escrito de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desistió del incidente de cancelación de alimentos, promovido dentro del expediente ********************, del índice de la responsable. En efecto, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si lo pretendido por el quejoso es un derecho que ya se encuentra a su disposición. Por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. En vía de consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; por el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de veintiuno de junio del presente año remite copias certificada del expediente ******************** de su índice. Vista a las partes Con el contenido de las constancias de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se ordena formar tomo de pruebas Se ordena integrar las constancias que remite la autoridad oficiante, en un tomo por separado en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Quejosa formula alegatos. Asimismo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que expresa, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de la constancia que remite el autorizado de la parte quejosa, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado: Sin texto / Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, el diecinueve de junio del presente año ******************** - tercero interesado-, ratificó su diverso de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desistió del incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente ********************, del índice de la responsable. Ahora bien, no pasa inadvertido que la autoridad responsable al momento de acordar la diligencia de comparecencia de ratificación de escrito de desistimiento del actor incidentista y tercero interesado, no determinó concluir y mandar al archivo el incidente de cesación de pensión alimenticia, por ende, no se advierte que haya dejado sin efectos el desahogo de la prueba en trabajo social admitida el veintisiete de abril del año actual, la cual constituye el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala y conforme al escrito de desistimiento signado por ********************, presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés y ratificado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se advierte que, no hay posibilidad de continuar con el incidente de cesación de alimentos promovido por ********************, en contra de********************, pues ello contravendría el citado numeral. Por tanto, subsiste el acto reclamado pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo siguiente: a. La emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo. b. Al ser el amparo un medio de control cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, su procedencia se encuentra supeditada a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a su esfera jurídica. c. En ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de que: c.1. La prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél. c.2. Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. c.3. Cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos. En ese orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo abrogada, disposición que actualmente se encuentra reproducida en el numeral 77 de la ley de la materia, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, de modo que la sentencia debe tener un verdadero efecto restitutorio, es decir, que no constituya una actividad meramente especulativa o estéril; por tanto, no es dable decidir sobre la constitucionalidad de un acto, si por diversas razones no podrían concretarse los efectos del amparo. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia en estudio cuando ante la existencia del acto reclamado, hay imposibilidad de que sus efectos se materialicen o que se continúen actualizando, por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de las autoridades, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales u otros que impidan analizar la constitucionalidad del acto reclamado. En atención a dichas consideraciones, debe indicarse que en el presente asunto se acredita dicha causal de improcedencia, pues ******************** - tercero interesado-, ratificó su escrito de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desistió del incidente de cancelación de alimentos, promovido dentro del expediente ********************, del índice de la responsable. En efecto, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo, si lo pretendido por el quejoso es un derecho que ya se encuentra a su disposición. Por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. En vía de consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Informes justificados. Agréguense los oficios signados, respectivamente por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Secretaria de Acuerdos Non adscrita a dicho Juzgado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe y anexo de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Se requieren constancias Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante remite las actuaciones originales del expediente de origen ********************, de su índice; y a fin de no ocasionar retardo procesal en el juicio de origen; devuélvase el citado expediente. Por otra parte, del informe de cuenta se advierte que el diecinueve de junio del presente año ******************** -tercero interesado-, ratificó su diverso de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desistió del incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido dentro del expediente ********************, del índice de la responsable; y que se encuentra pendiente por resolverse un recurso se queja promovido por ********************, en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia un vez dicho medio de impugnación se resuelva y provea lo relativo al desistimiento del incidente de cancelación de pensión alimenticia, lo haga del conocimiento de este Juzgado Federal. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su numeral 2°, requiérase nuevamente a la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a efecto de que remita copias certificadas de la totalidad del expediente ******************** de su índice, mismas que deberán estar completas, legibles y en orden secuencial. Apercibimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se les otorgó, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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