Flor de María Guadalupe Castillo Espejel

Expediente 587/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
587/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Flor de María Guadalupe Castillo Espejel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio y anexos de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad; mediante el cual informa que mediante proveído dictado el treinta de julio del año en curso, dictado en los autos del recurso de queja 124/2018 de su índice, el diverso auto de dieciocho de julio de los actuales, causó estado. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Toda vez que el presente cuaderno está concluido y es de aquéllos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por lo tanto, remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos seis meses posteriores a la notificación del presente.

  2. Principal

    Tribunal Colegiado informa. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa el contenido del auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, por el que desechó el recurso de queja 124/2018 de su índice, interpuesto por Flor de María Guadalupe Castillo Espejel, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el auto de dieciocho de julio del presente año, dictado por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, cause estado.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por la parte quejosa Flor de María Guadalupe Castillo Espejel; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 15 a 23), a través del cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el auto de desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado, asimismo, dado que el auto impugnado causó estado mediante proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho; por lo que se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario judicial adscrito de veintidós de los actuales, téngasele asentando los hechos y razones expuestos en la misma, respecto a la imposibilidad para notificar el proveído de veinte de junio del año en curso (fojas 15 a 23), a la parte promovente Flor María Guadalupe Castillo Espeje, en el domicilio señalado para tal efecto; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista el auto de veinte de junio del año en curso, así como el presente y subsecuentes proveídos. EL ACUERDO DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO EN LA PARTE QUE INTERESA DICE: Vista la demanda de amparo que promueve Flor de María Guadalupe Castillo Espejel, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 587/2018-I. En tal virtud de la lectura integral de la demanda de amparo y se advierten como actos reclamados: a).- El dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y el acuerdo respectivo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. b).- La publicación del quince de septiembre de dos mil dieciséis, del dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Expuesto lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo , autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ...Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. .... En ese orden de ideas, es conveniente tener en cuenta se advierten como actos reclamados por la parte quejosa los siguientes: a).- El dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y el acuerdo respectivo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. b).- La publicación del quince de septiembre de dos mil dieciséis, del dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Asimismo, del escrito de demanda la parte quejosa refiere: "(.) Actos de los que, el primero de ellos me di por enterada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, fecha en la que se desahogó el inicio del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria, y si bien antecedió la notificación y citación para dicha diligencia el día ocho anterior, lo cierto es que fue hasta el desahogo de esta que se me puso a la vista el acto impugnado. Y por lo que respecta al segundo acto Impugnado, si bien fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, desde el 15 de septiembre de dos mil dieciséis, lo cierto es que dicha publicación sólo contiene el acuerdo y no así todo el contenido del dictamen; aunado a que la afectación trascendió y se materializó hasta el inicio del procedimiento que fue el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, donde incluso tal como se demostrará más adelante no se trata del mismo acuerdo, entre el que se emitió y el que se publicó." Hechos: 1. La suscrita fui contratada para laborar en el Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista de Tlaxcala, para la administración 2014-2016, sin embargo no concluí tal administración (debido al despido del que fui objeto) terminado el once de agosto de dos mil quince mis actividades en dicho ayuntamiento. 2. Así las cosas, durante el tiempo en que estuve laborando para el ayuntamiento señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, realizó las correspondientes auditorias, emitiendo su Informe de Resultados ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, misma autoridad que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis emitió el Dictamen Legislativo, a través del cual se instruyó al citado órgano a iniciarme un Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria. Actos que se consideran ilegales, como a continuación se demostrara en el apartado siguiente. 3. Dicho procedimiento tuvo inicio el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el cual si bien señala que es para deslindar responsabilidad, lo cierto es que ya existe un señalamiento en las observaciones realizadas en el acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, tendente a considerar a la suscrita como responsable". En este sentido, es oportuno destacar que la quejosa se duele del dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y el acuerdo respectivo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis y su publicación. En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: ... "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa se duele del dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y el acuerdo respectivo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis y su publicación. Del cual, señala tuvo conocimiento del acto reclamado cuando menos a partir del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, pues así lo manifiesto en su apartado de actos reclamados y en el punto tres de los antecedentes que narra en su escrito de demanda, pues esa data afirma tuvo inicio el desahogo del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria. Bajo esa óptica, como quedó señalado con anterioridad, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el veinticinco de mayo del año en curso, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo , el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente hábil; esto es el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por lo que transcurrió del veintiocho de mayo al quince de junio del presente año, sin contar los días inhábiles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: MAYO 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (día en que tuvo conocimiento del acto reclamado) 26 (día inhábil) 27 (día inhábil) 28 (día uno) 29 (día dos) 30 (día tres) 31 (día cuatro) JUNIO 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (día cinco) 2 (día inhábil) 3 (día inhábil) 4 (día seis) 5 (día siete) 6 (día ocho) 7 (día nueve) 8 (día diez) 9 (día inhábil) 10 (día inhábil) 11 (día once) 12 (día doce) 13 (día trece) 14 (día catorce) 15 (día quince) 16 (día inhábil) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veinticinco de mayo al quince de junio de dos mil dieciocho y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar los actos que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, conforme a las siguientes consideraciones: En efecto, como quedo precisado la parte quejosa señala como actos reclamados: a).- El dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y el acuerdo respectivo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. b).- La publicación del quince de septiembre de dos mil dieciséis, del dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Determinaciones que no constituye una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días. Asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.

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